La ex fiscal contra la Impunidad Virginia Laparra fue condenada a cuatro años de prisión por el delito de abuso de autoridad. La sentencia contra la ex agente fiscal es la primera emitida por un tribunal contra ex colaboradores de la CICIG. El mensaje que envía la administración de Consuelo Porras en el MP es claro: no escatimaran recursos para perseguir a los antiguos investigadores anticorrupción.

Virginia Laparra, ex fiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), fue condenada a cuatro años de prisión por el delito de abuso de autoridad. La condena es sustituible por una multa de Q10 por cada día de prisión (US$1.25) y la inhabilitación para ejercer cargos públicos en el mismo periodo.

En su sentencia, la jueza Oly González consideró que la abogada no estaba facultada para presentar denuncias administrativas contra el entonces juez de Mayor Riesgo Lesther Castellanos, por una supuesta revelación de información en un caso a su cargo. 

Aunque la pena pueda parecer menor, la ex fiscal guarda prisión desde hace 10 meses entre las cárceles de máxima seguridad de Mariscal Zavala y Matamoros. Diez largos meses en los que compartió prision con los criminales más peligrosos del país. Pero, además, tiene otra orden de detención ha pedido del Ministerio Público por el  delito de revelación de información reservada. Esto por acciones supuestamente realizadas en el mismo caso. De tal forma que aunque pagara la multa impuesta no saldría de prisión de manera inmediata. Los acusadores Castellanos, Barrios y FCT celebraron el fallo.

Laparra forma parte de los ex fiscales de la FECI y antiguos mandatarios de la (CICIG) que acumulan denuncias, fueron despedidas –sobre todo mujeres-, o son perseguidas por la administración de la fiscal general Consuelo Porras.

La FECI fue creada en 2008 (primero denominada Unidad Especial de Fiscalía adscrita a la CICIG –UEFAC–) para investigar y litigar junto a CICIG en los casos conocidos por la Comisión. En 2016, ante los éxitos de las investigaciones previas, se creó una nueva delegación de la FECI, con sede en Quetzaltenango para cubrir los departamentos de Quetzaltenango, Totonicapán, San Marcos y Huehuetenango, en el occidente del país y cercanos a la frontera con México.

Con esta ampliación de las funciones FECI, Laparra se incorporó como jefa de esta fiscalía. Para ese momento, Virginina Laparra, una abogada y notaria con un doctorado en Derecho Procesal Penal; ya contaba con 10 años en el MP y trabajaba en la fiscalía liquidadora. Laparra es además es originaría de Quetzaltenango, así que para la agente aceptar el cambio fue la oportunidad para investigar estructuras de impunidad y corrupción en su tierra natal. 

Fue el marco de la investigación y litigio de casos de corrupción municipal, en su cargo al frente de la FECI de Quetzaltenango, cuando comenzaron los roces con el entonces juez Lesther Castellanos, titular de Primera Instancia Penal de Procesos de Mayor Riesgo de la Ciudad de Quetzaltenango, quien presentó la primera denuncia en su contra y quien ha propiciado su condena. 

A esta denuncia, que llevó a su captura en marzo de 2022, se sumaron como querellantes el abogado litigante Omar Barrios Osorio, la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), una organización de extrema derecha, autoproclamada mayor opositora de las acciones de CICIG en Guatemala; y la Procuraduría General de la Nación (PGN), al considerar que se afectaba la institucionalidad del MP, y por tanto se afectaba al Estado de Guatemala. 

Este viernes 16 de noviembre, al terminar de escuchar la sentencia condenatoria, Laparra, ya con las esposas puestas, hizo un llamado a ver el mensaje detrás de su condena: “es un terrible precedente porque nunca más, nunca más un fiscal se va a atrever a presentar una denuncia contra un juez”. 

«Es un terrible precedente porque nunca más, nunca más un fiscal se va a atrever a presentar una denuncia contra un juez», Virginia Laparra.

A una decena de metros de la exfiscal, menuda y apenas visible detrás del cúmulo de periodistas, los querellantes reían y celebraban el veredicto en la misma sala.

“¡Cicig, nunca más!”, tronaba el abogado representante de la FCT, Raúl Falla, en otra entrevista en paralelo a la conferencia improvisada por la Laparra.

“La condena a cuatro años conmutables implica que tuvimos la razón, que ese cuerpo clandestino de seguridad instaurado en la fiscalía -la FECI- cometió ilegalidades (…) que sepan que esta intromisión vino a violentar garantías constitucionales. ¡Cicig y FECI, nunca más!”, casi gritaba Falla mientras Laparra terminaba de hablar a los periodistas.

El origen de la acusación: dos casos de corrupción municipal

Para encontrar sentido al fallo contra Virginia Laparra hay que retroceder a Quetzaltenango en 2016, cuando tuvieron lugar los hechos que propiciaron las denuncias administrativas presentadas por la exfiscal contra el entonces juez Lesther Castellanos Rodas.

Entre las causas que se investigaron la sede de la FECI en Quetzaltenango, y que están directamente relacionadas con la acusación contra Laparra, se encuentran el caso Concejales Quetzaltenango y Venta de información Xela.

En el primero de estos,el caso Concejales de Quetzaltenango inició en 2016, a partir de la denuncia presentada por la entonces concejala de la municipalidad de Quetzaltenango, Magaly López Cotí, quien acusó al exfutbolista, René Arturo Villavicencio Funes y a Guillermo Alejandro Arenas Guzmán de ofrecerle información privilegiada de las investigaciones realizadas por la Fiscalía y la CICIG -en la cual ella estaría involucrada- a cambio de Q150 mil.

De este primer caso derivó un segundo, en 2017, llamado Venta de información Xela. En este segundo proceso se acusó al futbolista Villavicencio de vender información entregada por trabajadores del MP sobre una investigación sobre corrupción contra el exalcalde de Quetzaltenango, Jorge Rolando Barrientos Pellecer, y algunos concejales.

Laparra conducía la investigación de este caso y el entonces juez de mayor riesgo, Lesther Castellanos Rodas conocía el proceso. En este caso, la fiscalía habría presentado la solicitud de que Villavicencio actuara como colaborador eficaz, es decir, que brindara información a cambio de reducir su pena en el caso por Venta de Información Xela y que apelaría la decisión.  

Sin embargo, el 4 de julio de 2017, durante una audiencia del caso Concejales Quetzaltenango, conducida por la jueza Betzy Alvarado, la fiscalía pidió un plazo hasta que una Sala de Apelaciones resolviera si Villavicencio podía ser colaborador eficaz en el caso Venta de Información, que enfrentaba por lavado de dinero, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia en el Juzgado de Mayor Riesgo de Quetzaltenango. Fue en esta audiencia cuando la fiscalía informó de que el juez Castellanos, a cargo de este segundo proceso, no había aceptado la solicitud de que Villavicencio fuera colaborador eficaz. 

Este hecho sería clave, ya que luego, en septiembre de 2017 la fiscalía logró que Castellanos fuera separado del proceso.

«En septiembre de 2017 la FECI de Quetzaltenango logró que Lesther Castellanos fuera separado del proceso por negarse a que uno de los acusados del caso Concejales de Quetzaltenango y Venta de Información fuera colaborador eficaz».

El juez Lesther Castellanos, en ese momento juez de mayor riesgo en Quetzaltenango, fue juez de primera instancia desde el año 2010 en diferentes departamentos del país, antes había sido el coordinador nacional de los Centros de Administración de Justicia del Organismo Judicial y había trabajado en el área de derecho mercantil en el bufete Melini & Melini. 

Luego de la separación del juez Castellanos, el acusado en el caso, el futbolista René Villavicencio, fue admitido como colaborador eficaz, y fue condenado a dos años y ocho meses de prisión. El tribunal lo encontró culpable de vender información sobre una investigación de corrupción en desarrollo al objeto de la misma: el ex alcalde de la cabecera de Quetzaltenango, Jorge Barrientos Pellecer, aprovechando sus contactos entre funcionarios del MP.

En 2019 Castellanos intentó ser elegido como magistrado de Apelaciones, pero su expediente no fue seleccionado por la comisión de postulación. Sin embargo, sus aspiraciones a cargos designados por el Congreso continuaron.

En marzo de 2022 fue elegido por la alianza del presidente Alejandro Giammattei en el Legislativo como uno de los tres relatores titulares Contra la Tortura, de la Oficina Nacional contra la Tortura, con 111 de 160 votos de los diputados. Esta Oficina, en la que actualmente trabaja el ex juez Castellanos, fue la misma que presentó una denuncia en junio en contra de la ex fiscal general del MP, Claudia Paz y Paz. 

Una vez separado Castellanos como juez del caso Venta de Información Xela, en septiembre de 2017, comenzó la disputa entre la entonces fiscal Laparra y Castellanos, en un proceso al cual se sumarán luego el Ministerio Público, el abogado Barrios, la Fundación Contra el Terrorismo y la propia Procuraduría General de la Nación, al considerar que se afecta la institucionalidad del MP, y por tanto del Estado de Guatemala.

Es en este punto que aparece una figura clave en este proceso, la del abogado Omar Barrios Osorio, querellante adhesivo en el proceso en contra de Virginia Laparra. 

Omar Barrios es un abogado defensor y profesor universitario. Barrios es un conocido crítico de las labores de la CICIG y FECI. Este, durante el juicio contra Laparra, incluso presumió en sus conclusiones como querellante de haber ganado todos los casos en los que defendió a investigados por la comisión.  

Omar Barrios fue profesor universitario del juez Lesther Castellanos y además, como el mismo reconoció, hay una amistad entre ambos. 

Las críticas de Barrios contra las acciones del MP cuando este apoyaba el trabajo de la CICIG, las realizaba tanto en consultas de medios de comunicación como en sus redes sociales. El 22 de agosto de 2017, desde su página personal de Facebook realizó una de sus habituales comentarios: “uno de los Jueces de Mayor Riesgo negó al MP y la CICIG una solicitud totalmente improcedente y carente de fundamentos en relación a un ´colaborador eficaz´ y de berrinche la mandataria de CICIG (…) recusa al juez porque supuestamente tiene ´amistad con los sujetos procesales´”. 

En su publicación Barrios añadió fotografías de una resolución de la Sala Quinta de Apelaciones, sin mostrar el nombre de Castellanos, pero siendo la misma instancia que mantendría en ese momento al juez en el proceso.

Barrios, un abogado litigante en otros procesos de corrupción, les lanzó una puya adicional a los investigadores: “Autoridades de MP y la CICIG: no se dejen llevar por lo que les dicen sus ´gatios´ revisen antes de animarse a ejercer cualquier presión fuera de lugar”.

Una fiscalía que no admite denuncias

La paradoja del caso Laparra es que establece graves limitaciones para el actuar de los propios fiscales a través de todo un aparato impulsado por la misma fiscalía.

Según los registros judiciales, los hechos se desencadenan así: El 10 de noviembre de 2017 el juez Castellanos es sancionado por la Junta de Disciplina Judicial del Organismo Judicial por compartir información del proyecto de colaboración eficaz de Villavicencio, al abogado Omar Barrios, una decisión que finalmente es revocada.

El 13 de julio de 2018, Castellanos, quien ya no estaba a cargo de esa causa, denunció a la entonces fiscal Laparra por “revelar información confidencial” sobre la solicitud del acuerdo de “colaboración eficaz” que buscaba Villavicencio en una audiencia por el caso Concejales Quetzaltenango.

A esta acción le siguió una respuesta de Virginia Laparra, quien presentó en octubre de 2018, cuatro denuncias administrativas contra el juez Castellanos por solicitar audios de estos procesos sin cumplir lineamientos del Organismo Judicial. Además Laparra denunció a Castellanos por incluir como prueba ante la Junta de Disciplina Judicial testimonios de René Villavicencio, cuando ya no era el juez que conocía la causa; y por revelar información de la investigación en entrevistas en Canal Antigua y Vea Canal.

Estas denuncias fueron finalmente desestimadas por la Junta de Disciplina Judicial. Pero volverían a cobrar importancia cuando el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, a cargo del juez Sergio Mena, a petición dee la Fiscalía de Asuntos Internos, autorizó la captura de la exfiscal Laparra el 23 de febrero de 2022. 

Laparra fue acusada originalmente por los delitos de falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones, pero el juez Mena resolvió que solo se la podía juzgar por abuso de autoridad.  

Un alto número de personas privadas e instituciones del Estado se dieron a la tarea de litigar contra Laparra para demostrar que se había abusado de sus funciones. Entre estas se encuentran: El Ministerio Público de Consuelo Porras, y los querellantes en el caso, Lesther Castellanos, ex juez de mayor riesgo y ahora relator contra la tortura elegido por el Congreso; el abogado privado, Omar Barrios Osorio, consultor legal de la Secretaría General de la Presidencia desde el año 2020, con el gobierno de Alejandro Giammttei; la Fundación Contra el Terrorismo, por medio del abogado Raúl Falla Ovalle y el presidente de la organización, Ricardo Méndez Ruiz; y finalmente la Procuraduría General de la Nación, la institución encargada de representar al Estado de Guatemala. 

De vuelta a la sala de audiencias encontramos el punto medular de la argumentación den la jueza Oly González para condenar a Laparra. Esta inició aclarando que no se pronunciará sobre la verdad o falsedad de los hechos denunciados administrativamente por Laparra ya que eso ya lo conoció la Junta de Disciplina Judicial. “Lo que se discute aquí es si estaba facultada para presentar la denuncias administrativas”, dijo la juzgadora.

A criterio de la jueza, la entonces fiscal Virigina Laparra, no podía presentar las denuncias ante la Junta Disciplinaria Judicial ubicada en Ciudad de Guatemala, debido a que formaba parte de la agencia especial de la FECI en Quetzaltenango. Y que según se establece en el artículo 2 del Acuerdo Ministerial 6-2016, el lugar de acción de esa dependencia eran los departamentos de Quetzaltenango, Totonicapán, San Marcos y Huehuetenango .

Para la jueza, quien tenía que presentar las denuncias era el jefe de la FECI, en ese entonces Juan Francisco Sandoval. Sin embargo, la juzgadora decidió no tomar en consideración tres oficios en los cuales la defensa de Laparra, a cargo de las abogadas Claudia González y Wendy López, buscaban probar que la fiscal había recibido instrucciones de su jefe para proceder.

Consultado al respecto por No-Ficción, Sandoval confirma que instruyó a Laparra para presentar las denuncias administrativas: “pero la juez no le dio valor probatorio a los memoriales en lo que ella me informó, por un error de fechas. Hay más de 200 denuncias presentadas por fiscales contra jueces, era imposible que ella se presentara como particular”, aseguró Juan Francisco Sandoval. 

Este testimonio no lo pudo brindar Sandoval en el juicio, a través de una conferencia en el consulado de Guatemala en Washington, porque se encuentra solicitando un asilo político en Estados Unidos y se ve amenazado por el Estado de Guatemala, señaló la abogada defensora Claudia González por lo que renunciaron a su declaración.

“Sigo sin avergonzarme de nada”

En los minutos finales antes de abandonar la sala de audiencias Laparra dijo con la voz entrecortada a los periodistas presentes: “sigo sin avergonzarme de nada que haya hecho, claro la sentencia es complicada, es fuerte el impacto, es un mal precedente”.  Una racha de aplausos y un grupo de asistentes coreando “¡Virginia inocente!” acompañaron a la ex fiscal mientras dejaba custodiada la sala de audiencias.

Al finalizar la audiencia, aunque no aportaron ningún elemento de juicio que fuera valorado por el juzgado,más allá de reiterarle a la jueza en palabras del abogado Falla que  “ningún fiscal puede utilizar su fama o terror que infunde para amedrentar a un juez”, la atención se centró en los integrantes de la FCT. 

El abogado de la organización Raúl Falla y el presidente de la misma Ricardo Méndez Ruiz, ambos incluídos en la Lista Engel de Estados Unidos como actores “corruptos y antidemocráticos”. Recibieron los gritos de los asistentes, principalmente activistas de organizaciones de derechos humanos y sociedad civil de  “corruptos es lo que son” y “fascistas”. 

Un desafiante Méndez Ruiz dirigió la mirada hacia la puerta por la que salía Laparra, una pieza más en su particular lista de blancos.