El Congreso de Guatemala ha adjudicado compras a seis proveedores que tienen en común varias características: sus productos han sido comprados pese a que cuestan hasta seis veces más que en el mercado; tres empresas fueron creadas hace apenas cuatro años y una de ellas se convirtió en proveedora del Estado en 2022; una de las compañías comparte la misma dirección que su competencia; y tres de ellas no están en las direcciones que aparecen en los registros públicos. Este reportaje, que se originó de una filtración, se realiza a partir de la alianza de medios GuatemalaLeaks.

GuatemalaLeaks elaboró una base de datos con compras realizadas por el Congreso de la República, entre el 1 de enero y el 25 de abril de 2022, a partir de información recogida en Guatecompras, el portal de adjudicaciones del Estado. 

Se analizaron las facturas y las cotizaciones de 74 compras de baja cuantía que el Congreso realizó en este período. Las adjudicaciones corresponden a seis proveedores distintos. 

Además, se revisaron los perfiles de otras 16 empresas que fueron cotizadas por el Congreso en estos procesos de compra. En total, se hallaron 51 adquisiciones irregulares. 

Azúcar, café, televisores, cafeteras, computadoras, impresoras y tinta son algunos productos que el Congreso adquirió a estas empresas. En algunos casos, los artículos se compraron con un sobreprecio de hasta el 600%, en comparación con lo ofrecido en el mercado. 

Para identificar estos sobreprecios, se analizó el monto unitario de cada producto y lo comparó con los precios que ofrecen otras empresas que venden al por menor. 

Para realizar esta comparación, se tomaron en cuenta productos de la misma marca y modelo. En los casos en los que las facturas no especificaron estos datos, se analizaron artículos que cumplían con las mismas características. Los precios de las empresas que se consultaron y los de las facturas emitidas al Legislativo incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

El Congreso realizó todas las compras analizadas a través de la modalidad de baja cuantía. 

Ricardo Barrientos, economista senior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), explica que esta modalidad fue creada para que las compras sean ágiles y las instituciones puedan adquirir los artículos o servicios en menos tiempo, sin necesidad de hacer cotizaciones públicas. Por esto mismo, es la que menos controles tiene. 

Según la Ley de Contrataciones del Estado, cada institución establece sus propios procesos para hacer estas compras de baja cuantía y únicamente está obligada a publicar toda la documentación de respaldo en Guatecompras, una vez se haya recibido el producto o el servicio.

En el caso del Congreso, según Heberto Gamaliel Yoc Chilel, director administrativo, un analista de compras se encarga de hacer cotizaciones a tres empresas diferentes y el jefe del departamento de compras aprueba al proveedor seleccionado.

Originalmente, las adquisiciones de baja cuantía tenían un límite de 10 mil quetzales, pero en 2016, una reforma a la ley lo aumentó a 25 mil.  

«Azúcar, café, televisores, cafeteras, computadoras, impresoras y tinta son algunos productos que el Congreso adquirió a estas empresas».

Una empresa con la misma dirección que su competidora 

Grupo Avanza de Guatemala, S.A. es una empresa constituida en 2012. Su representante legal es Ludbin Gudiel Córdova Ramos. Según Guatecompras, Grupo Avanza ha sido proveedor del Estado desde 2013. Le ha vendido equipo informático, electrodomésticos y antivirus a municipalidades y ministerios de Guatemala.

De 19 compras que el Congreso le hizo a Grupo Avanza en 2022 y que fueron revisadas, en diez se detectaron irregularidades. 

El 30 de marzo de 2022, el Congreso compró 25 cafeteras de marca Black Decker, con capacidad de 30 tazas. Según la publicación de Guatecompras, fueron solicitadas por la Dirección Administrativa del Organismo Legislativo. Cada cafetera costó Q685. En total, el Congreso pagó Q17,125 por ellas.

En la factura se describe que el modelo de la cafetera es CMU3000. Este mismo modelo se ofrece mucho más barato en otras tiendas. Según las páginas web de empresas de ventas de electrodomésticos, Tiendas Max vende esta cafetera a Q339, El Gallo Más Gallo a Q348 y La Curacao a Q347. Eso significa que el Congreso pagó 51% más por el mismo producto si se compara con el precio de Tiendas Max y 49% más si se compara con el de las otras dos tiendas.

Grupo Avanza también vendió televisiones al Congreso. El 24 marzo de 2022, el Legislativo adquirió dos smart tv de 50 pulgadas, de la marca Samsung, modelo UN50TU700F. Por cada una pagó Q11,499, pese a que el mismo modelo en la empresa Siman es ofrecido a Q5,199 y en TecnoFácil a Q5,499, menos de la mitad de lo que pagó el Congreso. 

El Organismo Legislativo le compró a Grupo Avanza un refrigerador marca Frigidaire de 12 pies cúbicos. Pagó por él Q6,999, cuando el mismo modelo (FRTS12K3HTS) cuesta Q3,957 en La Curacao y Q3,899 en Siman. 

En los análisis de compra en los que se seleccionó a Grupo Avanza, el departamento de compras del Congreso argumentó que se adjudicaba “por ser el mejor oferente en precio y cumplir con todas las especificaciones requeridas”. 

De las diez compras a Grupo Avanza en las que se detectaron irregularidades, en nueve de ellas el departamento de compras del Congreso consignó que también le cotizó los productos a Navegantes en Tecnología, una empresa constituida en 2014, dos años después que Grupo Avanza. 

Según el perfil de las empresas en Guatecompras y sus reportes de auxiliares en el Registro Mercantil, Grupo Avanza y Navegantes en Tecnología comparten la misma dirección fiscal: 1ra. Avenida 1-15 en la zona 1 de Ciudad de Guatemala. También el mismo número telefónico y el mismo gerente general y representante legal: Ludbin Gudiel Córdova Ramos. 

En los nueve eventos en los que figura como empresa cotizada, Navegantes en Tecnología ofreció precios más altos que Grupo Avanza, que finalmente fue el proveedor elegido. Por ejemplo, en la compra del refrigerador, Navegantes en Tecnología ofreció Q8,290 y Grupo Avanza vendió el producto por Q6,999.

Navegantes en Tecnología fue proveedora del Estado en 2016 y 2017. Todas las contrataciones en estos dos años -la mayoría por servicios de mantenimiento y reparación de sistemas electrónicos-  fueron con el Ministerio de la Defensa. En total ha recibido de esa institución Q216 mil.

De acuerdo con una investigación de elPeriódico, varias empresas vinculadas a Ludbin Gudiel Córdova Ramos se han convertido en proveedores frecuentes de este ministerio. Navegantes en Tecnología, Grupo Avanza, Chipcom, S.A., Nexus, S.A. y Precisión en Negocios, S.A., de las que él es representante legal, han recibido contratos por millones de quetzales.  

En el artículo también se menciona a Construcciones Creativas y Logística de Ingeniería, S. A. Los dos comercios son representados legalmente por Exal Miguel Córdova Ramos, hermano de Ludbin Gudiel Córdova Ramos. 

La publicación también señala que estas sociedades están relacionadas con Óscar Guillermo Ramos Soberanis, acusado en el caso de corrupción llamado Registro de Información Catastral: Una Caja de Pagos. 

En los nueve eventos en los que participaron Navegantes y Avanza, el Congreso también cotizó a un comercio llamado Multi Proyectos, que ofreció precios más altos de Grupo Avanza. GuatemalaLeaks no pudo ubicarlo porque en los documentos de Guatecompras no aparece información de su NIT, dirección o teléfono. Tampoco se pudo identificar en el Registro Mercantil, ya que varios negocios inscritos en los registros públicos tienen ese nombre comercial.

Se visitó la dirección que registran Grupo Avanza y Navegantes en Tecnología, en la zona 1 de Ciudad de Guatemala. En el lugar se ubica una casa color rojo de tres pisos. Tiene un pequeño espacio en la entrada que funciona como recepción. En una de sus paredes cuelga una manta vinílica en la que se lee “Chipcom”. 

Chipcom, S.A. es otra empresa de la que Córdova Ramos es representante legal. También es proveedora del Estado: desde 2014 ha ganado Q11.6 millones de los fondos públicos.

Una mujer, identificada como Liss Soto y encargada de ventas del negocio, confirmó en el lugar que este es el domicilio fiscal de Grupo Avanza y Navegantes en Tecnología, pero dijo que no había nadie que pudiera atendernos.

En una llamada telefónica, Ludbin Córdova Ramos confirmó que ambas empresas son de su propiedad. Afirmó que el Congreso empezó a comunicarse con Avanza y con Navegantes en Tecnología para solicitar una cotización, pero aseguró que él desconocía los procesos internos de compras del Organismo Legislativo y por esa razón no sabía que se trataban de los mismos eventos de compra. 

Córdova también dijo que el Congreso cotizó primero a Navegantes en Tecnología, pero luego le fue informado que la sociedad no podría participar porque no estaba inscrita en Tesorería Nacional, condición necesaria para recibir los pagos como proveedor del Estado. 

Fue luego de eso que cotizaron con Grupo Avanza, según él. “Yo no conozco a nadie allá adentro, si lo que se busca es decir eso. Nosotros pensamos que hasta nos estaban usando solo para rellenar cotizaciones porque no nos compraban”, afirmó el representante. 

Sobre los precios elevados de sus productos, Córdova alegó que desconoce los precios del mercado y dijo que se ofrecieron los montos convenientes para la empresa. “Espero que también se haga público que el Congreso hasta ahora no nos han pagado los productos”, concluyó. 

Se consultó a Heberto Gamaliel Yoc Chilel, director administrativo del Congreso, quien argumentó que no podía emitir una opinión sobre los procesos de compra en los que participaron ambas empresas, por desconocerlos y porque antes debería leer cada expediente. Aseguró que investigaría el caso. 

«Construgreen no había sido proveedora del Estado hasta el 17 de marzo de 2022. Desde entonces y hasta el 13 de mayo, hizo 34 ventas por un total de Q464 mil. Su único cliente del Estado ha sido el Congreso».

La constructora que vende televisores, impresoras y discos 

Construgreen, S.A. es una empresa constituida en agosto de 2018. ​​Gilda Alejandra Celada Shaul figura como su representante legal. En Guatecompras y en el acta de constitución de la empresa, se registra que la actividad económica principal de esta compañía es la “construcción de otras obras de ingeniería civil”. 

Construgreen no había sido proveedora del Estado hasta el 17 de marzo de 2022. Desde entonces y hasta el 13 de mayo, hizo 34 ventas por un total de Q464 mil. Su único cliente del Estado ha sido el Congreso. En el análisis se detectaron diez compras con indicios de anomalías.

El 23 de marzo de 2022, el Organismo Legislativo le compró un frigobar a Construgreen por Q3,998. El aparato, de 4 pies cúbicos, de marca Mabe y modelo RMF0411PYMB0, se vende en Tiendas Max a Q2,199; un 45% más barato. 

Construgreen también vendió televisores a un precio superior al del mercado. El 21 de marzo, el  Congreso le pagó Q10 mil por una smart tv de 55 pulgadas, marca LG, modelo 55UP7500PSF, que en Cemaco cuesta Q6,499 y en Tiendas Max Q5,499.  

Dos días después, se compró otro televisor, esta vez de 50 pulgadas, de la marca LG por Q9,998.El mismo modelo (50UP7700PSB) se vende por Q4,199 en Electrónica Panamericana, a Q4,796 en Tiendas Max y a Q5,699 en el Gallo más Gallo.

Ricardo Barrientos, especialista de ICEFI, explica que es común que algunos proveedores del Estado aumenten el precio de sus productos, porque las instituciones públicas suelen demorarse en ejecutar los pagos y por eso deben asumir el costo de espera. “Pero las diferencias son entre el 5% y 7%, no un 100%”, señala.  

Por esa misma razón, Barrientos considera que es sospechoso que empresas nuevas o pequeñas sean las proveedoras de estos productos, pues el retraso en los pagos puede afectar su estabilidad económica. 

Yoc Chilel, el director administrativo del Congreso, confirma que la demora en el pago incrementa el precio de los productos y justifica que el Legislativo no compre a empresas grandes porque suelen solicitar pago al contado y, según él, no siempre cuentan con la cantidad de productos específicos que solicitan.

Según el funcionario, no se puede considerar una anomalía el hecho de que se haya adjudicado una compra a una empresa que nunca había recibido contratos con el Estado. Yoc argumenta que las instituciones públicas deben dejar participar a nuevos negocios y emprendimientos. “De lo contrario, sería limitar su derecho de participar”, dice. 

El director administrativo explica que, para elegir a un proveedor, los analistas de compras consultan páginas web y redes sociales que ofrecen los productos que el Congreso necesita. 

En Guatecompras y en las facturas de las compras, el domicilio fiscal de Construgreen aparece como Residencial Quinta Santa Clara, casa 2, en la 5 Avenida 16-35 de la Zona 10 de Ciudad de Guatemala. 

En esa dirección no hay rastro de Construgreen. En su lugar funciona otra sociedad llamada Corporación Técnica de Desarrollos, S.A.. Así lo indica una placa en una de las paredes de la recepción.

Se trata de una empresa constituida en 1996 que, de hecho, tiene registrada en Guatecompras la misma dirección. La recepcionista de Corporación Técnica de Desarrollos aseguró que no sabía de la existencia de Construgreen. Las dos empresas no comparten ni representantes legales ni números telefónicos. 

En el teléfono registrado en Guatecompras a nombre de Construgreen, contestó una persona que se identificó como Alberto Juárez, quien aseguró ser el gerente técnico de la empresa. Al solicitarle una entrevista e indicar que esta sería grabada por teléfono, se cortó la llamada. 

Al contestar la segunda llamada, Juárez solicitó que se enviaran las preguntas por escrito, pero nuevamente se cortó la comunicación antes de que indicara el correo electrónico al que enviar las consultas. Se le hizo una tercera llamada, pero ya no atendió. 

Ricardo Barrientos, de ICEFI, identifica varias posibles anomalías en esta sociedad y en sus contratos. La primera que le llama la atención es que una empresa venda al Estado productos distintos a los de su actividad económica. Construgreen está registrada para construcción de obras de ingeniería civil, pero ha vendido electrodomésticos y aparatos electrónicos al Congreso.

Barrientos recuerda que estos detalles se revisarían en modalidades de compra con mayores controles, como la licitación pública. En esta modalidad, varias compañías hacen sus ofertas y estas son revisadas por una junta de licitación. 

Según el economista, la Ley de Contrataciones del Estado “no prohíbe comprar a empresas cuya actividad económica difiere de la naturaleza o los servicios a proveer”. Le corresponde al Registro General de Adquisiciones prevenir este tipo de anomalías durante el proceso de precalificación, pero esto únicamente aplica para procesos de licitación, cotización, contrato abierto y subasta electrónica inversa. 

Barrientos considera que las empresas pueden ofrecer precios elevados porque no es algo ilegal, pero las instituciones deberían ser las encargadas de priorizar la calidad y los mejores precios. “¿Por qué elegir el mismo producto a 200 quetzales si cuesta 30? La Contraloría debe investigar”, cuestiona. 

Mónica Monge, vocera de la Contraloría General de Cuentas, ofreció tramitar una entrevista con un especialista en fiscalización del gasto público de la institución, pero hasta el cierre de esta edición no la había concretado. 

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En cinco compras a Construgreen, el Congreso registró en Guatecompras que también había cotizado a una empresa llamada Grupo Seeg, S.A. 

Tras leer varios de los contratos publicados en el sitio web, se identificó que esta sociedad, que ofreció precios más altos que Construgreen, comparte la misma dirección comercial con otro negocio proveedor del Estado: Construcción, Tecnología e Innovación. Este negocio está a nombre de Jaime Raúl Pérez Argueta, otro proveedor del Congreso.

El proveedor de productos Apple y servicios como fletero

Jaime Raúl Pérez Argueta, un empresario de 27 años, se convirtió en proveedor del Estado en 2020. Su principal cliente hasta ahora ha sido el Congreso. De las 103 compras que tiene registradas en Guatecompras, 99 fueron hechas por el Organismo Legislativo, a su empresa Construcción Tecnología y Innovación. 

Pérez Argueta tiene registrados cinco comercios: Construcción, Tecnología e Innovación; Distribuidora Natural; Distribuidora Herpa; Lucerna y El Sabor Chapín. 

El 7 de abril de 2022, Construcción, Tecnología e Innovación le vendió al Congreso un iPad de marca Apple, de 12.9 pulgadas, con varios accesorios. Por el aparato, el Organismo Legislativo pagó Q20,600. iShop, la distribuidora oficial de Apple en Guatemala, ofrece el mismo producto, con las mismas características y los mismos accesorios a Q16,797.  

El mes anterior, Construcción, Tecnología e Innovación también le vendió al Organismo Legislativo un teclado inalámbrico por Q300. Ese mismo producto, de marca Logitech, modelo k230 y color negro se vende en Tiendas Max y TecnoFácil a Q119.

La empresa también le ha prestado cuatro servicios de fletes al Congreso, dos para movilizar muebles y los otros dos para trasladar ripio. Los precios de estos fletes han variado. El 14 de enero de 2022, el Legislativo pagó Q650 por trasladar mobiliario en un camión de cuatro toneladas, de la 12 calle 5-62 a la 6ta. Avenida 9-28, ambas direcciones en la zona 1 de Ciudad de Guatemala. 

Pero el 5 de abril se facturó un servicio de flete similar por un precio muy superior. Según la factura, se contrataron seis viajes en febrero de 2022, por un total de Q8,790. Cada traslado de mobiliario, de la 8va Avenida 9-21 a la 6ta. Avenida, 9-28, en la zona 1 de Ciudad de Guatemala, costó Q1,465. En este caso no se detalla el tipo de camión usado.

Las distancias recorridas fueron parecidas (500 metros en vehículo en el primer caso y 1.2 kilómetros en el segundo, es decir 700 metros de diferencia).

Se contactó con Jaime Raúl Pérez Argueta a través del número telefónico de la empresa. El representante legal justificó los precios elevados de sus productos alegando que en Guatemala existe el libre mercado y los negocios pueden decidir sobre el margen de ganancia. Además, señaló que los precios con los que ha sido proveedor del Congreso también se deben al retardo en los pagos del Organismo Legislativo.  

​“Nunca me he prestado a hacer negocios turbios, a pagar mordidas o algo similar”, aclaró. 

En las cotizaciones y facturas de las compras de Pérez Argueta de este año se identificaron varias direcciones. El proveedor del Estado alegó que varias de ellas, ubicadas en las zonas 16, 17 y 18 de Ciudad de Guatemala corresponden a sus anteriores residencias. Dijo que no podía explicar por qué todavía aparecían en los documentos legales y aseguró que lo revisaría. 

En la dirección que comparte con Grupo Seeg, S.A., ubicada en la Diagonal 6, 10-50 Zona 10, en el local 118 del Edificio Interamericas World, no hay un letrero que identifique a ninguna de las dos empresas. En el lugar solo se anuncia que ahí funciona Advisers de Guatemala, S.A, una empresa de auditoría. 

Según Pérez Argueta, esta dejó de ser su dirección fiscal hace unos dos años. Dijo desconocer por qué aún aparecía en sus cotizaciones y aseguró que él no tiene ningún vínculo con el Grupo Seeg. 

«​​“Nunca me he prestado a hacer negocios turbios, a pagar mordidas o algo similar”, aclaró».

Azúcar y café costosos para los diputados 

Nikade, S.A. es una empresa creada en 2017. Su representante legal es Karen Liliana García López. Según Guatecompras, la actividad económica de esta sociedad es la venta de “maquinaria y equipo” al por mayor.

De acuerdo con su acta de constitución, puede comercializar productos lácteos, bebidas alcohólicas y artículos de consumo, arrendar edificios y exportar vehículos y naves aéreas. Aunque en las 18 adjudicaciones que ha recibido de entidades estatales únicamente ha vendido leche, azúcar, café, soportes de televisores, tenedores y otros abarrotes. 

En noviembre de 2021, esta empresa recibió su primer contrato con el Estado. Le vendió aceite, frijoles y otros productos alimenticios al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. De esa primera y única venta en 2021 pasó a vender productos en 14 ocasiones al Congreso, entre el 16 y 28 de marzo de 2022. En total, la sociedad ha recibido Q339,164.96 del Estado. 

El 21 de marzo de 2022, el Organismo Legislativo le compró a Nikade, S.A. 834 bolsas de azúcar de 5.5 libras a Q29.95 cada una. En la factura se describe que es azúcar fortificada con vitamina A, pero no se detalla la marca. El precio al que se compraron estas 834 bolsas de azúcar supera al ofrecido en el mercado. 

En supermercados La Torre el paquete de 5.5 libras de azúcar fortificada con vitamina A cuesta Q18.30. En Walmart se ofrece a Q18.40. 

En total, el Organismo Legislativo pagó Q24,978.30 por los 834 paquetes. Si se toma como referencia el precio ofrecido por los supermercados, el monto rondaría los Q15,300. 

Nikade, S.A. también vendió café al Congreso en tres ocasiones, pero los precios por este producto variaron en cada compra. 

El 21 de marzo de 2022, se compraron 450 libras de café. Por cada una se pagó Q55.55.  Tres días después, el Congreso volvió a hacer dos compras de café a Nikade, S.A., pero esta vez pagó Q290 por cada libra. En esta segunda y tercera compra se adquirieron 25 y 80 libras, pero el monto de cada una fue cuatro veces mayor. 

En las facturas de estas dos compras se describe que el café fue cultivado a más de 1,500 metros sobre el nivel del mar, pero no se detalla la marca. En la cotización de la compra de mayor precio se describe que tiene “certificado de catado”, algo que no fue consignado en la factura de entrega. 

Se consultó a la Asociación Nacional del Café (Anacafé) si maneja precios estándares según el tipo de producto, pero indicaron que no cuentan con información de montos sugeridos. 

Heberto Gamaliel Yoc Chilel, director administrativo del Congreso, dice que el hecho de que no se precise la marca y otras especificaciones en el proceso de compra pudo tratarse de un “error” cometido por los analistas que cotizan los productos. “Lo que pasa es que el sistema también tiene pocos caracteres para detallar todo”, asegura. 

En el análisis realizado también se identificó la compra de una smart tv de 50 pulgadas marca LG y modelo 50UP7500PSF, de color negro, por el que se pagó Q8,549 a Nikade, S.A. El mismo modelo y marca en Tiendas Max cuesta Q3,996 y en El Gallo más gallo Q3,998.  Es decir que se pagó más del doble que el precio en el mercado. 

Según Yoc Chilel, es justificable que algunos productos hayan sido adquiridos con un precio que duplica, triplica o es seis veces más elevado que el mercado porque en general los artículos han aumentado de precio debido a la inflación generada por la crisis de los combustibles. 

Además, el funcionario argumenta que la comparación de precios debería realizarse con los precios con los que el Estado ha comprado otros productos y no con las empresas que venden al público. 

Sin embargo, el 26 de mayo de 2022, el Ministerio de Salud adquirió paquetes de azúcar de 5.5 libras y pagó por cada uno Q18.35, un precio por debajo del que pagó el Organismo Legislativo por el mismo producto (Q29.95). 

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En las facturas por las compras realizadas este año, se indica que el domicilio fiscal de Nikade está en la 20 calle 6-32 de la zona 11, en el apartamento 103. GuatemalaLeaks llegó a este lugar, donde se ubica el edificio de viviendas Torre Mariscal. 

La recepcionista aseguró que nunca había escuchado el nombre de la empresa. La inquilina del departamento consignado como domicilio fiscal negó que la empresa estuviera en el lugar. Dijo que llevaba tres meses residiendo en esa vivienda y que no tenía conocimiento de la compañía. En una factura de mayo, Nikade todavía registraba esta dirección como su domicilio fiscal.

Se trató de establecer comunicación con la representante legal de la empresa a través del teléfono registrado en Guatecompras. Una mujer respondió y dijo que no había alguien que pudiera atender la entrevista. Aseguró que después devolverían la llamada, algo que no ocurrió. 

En el Congreso, Heberto Gamaliel Yoc Chilel asegura que no es responsabilidad de las instituciones compradoras determinar si la empresa registró el domicilio fiscal correcto. En facturas recientes y en Guatecompras la dirección de Nikade es la misma, no ha modificado su domicilio fiscal. 

Los soportes para televisores que costaron seis veces más 

El 23 de marzo, el Congreso compró 25 soportes para televisor por un precio seis veces más caro que en el mercado. Cada bracket inclinable para televisores de 30 a 70 pulgadas y de marca XTECH costó Q900. En Walmart, el mismo producto se vende a Q145 y en Cemaco a Q139.99.  

La compra fue realizada a Corporación Los Manzanos, S.A., una empresa fundada en agosto de 2018, que nunca había sido proveedora del Organismo Legislativo hasta este año. Entre sus clientes están el Ministerio de Comunicaciones y la Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla. Corporación Los Manzanos ha recibido Q2.02 millones en contratos y compras estatales entre 2019 y 2022. 

Mariano José Cruz, quien fue gerente de ingeniería y mantenimiento de la Empresa Portuaria Quetzal, es actualmente el gerente general y uno de los representantes legales de Corporación Los Manzanos. 

Según una publicación de La Hora, Cruz fue uno de los funcionarios que dictaminó favorablemente el usufructo a favor de la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) en 2012, un negocio en el que hubo sobornos de por medio.

En 2016, el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), revelaron que Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti habían recibido coimas millonarias gracias a ese usufructo. 

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La dirección de Corporación Los Manzanos registrada en Guatecompras es 6 calle 6-38, en la zona 9 de Ciudad de Guatemala. Se ubica en Plaza Tivoli, un edificio de oficinas. En la recepción del edificio indicaron que no había ningún negocio llamado “Corporación Los Manzanos” en sus instalaciones.

Se contactó con Mariano José Cruz por vía telefónica. El 10 de mayo, en una breve conversación, indicó que su oficina está ubicada en el local 203 de Galerías Tívoli, en la 6 avenida 9-85 de la zona 9, a tres cuadras de la dirección registrada en Guatecompras. 

Cortó rápidamente la llamada, porque aseguró que tenía otros compromisos. En la d nueva dirección el local 203 aparece identificado a nombre de la “Licenciada Claudia Pineda y Asociados”. Se tocó el timbre de la oficina, pero nadie respondió. 

Luego de esta visita, se volvió a contactar con Cruz por teléfono. Reiteró que esa era la dirección de su oficina y aseguró que en la entrada había un rótulo con la dirección de la empresa. 

Sobre la otra dirección que aparece en Guatecompras —la de Plaza Tívoli— aseguró no tener explicación y dijo que revisaría el portal. “Me preocupa que piense que no existimos”, dijo.

En la llamada telefónica, se consultó a Cruz por el precio elevado de los soportes para televisor. El empresario argumentó que no hay un sobreprecio, porque se trata de productos movibles —que, según dijo, en el mercado son más costosos— y porque en el precio se incluyó la instalación de los mismos. 

Sin embargo, en la cotización se indica que el modelo del aparato es XTECH 375, un modelo inclinable, idéntico a los que se cotizó. En la factura no se especifica que se incluya la instalación y en el pedido de compra se indica que son para “stock” —almacenamiento— en la bodega general del Congreso y para repartirlos en diferentes oficinas. 

Tintas para impresora

El Congreso también compró tintas para impresoras sobrevaloradas. En 2022 empezó a comprarle este producto a Network System and Wireless, S.A., una empresa creada en 2018, que nunca había sido su proveedor. 

Los principales compradores de esta compañía habían sido hasta este año la Empresa Portuaria Quetzal, que le había comprado cámaras de vigilancia en 2019, y la Escuela Nacional Central de Agricultura, que adquirió un sistema de videovigilancia en 2021. En total la empresa ha recibido Q354,390 del Estado. 

Se detectaron irregularidades en diez compras del Legislativo. Network System and Wireless vendió dos toner de tinta. Por cada uno se pagaron Q1,800. Ese mismo producto, de marca HP y modelo CF280A, es vendido en Intelaf a Q974, la mitad del precio cancelado por el Organismo Legislativo. 

Otra compra con sobreprecio realizada a esta empresa es la de dos computadoras marca HP modelo PRODESK 400 G7. Por cada una se pagó Q10,171.78, pero en empresas como Canella, este mismo aparato se vende a Q8,599. 

Además, el Congreso canceló Q1,950 por cada uno de los monitores para estas dos computadoras. Los monitores de 22 pulgadas, marca HP y modelo HP V22V FHD, en Tiendas MAX se venden a Q1,299. 

GuatemalaLeaks fue a la 11 calle A 10-18, de la zona 11, la dirección registrada como domicilio fiscal de Network System and Wireless, S.A. La mitad de la fachada del lugar es de concreto y la otra de láminas metálicas. 

En la entrada tiene dos cámaras de seguridad. Se tocó a la puerta pero nadie respondió. También se llamó al número teléfonico que la empresa tiene registrado, pero nadie respondió en las cinco llamadas que se le hicieron. 

¿Quién es responsable de las compras anómalas? 

La Ley de Compras y Contrataciones dice que “la compra de baja cuantía se realizará bajo la responsabilidad de quien autorice la adquisición pública”.

Ricardo Barrientos, de ICEFI, explica que en este caso, por ser compras de baja cuantía, la responsabilidad administrativa y penal recae en el encargado de compras. Otros funcionarios como los diputados no serían responsables, aunque ellos hayan solicitado los productos.

Heberto Gamaliel Yoc Chilel, el director administrativo del Congreso, explica que, en el caso de este organismo, los encargados de estas adquisiciones son el jefe de compras y los analistas que cotizaron con las empresas y avalaron la selección de una de estas. 

De acuerdo con los documentos revisados en Guatecompras, la mayoría compras analizadas fueron autorizadas por Eddie Renato Tax Ajú, encargado del Departamento de Compras del Organismo Legislativo. Fueron avaladas por distintos analistas de compras de esa unidad. 

Se trató de establecer comunicación con el funcionario para consultarle sobre las anomalías detectadas, pero no respondió las llamadas a su teléfono de celular. Se le visitó en su oficina, pero dijo que no haría ningún comentario sobre las adquisiciones y pidió que se hablara con Yoc Chilel. 

De acuerdo con Yoc Chilel, él y Tax Ajú empezaron a laborar en el Congreso en marzo de este año.

Para Edie Cux, presidente de Acción Ciudadana, una organización dedicada a fiscalizar y promover la transparencia del gasto público, las irregularidades detectadas en estas compras podrían suponer un caso de fraude o de peculado por sustracción. 

La Ley Contra la Corrupción establece que comete fraude el funcionario o empleado público que intervenga en cualquier fase de los procesos de licitación, cotización o compra con la intención de defraudar al Estado. 

El peculado por sustracción lo comete el funcionario o empleado público que sustraiga o consienta que se sustraiga dinero o bienes que custodie, perciba o administre. 

Cux considera que el Ministerio Público (MP) y la Contraloría General de Cuentas deberían empezar una investigación, pues se trata de un posible caso de corrupción. Sin embargo, asegura que es poco probable, porque las dos instituciones no han demostrado independencia de las actuales autoridades. 

Este reportaje, que se originó de una filtración, se realiza a partir de la alianza de medios GuatemalaLeaks. GuatemalaLeaks está conformada por Ocote, ConCriterio, No-Ficción, Ojoconmipisto y Plaza Pública.