Una de las maravillas naturales de El Salvador, lugar predilecto de descanso de la clase pudiente del país, lleva años recibiendo contaminación de restaurantes, quintas y comunidades. La desidia de las entidades municipales, ministerios, Policía y Fiscalía ha creado el escenario perfecto para que los depredadores ambientales se lucren del lago que contaminan con sus desechos. 

Son las 6 de una cálida tarde de marzo y, de no ser por la reunión que ocurre en uno de los bajaderos, la estampa es la habitual: el sol cede imponente sobre el lago de Coatepeque, en el occidental departamento salvadoreño de Santa Ana, los turistas toman cervezas en los muelles de los restaurantes, los ferris flotan cargados de comensales y las motos acuáticas surcan el lago. Sin embargo, en un bajadero público, nueve hombres y una mujer sin ninguna vocación turística esperan las noticias que les trae un biólogo. 

Es habitual que los miembros de la Asociación de Desarrollo Comunal (Adesco) La Bendición se junten cada semana, pero esta tarde reciben ansiosos el informe de Rubén Sorto, un biólogo que tiene una década estudiando el lago. Esa misma semana, el biólogo Sorto tuvo una reunión con un fiscal ambiental de la sede de Santa Ana, a quien intentó persuadir para que la institución ponga los ojos sobre los problemas de contaminación crecientes del lago. 

-No les traigo buenas noticias- empieza el biólogo Sorto. 

La Bendición es una de las seis Adescos del lago que conviven con una serie de restaurantes populares y algunos exclusivos que manejan de manera irregular sus aguas negras, grises y desechos sólidos. Varios de esos comercios, como Las Palmeras, Rancho Alegre, El Faro y La Pampa-Cardedeu, han sido denunciados ante el Juzgado Ambiental de Santa Ana sin ningún resultado más que ciertas amenazas directas de algunos de sus dueños a la comunidad. El Juzgado ha llegado a pedir a la sede fiscal actuar penalmente. 

Pero esta tarde, frente a las comunidades organizadas para resistir, el biólogo Sorto parafrasea al fiscal: “dijo que él no se iba a pelear, porque los ricos son los que han construido todo el lago. Que esto está perdido porque ya está todo urbanizado. Incluso dijo algo feo: que a él le gustaba este lago antes, pero que desde que se volvió la cloaca de los ricos ya no venía aquí. Y que si quería hacer algo, que mejor siguiera recogiendo basura”.

Los líderes de la comunidad se quedan pasmados por un momento. Pronto reaccionan y se escucha una voz predominante: “¿O sea que ellos (la Fiscalía) están de acuerdo con todo esto?”. 

“Esto lo que nos está diciendo es que la lucha la tenemos que hacer las comunidades, no esperemos nada del Estado”, contestó el biólogo Sorto a la orilla del lago de Coatepeque.

Heces en el lago

Las Adescos están cansadas de lidiar con los amedrentamientos de los dueños de quintas privadas y negocios, con tener acceso al lago solo por nueve pequeñas veredas repartidas en 25 kilómetros; están cansadas de padecer la contaminación sonora y pirotécnica de los restaurantes exclusivos; y también lamentan la descarga de heces humanas que hacen descaradamente la mayoría de empresarios que tienen sus negocios a la orilla del lago. La jueza ambiental de Santa Ana, Norma de Milla, también está cansada de tener que recordar a las municipalidades, Fiscalía, Ministerio de Salud y Ministerio de Medio Ambiente cómo ejecutar la contraloría ambiental. “Ya ustedes saben del problema. Si ustedes permiten que esta obra se ejecute sin permiso es cosa de ustedes”, aseguró la jueza haber dicho a distintos funcionarios en alguna ocasión. “El lago está fatal”, sentenció De Milla.

La situación se ha vuelto tan crítica como cotidiana. La evidencia científica de la contaminación es contundente. En teoría, en el agua no debería haber coliformes fecales, pero en Coatepeque hay estudios técnicos públicos y privados que señalan altos grados de estos desechos humanos. El informe más reciente de Fusades y la Fundación Coatepeque (FundaCoatepeque), realizado en marzo de 2021, indica que hay un valor de número permitido de 1.8 por cada 100 mililitros de agua. Es decir, el agua no es apta para consumo humano, y no solo por las heces, “es agua que tiene un montón de minerales porque está asentada en una caldera volcánica y tiene salinidad alta”, explicó el biólogo Sorto. 

Las comunidades carecen de agua potable y alcantarillado de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), por eso se abastecen directamente del lago, pero con el paso del tiempo la contaminación ha incrementado y los habitantes que pueden prefieren comprar agua envasada. Como Isabel Menéndez, originaria del lago, que a sus 66 años atiende un chalet que ofrece comida a la vista en la comunidad Aguas Calientes. Ella cuenta que hace 15 años dejó de tomar agua del lago y gasta, para su círculo familiar, cerca de $35 al mes en agua envasada. “Ya no tuve valor de tomar esa agua. A veces que no he tenido dinero para comprar o no viene el vendedor, me toca hervir un poquito para tomar. Hay gente que toma agua del lago, pero yo no tengo valor de tomarla”, recalcó.

David Ramírez, originario del lago, es el actual presidente de la Adesco La Bendición. Él ha visto los cambios socioambientales de los últimos 40 años en la cuenca del lago y asegura que los responsables de la contaminación “somos todos en general: quintas, restaurantes y viviendas. Recuerde que no todos los dueños de las quintas hacen buen uso de las aguas grises y aguas negras. El 30 % de las quintas desembocan las fosas sépticas y con esa agua riegan los gramales, para no pagar camiones que se lleven esas aguas”, expresó.

En 2019, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) levantó el Índice de Calidad de Agua (ICA), en el que clasificó el agua de “regular, lo que indica limitación en el desarrollo de vida acuática”. En 2018, el Boletín Científico de la Universidad Francisco Gavidia reveló que la cantidad de heces humanas varía entre la época seca y época lluviosa, así como por zona muestreada, pero que es una constante en el lago. 

Los habitantes de La Bendición, una de las comunidades más activas en la lucha por el lago, aseguran que los ferris descargan sus aguas negras en el centro de la mancha de agua. El informe de Fusades y FundaCoatepeque de marzo 2021 revela que la calidad del agua en ese punto es “regular”. 

Es por todo esto que las Adescos han buscado al biólogo Sorto para resolver el problema, pues reconocen el esfuerzo que hace por mejorar la calidad ambiental del lago de Coatepeque, que es parte de la zona núcleo de la Reserva de Biósfera Apaneca Ilamatepec. 

La Fundación registra cerca de 8,000 habitantes distribuidos en 17 cantones que pertenecen a los departamentos de Santa Ana, Izalco y, en mayor medida, a El Congo. En total, hay 19 organizaciones comunales, solo algunas inscritas ante alcaldías y Gobernación. La autogestión y el temor a perder sus mal remunerados empleos en las quintas privadas ha hecho que la oposición de las comunidades sea cautelosa. Eso no ha evitado que cinco comunidades se hayan organizado: Vuelta de Oro, Santa Mónica, Casa Blanca, El Estoraque y La Bendición. Son la resistencia civil a la contaminación de los negocios. Se hacen llamar Adescos Unidas. 

La lucha por el agua y los espacios públicos de Adescos Unidas es contra los dueños de 430 quintas, 468 bombas privadas que explotan el agua, 33 restaurantes y una gasolinera, entre otros negocios menores. 

Los líderes mencionan abiertamente los problemas del lago, pero cuando se les pregunta por los nombres de los culpables, prefieren bajar la voz o guardar silencio. Tienen miedo. Varios aseguran haber sido amenazados directamente por los dueños de los restaurantes. “Son personas que tienen poder económico, tienen influencia política, influencia con gente como jueces, gente pudiente y así está la cosa aquí. Es gente inescrupulosa que solo viene a traer el dinero aquí al lago y nosotros vivimos acá, bebemos esta agua que ellos contaminan”, se quejó un integrante de las Adescos Unidas.

Entre febrero y abril de 2021, este equipo periodístico hizo una radiografía al lago para constatar la realidad en la que viven los habitantes de sus alrededores: se realizaron cinco visitas, se presenciaron dos reuniones de las Adescos en su intento por organizarse para resistir, se conversó por teléfono con nueve dueños de restaurantes, se entrevistó a líderes de seis comunidades, se revisaron decenas de páginas de expedientes judiciales, se hicieron 38 solicitudes de información a cuatro instituciones estatales. Todo apunta a que la impunidad para contaminar el lago ocurre gracias a un Estado omiso o perezoso y a unos empresarios que se aprovechan de eso. La única oportunidad de que esto se detenga, de momento, es la organización ciudadana de las comunidades.

Los rastros de la contaminación inician con el hedor que desprenden los promontorios de basura acumulada en varios puntos de la calle que rodea al lago. Para el 27 de marzo, tanto las comunidades como quintas privadas y establecimientos comerciales, ubicados en el paraíso turístico, no habían visto pasar el camión de la basura por casi un mes. 

Datos de FundaCoatepeque registran que en el lago se generan 1,300 toneladas de basura al año. En 2020, lograron sacar solo 760 toneladas. “Hemos sacado quizás el 60 %, pero aún así es demasiada la generación de basura”, explicó Alejandro Villacorta, director ejecutivo de la fundación. La producción de basura y el mal sistema de recolección generan una situación que por periodos se vuelve insostenible. 

A ojos de algunas Adesco, la situación es tan grave que incluso prefieren evitar el turismo que de alguna forma puede generarles pequeños ingresos por sus tiendas o servicios prestados. El 16 de marzo de 2021, las comunidades locales movieron un afiche en redes sociales, pidiendo a los turistas no visitar el lago. Y, si llegaban, los vecinos de Coatepeque les pedían llevarse la basura generada. La razón de peso para vetar al turismo era una: “los que vivimos en la ribera del lago tomamos agua del lago. A nosotros nos interesa que esa agua esté dentro del consumo humano, por eso es el gran interés como Adescos de llevar a cabo esta limpieza y ver de qué manera la cuenca no sea explotada”, dijo Miguel Bolaños, vicepresidente de la Adesco La Bendición.

Esa tarde de marzo, tras las malas noticias del biólogo Sorto, la reunión continuó con la organización de una jornada de limpieza programada para el 27 de marzo, en la que recolectaron 40 toneladas de basura en tan solo cuatro horas. Esa actividad se convirtió en el primer éxito de las Adescos Unidas, pero también en una muestra directa de la titánica labor que tienen por delante.

Sin embargo, la basura a la vista o el tufo en algunos puntos del lago son solo la evidencia más superficial de la contaminación que sufre Coatepeque. Hay escenas mucho más graves que ocurren de noche, bajo la lluvia, y que el Juzgado, Fiscalía y Policía conocen, pero no han frenado.

Dueños del lago

El 19 de abril llovía en Coatepeque. Eran las seis de la tarde, pero aún había claridad como para observar cómo las gotas hacían al lago brincar. 

Algunos habitantes de La Bendición aseguran haber observado una escena que puede sonar grotesca, pero más bien es cotidiana en Coatepeque: el personal de Las Palmeras, uno de los más grandes restaurantes, aprovechando la lluvia, descargaba desde el parqueo su pozo de aguas negras con una manguera. Con total impunidad, vaciaban heces humanas en el lago. Pero aquel día algo falló. Por suerte, bajo la lluvia. Quizá por la potencia del motor que succionaba, la manguera que trasladaba los excrementos hacia el lago se salió de control y terminó chispeando heces por doquier. Los empleados trataban de controlar la manguera mientras no solo la lluvia los bañaba. 

“Metieron al bicho más seco a la fosa para arreglar lo que fallaba”, explicó alguien que vio la escena. “Yo denuncié lo que pasó con la Fundación Coatepeque”, reveló uno de los nueve empresarios consultados, que pidió el anonimato por temor a represalias del dueño del restaurante, un hombre a quien las Adescos Unidas reconocen como uno de los poderosos del lago. Tres miembros de FundaCoatepeque confirmaron la denuncia.

A las 7 de la noche de ese mismo día, otro vecino compartió un video tomado en ese mismo instante. Era un ferri bajo la lluvia, en medio del lago, detenido. La embarcación no tenía clientes a esa hora, llovía. Los líderes de La Bendición que aceptaron hablar dijeron que era el procedimiento habitual, que cuando uno de los tres ferris se detenía en medio del lago tras una jornada de comercio era para hacer lo mismo que aquellos empleados hacían con la manguera: descargar excremento en el lago. Los tres ferris que circulan en el lago tienen baños con contenedores que, al no haber ninguna supervisión estricta de parte de las autoridades de Salud, son vaciados en la mitad de la maravilla natural. Y eso consta, incluso, en los expedientes judiciales abiertos por el Juzgado Ambiental de Santa Ana.

Un vecino de la comunidad La Bendición compartió este video captado la noche del 19 de abril. Para guardar la identidad de la fuente ocultamos el audio. Los habitantes afirman que cuando los ferris se ponen en el centro del lago descargan sus aguas negras al agua de la maravilla natural. El informe de marzo de FUSADES y Fundación Coatepeque identifican que el agua de ese punto del lago es “regular”. Crédito: Video cortesía

Sobre el incidente en el parqueo del restaurante Las Palmeras no hubo inspecciones de los Ministerios de Medio Ambiente y Salud, ni del Juzgado Ambiental, ni de la Fiscalía. Todo indica que nuevamente, Leonel González Castro, mejor conocido como “Albán”, procedió como suele hacerlo: sin problemas.

“Me llamo Leonel González. Albán, me dicen mis amigos”, dijo el empresario que accedió a hablar con este equipo a principios de junio. Lo niega todo. Niega lo dicho por las comunidades, por los informes oficiales de los ministerios de Salud y Medio Ambiente, por otros empresarios y el Juzgado Ambiental. Todo lo atribuye a la “competencia desleal”, “a puros chambres”, y a que son expedientes que están cerrados, “ya se demostró que no era como se había dicho en la denuncia. El Juzgado puede abrir 20 expedientes de 20 denuncias. La cosa es en cuántos me han condenado”, argumentó Albán. Los juzgados ambientales se mueven dentro del derecho civil y mercantil, por lo que su campo de acción no es penal.

Las Palmeras tiene 16 años de funcionar en la zona de La Bendición. Albán y sus dos hijos manejan el cuestionado negocio que tiene al menos tres expedientes en el Juzgado Ambiental de Santa Ana. 

Las malas prácticas de Albán y compañía están registradas en las medidas cautelares que la jueza ambiental de Santa Ana, Norma de Milla, abrió el 11 de septiembre de 2018 en el expediente MC-75-18, que fue el primero que el Juzgado Ambiental llevó en contra de los restaurantes Las Palmeras, El Faro, Rancho Alegre y La Octava Maravilla, pues ninguno tiene permiso de Medio Ambiente.

En el expediente se registró que durante ocho años, entre 2011 y 2019, el restaurante de Albán no contó con ninguno de los permisos básicos de funcionamiento. La Dirección Regional de Salud de Occidente informó al Juzgado que en al menos seis ocasiones entre 2012 y 2017 se instó a Las Palmeras a obtener los permisos, pero el restaurante no lo hizo.

-¿Lo han prevenido por desobediencia? -se preguntó a Albán.

-No. No. Si fuese así, ningún negocio puede funcionar sin el permiso de Salud. Ninguno -respondió el empresario.

En el proceso se determinó que Las Palmeras, El Faro, Rancho Alegre y La Octava Maravilla estaban deteriorando el hábitat por el uso de un sistema de tratamiento de aguas negras y grises que vertían los desechos a fosas sépticas y pozos sumideros que no cumplían con las normas de ley y que ponían en riesgo de contaminación el suelo y agua de la zona.

¿Cómo es posible que un restaurante así siga funcionando? Las Adescos Unidas aseguran que sería imposible sin tener de su lado a policías e inspectores de salud. La jueza De Milla no rehúye a la posibilidad, y ejemplifica: “Le digo a Fiscalía: ‘deberíamos de hacer un operativo en donde se pueda ver esto’, pero en estas circunstancias siempre hay filtración de información… Una vez me tocó regañar a un doctor y decirle: ‘mire, ¿y usted por qué le avisó (a los empresarios)?’ ‘Ah, no, para que hubiera alguien’. ‘Sí, pero usted no tenía que avisarles. Si yo los convoco a ustedes y usted pudo advertir que no los convoco a ellos es porque se va a venir de sorpresa’. Entonces, por eso tienen bien arreglado todo”.

El magistrado propietario de la Cámara Ambiental, Samuel Lizama, respalda lo dicho por De Milla: “Aquí es una costumbre en las diversas instituciones, en cuanto a las verificaciones y a las inspecciones, que consiste en avisar anticipadamente al inspeccionado, y eso es un absurdo porque no puede avisarle a alguien que corrija anticipadamente o que ponga arreglos de apariencia mientras le llega una inspección. Y ojo, que no se trata de hacer una persecución tampoco, se trata simplemente de verificar las condiciones de funcionamiento de las diversas actividades”. 

Albán dice ser un hombre de “principios” y niega rotundamente “tener conectes” en instituciones del Ejecutivo y alcaldías: “dicen que yo estoy en una zona de narcotráfico en donde amenazo a todo mundo y tengo dominada a toda la gente, a las autoridades. Entonces, imagínese, si yo tuviera eso así ya hubiera mandado a matar a saber a cuánta gente en el lago o no tuviera casos abiertos en el lago. Si yo estuviera con los conectes, ¿cree que sería todo lo contrario? Ni siquiera un antecedente, no habría casos abiertos en el lago”. 

El 4 de junio, por correo electrónico, se pidió entrevista con el ministro de Medio Ambiente, Fernando López, a través de la oficina de Comunicaciones de ese ministerio. Se pidió también explicaciones a Comunicaciones del ministerio de Salud, por correo electrónico, el 8 de abril. El 21 de abril y el 18 de mayo, se contactó por Whatsapp a la entonces jefa de Prensa de la Fiscalía. No hubo respuestas en ningún caso.

Grasa en el lago

El 13 de agosto de 2020 ocurrió otro evento de contaminación que involucró al restaurante Las Palmeras. Esa vez, las comunidades informaron que empleados de Albán tiraron los desperdicios de la trampa de grasa de la cocina en un predio aledaño al restaurante Solsticio, ubicado sobre la calle que baja hacia el lago. La pestilencia afectó a 220 familias de las comunidades La Bendición, Casa Blanca y San Rafael. También se abrió el expediente judicial MC-67-20.

Desde 2009, el Minsal pone en práctica la Guía Técnica Sanitaria para la Instalación y Funcionamiento de Sistemas de Tratamiento Individuales de Aguas Negras y Grises, que en el punto 6.1 establece: “esta grasa debe ser enterrada como materia orgánica o entregarla al sistema de recolección de desechos sólidos”. El artículo 184 del Código de Salud tipifica como infracciones graves “descargar desechos sólidos o líquidos, de origen doméstico o industrial en los cauces de los ríos, lagos y otros similares, sin el permiso correspondiente”.  

La versión de Albán sobre ese hecho es esquiva. Primero, dice que el terreno no es suyo y que le tocó evacuar “120 toneladas de basura”. Después, dice que tiene un terreno en el mismo lugar con una fosa séptica en la que descarta todas las aguas grises de su restaurante. Luego, asegura que lo habló con el ministro de Medio Ambiente y que él le dio la razón.

Sin embargo, casi un año atrás, en agosto de 2020, una periodista de este equipo entrevistó a Albán. En esa ocasión, al hablar sobre el manejo adecuado de las aguas negras, lo que implica contratar a una empresa certificada por el ministerio de Medio Ambiente, el empresario dijo: “no, hija, nadie lo hace. Vaya apuntando, nadie lo hace: ningún restaurante evacúa sus aguas negras (bajo ese estándar)”. Diez meses después, la respuesta de Albán ha cambiado: “Y si se da cuenta, no le mentí. Y hasta el día de ahora: nadie lo está haciendo, yo sí. Yo sí lo estoy haciendo. El Faro empezó a hacerlo cuando vio que yo lo estaba haciendo también”.

En la llamada de 2020 con Albán, se le consultó sobre un técnico de Salud que, según su argumento, avaló lanzar los desperdicios. Albán marcó desde su teléfono y lo puso en altavoz. La respuesta del hombre al otro lado de la línea fue: “para que nosotros demos información (la periodista) tiene que hacer la gestión a través de la Regional de Salud de Santa Ana”. El empresario aprovechó para pedirle permiso de “terminar de limpiar la trampa de grasa… ¿Pero le puedo dar mantenimiento? Vaya sí, gracias, viejo”. Albán colgó. 

Este 2021, luego de varios expedientes abiertos, Albán asegura haber dado un giro a su actitud frente a la comunidad: ha ofrecido $1,000 para que la Adesco La Bendición construya dos pozos sumideros; ha contratado camiones recolectores de basura; y hasta ha solicitado los servicios de Mapreco, empresa certificada por el MARN para descartar las aguas negras.

El presidente de La Bendición confirmó el ofrecimiento de los $1,000, que llegó a través del vicepresidente de la Adesco, pero no han evaluado el tema como asociación. “Paga un poco para tener evidencia de recibos, pero la otra (aguas grises) la va a tirar a Solsticio, a un sumidero que tiene él”, dijo el presidente, descreyendo que las intenciones de Albán sean buenas.

Diga lo que diga Albán, los expedientes judiciales que mencionan sus malas prácticas enumeran algunas: a) no contó con ninguno de los permisos básicos de funcionamiento, b) no tiene un sistema idóneo para manejo de aguas negras en el restaurante y ferris, c) pone en riesgo de contaminación del suelo y agua de la zona, d) no cuenta con permiso ambiental, e) no ha entregado el estudio de impacto ambiental al MARN, cuya fecha de entrega venció el 20 de junio de 2020.  

Albán no es el único, es uno más. Para esta investigación se llamó a nueve restaurantes, se preguntó por sus dueños, se insistió durante dos semanas, pero ninguno aceptó dar una entrevista bajo su nombre. Uno de los pocos que contestó preguntas lo hizo bajo condición de anonimato. Asegura tener miedo de que los demás se venguen de él. Sobre las prácticas contaminadoras del lago, dijo: “usted viene y pone un negocio ¿a dónde va a emplear? A lo que la gente mira. Y eso de las aguas y el tratamiento nadie lo ve, entonces, cualquiera diría ‘yo voy a hacer un hoyito ahí o pongo un mi tubo escondido y lo echo al agua’. Al final, estos 15,000 pesos los invierto en algo que la gente vea”.

Lo que ocurre en el lago no es un secreto, sino una cotidianidad para las autoridades y los habitantes.

Sin embargo, entre tantas negativas oficiales, surgió una voz clara para reconocer la deuda de protección del lago. La jueza De Milla, que lleva desde 2017 tratando de ordenar las actividades económicas que se desarrollan en la zona. Solo en la cuenca del lago, entre 2018 y 2020, el Juzgado Ambiental de Santa Ana decretó 44 medidas cautelares.

Impunidad ambiental

“El vertimiento de las aguas negras no solo es de Las Palmeras, sino de la mayoría de restaurantes en horas de la madrugada”, dice abiertamente la jueza De Milla. Asegura haber intentado hacer inspecciones nocturnas para acabar con la contaminación de Coatepeque, pero explica que la filtración de información que hacen empleados públicos de Salud sumado al desinterés de la Fiscalía y Medio Ambiente le complican cumplirlo: “Los problemas no están desde ayer, son problemas que han venido suscitándose y que ellos (ministerios y Fiscalía) lo han advertido y no han hecho nada”.

De Milla cuenta que, desde que está a cargo de ese juzgado, identificó que la Alcaldía de El Congo daba permisos de construcción en áreas que no le competían, había descargas de aguas negras y grises de las comunidades, los restaurantes y las quintas. Muchos de esos problemas se mantienen en la actualidad, “el lago está fatal. En el lago hemos tratado, como sede judicial, de ordenar. Digo fatal porque todo lo que está en el lago ya no lo puedo retroceder”, reconoció la juzgadora. 

En 2018, el juzgado abrió las primeras medidas cautelares para los restaurantes La Octava Maravilla, El Faro, Rancho Alegre y Las Palmeras, con el objetivo de que iniciaran el proceso de evaluación ambiental desde el Ministerio de Medio Ambiente. El MARN notificó sobre el inicio de solicitud de los permisos ambientales en 2019.

Los expedientes judiciales también hablan de un deficiente tratamiento de aguas negras en el restaurante El Faro. A diferencia de la mayoría, los representantes de El Faro aceptaron una entrevista con este equipo, que ocurrió el 12 de mayo de este año. “Somos los únicos que tenemos el mejor sistema de aguas. No lo hemos hecho solo por salir del compromiso. Pero si le ponen denuncia a uno de los vecinos, ahí nos vamos en la colada nosotros”, explicaron los empresarios que aceptaron representar al restaurante, pero que se negaron a que sus nombres fueran publicados.

Sin embargo, en diciembre de 2020, la jueza abrió nuevamente medidas cautelares en contra de El Faro y Las Palmeras. El expediente MC-79-2020 (3), por una denuncia de mal manejo de aguas negras de los ferris de esos negocios. Las primeras medidas cautelares que impuso la jueza en 2018 para El Faro, Las Palmeras, Rancho Alegre y La Octava Maravilla, fueron archivadas porque el MARN retomó el caso cuando esos negocios iniciaron el proceso para obtener el permiso ambiental. 

En el lago hay tres ferris que circulan con baño integrado. Las aguas negras de ferris y de los restaurantes ubicados en la zona popular conocida como La Bendición han hecho que el Juzgado Ambiental abra medidas cautelares. Crédito: Víctor Peña

Basta hacer matemáticas para darse cuenta del abandono estatal histórico del lago. Las Palmeras funciona desde 2005, aunque originalmente inició en 2002 bajo el nombre de Alexis Cova (nombre del atleta venezolano que desapareció en el lago durante una competencia); Rancho Alegre, desde 2006; y La Octava Maravilla, desde 2014; El Faro, desde 2017. El proceso para obtener el permiso ambiental de esos negocios se inició en 2019, a partir de las medidas cautelares de 2018 del Juzgado Ambiental. Según el sitio web consulta integrada, La Octava Maravilla y Las Palmeras tenían gran impacto y debían entregar un estudio de impacto ambiental; El Faro fue clasificado de mediano impacto y Rancho Alegre fue declarado “no viable ambientalmente”.   

Dos años después, en febrero de 2021, el MARN notificó a la jueza que iniciaron el proceso, pero que El Faro debió solventar observaciones antes del 25 de noviembre de 2019, y que Las Palmeras debía entregar el estudio de impacto ambiental antes del 20 de junio de 2020 y no había “solicitado prórroga”. Y ahora, dice la jueza con sorna, “muy lindamente me dice el Ministerio: ‘cabal, ellos lo iniciaron en tal fecha, la fecha de mi expediente, pero les hicimos observaciones y ya no las cumplieron. Entonces, ahí se quedó’”. 

El 1 de marzo de 2019, Juan Antonio Ramírez Madrid, representante legal de Rancho Alegre, ingresó el formulario para el permiso ambiental, que fue clasificado por el MARN como “no viable”. La jueza explica que en 2020 abrió un nuevo proceso para Rancho Alegre, por la construcción de un nuevo muelle para el que tampoco tenía permiso ambiental. La jueza certificó ante la Fiscalía la desobediencia del empresario, quien fue procesado penalmente, pero durante el proceso en ese juzgado se le suspendió la pena, y el muelle sigue intacto.

“Yo sé que la finalidad en los delitos ambientales no es la detención de la persona, pero deberían de ser más duras las penas, creo yo, para que la gente tenga miedo”, lamenta De Milla. Tras ser clasificado inviable, Ramírez Madriz ingresó nuevamente la solicitud de permiso ambiental para Rancho Alegre el 9 de junio de 2019, la nueva administración del MARN lo calificó como “mediano impacto”.

Excusas en el lago

Los empresarios tienen distintas explicaciones para dejar de lado el trámite ambiental. Albán aseguró que es por falta de fondos: “ya topé (…), quieren que paguemos $10,000 por negocio para contratar a un especialista para que haga el trámite. Por eso le digo: ningún negocio ha hecho el permiso de impacto ambiental (estudio de impacto ambiental)”.

“Que yo sepa, no tenemos ningún caso pendiente con lo del restaurante, lo único que sí tenemos pendiente es Medio Ambiente (permiso ambiental). De ahí, el manejo y todo lo da Salud, y lo llegó a revisar el Juzgado Ambiental”, dijo uno de los representantes de El Faro.      

Fue hasta en abril de 2021, cuatro meses después de abierto el último expediente judicial, cuando Medio Ambiente impuso medidas preventivas para El Faro y Las Palmeras, por no contar con los permisos ambientales y porque sus “medidas son inapropiadas por lo que de continuar funcionando bajo las actuales condiciones, existe un riesgo inminente de causar impactos ambientales significativos y posibles daños a la fauna acuática y a terceros”, detalla el informe enviado al Juzgado Ambiental. 

Otros de los casos vistos en el Juzgado, que denotan una clara impunidad ambiental en las actividades económicas del lago, son las medidas cautelares MC-54-18 (C3) por tala, contaminación, extracción de agua, mal olor en la zona, humo de pólvora por eventos y una tubería aérea que se cruzaba por el tendido eléctrico, todos en contra de La Pampa-Cardedeu. Ese era el combo de “prácticas empresariales” con las que tenían que convivir los vecinos de la colonia Santa Mónica. Después de las gestiones de la jueza, se corrigieron los problemas más urgentes, aunque la misma De Milla reconoce que algunas inspecciones de Salud y Medio Ambiente carecían de validez, pues las realizaban en horas en las que no se podían detectar los daños denunciados.

En plena ampliación de La Pampa-Cardedeu, el 11 de enero de 2021, Carlos Alberto Guerrero Contreras, administrador único y representante legal de la sociedad Cardedeu, S.A. de C.V., se bajó de una camioneta Jeep, en la calle polvosa de la colonia Santa Mónica. Después de años de asperezas con la comunidad, decidió reunirse con los líderes para resolver el asunto. “La idea nuestra es sentir que no somos enemigos, que somos amigos”, dijo Guerrero frente al grupo. 

La Pampa-Cardedeu actualmente está ampliando sus instalaciones. El MARN le ha otorgado un permiso ambiental con el beneficio de no hacer el estudio de impacto ambiental, aunque la construcción tendrá acceso al espejo de agua. Crédito: Víctor Peña

La nueva construcción del hotel se encuentra en un suelo de alto valor de recarga hídrica, entre 450 y 499 milímetros al año, según detalla la resolución del permiso ambiental con referencia MARN-NFA523-2019-R-813-2020. Con las primeras lluvias de 2020, quedó en evidencia el deficiente manejo de aguas lluvias de La Pampa, cuando la escorrentía que venía del restaurante inundó y dañó la casa de Concepción Zometa, habitante de la colonia Santa Mónica. Sin embargo, el Ministerio de Medio Ambiente resolvió en diciembre de 2020 otorgar un nuevo permiso, perdonando el estudio de impacto ambiental para el hotel Cardedeu Front Lake Apart-hotel, que se construye a la orilla del lago. El argumento del Ministerio para conceder esta autorización fue que “dicho proyecto cuenta con un impacto ambiental potencial leve, por lo que no requiere de la elaboración de un estudio de impacto ambiental”.

“Esto ya lo he visto varias veces, que en ocasiones se han emitido resoluciones de no requerimiento de estudio de impacto ambiental y la actividad sí genera un impacto significativo, pero puede ser perfectamente un mecanismo para beneficiar a los amigos del funcionario ambiental y exigirle a los que no lo sean”, criticó el magistrado Lizama. 

Carlos Alberto Guerrero Contreras viene de una familia de urbanistas reconocidos que han tenido influencia en el Estado y en la empresa privada. Su padre, Carlos Guerrero Zelaya, es un reconocido desarrollador. Entre otros lugares, de Ciudad Credisa, en Soyapango. También es hermano de Carlos José Guerrero Contreras, quien fue ministro de Medio Ambiente entre 2006 y 2009, en la gestión del expresidente Elías Antonio Saca. El exministro fue condenado en 2011 por la depredación de la finca El Espino.

En los últimos tres meses, el oficialista Diario El Salvador ha dado sendos espacios para promover los negocios de Cardedeu en el lago. 

La Cámara Ambiental ha pedido al MARN modificar el Manual de Categorización de Actividades, Obras o Proyectos, para evitar estas concesiones que evitan el permiso ambiental, pero no ha ocurrido.

“Hace ratos les ordenamos que tenían que modificar ese documento, porque se dan situaciones en donde hay proyectos que generan un impacto significativo en el ambiente y el funcionario de turno les da una resolución de no requerimiento de estudio de impacto ambiental y se aprueba la actividad económica y eso no puede ser. Es una manipulación, es una distorsión de las reglas de funcionamiento del modelo de evaluación ambiental que establece la Ley de Medio Ambiente. Queda a discrecionalidad de la autoridad ambiental, sobre la base de un informe técnico”, señaló el magistrado Lizama.

En medio de ese cuestionado sistema de permisos ambientales, y contrario a lo manifestado por la jueza De Milla, el Ministerio de Medio Ambiente ha asegurado públicamente que está “ordenando” la situación de los restaurantes del lago. El 5 de abril, notificó a 16 restaurantes que tenían 15 días para arreglar su falta de permisos. “En aquellos (restaurantes) en los que se identificó infracción ambiental, se iniciará el procedimiento de imposición de medidas preventivas”, detalló la directora general de Gestión Territorial, Ivanya Avendaño.

Como resultado de la inspección ya varios restaurantes han iniciado el proceso de evaluación ambiental, como los del bajadero de La Bendición. Alicia Repreza es dueña del restaurante Alicia, que tiene 15 años de funcionar en la zona popular del lago. El bajadero tiene un sistema de fosas sépticas comunitario para el manejo de las aguas negras y grises. Alicia, como la gran mayoría de negocios, tiene el permiso de Salud, más no el permiso ambiental. “No han puesto sanciones, ni multas. Nos dejaron 15 días para iniciar eso. Nosotros ya estamos en trámite”, explicó la empresaria.

Una de las soluciones jurídicas para el lago de Coatepeque pudo ser la aplicación de la Ley General del Agua, que a finales de mayo fue enviada al archivo por la actual Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa. “Es trágico, porque denota la falta de voluntad de abordar el tema y de resolver la problemática hídrica del país que es delicada”, expresó el magistrado Lizama.

Las Adescos Unidas son las únicas que entienden la urgencia de detener la impunidad sostenida. “No dejemos que estos señores se apropien del lugar solo porque ellos dicen ser los más poderosos y tienen el dinero. Aquí es de que las comunidades nos unamos y hagamos valer nuestros derechos”, dijo un miembro de Adescos Unidas en aquella reunión donde el biólogo Sorto llevó decepcionantes noticias.

El biólogo Sorto les marcó el camino antes de terminar aquella reunión a orillas del lago: “identifiquen a personas que les puedan tomar fotos o denuncien con evidencias ante la Adesco los problemas ambientales. Por ejemplo, si ustedes ven una quinta de allá tirando las aguas residuales en la madrugada, ustedes inmediatamente avisan y la Adesco avisa a los medios. Porque aquí, hasta que los medios hacen bulla, saltan los dueños”.

Este reportaje se realizó en el marco del Ciclo de Actualización para Periodistas (CAP) sobre emergencias sanitarias y cambio climático.