La Fiscal General, Consuelo Porras Argueta, defendió su gestión ante la Comisión de Postulación y propuso continuar con el modelo actual del Ministerio Público, en medio de manifestaciones de rechazo y cuestionamientos por su idoneidad, credibilidad y confianza pública.
La Fiscal General, Consuelo Porras Argueta, compareció ante la Comisión de Postulación como parte del proceso para integrar la nómina de seis candidatos que optarán a dirigir el Ministerio Público.

Durante el inicio de su intervención, defendió su actual gestión destacando una transformación institucional basada en la digitalización, la interconexión con instituciones del Estado y la ampliación de la cobertura a nivel nacional, asegurando que se han logrado altos niveles de eficiencia en la resolución de casos y reducción de tiempos de respuesta.
La entrevista a Consuelo Porras Argueta estuvo marcada por diversas manifestaciones simbólicas de rechazo. Dentro de la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia, la mayoría de los asistentes, en particular autoridades indígenas, se pusieron de pie y le dieron la espalda durante su intervención.

El gesto, realizado de forma coordinada, evidenció el descontento hacia su gestión y reflejó el repudio de la ciudadanía ante la actual dirección del Ministerio Público.
Durante la ronda de preguntas, Consuelo Porras enfrentó diversos cuestionamientos por parte de los Comisionados: ¿cómo se sostiene el principio de objetividad frente a actuaciones del Ministerio Público en procesos recientes? ¿Cómo explica su idoneidad para continuar en el cargo pese a los señalamientos y al rechazo público hacia su gestión? ¿Existe un uso excesivo de la desestimación de casos para sostener indicadores de eficiencia? ¿Qué garantías hay de que los fiscales actúen bajo lineamientos coherentes y no de forma discrecional? ¿Cuáles son los criterios para priorizar casos y bajo qué parámetros se declara la reserva de las investigaciones?

En respuesta, Porras señaló que es necesario diferenciar entre percepción y realidad, asegurando que la gestión del Ministerio Público “cuenta con altos niveles de satisfacción entre usuarios”.
También atribuyó las críticas a la naturaleza de la función del ente investigador, indicando que las personas sometidas a procesos penales suelen rechazar su actuación.
En la exposición de su plan de trabajo para el período 2026-2030, Consuelo Porras también planteó dar continuidad al modelo actual, que signficaría persistir con la criminalización de operadores de justicia, periodistas y defensores de derechos humanos.
Porras sostuvo que su actuación se ha regido por el principio de legalidad y objetividad, afirmando que todas las denuncias son investigadas sin distinción y bajo control judicial.

Además, la actual Fiscal General defendió que las decisiones de investigación, desestimación y priorización responden a criterios legales y a una organización interna estructurada, y reiteró que la reserva de casos está establecida por ley para proteger el debido proceso.
La postulación de Porras representa además su cuarto intento por acceder o mantenerse en un cargo con inmunidad antes de que concluya su mandato, tras haber buscado previamente una magistratura en la Corte de Constitucionalidad a través del Colegio de Abogados y de la Universidad de San Carlos de Guatemala, así como en la Corte Suprema de Justicia.
La Comisión de Postulación tiene previsto entregar el listado final de seis candidatos a Fiscal General el próximo 17 de abril.