La Corte Suprema de Justicia eligió a Dina Josefina Ochoa Escribá y a Claudia Elizabeth Paniagua Pérez como magistradas titular y suplente, respectivamente, ante la Corte de Constitucionalidad. Esta designación, que surgió de un proceso en el que se privilegió el orden de llegada de las postulaciones sobre la idoneidad para el cargo, asegura la continuidad de personas que en años recientes han sido parte de un bloque dominante que dirige el sistema de justicia para procurar impunidad.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) reeligió el martes 3 de marzo a Dina Josefina Ochoa Escribá y a Claudia Elizabeth Paniagua Pérez como magistradas ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para el período 2026-2031, en un proceso en el que omitió 44 rondas de votación de las 47 posibles para elegir titular y suplente. 

Para elegir una magistratura titular el pleno aprobó 22 candidaturas y para una suplente admitió 25 aspirantes. Luego acordó que para cada elección, consideraría las postulaciones según el orden de recepción de sus expedientes y que elegiría una vez apareciera una candidatura que obtuviera los votos suficientes, independientemente de que aún les faltara aspirantes por evaluar. El proceso terminaría, entonces, cuando llegara a sus manos la primera postulación que alcanzara al menos 7 de los 13 votos posibles. Y así fue como la gran mayoría de aspirantes a integrar la nueva Corte de Constitucionalidad ni siquiera tuvieron oportunidad de que les consideraran la idoneidad para el cargo.

En la elección de magistratura titular para la Corte de Constitucionalidad, Dina Ochoa fue la primera en presentar su postulación y, por lo tanto, al obtener 13 votos, el máximo tribunal decidió que ya no iba a revisar los 21 expedientes restantes y fue designada automáticamente.

Tras elegir a la magistrada titular, el pleno pasó a votar por las candidaturas a la suplencia. El primer expediente revisado —el de Luis Alfonso Rosales— no obtuvo ningún voto. El segundo de los expedientes aprobados era el de la magistrada suplente Claudia Elizabeth Paniagua Pérez, quien recibió 12 votos favorables. Con esa votación, el proceso se dio por finalizado, y 23 aspirantes a suplentes quedaron fuera de consideración. En total 44 expedientes —titulaes y suplentes— fueron ignorados.

En conjunto, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia realizaron apenas tres rondas de votación en menos de 30 minutos. Con ello, omitieron pronunciarse sobre 21 candidaturas a magistratura titular y 23 a suplente.

No Ficción se comunicó con el magistrado Carlos Rodimiro Lucero y justificó por qué optaron por un mecanismo de elección que tenía el potencial de ignorar algunas de las postulaciones. “Esa era la dinámica. Al final, dígame usted, con 13 votos, ¿qué otra votación podíamos seguir ya con 13 votos? Ya no había quién superara eso”, indicó.

—¿Y con eso, entonces, ya no se siguieron conociendo los demás expedientes? —se le consultó a Lucero en llamada a su teléfono celular.

—Ya no tenían razón de ser. No, no. ¿Para qué? No tiene lógica eso. Imagínese a lo mejor hubiera votado alguien por uno, otro por otro, un voto medio o un par de votos, pero no tenía razón de ser, porque así fueron las reglas y así fue la decisión —contestó.

Un proceso poco transparente

El vocero del Organismo Judicial, Rudy Esquivel, calificó la jornada como un ejercicio de “legalidad, publicidad y transparencia”, pero organizaciones de la sociedad civil como el Movimiento Pro Justicia y observadores independientes como el Panel de Expertos Internacionales (PEI) objetaron el proceso precisamente por lo contrario.

El principal cuestionamiento al proceso de elección de magistraturas constitucionales por parte de la Corte Suprema de Justicia se centró en la manera en que se llevó a cabo la convocatoria y la recepción de expedientes. Tampoco se hizo público un método de evaluación ni se presentó una tabla de gradación, como ha ocurrido en otros procesos de designación. 

Las personas postulantes no conocieron con antelación las reglas de valoración ni los criterios bajo los cuales se ponderarían aspectos como idoneidad, aptitud o capacidad. El proceso fue calificado como poco transparente y sin una agenda clara de fechas definidas.

La Corte Suprema de Justicia fijó un plazo de apenas cinco días —del 23 al 27 de febrero de 2026— para la recepción de expedientes. En ese período, 39 profesionales presentaron su documentación (13 se postularon para ambos cargos), de los cuales cuatro fueron excluidos por presuntas inconsistencias técnicas.

Buena parte del procedimiento se desarrolló sin conocimiento previo de las organizaciones que dan seguimiento a los procesos de postulación de 2026, lo que redujo el margen para presentar tachas y realizar un análisis exhaustivo de los perfiles. 

“La CSJ aplicó un procedimiento de ‘ventanilla rápida’. Recibieron expedientes en pocos días y resolvieron en una sesión extraordinaria a puerta cerrada, sin permitir que la ciudadanía conociera los perfiles o presentara objeciones fundamentadas”, detalló el Movimiento Pro Justicia en una de sus publicaciones recientes.

Ambas elecciones, la de magistrado titular y la de suplente, se realizaron mediante un criterio basado en el orden de presentación de las postulaciones. En lugar de revisar y someter a votación a los 22 candidatos a titular y los 25 para suplentes y seleccionar a los perfiles mejor evaluados, los magistrados optaron por designar de inmediato a quienes obtuvieran los votos suficientes conforme avanzaba cada elección.

Así, al llegar al primer expediente para magistrada titular, lo sometieron a votación, lo aprobaron y pasaron de inmediato a la elección de suplentes. Al conocer el segundo expediente en esa categoría, repitieron el procedimiento: votaron, designaron y dieron por concluido el proceso.

De esa manera, Dina Ochoa y Claudia Paniagua se convirtieron en la tercera magistrada titular y la tercera suplente designadas de los cinco integrantes que conformarán la Corte de Constitucionalidad para el período 2026-203, y se suman a las designaciones hechas con anterioridad por el gremio de abogados y por la Universidad San Carlos. Quedan pendientes dos plazas titulares y sus correspondientes suplentes, cuya elección corresponde una al Congreso y otra al presidente Bernardo Arévalo.

El mecanismo aplicado benefició a quienes entregaron su documentación en las primeras horas de la convocatoria, otorgándoles una ventaja procesal que dejó fuera de discusión a aspirantes cuyos expedientes quedaron numerados en posiciones posteriores según el orden de recepción.

Las reelegidas Ochoa y Paniagua en este extraño proceso de elección gremial comparten dos características: ambas continuarán integrando la Corte de Constitucionalidad por un nuevo período de cinco años y ambas figuran en la Lista Engel del Departamento de Estado de Estados Unidos, en la que se señala a actores considerados corruptos o antidemocráticos.

La exclusión de Consuelo Porras

El método de votación adoptado por la Corte Suprema de Justicia terminó perjudicando a una de las figuras que concentraba mayor atención mediática y política en este proceso de elección: la fiscal general, María Consuelo Porras Argueta, quien sí superó los primeros filtros al presentar completo su expediente.

Durante días, la postulación de Porras como candidata a magistrada de la CC fue analizada como parte de los consensos internos entre los 13 magistrados que integran la dirección del Organismo Judicial. Según fuentes internas, más la información recopilada por diversos medios de comunicación, la fiscal general cuyo mandato termina en mayo próximo, tenía posibilidades de ocupar la magistratura titular de la CC designada por la CSJ, pero su candidatura jugada a dos bandas —pues se postuló tanto para titular como para suplente— perdió fuerza en las horas previas a la sesión plenaria del martes.

Asimismo, debido al mecanismo de elección adoptado, el expediente de Porras llegaba en desventaja porque figuraba como el número 13 entre las 22 postulaciones para magistratura titular, y como el número 11 entre las 25 para suplente. 

La exclusión de la fiscal general —la tercera derrota tras no obtener los votos necesarios en las elecciones del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) ni en las de la Universidad de San Carlos de Guatemala— representó un revés para sus aspiraciones de alcanzar un cargo que le otorgue inmunidad una vez concluya su actual mandato.

En el debate público sobre esta elección a cargo de la Corte Suprema intervino incluso el presidente Bernardo Arévalo, quien alertó sobre irregularidades y supuestos cabildeos que intentaban vincular a la Embajada de los Estados Unidos con el apoyo a candidatos como Porras para la Corte de Constitucionalidad. La información también fue desmentida categóricamente por la sede diplomática.

La consolidación del bloque dominante

La elección de Dina Ochoa y Claudia Paniagua es el resultado directo de la operación del grupo mayoritario dentro de la CSJ, frecuentemente identificado como el “Bloque de los 9”. Este grupo, que incluye a magistrados como Claudia Paredes, Luis Mauricio Corado Campos y Gustavo Adolfo Morales Duarte, demostró una disciplina de voto relevante.

El nombramiento de Dina Ochoa garantiza su permanencia en la CC hasta 2031 y asegura al bloque dominante un voto previsible en fallos relacionados con la protección de la inmunidad y el control de la carrera judicial.

En el caso de Claudia Paniagua, obtuvo un voto en contra que provino de la magistrada Vocal VII, Flor de María Gálvez Barrios, hermana del exrector de la Universidad de San Carlos (USAC), Estuardo Gálvez, un operador político clave, con una red de influencia para movilizar votos dentro de los procesos de Comisiones de Postulación y en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).

La reelección de Dina Ochoa y Claudia Paniagua

1. Dina Joseina Ochoa Escribá (MAGISTRADA TITULAR)

La magistrada reelecta por la CSJ, Dina Ochoa, llegó por primera vez a la CC en 2016 por designación del entonces presidente Jimmy Morales. En 2021, obtuvo su segundo período por medio de la elección en el Congreso de la República.

Su paso por la máxima instancia constitucional ha estado marcada por decisiones polémicas, votos disidentes en casos de alto impacto y una línea coincidente con sectores políticos opuestos a reformas en el sistema de justicia.

Su exposición pública aumentó durante la crisis entre el Ejecutivo y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Como presidenta de la CC (2018-2019), fue la única magistrada que votó en contra de suspender la decisión de Morales de expulsar a la comisión, en un contexto de intensa presión política sobre el tribunal.

Las resoluciones y posicionamientos de Dina Ochoa, la situaron como una de las figuras clave dentro del sector justicia que respaldó la estrategia presidencial de Jimmy Morales para contener y, finalmente, retirar a la CICIG del país.

En uno de sus pronunciamientos sostuvo que la CC no era competente para conocer acciones relacionadas con decisiones adoptadas por el Presidente de la República en el ejercicio de su facultad de dirigir la política exterior y las relaciones internacionales.

Antes de integrar la CC, Ochoa ocupó cargos relevantes en el Organismo Judicial: fue magistrada de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Delitos de Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer (2014-2016), presidió en varias ocasiones la Asociación de Jueces y Magistrados y encabezó la Junta de Disciplina Judicial entre 2015 y 2016.

Su trayectoria también incluye un episodio consignado en el informe Los Jueces de la Impunidad (2012), presentado por la CICIG, en el que se señaló que, como titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal, favoreció al exfiscal general Carlos David De León Argueta en un proceso por intento de homicidio contra Rafael Castillo Gándara —exesposo de la entonces pareja del fiscal— al devolver la investigación a la misma Fiscalía que él dirigía. Ese antecedente quedó registrado dentro de los cuestionamientos sobre independencia judicial en esa etapa.

En septiembre de 2019 viajó a Washington junto al entonces ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, para conocer detalles del acuerdo migratorio que convertiría a Guatemala en “tercer país seguro”, pocos días después de que la CC resolviera un recurso que permitió al Ejecutivo continuar las negociaciones.

En 2021 volvió a situarse en el centro de un caso de alto impacto institucional. Junto al magistrado Roberto Molina Barreto, emitió voto disidente en el amparo provisional que dejó sin efecto la juramentación del exjuez Mynor Moto como magistrado titular de la CC, decisión que posteriormente fue revertida por mayoría en el pleno.

Durante las elecciones de 2023, la magistrada respaldó las resoluciones que validaron las investigaciones del Ministerio Público contra el partido Movimiento Semilla y los resultados de las elecciones generales.

A pesar de su influencia interna, Ochoa enfrenta un aislamiento diplomático significativo. El Departamento de Estado de los Estados Unidos la incluyó en la Lista Engel (Actores Corruptos y No Democráticos) el 19 de julio de 2023, señalándola de utilizar su cargo para socavar procesos democráticos y proteger a aliados políticos de investigaciones criminales. Esta designación conllevó la revocación de su visa estadounidense.

Su permanencia en la Corte de Constitucionalidad mejora las posibilidades de que este tribunal mantenga la misma doctrina judicial que ha imperado en la última década.

2. Claudia Paniagua (MAGISTRADA SUPLENTE)

La trayectoria de Claudia Elizabeth Paniagua Pérez en la justicia constitucional guatemalteca se define por su capacidad para transitar entre el ejercicio gremial y las decisiones de la máxima corte sin alterar el equilibrio de las estructuras de poder que la impulsaron. 

Su historia en la Corte de Constitucionalidad (CC) comenzó a consolidarse en 2021, cuando el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) la seleccionó como magistrada suplente. Su compañero de fórmula fue el actual magistrado de la CC Néster Vásquez Pimentel, con quien ha compartido un bloque de votación constante en los temas de mayor sensibilidad para el Estado.

Diversos análisis de fiscalización judicial, como los publicados por Movimiento Pro Justicia, la sitúan como una figura cercana a los círculos de influencia de agrupaciones como ASPA que ha dirigido Néster Vásquez en 2026.

El perfil de la magistrada tomó una dimensión internacional cuando el Departamento de Estado de los Estados Unidos la incluyó en la Lista Engel de actores antidemocráticos el 27 de diciembre de 2024. 

A diferencia de otros funcionarios señalados por criterios políticos, el reporte oficial contra Paniagua incluyó la acusación de haber aceptado sobornos a cambio de influir en los resultados de los fallos de la CC, específicamente, para mantener en su puesto a figuras como el expresidente del Banco de los Trabajadores (Bantrab), Jorge Mondal Chew. 

Esta sanción, que derivó en la revocación de su visa y restricciones financieras, marcó un punto de quiebre en su proyección pública, aunque no disminuyó su influencia operativa dentro de la corte.

En la práctica judicial, sus resoluciones han seguido una línea de protección a los procedimientos iniciados por el Ministerio Público bajo la gestión de Consuelo Porras. Durante la crisis política de 2023 y 2024, Paniagua Pérez respaldó con su firma y voto las decisiones que permitieron la persecución judicial contra el proceso electoral y el partido Movimiento Semilla. 

A nivel penal, la magistrada ha enfrentado denuncias por prevaricato y resoluciones violatorias a la Constitución, presentadas principalmente por organizaciones civiles. Sin embargo, su estatus de magistrada le otorga un derecho de antejuicio que funciona como un escudo procesal. Hasta la fecha, la CSJ no ha dado trámite a ninguna solicitud que permita investigarla formalmente en el sistema interno guatemalteco, lo que crea un esquema de blindaje legal que ha facilitado su continuidad.

El capítulo más reciente de su carrera se escribió el 3 de marzo de 2026. En esa fecha, la Corte Suprema de Justicia decidió reelegirla como magistrada suplente para el periodo que finaliza en 2031. 

Al ser designada por la CSJ, Paniagua Pérez se posiciona como el relevo técnico de Dina Ochoa en los asuntos constitucionales de Guatemala, garantizando que el quórum de la corte mantenga una visión uniforme sobre los casos de corrupción y financiamiento electoral ilícito.

Claudia Paniagua Pérez es, en este contexto, un elemento de continuidad para un sistema que ha priorizado la estabilidad de sus integrantes sobre las observaciones de los organismos de supervisión internacional.

La maquinaria del consenso dentro de la CSJ

El bloque de nueve magistrados dentro de la Corte Suprema de Justicia no es una estructura formal, pero opera de manera coordinada en función de diversas decisiones. 

Su fuerza reside en el número de votos: 9 de 13 magistrados. Con esta cifra, el grupo ha logrado el control para poder nombrar y trasladar jueces, además de tener incidencia en el proceso para elegir magistrados de Corte de Constitucionalidad.

El bloque está liderado por la actual presidenta Claudia Paredes y el magistrado Luis Mauricio Corado Campos. Se suman a ellos los presidentes de las cámaras clave: Carlos Ramiro Contreras Valenzuela(Penal) e Igmaín Galicia Pimentel (Amparo). El grupo lo completan Clemen Vanessa Juárez Midence, Jenny Noemy Alvarado Teni, Flor de María García, Teódulo Cifuentes y Gustavo Adolfo Morales Duarte.

Cuando el Bloque de los 9 decide algo, como el proceso para elegir magistrado titular y suplente de la CC, el debate es breve. Las sesiones suelen convocarse por la tarde y las decisiones se toman en grupo.

 

Los Disidentes: la resistencia del voto razonado

Frente a esta muralla se encuentra un grupo pequeño, a menudo llamado “Los Disidentes”. No son un bloque sólido ni tienen un líder único; su unión es más bien una reacción ante lo que consideran atropellos a la carrera judicial. 

Las figuras que han marcado distancia del bloque mayoritario son Estuardo Adolfo Cárdenas, Flor de María Gálvez Barrios, Carlos Rodimiro Lucero y, en ocasiones específicas de carácter técnico, René Guillermo Girón Palacios (quien oscila entre ambos grupos según la materia).

La principal arma del grupo disidente es el voto razonado. Saben que van a perder la votación 9 a 4 (o incluso 12 a 1 en ocasiones), pero utilizan el acta oficial para explicar por qué una decisión es ilegal o arbitraria.

Mientras los 9 votan a favor de mover a un juez independiente, los disidentes razonan su voto denunciando que no hay un expediente técnico que respalde el movimiento.

Mientras la mayoría busca procesos cerrados y rápidos, los disidentes exigen cronogramas públicos y perfiles basados en la meritocracia, sirviendo de altavoz para las demandas de la sociedad civil dentro del Organismo Judicial. Sin embargo, para el proceso de elección de magistrados de CC, el bloque disidente se alineó a la desiciones del “Bloque de los 9” donde finalmente se optó por reelegir a Dina Ochoa y a Claudia Paniagua como magistradas.

Los honorables magistrados de la CSJ

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala para el período 2024-2029 está compuesta por figuras que, en su mayoría, han enfrentado diversos cuestionamientos públicos, desde vínculos con redes de influencia política hasta sanciones internacionales. En el protocolo institucional, a las magistraturas del máximo tribunal suele anteponérseles el adjetivo “honorable”. Estos son algunos rasgos que definen a estos actores:

1. Claudia Lucrecia Paredes Castañeda (Presidenta de CSJ)

Claudia Paredes se ha consolidado como la figura de mayor peso político y, a la vez, la más cuestionada de la actual Corte Suprema de Justicia (CSJ). Su ascenso a la presidencia en el Organismo Judicial estuvo precedida por cinco meses de parálisis interna, entre octubre de 2025 y febrero de 2026, provocada por la falta de consensos entre los magistrados, lo que evidenció tensiones y divisiones en el pleno.

Paredes fue elegida presidenta con 10 de los 13 votos del pleno, una mayoría holgada que no solo le ha permitido asumir ese cargo, sino también consolidar una posición determinante en decisiones estratégicas para 2026. Ese respaldo le ha otorgado margen para incidir en procesos clave, como la designación de magistrados a la Corte de Constitucionalidad (CC) y la conducción del proceso para elegir al próximo fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP). 

Desde el 20 de febrero, al asumir la presidencia del OJ, también quedó a su cargo la dirección de la Comisión de Postulación para la elección de Fiscal General y jefatura del Ministerio Público. Desde entonces, Paredes ha incidido —junto con el decano de la Universidad de Occidente, Donald Gonzáles Cuevas, y el de la Universidad Panamericana (Upana), Enrique Fernando Sánchez Usera— en los criterios de calificación de los expedientes. Según diversos señalamientos, estas decisiones han buscado dejar fuera a posibles aspirantes como Marco Antonio Villeda, actual ministro de Gobernación, y Ronalth Ochaeta, abogado de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), quien participó en la investigación del asesinato de monseñor Juan Gerardi en 1998.

Dentro del proceso de elección de Fiscal General, Paredes se mostró inicialmente reticente a modificar la tabla de gradación que favorecía a los aspirantes con mayor número de años en el ejercicio profesional. No obstante, tras la presión social y luego de recibir la visita de John Barrett, encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, dio marcha atrás y accedió a cambiar los criterios de calificación de los candidatos.

A nivel interno, a la magistrada Paredes se le identifica como la líder del “grupo de los 9”, que vota en bloque para proteger a actores alineados con los intereses del llamado “pacto de impunidad” en Guatemala.

De acuerdo con el análisis de la dinámica interna de la actual CSJ, según observadores internacionales como el Panel de Personas Expertas Independientes (PEI-GT) y organizaciones como el Movimiento Pro-Justicia, el Bloque de los 9 procura dejar en minoría a magistrados como Estuardo Adolfo Cárdenas o René Guillermo Girón Palacios cuando estos presentan posturas divergentes o denuncian irregularidades administrativas.

A Claudia Paredes también se le vincula estrechamente con el diputado del partido VAMOS y ex presidente del Congreso, Allan Rodríguez, sancionado por la Ley Magnitsky e incluido en la Lista Engel el 1 de julio de 2021. Según análisis de organizaciones como Acción Ciudadana, Rodríguez fue uno de los operadores que articuló una alianza entre las bancadas más tradicionales del Congreso para elegir a Paredes como magistrada en 2024. 

Su nombre apareció dentro del expediente del caso Comisiones Paralelas 2020, investigado originalmente por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) bajo el mando de Juan Francisco Sandoval y con apoyo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en el que se reveló una estructura criminal dedicada a amañar la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y las Salas de Apelaciones para el período que debía iniciar en 2019. 

Según informes de fiscalización y reportes del Ministerio Público de mayo de 2020, Paredes Castañeda fue identificada como una de las personas que mantuvo comunicación o asistió a reuniones con el operador político Gustavo Alejos Cámbara (secretario privado de la presidencia de Álvaro Colom) para gestionar su inclusión en las nóminas de candidatos. La FECI advirtió en su momento que su idoneidad estaba comprometida por haber participado en este proceso de selección viciado. Se le señaló de los presuntos delitos de tráfico de influencias y violación a la Constitución.

El punto de quiebre en su reputación internacional ocurrió en octubre de 2025, cuando el Departamento de Estado de los Estados Unidos le revocó la visa acusándola de participar en actos que socavan los procesos democráticos y la independencia judicial en Guatemala. 

Paredes ha desestimado estos señalamientos calificándolos de ataques ideológicos, pero las organizaciones de la sociedad civil denuncian que, como parte de la Cámara Civil de la CSJ, se han cerrado las puertas a cualquier intento de reforma o transparencia, convirtiendo al Organismo Judicial en un búnker de protección para funcionarios investigados. 

2. Carlos Rodimiro Lucero Paz (Vocal I)

Carlos Rodimiro Lucero Paz ocupa el cargo de Vocal I de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala para el período 2024-2029. Es un sobreviviente de las tormentas judiciales que sacudieron al país hace años, ya que su trayectoria ha estado marcada por señalamientos en los casos de corrupción judicial conocidos como Comisiones Paralelas.

Según investigaciones de la desaparecida CICIG y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) original, su elección como magistrado de la Sala de Apelaciones de Familia en 2014 no fue un reconocimiento a su hoja de vida, sino el resultado de una transacción política. En 2018, el Ministerio Público lo acusó formalmente de cohecho pasivo, señalando que su ascenso fue pactado en las sombras con estructuras lideradas por Sergio Roberto López Villatoro, el “Rey del Tenis”.

Cuando el país creía que el sistema de comisiones de postulación no podía caer más bajo, surgió el caso Comisiones Paralelas 2020. El nombre de Lucero Paz volvió a aparecer en las listas de la Fiscalía. Esta vez, las investigaciones apuntaban a que él era parte de los nombres que el operador Gustavo Alejos negociaba para las altas cortes desde un sanatorio.

Para Lucero, 2020 no fue un año de retiro, sino de consolidación. A pesar de figurar en informes sobre los mecanismos de cooptación de la justicia como los publicados por la Fundación Myrna Mack, su red de influencias en el Legislativo se mantuvo intacta. Lejos de quedar marginado por los señalamientos de cohecho y tráfico de influencias, Lucero emergió como una figura de consenso dentro de las elecciones de magistrados a CSJ por parte de los bloques parlamentarios. Obtuvo un respaldo casi unánime en el Congreso de la República, logrando 159 votos (de 160 posibles) para integrar la nueva CSJ en 2024.

Aunque las solicitudes de antejuicio lo han perseguido por años, el sistema judicial ha actuado a su favor como un escudo: en 2021, la CSJ bloqueó el primer intento de la Fiscalía por procesarlo, sellando un pacto de impunidad que le permitiría llegar limpio —procesalmente hablando— al siguiente evento electoral.

Su papel en la Corte, según análisis de organizaciones como Movimiento Pro Justicia, es el de un operador pragmático que conoce a fondo las debilidades del sistema. Su permanencia en la Vocalía I le otorga una posición estratégica, pues es el sucesor en la presidencia en caso de ausencia de Paredes. Es parte del grupo de los cuatro magistrados que se opone al grupo dominante.

Para organizaciones de la sociedad civil como Movimiento Pro Jusitica, Lucero representa un actor cauteloso y poco confrontativo, a la vez que mantiene vigentes viejas estructuras de abogados relacionadas con el “Rey del Tenis”.

A diferencia de su colega Claudia Paredes, Carlos Lucero Paz ha logrado evadir —hasta marzo de 2026— la inclusión formal en la Lista Engel o sanciones bajo la Ley Magnitsky. Analistas sugieren que esto se debe a su perfil de “técnico operativo”:

3. Carlos Ramiro Contreras Valenzuela

Con una trayectoria que se remonta al gobierno de Alfonso Portillo, donde fungió como viceministro de Gobernación, Carlos Contreras Valenzuela es percibido como el “estratega de los expedientes” dentro de la actual CSJ. Es el Presidente de la Cámara de Amparo y Antejuicio de la CSJ y representante ante la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia.

Contreras Valenzuela no es un juez de carrera en el sentido tradicional; es un conocedor del Estado que ha transitado desde la seguridad nacional hacia el sistema judicial. Antes de su elección a la CSJ, fungió como magistrado presidente de la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Ha formado parte de la carrera judicial desde 2019.

Su paso por el Ministerio de Gobernación durante el gobierno de Alfonso Portillo (2000-2004) como viceministro, le otorgó una visión del Estado que pocos magistrados poseen como conocedor de las estructuras de inteligencia y de los hilos que mueven la política partidaria y militar. 

Esta etapa cimentó su vínculo con figuras como el coronel retirado Jacobo Esdras Salán Sánchez (asesor de Portillo), a quien años después defendería legalmente por medio de la empresa Proyecto de Obra Civil S.A., vinculada a casos de peculado en el Ministerio de la Defensa. 

Esta formación en el Ejecutivo fue el preludio de su llegada a la Sala del Ramo Contencioso y Administrativo. Esta no es una sala cualquiera: es el lugar donde se libran las batallas legales contra el Estado por contratos millonarios, licencias y decisiones administrativas.

Uno de los hitos más definitorios y polémicos en la carrera de Contreras Valenzuela ocurrió en 2015. Mientras el país estaba sumergido en las protestas ciudadanas contra la corrupción, la justicia guatemalteca enfrentaba una prueba de fuego: la inscripción electoral de Zury Ríos Sosa. La Constitución de la República, en su artículo 186, establece una prohibición tajante para que los parientes de caudillos o jefes que hayan participado en un golpe de Estado puedan optar a la presidencia.

Fue Contreras Valenzuela, en su calidad de magistrado de sala, quien otorgó el amparo que permitió la inscripción de Ríos, contraviniendo la interpretación histórica de la carta magna.

En 2014, su elección para la Sala del Ramo Contencioso fue señalada como parte de los pactos entre el Partido Patriota y la LIDER, bajo la mediación de operadores como el “Rey del Tenis”. 

En 2020, durante las negociaciones en el sanatorio con Gustavo Alejos, el perfil de Contreras Valenzuela volvió a ser moneda de cambio. Aunque no se le atribuyen chats tan directos como a otros colegas, su historial de fallos favorables a figuras del sistema tradicional lo convirtió en un candidato necesario para los intereses del llamado “Pacto de Corruptos”. Organizaciones como el Movimiento Pro Justicia lo incluyeron en los perfiles de magistrados que han representado la continuidad de un modelo judicial capturado por intereses externos.

Ya en el pleno de la CSJ para el período 2024-2029, Contreras Valenzuela ha asumido un rol que aprovecha toda su experiencia previa: el manejo de los antejuicios. Dentro del llamado Bloque de los 9, él actúa como el cerebro jurídico que ha detenido diversas denuncias que pesan sobre la fiscal general, Consuelo Porras, o diputados como Allan Rodríguez; también antejuicios solicitados contra el ex presidente Alejandro Giammattei, o en contra del actual presidente Bernardo Arévalo.

Analistas de justicia independiente, como Acción Ciudadana, señalan que Contreras utiliza estos procesos como mecanismos de extorsión o protección: si un actor político se alinea con el bloque dominante, su antejuicio se engaveta; si disiente, el proceso se agiliza. 

Su elección fue producto de un cabildeo en el Congreso, donde varios bloques legislativos lo vieron como una figura capaz de dar “estabilidad” a los sectores que temen investigaciones criminales. 

Además, se le vincula con grupos de militares retirados y exfuncionarios del desaparecido FRG, lo que le otorga una base de apoyo conservadora y disciplinada. 

4. Teódulo Ildefonso Cifuentes Maldonado

Teódulo Cifuentes ha pasado de ser un magistrado de sala de apelaciones a un actor central desde la parte administrativa del Organismo Judicial. Sus principales señalamientos derivan de su ejercicio en la presidencia del OJ (2024-2025), donde se le acusó de violar sistemáticamente la Ley de la Carrera Judicial. 

Durante su paso por la presidencia de la Sala Cuarta de Apelaciones de Quetzaltenango y su posterior ascenso a la CSJ, organizaciones de jueces independientes han denunciado que su gestión se ha caracterizado por el uso de los traslados y nombramientos como mecanismos de “premio o castigo”.

Su vinculación con el Bloque de los 9 es de carácter operativo. Se le atribuye la autoría intelectual de los traslados “exprés” de jueces de primera instancia que conocían casos de corrupción de alto impacto. Al mover a un juez incómodo a una judicatura remota y sustituirlo por un perfil dócil, Cifuentes ha logrado desarticular procesos judiciales sin necesidad de una sentencia definitiva, operando bajo la fachada de “necesidades administrativas” del OJ.

Al igual que sus colegas más cercanos, el nombre de Cifuentes Maldonado no ha estado exento de las investigaciones sobre la manipulación de las cortes:

En 2014, su elección como magistrado de Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil, Mercantil y de Familia, con sede en Quetzaltenango, fue vinculada a las negociaciones que en ese entonces lideraban el partido Patriota y figuras del gremio de abogados alineadas con el oficialismo. Se le identificó como un perfil “técnico” capaz de asegurar una gestión administrativa que no interfiriera con los intereses de las grandes constructoras y proveedores del Estado.

En 2020, durante la exposición del caso Comisiones Paralelas 2020, donde se reveló las reuniones de Gustavo Alejos con candidatos a magistrados, Cifuentes figuró en los análisis de la FECI como uno de los perfiles que contaba con la anuencia de los operadores. El Movimiento Pro Justicia, durante el proceso de elección de 2024, señaló que Teodulo Cifuentes tenía vínculos con el magistrado Néster Vásquez. 

Durante su presidencia en el OJ, Cifuentes fue señalado por nombramientos irregulares y creación de salas de apelaciones sin fundamento legal. Estas acciones le valieron denuncias internas por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes en 2025.

Aunque Cifuentes no figura en la Lista Engel, su nombre ha sido enviado en múltiples expedientes a Washington por parte de observadores internacionales que consideran su gestión como una pieza clave en el retroceso democrático.

Para Cifuentes, estas acusaciones son parte de una campaña de desprestigio contra la soberanía judicial, pero para el gremio de abogados independientes, sus acciones representan la destrucción de la meritocracia en la justicia guatemalteca, dejando el camino libre para que las cortes sean ocupadas por cuadros políticos.

5. Flor de María García Villatoro

La magistrada que ocupa la segunda vocalía dentro de la CSJ arrastra una sombra familiar que la coloca dentro de las redes de manipulación histórica que han buscado cooptar los procesos de las comisiones de postulación en Guatemala. 

García Villatoro es prima hermana de Sergio Roberto López Villatoro, conocido como el “Rey del Tenis”, el hombre que, según investigaciones del Ministerio Público y la CICIG, industrializó el tráfico de influencias en las Comisiones de Postulación. Asimismo, es prima del exdiputado de la UNE Julio César López Villatoro, capturado en 2021 al estar sindicado por los casos de Financiamiento Ilícito y por crear plazas fantasma en el Congreso de la República.

De hecho, García Villatoro fue identificada en informes de fiscalización como una de las candidatas con señalamientos por su presunta relación con operadores políticos que buscaron influir en la integración de las cortes en 2019-2020.

Para los analistas de organizaciones como Movimientos Pro Justicia, la magistrada García Villatoro representa la permanencia de la estructura del “Rey del Tenis” dentro del Organismo Judicial. Su ascenso a la CSJ en 2024 fue percibida como la culminación de un esfuerzo generacional por parte de este clan para mantener una presencia directa en la cúpula judicial, asegurando la protección de sus aliados políticos y gremiales.

Uno de los antecedentes que mejor ilustra su lealtad política ocurrió en 2019, cuando integraba la Sala Regional Mixta de Quiché. En esa ocasión, la Sala rechazó las solicitudes de antejuicio presentadas por la FECI y la CICIG contra los alcaldes de Nebaj y Chiché, señalados de financiamiento electoral ilícito para la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), el partido vinculado a su familia. La resolución, firmada por ella, calificó la investigación de “política”, deteniendo el avance de la justicia sobre las finanzas del partido

Dentro de la actual conformación de la CSJ, García Villatoro es considerada una pieza indispensable del llamado Bloque de los 9. Ha votado sistemáticamente para rechazar los antejuicios contra Consuelo Porras, blindando al Ministerio Público de cualquier control jurisdiccional.

Como conocedora de la red de apelaciones (tras haber presidido salas en Huehuetenango y Zacapa), es una de las estrategas que coordina los traslados y nombramientos de jueces.

A lo largo de su trayectoria, García Villatoro ha acumulado una serie de señalamientos que han puesto en duda su idoneidad. En 2019, durante su postulación a las Cortes de apelaciones, se reveló que había sido sancionada sin goce de sueldo por la Junta de Disciplina Judicial, una sanción que fue ratificada por la propia CC.

Además, su historial registra roces con la justicia penal que han terminado en salidas alternas: fue beneficiada con un criterio de oportunidad por un caso de amenazas en Amatitlán y se archivó una denuncia en su contra por el incumplimiento de presentar su declaración jurada patrimonial.

No obstante, al inicio de su carrera, como jueza del ramo penal, García Villatoro mostró cierta firmeza cuando en 1999 conoció el caso por el asesinato de monseñor Juan José Gerardi, luego de la renuncia del juez Henry Monroy, quien dejó el cargo tras recibir amenazas. García Villatoro también denunció haber sido objeto de intimidaciones, al igual que el personal del juzgado, en el contexto de ese proceso. 

6. Luis Mauricio Corado Campos

Luis Mauricio Corado Campos pertenece al bloque dominante dentro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Su nombre figuró como posible presidente del Organismo Judicial, disputando la elección ante Claudia Paredes. Al menos 10 intentos fallidos de votaciones consideraron su nombre para el mandato del año 2026.

Como Vocal X e integrante de la Cámara Penal ha tenido incidencia en procesos de nombramientos y resoluciones judiciales de alto impacto penal. 

Antes de integrar la CSJ, Corado Campos presidió la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo, posición desde la cual emitió fallos que modificaron el rumbo de procesos criminales complejos. El 7 de octubre de 2023, por ejemplo, la Sala bajo su mando anuló una decisión del Juzgado de Mayor Riesgo B, ordenando la falta de mérito para los acusados del secuestro y desaparición del cantante Zoel Cruz.

En esa misma instancia, Corado avaló la liberación del expresidente del Congreso, Luis Rabbé, otorgándole una medida sustitutiva de arresto domiciliario con una caución económica de cinco mil quetzales. Estos antecedentes han sido interpretados por observadores judiciales como una tendencia a la flexibilización de criterios penales en casos vinculados a figuras políticas y estructuras operativas de alto perfil.

Un aspecto crítico en su perfil es la relación con su hijo, Luis Mauricio Corado Cerón, quien actuó como abogado defensor en el caso por el asesinato de la joven Melisa Palacios en Zacapa. En dicha audiencia, el delito fue recalificado a una figura penal menos grave, en medio de denuncias de presuntos sobornos al juez de la causa. Aunque Corado Cerón calificó su intervención como circunstancial, investigaciones periodísticas han señalado que Corado Campos, desde la CSJ, ha promovido el traslado y nombramiento de jueces afines en plazas estratégicas del oriente del país. Específicamente, se le vincula con el nombramiento del juez que conoció la audiencia donde participó su hijo.

El nombre de Corado Campos figura en el informe “Comisiones Paralelas 2020” de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI). Se documentó que el magistrado fue parte de las negociaciones que Gustavo Alejos mantenía en un hospital de la zona 2 para definir las nóminas de candidatos a las cortes. Esta vinculación con redes de influencia externa coincide con su rol como uno de los líderes del Bloque de los 9.

7. Flor de María Gálvez Barrios

Flor de María Gálvez Barrios de Porres es magistrada Vocal VII de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para el período 2024-2029. Su perfil está marcado por su ascenso a la máxima corte tras haber sido señalada en investigaciones de corrupción judicial y por sus vínculos familiares con figuras políticas influyentes.

Un factor determinante en su red de poder es su hermano, Carlos Estuardo Gálvez Barrios, exrector de la USAC. Estuardo Gálvez fue procesado en el caso Comisiones Paralelas 2020 por la presunta manipulación de la nóminas. En su momento, el propio exrector atribuyó en entrevistas de prensa que las dificultades de su hermana para ser nominada en procesos anteriores se debieron, precisamente, a la vinculación de ambos en dicho expediente de corrupción judicial.

En consecuencia, el perfil de Gálvez Barrios arrastra señalamientos y lastre reputacional debido a los nexos de su hermano que, sin embargo, le han permitido navegar en los círculos de poder gremial y académico necesarios para ascender en el sistema judicial. 

El Ministerio Público (MP) presentó una solicitud de retiro de inmunidad (antejuicio) contra Gálvez Barrios, quien entonces era magistrada de la Sala de Apelaciones. Se le señaló de presuntos delitos de tráfico de influencias, violación a la Constitución y asociación ilícita, por el caso Comisiones Paralelas 2020. No obstante, en julio de 2021, la CSJ de aquel momento rechazó la solicitud de antejuicio en su contra, manteniendo su inmunidad y cerrando la vía para una investigación penal.

En la dinámica actual de la CSJ, Gálvez Barrios es identificada por analistas como integrante del grupo disidente. Ella votó en contra de la elección de Claudia Paredes como presidenta del Organismo Judicial. 

Su ascenso a la CSJ en octubre de 2024 fue contundente: obtuvo 154 votos a favor en el Congreso tras recibir una de las calificaciones más altas de la comisión de postulación (93 puntos).

Recientemente, en febrero de 2026, presentó su expediente ante el Congreso de la República para optar al cargo de magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Graduada en 1991 por la Universidad de San Carlos (USAC), cuenta con una Maestría en Derecho Procesal por la Universidad Panamericana (Upana). Su carrera en el Organismo Judicial (OJ) se consolidó en las Salas de Apelaciones, donde presidió la Sala Primera del Ramo de Familia (2019-2024) y ocupó vocalías en salas de Trabajo y Previsión Social, así como en la Sala Regional Mixta de Retalhuleu.

En el ámbito institucional, ha representado al OJ en mesas técnicas sobre la protección de la niñez, adolescencia y lucha contra la trata de personas.

8. Estuardo Adolfo Cárdenas

Como Magistrado Vocal V e integrante de la Cámara Penal, Cárdenas representa a una generación de jueces formados en la provincia que han logrado escalar hasta la máxima instancia del país.

Antes de su llegada a la CSJ, acumuló experiencia en diversas escalas del Organismo Judicial. Se desempeñó como juez de paz en su natal Patzicía y juez de primera instancia en Escuintla. En las Salas de Apelaciones, destacó como presidente de la Sala con competencia en Trata de Personas y Delitos Migratorios, y tuvo un paso prolongado (2014-2023) por la Sala Séptima de Huehuetenango.

Su paso por las salas de apelaciones del occidente dejó registros de conflictos con poderes locales. En agosto de 2015, integró la sala que retiró la inmunidad al entonces alcalde de San Mateo Ixtatán, Donato Santizo, por la retención ilegal de una delegada de Copredeh Asimismo, en julio de 2018, avaló el retiro del privilegio del antejuicio al alcalde de la cabecera de Huehuetenango, Gerónimo Martínez, vinculado a investigaciones de corrupción municipal. 

A pesar de su historial técnico, su elección en octubre de 2024 estuvo inmersa en las dinámicas de los bloques legislativos. Su nombre figuró en listas de candidatos que contaban con el respaldo de bancadas como VAMOS, Todos, Valor, FCN y el sector de la UNE liderado por Estuardo Vargas. Según análisis del Movimiento Pro Justicia y El Observador GT, su ascenso se dio dentro de una planilla que recibió el aval de redes de influencia tradicionales en el Congreso.

En el contexto actual de la CSJ (2024-2029), Cárdenas funciona como comodín entre el grupo dominante y los disidentes. Ha sido vinculado en diversas ocasiones con el Bloque de los 9, pero su perfil muestra matices de independencia técnica; en septiembre de 2025, sorprendió al ámbito judicial al advertir públicamente al Congreso sobre presuntas irregularidades en la integración de las Salas de Apelaciones, un gesto que algunos analistas interpretaron como un intento de marcar distancia frente al grupo dominante.

Esta actitud le ha ganado la etiqueta de “disidente”, aunque muchos analistas dudan de la completa pureza de sus intenciones. Se especula que su rebeldía se debe a que fue excluido del reparto de poder interno y que sus denuncias son una forma de presionar para obtener mayor control sobre ciertas áreas administrativas del OJ. 

Estuardo Adolfo Cárdenas no figura en listados de sanciones internacionales como la Lista Engel o la Ley Magnitsky, diferenciándose de colegas que sí han sido señalados por Washington. Cárdenas se distingue de otros integrantes de la actual CSJ precisamente porque no aparece vinculado en la investigación del caso Comisiones Paralelas 2020, liderada en su momento por la FECI. Su actividad se ha centrado en la coordinación del despacho penal y la proyección académica hacia estudiantes de la USAC.

9. René Guillermo Girón Palacios

El magistrado René Guillermo Girón Palacios se define como una de las figuras de mayor continuidad técnica y académica dentro de la actual Corte Suprema de Justicia (CSJ). Es Magistrado Vocal III e integrante de la Cámara Penal. Es uno de los tres magistrados que logró su reelección, junto a Claudia Paredes y Gustavo Duarte.

A diferencia de otros magistrados de perfil más mediático, Girón Palacios es percibido como un formalista enfocado en la “predictibilidad del sistema”. En enero de 2026, impulsó una iniciativa de reforma al Código Procesal Penal con el objetivo de que la casación recupere su peso como doctrina legal obligatoria. 

Dentro de la Cámara Penal, que integra junto a Gustavo Morales Duarte y Luis Mauricio Corado Campos, sus votos suelen alinearse con la validación de procedimientos de salas de apelaciones y el fortalecimiento de la justicia especializada en femicidio y trata. Recientemente, ha mostrado apertura hacia la justicia indígena, participando en diálogos con autoridades de la región Ixil para coordinar la jurisdicción estatal con la ancestral.

En el tablero de poder de la actual CSJ (2024-2029), Girón Palacios es identificado como parte de los magistrados disidentes. Aunque no es el rostro político del grupo, su voto se ha perfilado en contra de la línea que mantiene el control administrativo y jurisdiccional de la Corte. 

En febrero de 2026, presentó al Congreso de la República su expediente como candidato a magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC) para el periodo 2026-2031.

Aunque el Ministerio Público registró en el pasado dos denuncias en su contra por supuesta doble representación y faltas contra las personas, estas fueron remitidas a juzgados de paz y no han frenado su ascenso. Su vinculación política es descrita por analistas como “institucional”, ligada a los bloques mayoritarios del Congreso que han apostado por su perfil para dar una apariencia de estabilidad técnica a la Corte, mientras se mantienen las decisiones clave bajo el control del grupo predominante.

Girón Palacios no cuenta con sanciones en la Lista Engel ni prohibiciones de visado reportadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos. A diferencia de varios de sus colegas de cámara, su nombre no fue un objetivo central en las investigaciones del caso Comisiones Paralelas 2020, lo que le ha permitido navegar los procesos de postulación con un expediente relativamente libre de tachas ciudadanas de alto impacto.

10. Igmaín Galicia Pimentel

Igmaín Galicia Pimentel es magistrado Vocal VI e integrante de la Cámara de Amparo y Antejuicio. Su posición en el período 2024-2029 lo sitúa como uno de los defensores del status quo judicial. Su carrera ha estado estrechamente ligada a operadores políticos tradicionales y estructuras de influencia legislativa.

Su paso por el Congreso de la República como asesor jurídico del extinto Partido Patriota ha sido clave. En ese espacio, emitió dictámenes de alto impacto, como el que favoreció al entonces presidente del Legislativo, Gudy Rivera, para cerrar la interpelación del exministro Pavel Centeno. 

Esta cercanía con el poder legislativo se profundizó con su vinculación al desaparecido partido FRG, por el cual fue candidato a diputado por Escuintla en 2007, convirtiéndose posteriormente en asesor de confianza de figuras como Leonel Soto Arango y Baudilio Hichos, históricos operadores en procesos de Comisiones de Postulación, ambos señalados de corrupción.

En 2014, formó parte de la planilla apoyada por los “Abogados de Mixco” de Juan Carlos Godínez, y en 2019 participó en la planilla vinculada a Néster Vásquez Pimentel, actual presidente de la Corte de Constitucionalidad.

Dentro de la CSJ, Galicia Pimentel integra la Cámara de Amparo junto a Carlos Ramiro Contreras Valenzuela. Esta instancia es el “corazón político” de la Corte, pues es la encargada de decidir sobre la inmunidad de los funcionarios más poderosos del país.

Como parte del Bloque de los 9, Galicia mantiene una lealtad constante a la línea oficialista del pleno. Sus resoluciones se caracterizan por una tendencia a la preservación del statu quo: Actúa como un filtro que suele detener las denuncias contra altos funcionarios alineados al bloque mayoritario. Vota sistemáticamente a favor de jueces y directivos administrativos que aseguran la continuidad del control interno de la Corte.

En mayo de 2020, el Ministerio Público reportó que Galicia tenía dos expedientes en investigación: uno por cohecho pasivo y otro por prevaricato. Aunque estos señalamientos no frenaron su elección a la CSJ —la cual logró con un contundente respaldo de 140 votos en el Congreso—, permanecen como tachas que organizaciones civiles como Movimiento Pro Justicia han señalado para cuestionar su idoneidad.

Galicia Pimentel no figura en la Lista Engel ni cuenta con sanciones internacionales públicas, lo que le otorga un margen de maniobra mayor que el de otros colegas de su bloque. Curiosamente, su perfil técnico se complementa con una faceta de asesor ad-honorem para organizaciones campesinas y sindicatos, una dualidad que utiliza para suavizar su imagen de operador de línea dura en la capital.

11. Clemen Vanessa Juárez Midence

La magistrada Clemen Vanessa Juárez Midence es una abogada guatemalteca que ocupa el cargo de Vocal XI de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para el período 2024-2029.

Durante el proceso de postulación de 2024, organizaciones como Movimiento Pro Justicia y la AEU reactivaron los señalamientos de su vinculación con el magistrado de la CC Néster Vásquez, uno de los operadores activos durante los procesos de comisiones de postulación de 2026.

En 2019, la sala que presidía rechazó sin entrar a conocer las solicitudes de antejuicio por el caso de financiamiento electoral ilícito de la UNE contra los alcaldes de Chiché y Nebaj. Similarmente, en 2015, declaró sin lugar el antejuicio contra el alcalde de Chichicastenango, señalado de nueve delitos, incluyendo fraude y malversación.

Midence forjó su carrera en la Sala Primera de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Sin embargo, su experiencia en el Organismo Judicial (OJ) no se limita a las judicaturas; su paso como letrada de la propia Cámara de Amparo y su rol como subdirectora del Archivo General de Protocolos le otorgaron un conocimiento profundo de los engranajes administrativos y jurisdiccionales de la Corte.

Juárez Midence es considerada una de las piezas más disciplinadas del bloque mayoritario . Su comportamiento en el pleno y en la Cámara de Amparo se caracteriza por una sintonía con la visión del grupo dominante.

Sus resoluciones suelen alinearse con la protección de la inmunidad de funcionarios señalados por el Ministerio Público, especialmente en casos que afectan a las bancadas que impulsaron su elección.

Ha votado a favor de las remociones y traslados de jueces de primera instancia que mantenían posturas independientes, facilitando el control administrativo de plazas estratégicas en la capital y el interior.

Midence también ha participado en decisiones que limitan el alcance de amparos presentados por actores de la sociedad civil, aunque también ha fallado a favor de periodistas como José Rubén Zamora al suspender una resolución que ordenaba su regreso a prisión.

Midence no cuenta con señalamientos internacionales en su contra. 

12. Gustavo Adolfo Morales Duarte

El magistrado Gustavo Adolfo Morales Duarte ocupa una de las posiciones de mayor jerarquía dentro del Organismo Judicial. Es magistrado Vocal IV y es integrante de la Cámara Penal de Amparos y Antejuicios.

Junto a René Girón y Claudia Paredes, forma parte del reducido grupo de tres magistrados que lograron la reelección consecutiva para el periodo 2024-2029. 

Su trayectoria está vinculada a la magistratura anterior, la cual, debido a la presentación del caso Comisiones Paralelas 2020, no logró asumir en 2019. Como consecuencia, los magistrados del período 2014-2019 extendieron sus funciones de forma interina hasta que, tras una nueva orden judicial de debida ejecución, el Congreso finalmente eligió y juramentó a la nueva Corte Suprema de Justicia el 17 de noviembre de 2023, permitiéndoles asumir para completar únicamente los últimos diez meses del período que legalmente finalizaba en octubre de 2024.

La reelección de Morales Duarte en octubre de 2024 se consolidó con 110 votos a favor en el Congreso de la República. Este respaldo provino de una alianza entre las bancadas mayoritarias que buscaron perfiles con experiencia previa en el manejo de la Corte. En la Comisión de Postulación de ese año, obtuvo 27 votos en la primera ronda, asegurando su lugar en la nómina final de candidatos.

Dentro del pleno de la CSJ, Morales Duarte es identificado como un integrante del bloque mayoritario. Este grupo coordina las decisiones administrativas, traslados de jueces y la resolución de antejuicios. 

Se le atribuye un papel activo en la falta de consenso para elegir a un presidente definitivo del Organismo Judicial durante la anterior magistratura, que duró dos años entre 2023 y 2024.

Como parte de la Cámara Penal, Morales Duarte ha sido objeto de análisis por la tendencia en sus resoluciones que emite junto al magistrado Ramiro Contreras Valenzuela. La Cámara Penal ha confirmado fallos que mantienen procesos contra actores críticos del sistema actual, mientras que ha agilizado recursos de casación que han favorecido a figuras vinculadas a estructuras políticas tradicionales. Asimismo, ha participado en el rechazo liminar de solicitudes de antejuicio contra legisladores, como el caso del diputado Julio Héctor Estrada en 2024.

Organizaciones de la sociedad civil, como Movimiento Pro Justicia, lo vinculan estrechamente con el magistrado de la Corte de Constitucionalidad  Néster Vásquez Pimentel.

Morales Duarte fue señalado de criminalizar a dirigentes y autoridades indígenas en el departamento de Huehuetenango, como Rigoberto Juárez y Ermitaño López. Integró la Cámara Penal de la CSJ donde emitió una resolución que afectó a Juárez Mateo y a López Reyes, al resolver una apelación del Ministerio Público que podría enviarlos de nuevo a prisión.

Se le acusa también de haber emitido una resolución que extendía el encarcelamiento preventivo del periodista Jose Rubén Zamora Marroquín hasta el 23 de septiembre de 2025,

A diferencia de otros magistrados de su bloque, Morales Duarte no figura actualmente en listas de sanciones internacionales. Esta situación le ha permitido mantener una agenda de representación en el extranjero, incluyendo foros judiciales en Washington. Además, en 2024 recibió el Premio al Mérito Jurídico otorgado por la Barra Interamericana de Abogados, reconocimiento que utiliza para respaldar su perfil técnico frente a los cuestionamientos de sectores que señalan la falta de independencia en sus actuaciones.

Su gestión se ha centrado en los siguientes ejes: Ha implementado programas para reducir la mora judicial y agilizar la resolución de expedientes acumulados de años anteriores. Mantiene una agenda de reuniones con el cuerpo diplomático y organismos internacionales. Y ha impulsado la formación de jueces sobre la aplicación de nuevos acuerdos, como el 06-2026, buscando unificar criterios en la aplicación de la ley penal.

Morales Duarte se graduó como abogado y notario en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) en 1995. Posee una Maestría en Gestión Jurisdiccional por las universidades San Pablo y Rural. Antes de integrar la Corte Suprema de Justicia presidió la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Huehuetenango (2014-2019) y fue vocal de la Junta de Disciplina Judicial. También desempeñó cargos como asesor legal en la Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia y en el Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA).

13. Jenny Noemy Alvarado Teni

La magistrada Jenny Noemy Alvarado Teni es la titular de la Vocalía XIII de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para el período 2024-2029. Su perfil combina una trayectoria en la defensa pública y la magistratura regional en Alta Verapaz con una posición integrada en el bloque mayoritario que dirige actualmente el Organismo Judicial.

En octubre de 2024, fue elegida magistrada de la CSJ por el Congreso de la República con 104 votos, contando con el respaldo de las bancadas mayoritarias.

En la dinámica del pleno de la CSJ, Alvarado Teni es identificada como integrante del Bloque de los 9. 

Sus votaciones han sido consistentes con la línea de este grupo, participando en el rechazo de solicitudes de antejuicio contra funcionarios y en la aprobación de traslados de jueces en plazas estratégicas.

Su trayectoria ha sido objeto de fiscalización por parte de organizaciones civiles. Su nombre fue vinculado por la Red de Información contra la Impunidad (RICIG) y otros sectores al caso de cooptación judicial de 2020.

En 2019 fue señalada de negociar una planilla única para elegir a los integrantes de la Comisión de Postulación para elegir representantes de los magistrados de la Corte de Apelaciones, acto que fue invalidado por la Corte de Constitucionalidad (CC) mediante un amparo que ordenó repetir el proceso.

Se han reportado expedientes en su contra por presunto tráfico de influencias, prevaricato e incumplimiento de deberes. Además, registra denuncias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por presuntas violaciones al debido proceso.

Dentro de la CSJ, integra la Cámara Penal, trabajando junto a magistrados como Gustavo Adolfo Morales Duarte. Su gestión técnica se ha enfocado en dos áreas principales: Fortalecimiento del Modelo de Atención Integral para Mujeres Víctimas de Violencia y en acciones contra la trata de personas y la protección de la niñez y adolescencia en situación de riesgo.

La magistrada Jenny Teni no figura en listas de sanciones internacionales. Esta condición le permite mantener una agenda activa de representación institucional en foros nacionales e internacionales sobre modernización judicial y derechos humanos.

El mapa del poder constitucional para 2026-2031

Con la CSJ completando su designación de magistradas, el mapa de la Corte de Constitucionalidad comienza a definirse. La finalización del proceso en el Organismo Judicial, se suma a los nombramientos realizados por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), que eligió a Astrid Lemus y Fernando Bermejo, y a los del Consejo Superior Universitario de la USAC, que designó a Julia Marisol Rivera Aguilar y José Aguirre Pumay en un proceso también marcado por bloqueos y protestas en La Antigua Guatemala.

Quedan pendientes, a la fecha, la designación de magistrados a CC por parte del Congreso de la República y por parte del Ejecutivo a cargo de Bernardo Arévalo.

La resolución de la CSJ de escoger a Dina Ochoa y a Claudia Paniagua confirma que la estructura de mando del Organismo Judicial ha optado por el continuismo. Al elegir a dos magistradas que ya conocen la operatividad de la CC y que han sido cómplices en parte de sus fallos más polémicos, como no investigar las acciones del Ministerio Público en contra de las elecciones generales de 2023..

La rapidez del proceso, los métodos de votación que excluyeron a decenas de candidatos, la falta de transparencia, consolidan la percepción de que la justicia en Guatemala para el próximo quinquenio seguirá bajo la influencia del bloque que emergió de las cuestionadas comisiones de postulación de 2020 y 2024. 

La reelección de Paniagua y de Ochoa en la CC, deja a la sociedad civil con pocas herramientas de impugnación, toda vez que las designaciones se realizaron bajo un marco de discrecionalidad que la CSJ defiende como su atribución constitucional.