El fin del periodo del séptimo procurador, Jordán Rodas, llega en un 2022 marcado por la inminente cooptación del Estado, lo que significa que es el momento ideal para que la alianza oficialista del Congreso retome el control de la PDH eligiendo a uno de sus simpatizantes y poder neutralizar definitivamente los reclamos de conciencia ciudadana que les han estorbado durante el mandato de Rodas.
La Procuraduría de los Derechos (PDH) nació en Guatemala junto a una tropezada etapa democrática en 1985. La función de la Procuraduría se podría definir como una especie de árbitro de consciencia que no debe dejar pasar por alto las faltas y violaciones a derechos que el Estado realiza contra la propia ciudadanía.
Han sido siete abogados diferentes los que han sido investidos como procuradores en Guatemala durante más de tres décadas de funcionamiento, en la última década la PDH salió de su particular estado pasivo; sus señalamientos, acciones legales y cercanía a la sociedad civil comenzó a irritar al conglomerado de políticos, militares y empresarios que han sido señalados de violaciones de derechos, particularmente a los 131 diputados de todas las facciones que confiaron e Jordán Rodas Andrade en 2017.
