En el newsletter de esta semana con los cinco asientos asegurados en la Corte de Constitucionalidad la tendencia parece inclinarse hacia el bando afín a evitar reformas estructurales en Guatemala. La CC se convierte entonces en escenario de esas tensiones, y sus resoluciones terminan reflejando el pulso entre facciones, más que una línea jurídica uniforme.
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La integración de la Corte de Constitucionalidad para el período 2026-2031 no solo define quién interpretará la Constitución en los próximos cinco años. También revela cómo se reacomodan las fuerzas dentro del sistema político guatemalteco.
Las designaciones de cinco magistrados titulares y cinco suplentes realizadas muestran una combinación de continuidad y negociación. Apuntan más a preservar el equilibrio de poder existente que a producir un cambio profundo en la orientación del tribunal.
La mitad de los magistrados designados ya habían formado parte de la Corte en el período anterior. El Congreso y la Corte Suprema de Justicia eligieron nuevamente a Roberto Molina Barreto y Dina Ochoa como titulares, mientras que Luis Rosales y Claudia Paniagua fueron nombrados como suplentes respectivamente. Las nuevas caras provienen del Colegio de Abogados que designó a Astrid Lemus como titular y a Luis Fernando Bermejo como suplente.
Mientras que el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos (USAC), eligió a Julia Marisol Rivera como titular, y a José Luis Aguirre Pumay como suplente. En este cuerpo designador, sin embargo, prevaleció la influencia de un actor del grupo dominante, el rector Walter Mazariegos, protegido por la justicia pese a su elección irregular en la USAC en 2022.
Por último, el presidente Bernardo Arévalo, ha designado a Annabella Morfin Mansilla y Magdalena Jocholá Tujal, como magistradas titular y suplente, respectivamente. Designaciones que aseguró el mandatario pretenden “responder al mandato del pueblo de recuperar la justicia y proteger la Constitución”.
Como apuntábamos en un anterior newsletter, la clave de la Corte de Constitucionalidad, es conseguir tres de cinco magistraturas de la CC. Y la tendencia parece indicar que tendrán mayoría los designados por el Congreso, CSJ y USAC en el bando afín a evitar reformas estructurales en Guatemala.
La CC y el status quo
Más que una ruptura, la nueva integración parece el producto de acuerdos entre actores políticos, gremiales y judiciales que han tenido influencia en los principales conflictos institucionales de los últimos años (expulsión de la CICIG 2019, intento de cuestionar resultados electorales 2023, disputa Ejecutivo/MP desde el inicio del gobierno de Arévalo…).
Esa lógica permite anticipar que el tribunal mantendrá un comportamiento similar al actual frente a disputas entre poderes del Estado, conflictos electorales o casos de alto impacto político, donde la Corte suele actuar con cautela (algunos dirían con complicidad) para no romper el equilibrio entre las fuerzas dominantes.
Esta dinámica no es nueva. Diversos estudios sobre la CC muestran que su comportamiento rara vez responde únicamente a principios jurídicos abstractos. En el artículo “Las cortes y el poder político: el caso de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala”, del investigador Jonatán Lemus, por ejemplo, analizó 1,202 resoluciones de inconstitucionalidad emitidas por la Corte entre 1986 y 2017, observando cómo votó el tribunal frente a normas aprobadas por el Ejecutivo, el Legislativo, municipalidades y otras instituciones.
Los datos muestran que la Corte evita el conflicto con el poder político la mayor parte del tiempo, ya que solo alrededor de una cuarta parte de las acciones de inconstitucionalidad fueron declaradas con lugar. Esto sugiere que el tribunal tiende a actuar con cautela cuando se enfrenta a los actores que controlan el Estado. El estudio, por cierto, fue publicado en la Revista de Investigación en Humanidades de la Universidad Francisco Marroquín, nada proclive a una defensa del Estado.
En la práctica, las resoluciones de la CC han estado condicionadas por el balance de poder entre los actores que integran la coalición dominante del sistema político (una alianza de intereses que a menudo identificamos con la etérea clasificación de “pacto de corruptos”). Cuando esa coalición se mantiene cohesionada, la Corte tiende a evitar el enfrentamiento con el Ejecutivo, el Congreso o las élites económicas. Cuando la alianza se fractura, el tribunal gana margen para actuar con mayor autonomía.
La CC con la que ha lidiado Arévalo
Los fallos más recientes confirman este patrón. Un análisis de las resoluciones de la Corte durante los gobiernos de Alejandro Giammattei y Bernardo Arévalo muestra que el tribunal ha intervenido con mayor frecuencia en decisiones del Ejecutivo, pero en un contexto de creciente fragmentación política.
Según los registros revisados en el artículo Radiografía de la CC y cómo resuelven contra Giammattei y Arévalo, de Plaza Pública, el ritmo de amparos contra Arévalo ha sido incluso mayor que contra su antecesor: el actual presidente ha enfrentado en promedio el doble de acciones mensuales, lo que ha detenido o condicionado varias decisiones del gobierno.
Este incremento no necesariamente refleja una Corte más independiente, sino un sistema político más dividido. Cuando el bloque dominante pierde cohesión, distintos actores recurren a la Corte para disputar decisiones que antes se resolvían dentro de la misma alianza. La CC se convierte entonces en escenario de esas tensiones, y sus resoluciones terminan reflejando el pulso entre facciones, más que una línea jurídica uniforme.
La elección de la nueva Corte se produce precisamente en ese contexto. El bloque que durante años controló las principales instituciones del Estado mantiene presencia. En el Congreso, por ejemplo, la designación de magistrados dependió de acuerdos entre bancadas rivales, actores bisagra y grupos que combinan alianzas circunstanciales con intereses propios.
La historia reciente sugiere que la autonomía de la Corte dependerá menos de su integración formal que del estado de la coalición dominante. Si los grupos que controlan el poder logran actuar coordinadamente, el tribunal tenderá a acompañar sus decisiones. Si esas alianzas se fracturan, la Corte volverá a convertirse en árbitro de disputas que en realidad se originan fuera de ella.
Un péndulo que no termina de definirse
En este contexto, el politólogo Eduardo Núñez ha advertido que la actual disputa por la Corte de Constitucionalidad no puede entenderse como un episodio aislado, sino como parte de un ciclo más amplio de elecciones de segundo grado que definen el control del Estado en Guatemala.
Durante su análisis en una conferencia de Ciclos CAP, señaló que estos procesos suelen moverse como “un péndulo que no termina de definirse”, en el que distintos grupos buscan asegurar posiciones clave dentro de las instituciones antes de los próximos ciclos electorales.
Núñez subraya que la coincidencia de varias designaciones en un mismo período incrementa la presión política sobre los órganos encargados de nombrar autoridades, porque “cuando se concentran tantas elecciones de segundo grado, lo que está en juego no es solo un cargo, sino el equilibrio completo del sistema”.
Desde esta perspectiva, la integración de la CC responde menos a criterios estrictamente jurídicos y más a la correlación de fuerzas entre actores políticos, gremiales y económicos, lo que explica por qué la autonomía del tribunal suele variar según el grado de división dentro de la coalición dominante
La decisión del presidente Bernardo Arévalo por Morfin como magistrada titular muestra la selección de una figura que puede buscar un equilibrio dentro pleno de magistrados. Entre sus antecedentes tiene la fundación del Centro para la Defensa de la Constitución, mientras que como Procuradora General de la Nación en 2016 – 2018 se posicionó a favor de una negociación para solucionar las controversias entre el Ejecutivo y la Cicig.
Mientras que la designación de Jocholá, abogada maya kaqchikel y doctora en Derecho, muestra el perfil de una carrera enfocada a la promoción de derechos humanos por su experiencia en la Defensoría de la Mujer Indígena y la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo, entre otras asesorías como especialista.
Las designaciones a la CC apuntan a un sistema político más fragmentado, más impredecible y todavía atravesado por redes de influencia que buscan acomodarse a un nuevo equilibrio. En ese terreno, como ha ocurrido antes, la Corte seguirá siendo menos un poder aislado que un reflejo de las correlaciones de fuerza que definen la política guatemalteca.
