Francisco Edgar Morales Guerra, alias “Chico Dólar”, fue condenado a 38 años de prisión y a una multa de Q119.17 millones por lavado de dinero y otros delitos en 2019 por el caso Lavado y Política revelado por la CICIG. Su proceso es clave para entender el mecanismo que permite el flujo de recursos de origen ilícito entre el crimen organizado, actores políticos, el sistema financiero y operadores de justicia. Hoy una ventana de oportunidad se abrió para buscar la impunidad en este caso. 

Tres años después del fin de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la defensa de Francisco Edgar Morales Guerra, también conocido como “Chico Dólar”, busca la repetición del juicio. El contexto es favorable: los fiscales que lo investigaron y jueces que llevaron su proceso, entre ellos la jueza Erika Aifán Dávila, se encuentran en el exilio, mientras otros juzgadores a cargo del caso enfrentan el riesgo de un antejuicio.

Una ventana de oportunidad se abre para Morales Guerra y las piezas del mecanismo comienzan a girar a su favor. Su abogado, Eddy Herrera López, apela ante la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo por la repetición del juicio por supuestos vicios de forma en el proceso y está optimista ante las nuevas condiciones de la justicia. 

Herrera López atiende esta entrevista en una pequeña oficina al costado de un estacionamiento en la zona 1, a pocas cuadras de la Torre de Tribunales. Es un espacio que comparte con otra abogada. En esta ocasión, Herrera López llega sonriente a este despacho atiborrado de folios y que tiene por decoración una manta vinílica, desteñida por el sol, que reproduce una enredadera. El abogado viene de la Fiscalía Contra la Corrupción donde interpuso denuncias contra fiscales y jueces que conocieron el caso de Chico Dólar. Se le percibe optimista.  

El defensor lleva, entre sus representaciones recientes, la defensa del coronel retirado Jacobo Esdras Salán Sánchez investigado por los delitos contra los deberes de humanidad en el caso Diario Militar.  

El  abogado de Morales Guerra asegura que espera que sus acciones a favor de Chico Dólar tengan mejor recepción, luego del fin de la Cicig y la renuncia del exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) a cargo del caso, Juan Francisco Sandoval.  “Sí, confió que, con el nuevo fiscal (de la FECI), el licenciado Rafael Curruchiche, con quien hago gestiones para una cita, pueda analizar y hacer un requerimiento favorable para mi cliente, porque la ley lo permite (…) Creo que vamos a tener una luz en este martirio de estas personas detenidas injustamente” dice.

En febrero del 2022  el litigante presentó denuncias en la Fiscalía contra la Corrupción contra la jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, quien envió a juicio a su defendido. Un mes más tarde, Aifán salió del país, renunció a su cargo y denunció no contar con garantías para proteger su vida y defenderse de múltiples acusaciones en su contra. 

También poco después de esta entrevista, Rudy Herrera, fiscal de la FECI a cargo de la investigación contra Morales Guerra, dejó el país y denunció en un comunicado a la fiscal general, Consuelo Porras de “garantizar impunidad a las redes criminales que, en teoría, debería investigar”. Además, dijo que dejaba Guatemala para “evitar ser víctima de una injusta persecución diseñada para castigar a quienes nos atrevimos a exponer la corrupción”

El abogado defensor de Morales  también indica que denunció a la jueza Yassmín Barrios, integrante del Tribunal de Sentencia que condenó a Morales Guerra. Además de acciones contra los fiscales encargados del caso en la FECI. 

En una nueva entrevista con el defensor en abril de 2022 confirmó que se reunió con la nueva fiscal encargada de la agencia 5 de la FECI, Vilma Pérez, ahora a cargo del caso, y que cuenta con nuevos elementos que fundamentan la revisión de medidas para pedir la libertad de sus representados. 

El exfiscal de la FECI, Rudy Herrera, quién estuvo a cargo del caso Lavado y Política dejó el país y denunció en un comunicado a la fiscal general, Consuelo Porras por “garantizar impunidad a las redes criminales que, en teoría, debería investigar”.

La estrategia para buscar una repetición del juicio

El defensor de Morales Guerra explica que entre las razones para apelar por repetir el juicio de su cliente, está el cuestionamiento a la validez de los análisis financieros usados por el MP para sustentar la acusación y la falta de garantías que, según él, negaron los distintos jueces para ejercer la defensa.  

Morales Guerra fue acusado por la Cicig y la Feci de ser una pieza clave en una operación internacional de lavado de activos. Este delito consiste en la ocultación del origen de dinero, resultado de actividades ilícitas, simular que proviene de actividades legales, con lo cual se permite a los delincuentes usar estos recursos. 

A “Chico Dólar”, un agente pagador de remesas y comerciante, la Cicig lo señaló de lavar dinero mediante transferencias al extranjero por US$33 millones, y operaciones locales que alcanzaron los Q937 millones (alrededor de US$121.13 millones).

La fiscalía consiguió a través del juicio, la condena contra Morales Guerra al documentar la irregularidad en operaciones internacionales por US$7 millones a través de 171 transferencias bancarias. El 11 de febrero de 2019, el Tribunal de Mayor Riesgo “A” lo condenó a 38 años de prisión y al pago de una multa de Q119.07 millones: fue hallado culpable de los delitos de lavado de dinero, defraudación tributaria, financiamiento electoral ilícito, cohecho activo (soborno) y absuelto por el delito de asociación ilícita.

En el momento de la detención de Morales Guerra, sin embargo, él no fue la figura más destacada del caso. Junto a “Chico Dólar” fueron acusados diputados del cancelado partido Líder, Jaime Martínez Lohayza, también condenado, y Manuel Barquín Durán, quien falleció antes de la sentencia. Ambos fueron intermediarios que facilitaron a Morales Guerra el acceso al expresidente del Banco de Guatemala (Banguat), Edgar Barquín, quien aceptó los cargos de tráfico de influencias. Este último era el candidato a la vicepresidencia junto al presidenciable de Líder, Manuel Baldizón. 

El hecho de que el caso fue revelado pocos días antes de la primera vuelta electoral en 2015, y el impacto que causó en la candidatura de Baldizón, quien cayó de la primera posición en las encuestas a la tercera previo al día de elecciones, es otra de las consideraciones que planteó el defensor de “Chico Dólar” para argumentar que este  caso fue promovido por un “interés político”.

cASO LAVADO Y POLÍTICA de No-Ficción Narrativa Investigación y Datos

En la entrevista con No-Ficción, el defensor de Morales Guerra prosigue y asegura que su cliente fue prácticamente “estafado” por los exdiputados Martínez Lohayza y Barquín.

“Ellos estafaron a Francisco Morales porque él, a través de la amistad que tenía con ellos, les comentó de la denuncia que tenía de la IVE, de un posible lavado de dinero y vienen estos diputados y estafan a mi cliente y le hacen entender que le van a arreglar el problema y solo le sacaron dinero” dijo Herrera López.

Durante el juicio el ex diputado Martínez Lohayza negó cualquier asociación ilícita con Morales Guerra, en un testimonio realizado el 2 de febrero de 2019. “Yo no asistí a esa reunión” dijo Martínez en referencia a una reunión realizada en 2013 en el Banco de Guatemala entre Morales, Manuel Barquín y Edgar Barquín, según el testimonio del propio ex presidente del Banguat en que se declaró culpable de tráfico de influencias. 

Sobre este punto también se buscó contactar a Edgar Barquín, pero este indicó por medio de su abogado representante Oscar Poroj que no dará declaraciones al respecto.

El abogado de Morales Guerra dice que su cliente intentó “arreglar sus problemas” mediante el uso de sus contactos políticos: “él les comentó el problema y ellos le dijeron que iban a influir y arreglarlo. Véase, de una forma ilegal también”. Además, el jurista manifiesta dudas sobre la validez de las pruebas utilizadas en el juicio y el papel de “Chico Dólar” en todas estas operaciones.

Herrera López aseguró que la información que “el banco”, cuyo nombre omite, dice, para evitar ser denunciado por el delito de pánico financiero, era falsa; que Morales Guerra nunca solicitó las transferencias internacionales de las que se le acusó: “eso las hizo el banco y mi cliente lo único que comercializó  fueron la divisas.  Cuando tenía una buena cantidad de dólares, se los vendía y el banco realizaba las transacciones con otras empresas en el exterior. El banco remite ese dinero al exterior y cuando la alerta se activa comienzan a falsificar un montón de formularios en donde se dice que fue Francisco quien solicitó las transferencias” sostuvo.

La entidad bancaria en cuestión es el Banco G&T Continental, institución que negó estas irregularidades en un comunicado publicado el 19 de mayo de 2016, después de las declaraciones de Morales Guerra en el juicio. No-Ficción envió a este banco una serie de preguntas  sobre la  relación comercial de la institución con Morales Guerra, así como sobre los mecanismos de control de la entidad y la supuesta manipulación de la documentación entregada a la fiscalía que argumentó la defensa de Morales Guerra, entre otras consultas.

La respuesta de G&T Continental, por medio de su gerente de Mercadeo Corporativo, Sebastián Eduardo del Buey fue que la entidad bancaria ha colaborado con las autoridades en el proceso de investigación. Además, destacó que “ni personeros, ni representantes del Banco G&T Continental, ni ninguna de las empresas que conforman el Grupo Financiero G&T Continental, están ligados a proceso penal relacionado con este caso”. 

En efecto, la única persona relacionada al banco ligada por este proceso fue la exgerente de la agencia de Asunción Mita, Jutiapa, Silvia Antonieta Guevara, quien fue absuelta por los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita y revelación de información confidencial durante el juicio en 2019.

Del Buey también indicó que su respuesta fue “de forma general” ya que el artículo 63 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, “limita proveer información”. El gerente dijo que el banco cumple con asegurar que las operaciones financieras de sus clientes se apeguen a la leyes y normas de Guatemala.

Además, destacó “la importancia de otorgar un manejo cuidadoso a la información relacionado con este caso para minimizar cualquier riesgo o posibilidad de interpretaciones erróneas que puedan generar inestabilidad para el sistema financiero”.

Según el defensor de Morales Guerra, el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo “A” no le permitió verificar de manera independiente la veracidad de los formularios con las transacciones internacionales, entregados por el banco, por lo que los jueces cometieron errores al valorar la evidencia. Esa es la razón por la cual apeló “vicios de proceso”  para anular el juicio y repetirlo ante un nuevo tribunal. 

El abogado Herrera López asegura que si logra que se repita el juicio, buscará obtener medidas sustitutivas para lograr la libertad de sus defendidos, Morales Guerra y cuatro de sus trabajadores, también condenados con él. 

Pero para entender cómo la defensa de Morales Guerra puede contemplar una resolución favorable, hay que saber quién es “Chico Dólar” y cómo logró en el pasado eludir a la justicia.

Descubriendo a “Chico Dólar”

Francisco Edgar Morales Guerra nació en el municipio de Asunción Mita, Jutiapa, en 1967. Su padre era originario de esa localidad y su madre del cercano pueblo de Agua Blanca en el mismo departamento. “Chico”, como es conocido en su pueblo, es un hombre de frontera, un negociante nato atento a las oportunidades de negocios según los vecinos de su municipio.

La tierra de “Chico Dólar” es una tierra de comercio. Ubicado a 150 kilómetros de la capital, el municipio cuenta con unos 42 mil 500 habitantes de quienes una tercera parte, según su Plan de Ordenamiento Territorial, viven en las áreas urbanas, la mayor de estas la cabecera municipal. Es el segundo municipio con el menor índice de pobreza general del departamento. 

Su poblado natal se encuentra a menos de media hora en automóvil de la frontera de San Cristóbal que une a Guatemala con El Salvador. La pequeña ciudad se extiende a lo largo de la carretera que conduce al paso fronterizo durante 1 km aproximadamente y crece de manera irregular sobre todo en la margen izquierda. 

En el centro de la comunidad, en un perímetro de menos de cuatro cuadras, hay agencias de siete bancos del sistema, cooperativas de ahorro y crédito, así como una veintena de farmacias y pequeños comercios con rótulos de “cobra tu remesa aquí”. La ciudad es un pequeño centro financiero de provincia en donde los cambistas informales han desaparecido para dar paso a los bancos.

Como explica el economista y consultor financiero Édgar Balsells, la década de los noventa fue en Guatemala un periodo de desregulación y “brusca liberalización” de la economía que se refleja en las crisis de entidades financieras en el país. Aparecen y desaparecen agencias crediticias, financieras y casas de crédito ante los escasos controles preventivos. Incluso instituciones aparentemente sólidas como el Banco del Café, Bancafé, el segundo banco en activos del país, quebró en 2006.

Este boom de servicios financieros dio pie a la creación de financieras, nuevas entidades bancarias, casas de cambio y remesadoras poco controladas pese a la legislación aprobada en ese periodo como la Ley Contra el Lavado de Dinero y Otros Activos, del 2001 y la Ley de Bancos y Grupos Financieros, del 2002. Las carencias en organismos de control como la Intendencia de Verificación Especial, IVE, y las  malas prácticas en el notariado en el país, que facilitaban la creación de empresas de cartón, cita como ejemplo Balsells, ayudaron a vulnerar los mecanismos de control. 

Según algunos testimonios de vecinos de Asunción Mita, Morales Guerra empezó sus negocios en los años 90 como vendedor de fertilizante y posteriormente instalando una ferretería. Reportes del Registro Mercantil dan cuenta de la inscripción de su primera empresa individual, Agropecuaria El Campesino,  en 1993; y de Agroferretería “El Campesino” en 2007. Con el aumento de la migración en el municipio en esa década, y la dolarización de la economía de El Salvador en 2001, Morales Guerra añade a sus negocios el cambio de dólares y se vuelve pagador de remesas.

Morales Guerra es padre de tres hijos junto a su esposa, Servia Benavent Guzmán Cuellar, también originaria de Asunción Mita, perito contadora que trabajó como cajera en el desaparecido banco Bancafé. Su esposa, Servia Guzmán, fue capturada por el MP por el delito de lavado de dinero en 2016, en un operativo donde se detuvo a otras diez personas acusadas del traslado de US$1.5 millones de origen ilícito a cuentas en Canadá en 2011. 

Guzmán Cuellar, también representada por el abogado Herrera López, fue detenida el 11 de agosto de 2016 y en un país donde el tiempo promedio de espera en un proceso penal, sin complicaciones, toma unos 195 días desde la detención hasta la apertura de juicio, Guzmán Cuéllar recuperó su libertad seis días después de pagar una caución por Q325 mil en el Juzgado de Instancia Penal de Puerto Barrios, Izabal.  A la fecha goza de libertad y el proceso en su contra no registra ningún cambio desde hace dos años.

Según su defensor presentaron documentación financiera para demostrar que el traslado de esos fondos eran operaciones de remesas con Western Union-AirPak y fue así como su representada recuperó seis meses después la fianza. Aun así, Guzmán Cuellar tiene en los registros del Organismo Judicial una causa abierta por el delito de lavado de dinero. Respecto a esta, su abogado defensor asegura: “El otro caso que usted ve es un caso en investigación que nunca va a prosperar”.

Como empresario y agente remesador hay dos momentos en la vida de Morales Guerra. Una etapa anterior y una posterior a 2011. Antes de 2011 “Chico Dólar” había consolidado una buena posición como el principal agente pagador de remesas para Western Union- AirPak en el país y como una de los mayores vendedores de divisas a los bancos del sistema a nivel nacional. Además, según su abogado era el más grande distribuidor de fertilizantes en la zona oriental del país.

Todo esto a pesar de operar únicamente con una empresa individual con diferentes nombres comerciales: Agroferretería “El Campesino”, Agropecuaria “El Campesino” y la Distribuidora y Exportadora de Frutas y Verduras El Campesino  (estas últimas dos canceladas a la fecha). 

Pero algo cambia en 2011, una investigación penal en su contra por el delito de lavado de dinero avanza.

Luego de años de alertas de flujos sospechosos de dinero, registrados al menos desde 2008 por parte de la IVE y reportados tanto a la Fiscalía de Narcoactividad como a la de Lavado de Dinero, las investigaciones se acercaban a “Chico Dólar”. En enero de 2010, según un comunicado del Banco G&T Continental, la entidad bancaria canceló “todos los productos y servicios” a Morales Guerra por no cumplir con los requisitos para “respaldar la legitimidad de sus operaciones”.

En este mismo comunicado la institución bancaria indicó que los “señalamientos” en su contra por  supuestas irregularidades de parte de Morales Guerra eran “una reacción desesperada e irresponsable” como consecuencia de su decisión de separarlo como cliente del banco.

Para diciembre de 2011 Morales Guerra constituyó, junto a su hija Serbia Waleska Morales Guzmán, quien acababa de cumplir la mayoría de edad, la sociedad anónima Corporación de Valores y Divisas El Campesino, abreviada, aunque no tanto con el nombre de Corpovaldicamsa. Sobre esta entidad más tarde Chico Dólar pidió “consejo” al entonces presidente del Banco de Guatemala, Edgar Barquín, para pasar los controles de la IVE.

Esta entidad tiene por objeto, según reportes del Registro Mercantil “la compra de moneda extranjera (…), cheques de viajero, giros bancarios, transferencias electrónicas, giros postales y otros medios de pago expresados en divisas, así como vender moneda extranjera (…) en su calidad de agente de las instituciones emisoras…”. Fue constituida con un capital total de Q700 mil, es propiedad en un 60 por ciento de Morales Guerra; y en un 40 por ciento, de su hija.

Chico Dólar entraba en una nueva fase de operaciones.

Los mecanismos de la impunidad

Pero ¿en qué momento aparece la Cicig y la FECI bajo la dirección de Juan Francisco Sandoval en esta historia?

Como el propio comisionado Iván Velásquez explicó durante la presentación del caso Lavado y Política en julio de 2015, todo se remonta a los propios reportes de transacciones sospechosas realizadas por la IVE. Los analistas de la intendencia habían detectado que había operaciones entre empresas ligadas a Morales Guerra y su círculo de colaboradores con empresas y cuentas de personas condenadas por narcotráfico fuera de Guatemala.

El abogado defensor de Chico Dólar niega que se haya podido probar cualquier relación de su cliente con narcotraficantes locales, algo que califica como “cizaña” difundida por la Cicig; pero reconoce que la condena contra Morales Guerra fue por transacciones internacionales por US$7 millones que dispararon “las alertas rojas”.

En todo caso estos reportes fueron remitidos a las fiscalías de Narcoactividad y la de Lavado de Dinero. En esta última fiscalía la investigación quedó a cargo del fiscal José Isabel Maldonado Castillo, quien desestimó en 2011 parcialmente la denuncia contra Morales Guerra, esto pese a que el artículo 310 del Código Procesal Penal indica que los casos de delitos graves se requiere de una autorización judicial, y en este caso de un Juzgado de Mayor Riesgo. 

Durante  la investigación del caso Lavado y Política, la fiscalía obtuvo escuchas telefónicas en las cuales Chico Dólar conversaba con su entonces abogado Javier Villatoro López y la exgerente del banco G&T en Asunción Mita, Silvia Guevara, sobre el “arreglo” que  había logrado en el MP  para conseguir la desestimación. Durante el juicio trascendió que Morales Guerra además sostenía una relación sentimental con Guevara lo que aumentaba su nivel de confianza.

Esa “desestimación”, que no se encontraba en el expediente del caso en la Fiscalía, de hecho, fue encontrada en la residencia de Morales Guerra durante un allanamiento en 2015. Por estos hechos el ex fiscal Maldonado Castillo, que al momento de su detención laboraba en la Oficina de Asuntos Internacionales del MP, fue sentenciado por incumplimiento de deberes y el abogado Villatoro por cohecho activo (pago de sobornos).

También en 2011 aparece el primer registro documental de un vínculo entre Chico Dólar y el mundo político. En ese año electoral el partido Gran Alianza Nacional, Gana, registró ante el Tribunal Supremo Electoral aportes de Agropecuaria El Campesino por Q1.44 millones. En esas fechas el secretario general del partido era el diputado Jaime Martínez Lohayza, originario de Jutiapa, y el secretario general adjunto el diputado Manuel Barquín Durán, hermano del entonces presidente del Banco de Guatemala, Edgar Barquín Durán.

La familia Chico Dólar era discreta. Apenas una publicación en sus redes sociales en diciembre de 2012 muestra cuando su esposa, Servia Guzmán, viajó junto a su hijo de 15 años para ver un partido del F. C. Barcelona en España. Pero el riesgo parecía alejarse del horizonte de Chico Dólar, quien para esta fecha era un empresario poco conocido de la zona oriental del país, sin redes sociales donde exhibiera lujos, ni antecedentes penales o policiales que reportaran algún problema previo con la ley. 

Desde Agropecuaria El Campesino, Morales Guerra tenía contratos con municipalidades de Jutiapa (Quezada, Santa Catarina Mita, Asunción Mita, Zapotitlán, Yupiltepeque y El Adelanto) que entre 2010 y 2015 sumaban Q21.38 millones en ventas de fertilizantes, herbicidas, láminas y otros materiales de construcción.

A mediados de 2014 la FECI y la CICIG tomaron el caso que todavía se encontraba en manos de Lavado de Dinero, al detectar la participación de actores políticos dentro de la estructura,  e hicieron un análisis de la información recopilada. Pronto, gracias a los análisis forenses de las transacciones nacionales e internacionales, escuchas telefónicas y reportes previos de la IVE comenzaron a perfilar la forma de operar de la estructura.

La figura que reconstruyeron es compleja y puede entenderse en las tres etapas en las que tradicionalmente se divide el lavado de dinero. Primero se produjo la “colocación” de los activos, es decir, su introducción al sistema financiero. En esta etapa, la estructura de Chico Dólar, según la investigación, adquiría grandes sumas de dólares, presumiblemente de origen ilícito, a un precio bastante bajo y se los vendía a entidades bancarias por un precio bastante competitivo. 

Durante el juicio la exoficial de cumplimiento de GyT, Sandra Elizabeth Sayas, fue interrogada por la fiscalía sobre qué acción emprendió la IVE al detectar, por ejemplo, más de 100 transacciones internacionales relacionadas a Morales Guerra, y si esta institución había pedido al banco que “bloqueara” las cuentas del acusado.

Sayas refirió que la IVE no les pedía cancelar o bloquear a ningún cliente,sino que en la mayoría de los casos solo solicitaban información adicional. 

La extrabajadora del banco explicó: “En el caso del señor Morales Guerra, la IVE no pide información adicional, salvo de este señor que no recuerdo el nombre y apellido, pero que tenía una relación… que depositaba en las cuentas del señor Morales Guerra,  pero tuvimos (una visita) in situ, llega la Intendencia a preguntar por una cuenta que estaba relacionada con el señor Morales Guerra, pregunta todo lo de esa cuenta, pero no pregunta del señor Morales Guerra”. La ejecutiva del banco dijo que en 2009 la IVE hizo una auditoría  a los cambistas que operaban con el banco, entre las cuales revisaron las cuentas de Chico Dólar, pero que no emitieron ningún reparo.

En la segunda etapa del proceso de lavado, según la acusación, se produjo la “estratificación”, o sea se buscó ocultar el origen de los fondos mediante una serie de transacciones. De esa cuenta en la investigación se detectaron alrededor de 200 empresas, algunas de ellas reales y otras de “cartón” que simulaban negocios entre ellas, como la compra y venta de bienes o servicios que nunca se prestaron, para justificar el traslado de fondos. 

En esta etapa el dinero era movido tanto a nivel nacional como en operaciones internacionales, algunas de las cuales se realizaron hacia cuentas en países como Estados Unidos, China, Hong Kong, Corea del Sur, Islas Caimán, Francia, Turquía, Colombia y Brasil. Hubo dinero que regresó a través de operaciones simuladas, la información concreta en el juicio revela que al menos US$7 millones fueron movidos en esta fase.  

No-Ficción pudo confirmar de manera independiente irregularidades como el registro de una dirección ficticia para una de las empresas presentadas en la acusación: Bajo Cero S.A. ubicada sobre la Avenida Elena, zona 1 capitalina; el registro de un domicilio para múltiples empresas de importación en una oficina de contabilidad a nombre de Inversiones Agata S.A. (la cual cerró operaciones al ser capturado Chico Dólar) también en otra dirección de la zona 1 y el uso de presuntos testaferros, como Natalia García, para la constitución de empresas, quien figura con uno por ciento de acciones tanto en la sociedad Transportes Comerciales Agroindustria S.A. y en la mencionada Bajo Cero S.A. Ambas empresas fueron señaladas por la fiscalía de operar como entidades de cartón para simular transacciones.

También No-Ficción trató de establecer la identidad de otras personas qué aunque figuran en las actas de constitución como “comerciantes” no tienen un registro tributario ante la SAT. Consultado para este reportaje, el abogado que registró ambas empresas, Alfredo Llamas Hernández, por ejemplo indicó que las personas que formaron estas empresas llegaron referidas “por un conocido de tribunales” y que tenían todos sus documentos en orden, pero que verificar la autenticidad de las direcciones que brindaban no era de su competencia. El notario también dijo no haber sido citado por el MP.  

Por último, en una tercera etapa se daba la “integración” de los activos, es decir, el regreso de los fondos a la economía en la forma de bienes inmuebles, compra de activos, comercios o cualquier otra actividad productiva. En el análisis financiero presentado durante el juicio se logró rastrear al menos US$105 millones “movidos” por Morales Guerra de los cuales, según reconoció su propio abogado defensor, US$7 millones corresponden a transacciones internacionales.

El mismo representante de Chico Dólar, el abogado Herrera López, señaló que como agente pagador de remesas, con la sede de la agencia que Western Union-AirPak, en Asunción Mita, Jutiapa, su defendido tenía operaciones que llegaba hasta los US$300 mil diarios, pues centralizaba las operaciones de otras sedes bajo su administración.

Esta cifra, sin embargo, podría quedarse corta si atendemos a otras estimaciones independientes. En 2021 El tanque de pensamiento con base en Washington D.C., Global Financial Integrity, publicó el estudio Financial Crime in Latin America and the Caribbean en el cual se hace un análisis por país de las principales vulnerabilidades y características de los delitos financieros entre los estados.

En el caso de Guatemala el estudio calcula que las ganancias de actividades criminales oscilan entre el 2 y el 5 por ciento del Producto Interno Bruto. Es decir, de US$1.5 mil millones a US$3.8 mil millones al año, y que de este monto entre US$1.1 mil millones y US$2.7 mil millones son lavados al año en el país.

Durante las entrevistas de campo de este estudio los expertos consultados identificaron al lavado de dinero como el mayor delito financiero del país, seguido de la corrupción. Además, señalaron como principal generadora de dinero ilícito al tráfico de drogas y la corrupción.

El estudio también calificó como “increíblemente diversos y variados” los métodos utilizados para “mover el dinero sucio en Guatemala, incluyendo bancos, actividades políticas, empresas ficticias, construcción, proyectos de infraestructura, facturación errónea, contrabando de efectivo a granel, supermercados, gasolineras e incluso iglesias”. El caso de Chico Dólar justamente reunió varios de estos ámbitos.

El “agente estrella” de Western Union-AirPak

En este punto vale la pena preguntarse si alguna vez este tipo de montos, manejados por un solo agente, levantaron alguna sospecha en Wester Union-AirPak.  Para empezar, hay que entender el tipo de relación comercial que mantenía Morales Guerra con la empresa remesadora.  

La franquicia de Wester Union para Centroamérica la maneja desde los años 90 la empresa AirPak, una compañía del Grupo Coen.  Esta empresa familiar es originaria de Nicaragua y tiene una importante presencia agroindustrial en ese país con más de 8 mil hectáreas de cultivos de sorgo, soya, caña de azúcar, maní y otros productos. 

Su componente más importante, sin embargo, son los servicios financieros, según la revista Forbes, el total de sus ventas anuales de bienes y servicios se estiman en US$125 millones. En Guatemala, además de la representación de Wester Union, son dueños de la empresa emisora de licencias de conducir Maycon (Maycom), y tienen participación con acciones en la constructora PreEsforzados y Construcciones S.A., de nombre comercial PreCon contratista del Estado con contratos menores que suman los Q6.6 millones en los últimos 6 años y que en 2018 fue acusada por la CICIG del delito de Financiamiento Electoral Ilícito en el caso Corrupción y construcción. 

El Grupo Coen tiene por fundador a Piero Coen Montealegre y por presidente de la Junta Directiva a su hijo Piero P. Coen.

Un antiguo trabajador en el área financiera de Wester Union-AirPak Guatemala, consultado para este reportaje, señaló que Morales Guerra llegó a ser el principal agente individual de la franquicia en el país. “Era el mayor remesador de oriente, incluso tuvo operaciones más voluminosas que algunos bancos del sistema” refiere esta fuente bajo confidencialidad.

“Chico Dólar” poseía una característica que esta empresa buscaba en sus agentes, relata esta fuente: una importante red de negocios en la zona, en su caso agropecuarias, ferreterías y venta de fertilizantes, así como contactos con otros comerciantes de la región y disponibilidad de dinero en efectivo para pagar estas remesas. 

Durante el periodo cuando la IVE marcó alertas sobre Morales Guerra, entre los años 2008 y 2011, según esta misma fuente, Western Union-AirPak además de los programas de auditoría de la sede central, poseía su propio sistema “y se conciliaba diariamente, por lo que los montos y volúmenes que manejaba Chico Dólar eran conocidos”.

Para este reportaje se contactó con David Díaz, gerente general de AirPak para Guatemala y Costa Rica, con el fin de establecer si las transacciones de Morales Guerra generaron algún tipo de alerta en sus sistemas de auditoría y controles sobre sus agentes.

Sin embargo, Díaz indicó que no podía brindar detalles de ninguno de estos temas por las cláusulas de reserva con la empresa matriz, así como las restricciones en la legislación local sobre difundir información financiera. Díaz aseguró que en su momento brindaron toda la información solicitada por las autoridades guatemaltecas al respecto.

Chico Dólar, de nuevo en la mira

Echar a andar la aplanadora de la impunidad en Guatemala puede estar a una llamada de distancia. Pero tener derecho a esa llamada puede costar años de cultivar las relaciones adecuadas. El 7 de febrero de 2013, a las 10:49 horas, una de estas llamadas salió de las oficinas del Banco de Guatemala.

A continuación una transcripción de la escucha telefónica presentada en el juicio:

EDGAR BARQUÍN: Aló, ¿con don Chico?

FRANCISCO MORALES: Con él habla.

EDGAR BARQUÍN: Chico, le saluda Edgar Barquín, del banco.

(Quien llamaba era Edgar Baltazar Barquín Durán, entonces presidente del Banco de Guatemala)

EDGAR BARQUÍN: ah vaya, mire es que le quería comentar, tal como habíamos quedado la vez pasada por ahí van a llegar los muchachos.

FRANCISCO MORALES: ajá, ¿cuándo?

EDGAR BARQUÍN: probablemente lleguen hoy o mañana, pero ya tienen los nombramientos, van a llegar cualquier día de esta semana, ellos van a llegar preguntando por la empresa, por eso le quiero explicar, corpo, como se llama su empresa CORPOVANDI…CAMSA

FRANCISCO MORALES: CORPOVALDICAMSA así es.

EDGAR BARQUÍN: exactamente, van a llegar preguntando por esa empresa y entonces a través de esa empresa le van a pedir los papeles suyos, entonces.

“Los muchachos” era personal de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), la entidad a cargo de la vigilancia y supervisión de las entidades financieras, responsable, entre otras tareas, de emitir alertas por transacciones sospechosas y denuncias por posible lavado de dinero. La IVE es una dependencia de la Superintendencia de Bancos (SIB), institución que el propio Barquín dirigió entre 2008 y 2010, y que, según testimonio del exfuncionario durante el proceso judicial, presentó 28 denuncias contra Morales Guerra.

Corpovaldicamsa, por otra parte, hay que recordar, es la sociedad anónima registrada con el nombre de Corporación de Valores y Divisas El Campesino en diciembre de 2011 por Morales Guerra y su hija, Serbia Waleska Morales Guzmán, dedicada a la compra y venta de divisas luego de la finalización de las operaciones de Chico Dólar con el Banco G&T Continental en 2010.

La intervención telefónica continúa:

EDGAR BARQUÍN: entonces, usted se los tendría (la documentación) que dar a la empresa, y la empresa a los muchachos, o usted se los entrega directamente, no habría ningún problema.

FRANCISCO MORALES: y toda la papelería adjunta, ¿o de eso nada? Hasta que ellos se la piden.

EDGAR BARQUÍN: ehh,  ellos se la van a pedir a su empresa.

FRANCISCO MORALES: perfecto.

EDGAR BARQUÍN: le van a pedir a la empresa, para que la empresa le pida a usted.

FRANCISCO MORALES: perfecto.

EDGAR BARQUÍN: entonces con eso sea así les da, les da toda la información que tiene

FRANCISCO MORALES: le agradezco mucho

EDGAR BARQUÍN: no les vaya a comentar de que usted habla conmigo, oye.

Morales Guerra, un comerciante jutiapaneco, cambista y agente pagador de remesas para entidades bancarias logró así una asesoría directa del propio presidente del Banco de Guatemala y uno de los artífices de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Otros Activos del país para solventar una inspección de personal de la IVE.

Seguía la escucha telefónica presentada durante el juicio:

EDGAR BARQUÍN: entonces yo voy a tratar la otra semana, puede ser el miércoles o el lunes de la siguiente semana, le voy a conseguir una reunión con el Intendente de la IVE y el Jefe de la IVE, para que usted les traiga esos documentos, la otra copia y les explique a ellos, porque vamos a tratar, a ver cómo lo sacamos de la jugada.

FRANCISCO MORALES: no, yo le agradezco mucho, como yo le digo, ustedes son mis ángeles para mí. Y yo les agradezco todo el apoyo que me han brindado.

Y así los engranajes de la maquinaria de la impunidad comenzaron a girar para librar a Morales Guerra de una investigación en curso en 2013. El problema para “Chico Dólar” era que su solución terminó por incriminarlo más, gracias a esta escucha telefónica.

Luego de la acusación en su contra en 2015, con los reportes de transferencias bancarias, los análisis financieros y el propio testimonio de Édgar Barquín, quien en septiembre de 2016 se declaró culpable del delito de tráfico de influencias, finalmente Morales Guerra fue condenado por lavado de dinero, defraudación tributaria, financiamiento electoral ilícito y cohecho activo.

Con la caída de Chico Dólar también cayeron dos viejos caciques de la política local. El ex diputado Jaime Martínez Lohayza, fuerte en su bastión de Jutiapa; y el ex diputado Manuel Barquín Durán, hombre fuerte de Petén, quien falleció en prisión antes de finalizado el proceso. Ambos, ex integrantes de la GANA, más tarde del PP y en un último cambio de colores, formaron parte del partido Líder.

El caso también mostró la complicidad en la que incurren algunos abogados penalistas al volverse intermediarios de sobornos, con las condenas del abogado Villatoro López y del ex fiscal Maldonado Castillo. Así como la de funcionarios medios de la SAT como Mynor Leonel Monterroso quien ocultó una defraudación tributaria de Chico Dólar y fue condenado por cohecho pasivo.

Por último, también en una investigación derivada fueron condenados dos ex alcaldes. William Geovanny Duarte Guerra, por falsificación de documentos; y Basilio Cordero Cardona por peculado culposo (la sustracción de bienes públicos)  en una muestra más de cómo una investigación independiente puede conducir a abrir otras causas judiciales. Entre otros involucrados en el proceso.

El saldo pendiente de Chico Dólar

Al 23 de marzo de 2022 se  encontraban bajo control de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (SENABED) 20 inmuebles registrados en Asunción Mita entre lotes, residencias y bodegas, vinculados a Morales Guerra y su esposa, con un valor tasado por la SENABED en Q15.42 millones. También 22 vehículos valorados en Q2.45 millones y dinero incautado por Q917,560.00 y US$ 14,193.63.

Bienes que suman alrededor de Q18.88 millones (unos US$2.46 millones). 

Estas propiedades y vehículos, vinculados a Morales Guerra, fueron inmovilizados y entregados para su uso en distintas instituciones del Estado. Los vehículos, por ejemplo, han sido utilizados según reportes de SENABED para su uso provisional en el Organismo Judicial, la Procuraduría General de la Nación o los ministerios de Defensa y Gobernación. Mientras que 3 de los inmuebles han sido asignados, de manera temporal, al Organismo Judicial, uno a Gobernación y otro al Ministerio Público. 

De visita en Asunción Mita, Jutiapa, sin embargo, no hace falta más que pararse a un costado del mercado municipal, entre la 3era y 4ta avenida del Barrio San Sebastián para ver como algunos negocios vinculados a Chico Dólar continúan en operación. Desde ese punto se observa un inmueble de tres niveles pintado de verde con el rótulo de Agropecuaria “El Campesino” y una cuadra más allá otro edificio  similar, también pintado de verde con el nombre de Agroferretería “El Campesino”.  

Al acercarse al edificio de Agropecuaria El Campesino, se observa que la planta baja está dividida en dos locales comerciales. Uno de ellos conserva el nombre de Agropecuaria El Campesino y se encuentra cerrado, con señales de estar clausurado desde hace mucho tiempo: sus ventanas están ahumadas y acumulan polvo. Es precisamente a nombre de esta empresa individual con la cual Morales Guerra obtuvo contratos públicos por Q21.38 millones en ventas de productos y servicios entre 2010 y 2015.

El otro local de la planta baja tiene por nombre Fertiagroquímicos El Agricultor D y S, y usa el mismo logo de un trabajador en el campo bajo un sol radiante que utilizaba Agropecuaria El Campesino. La dependiente del negocio confirma que en el local vacío a la par “estaba Western Union” hace algunos años.

Los vecinos confirman que el edificio de tres niveles con el cartel de Agropecuaria “El Campesino” es también la residencia de la familia Morales-Guzmán. Al realizar una compra en Fertiagroquímicos El Agricultor D y S, la factura recibida está bajo el registro de de Comercializadora Trinity S.A., una entidad cuyo representante legal es Anaxímandro Guzmán Cuellar, cuñado de “Chico Dólar”.

El proceso se repite al hacer otra compra en el local bajo el cartel de Agroferretería “El Campesino”, ubicado entre la 5ta y 6ta avenida, Barrio La Libertad, a dos cuadras del anterior inmueble. La empresa que registra la compra es Corporación Ferroagroservicios El Campesino S.A., también utilizando el mismo logo, y nuevamente Anaxímandro Guzmán Cuellar figura como su representante legal.

Esta última empresa fue constituida en 2011 por Morales Guerra, su esposa Guzmán Cuellar y la mayor de ambos, Serbia Waleska Morales Guzman. En esta sociedad anónima, Morales Guzmán cuenta con el 50 por ciento de las acciones y su esposa e hija con 25 por ciento cada una.

Se consultó a la Fiscalía de Extinción de Dominio sobre estos dos inmuebles y los agentes fiscales a cargo confirmaron que se iniciaron investigaciones al respecto, sin embargo, el primero de estos fue reportado como la residencia de la familia Morales Guerra y el segundo como su fuente de ingresos. A la fecha ambos edificios no están sujetos a acciones de embargo. 

No-Ficción también verificó el uso de al menos una de las tres bodegas ubicadas en el kilómetro 143.8 en la ruta que conduce a Asunción Mita. Durante dos días se pudo observar su empleo como depósito de chatarra y muebles usados. Así como la venta de blocks de cemento en un camión parqueado frente a la propiedad. Al preguntar a un trabajador del lugar si se trataba de Bodegas El Campesino este le pidió al reportero que se retirara del inmueble.

Este almacén, sin embargo, está reportado como en uso provisional por el Organismo Judicial según registros de SENABED. Personal de la secretaría consultado para este reportaje refiere que los trabajadores de las instituciones a las que se asignan provisionalmente los inmuebles suelen ser cuidadosos. Esto porque se han reportado casos de intimidaciones de antiguos propietarios.

A tres años de la condena de Francisco Edgar Morales Guerra y su estructura, por lavado de dinero y otros delitos, el total de sus bienes y dinero inmovilizado apenas llega a cubrir el 16 por ciento de la multa de Q119.15 millones impuesta contra Chico Dólar para recuperar la libertad al cumplir su condena. En este contexto los esfuerzos de su defensa por repetir su juicio y procurar impunidad son una inversión de lo más rentable.  

El Experimento es un proyecto periodístico producido por No Ficción Guatemala que cuenta en 2 temporadas los 12 años de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, sus luces y sombras, sus logros y fracasos, un hecho histórico que marcó la segunda década de este siglo.