Antes de terminar su mandato, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) deja una denuncia que evidencia la forma en que políticos y operadores oscuros intervienen en los procesos de elección de las cortes de justicia. En medio de un nuevo proceso de Comisiones de Postulación para 2019, la CICIG denuncia que la actual Corte Suprema de Justicia se doblegó a la voluntad de dos excandidatos a la presidencia
La mañana del 25 de septiembre de 2014, los 13 magistrados electos de la actual Corte Suprema de Justicia (CSJ) se doblegaron ante dos ex candidatos a la presidencia de Guatemala. Les juraron lealtad. Les aseguraron protección ante cualquier acusación penal en su contra. Y comprometieron las cortes de justicia.
Ese fue el juramento de las máximas autoridades del Organismo Judicial en Guatemala –con la mano levantada sobre el hombro– ante Manuel Baldizón, ex candidato a la presidencia por el partido Libertad Democrática Renovada (Lider), y ante Alejandro Sinibaldi, postulado de manera prematura por el Partido Patriota (PP) para las elecciones de 2015.
Ambos ex candidatos, varios meses después, serían declarados prófugos de la justicia.
Baldizón, sin embargo, fue capturado en Estados Unidos en noviembre de 2018 acusado de lavado de dinero. Y desde ahí escribiría una carta a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), para una posible colaboración, recordando la forma en que él y Sinibaldi negociaron la elección de la Corte Suprema de Justicia:
“Para esta reunión se adecuó una Suite presidencial, la más grande del Hotel Vista Real, según recuerdo. Cuando llegué, había una mesa como de 20 personas en la cual estaban reunidos Alejandro Sinibaldi, Juan de Dios Rodríguez y los 13 magistrados que serían electos. También en una esquina de la suite, en una pequeña sala, estaban Mauricio López Bonilla y Gustavo Herrera”.
En su manuscrito, un documento que forma parte del expediente de investigación que CICIG remitió al Ministerio Público, Baldizón narra cómo se condicionó la voluntad de los magistrados que, en esencia, tienen a su cargo el traslado de jueces a distintos lugares y tribunales del país, también la decisión de retirar o no la inmunidad de distintos funcionarios públicos señalados de corrupción.
“Básicamente era acerca de un consenso que se hiciera entre todos si surgía cualquier situación, que se recordara que quienes los habían puesto eran los que estaban en esa reunión, fue un discurso directo hacia los magistrados que iban a ser electos por el Congreso de la República pocas horas después”, escribió el ex candidato de Lider.
En la reunión, los 13 magistrados también juraron que iban a defender y proteger a los presentes, y al próximo presidente de Guatemala, ya fuera Baldizón o Sinibaldi, y también a su vicepresidente. “Este juramento fue solicitado por Alejandro Sinibaldi”, enfatizó Baldizón en su carta escrita desde una cárcel en Estados Unidos.
Luego Baldizón interrumpió por completo su comunicación con la CICIG tras el anuncio del presidente Jimmy Morales, a finales de 2018, indicando que no renovaría el mandato de la Comisión en el país.
Así se resume una de las últimas denuncias presentadas por CICIG, a tan solo unos días de finalizar su mandato en el país, llamada “Comisiones Paralelas II” y que recae en la voluntad de la fiscal general, Consuelo Porras, para que el Ministerio Público pueda deducir responsabilidades. Los indicios resaltan que existieron negociaciones que podrían encuadrar en los delitos de tráfico de influencias y asociación ilícita.
Un caso que habla de cómo se coopta la justicia en Guatemala.
Un caso que se presenta a tan solo unos meses de que sea electa una nueva Corte Suprema de Justicia, con un plazo que vence en octubre de 2019.
Una historia que además describe la forma en que operan los políticos desde el Ejecutivo y el poder Legislativo, todos articulados en busca de impunidad e intervenir en el Sistema de Justicia y el proceso de elección de cortes.
La repartición de los magistrados
Para la construcción de este caso, los investigadores de la CICIG contaron con diversos testimonios. Entre ellos el del ex diputado del PP, Édgar Cristiani, quien en su declaración hizo notar que dentro del partido se conocía que los ex candidatos a la presidencia habían negociado elegir cada uno el 50 por ciento de los magistrados.
El acuerdo fue de seis magistrados para Sinibaldi y siete para Baldizón.
Entre agosto y septiembre de 2014, los magistrados de la actual CSJ hicieron una romería para ver a cada uno de sus patrocinadores. Las reuniones quedaron acreditadas tras los interrogatorios realizados a las asistentes y secretarias de cada uno de los ex candidatos. Así como registros de salones del Hotel Vista Real reservados por la asistente de Sinibaldi o pagados por el contador de una de las empresas de Gustavo Herrera, según facturas del hotel y reportes de reserva. Todas las reuniones (con facturas de Q13 mil a Q16 mil) fueron siempre pagadas en efectivo.
Así, por ejemplo, la CICIG acredita que Sinibaldi se reunió en su oficina de zona 10 entre cuatro o cinco veces con sus magistrados seleccionados: Douglas René Charchal Ramos, más tarde acusado por los delitos de asociación ilícita y tráfico de influencias en el caso TCQ; Vladimir Osman Aguilar Guerra, también investigado en el caso TCQ y quien renunció al cargo; Ranulfo Rafael Rojas Cetina, Silvia Verónica García Molina, Nester Mauricio Vásquez Pimentel y Nery Oswaldo Medina Méndez.
El intermediario de Sinibaldi dentro del mundo de los abogados era Gustavo Herrera, un oscuro operador político, hoy prófugo en Nicaragua, y conocido por mover los hilos del poder para ubicar a sus allegados en las posiciones más importantes del sistema de Justicia.
Baldizón hizo lo mismo con sus propios magistrados seleccionados, en su oficina de la empresa Regal Group, ubicada en el kilómetro 17.5 de Carretera a El Salvador. El ex candidato avisaba a su secretaria para preparar la sala de reuniones porque asistiría “el grupo de los magistrados”: Blanca Aída Stalling Dávila, Sergio Amadeo Pineda Castañeda, Silvia Patricia Valdés Quesada, Vitalina Orellana y Orellana, Delia Marina Dávila Salazar, Josué Felipe Baquiax Baquiax y José Antonio Pineda Barales.
La diputada Delia Bac, según consta en la denuncia de CICIG, era la encargada de llevar a los candidatos ante Baldizón.
Algunos de estos 13 abogados, no obstante, buscaron sus propios recursos para poder llegar a estar entre los elegidos. Blanca Stalling y Sergio Pineda acudieron al ex rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Estuardo Gálvez, para que Baldizón los incluyera en su listado según la denuncia presentada por CICIG.
Gálvez, al ser entrevistado por No-Ficción, negó haber sostenido cualquier reunión con Baldizón en 2014 para promover algunas candidaturas a magistrados de CSJ. Reconoció, sin embargo, ser amigo de los dos magistrados que el ex candidato de Lider, en su carta desde una prisión de EEUU, dice haber escogido por sugerencia de Gálvez. “Sergio Pineda da clases en la facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos y lo conozco. A Blanca Staling la conozco desde hace más de 20 años”, explica Gálvez y advierte que ninguno llegó a ser magistrado de la CSJ por recomendación suya.
La ex magistrada Stalling Dávila fue ligada a proceso por el delito de tráfico de influencias el 9 de febrero de 2017. El Consejo de la Carrera Judicial la separó de su cargo en mayo de ese año.
Otro abogado que buscó apoyos alrededor de los partidos políticos fue Douglas Charchal, un jurista especializado en derecho marítimo, ex trabajador de la Empresa Portuaria Quetzal por nueve años.
Charchal buscó a Juan Carlos Monzón, el ex secretario privado de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti. También al diputado Édgar Cristiani, para que intercedieran por su candidatura.
Monzón les dijo a los investigadores de CICIG que pidió a Roxana Baldetti incluir el nombre de Charchal entre los 13 magistrados de CSJ, debido a que los hermanos Carlos y Jorge Eduardo Ruiz Vásquez –conocidos como Los Fuchos– lo habían solicitado. Los “padrinos” de Charchal se encuentran entre los corruptores prófugos que, según el MP y la CICIG, pagaban comisiones a funcionarios de la administración del PP a cambio de obtener contratos públicos.
Ya como magistrado, Charchal fue acusado en septiembre de 2016 de haber cometido el delito de asociación ilícita y tráfico de influencias, por su vinculación en el caso de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
Otro de los magistrados escogidos por Baldizón y Sinibaldi que no logró concluir su mandato fue Vladimir Aguilar, quien presentó su renuncia después de que el MP solicitará el retiro de su inmunidad en mayo de 2016 al ser señalado de una supuesta vinculación con el caso TCQ, sindicado de haber dado opinión favorable al contrato de usufructo cuando estuvo al frente de la Procuraduría General de la Nación (PGN) en el gobierno de Otto Pérez Molina.
Cristiani, en sus declaraciones, también señaló que la magistrada Silvia García fue electa a petición de su esposo, el ex diputado del PP, Mario Linares.
En sí, la elección de magistrados de CSJ 2014-2019 estuvo intervenida por distintos grupos de poder a lo largo de varios meses. Sinibaldi y Baldizón, como declaró el piloto de Sinibaldi, se reunían periódicamente. Según el testimonio del propio Baldizón estas reuniones eran para coordinar las negociaciones, los votos de los diputados, y afinar el listado de nombres de los magistrados que ellos habían seleccionado.
El día de la elección, sin embargo, Roxana Baldetti sería la pieza clave para la coordinación de los votos del PP dentro del Congreso.
Los magistrados electos ya habían jurado lealtad ante Baldizón y Sinibaldi. Ahora quedaba esperar que los partidos cumplieran su palabra. Es decir, elegirlos y completar el círculo de impunidad y la sumisión de la justicia.
Según el testimonio del propio Baldizón estas reuniones (entre Sinibaldi y Baldizón) eran para coordinar las negociaciones, los votos de los diputados, y afinar el listado de nombres de los magistrados que ellos habían seleccionado.
Las instrucciones desde el Ejecutivo
A las 10:26 del 25 de septiembre, el día de elección de magistrados en el Congreso de la República, la asistente de Roxana Baldetti le informaba: “Ya hay quorum Licda. 18 de 32. Barquin / Bracamonte / Cojti / Contreras / Gramajo / Heredia / Emy / Edwin Martinez”
Y Baldetti le respondía: “Llámelos dígales q los están esperando en el pleno”.
Lider y PP, con 53 y 48 diputados respectivamente, se disponían a escoger a los 13 magistrados de la CSJ. En menos de 45 minutos, los 13 magistrados electos coincidían con el listado de nombres previamente pactado por Baldizón y Sinibaldi. Seis de Sinibaldi y siete para Baldizón.
“A nosotros el trabajo de conocer a los candidatos no nos corresponde”, decía el entonces presidente del Congreso, Arístides Crespo, diputado del PP, actualmente procesado por un caso de plazas fantasma del Congreso. “Confiamos en el trabajo de la Comisión de Postulación”, agregaba para justificar el por qué no verificaron ni reconocimientos ni trayectoria ni nada de los candidatos antes de someterlos a votación. Cualquier intento de acordar criterios de selección también fue descartado.
Baldetti, mientras tanto, tras bambalinas, coordinaba con sus diputados la elección ya pactada. En la denuncia presentada por la CICIG aparece una de las conversaciones sostenida ese día con la diputada Emmilienne Mazariegos, actualmente procesada por un caso de defraudación de recursos de la municipalidad de Chicamán, Quiché, por Q14 millones.
En esa comunicación, la ex vicepresidenta se ríe, pide que voten rápido, da instrucciones y se sorprende de que algunos partidos apoyen la negociación de elección de las cortes de justicia sin colocar a un sólo magistrado:
Baldetti: “¿Cuántos votos hay?”
Mazariegos: “Lider, PP y Todos”.
Baldetti: “¿Se quedó TODOS?”.
Mazariegos: “Sí”.
Baldettti: “Q bueno”.
Mazariegos: “No ellos no pidieron”.
Baldetti: “Háblale a Salvador. A ver qué dice…”
La diputada del PP, tras la orden de Baldetti, le pregunta al diputado de Lider, Salvador Baldizón, hermano de Manuel Baldizón, y regresa con una respuesta:
Mazariegos: “Todos va votar. Si jefa ya confirmaron”.
Baldettti: “jajjaja Sin poner nada jajaja”.
Mazariegos: “jajaja”.
Baldettti: “No los dejamos”.
Los magistrados de Baldizón y Sinibaldi fueron electos tal como estaba acordado: Silvia Patricia Valdés Quezada, 120 votos; Vladimir Osmán Aguilar Guerra, 98 votos; Blanca Aída Stalling Dávila, 100; Douglas René Charchal Ramos, 101; Silvia Verónica García Molina, 99; Vitalina Orellana y Orellana, 102; Nery Osvaldo Medina Méndez, 106; José Antonio Pineda Barales, 90; Josué Felipe Baquiax Baquiax, 101; Ranulfo Rafael Rojas Cetina , 93; Delia Marina Dávila Salazar, 102; Nester Mauricio Vásquez Pimentel, 97; Sergio Amadeo Pineda Castañeda, 101.
“Sabemos que son honorables, los más idóneos, porque así lo estableció la Comisión de Postulación. Nosotros sólo votamos”, añadía Crespo al final de la sesión.
Sin embargo, un mes más tarde, un amparo provisional de la Corte de Constitucionalidad (CC), a tan solo tres días de la toma de posesión de los nuevos magistrados de CSJ, en octubre de 2014, detuvo todo. Entonces, de nuevo, la dinámica de reuniones y negociaciones se reactivó: Políticos, magistrados electos y operadores oscuros.
La denuncia de CICIG incluye un desglose de visitas a casa presidencial de cada uno de los magistrados electos. Todos llegaron a ver a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.
En vísperas de su juramentación real ante el Congreso de la República, según describe la CICIG en su comunicado, los magistrados electos también se reunieron varias veces con Sinibaldi.
El 19 de noviembre de 2014, tras dos meses de haber negociado el listado con el nombre de los candidatos a CSJ, la CC confirmó el proceso de elección de cortes. Los magistrados electos, los que juraron lealtad ante Baldizón y Sinibaldi, podrían asumir su puesto. Con este compromiso, dirigirían la justicia en Guatemala durante cuatro años, de 2014 a 2019.
“La tortilla siempre da vuelta”
Para 2015, Roxana Baldetti había presentado su renuncia como vicepresidenta de Guatemala y estaba ligada a proceso penal señalada por la CICIG debido a su presunta participación como una de las principales líderes de la red de defraudación aduanera “La Línea”. Se le acusaba de haber cometido delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera.
Para entonces, los magistrados que ella había colocado en la CSJ le retiraron la inmunidad. Y Baldetti se quejaba.
“Pura mierda”, decía, “Pura mierda todos esos de la corte por los que votamos”, gimoteaba desde un mensaje de Whatssapp presentado por la CICG ante el Ministerio Público como evidencia de que ella reconocía su participación desde el Ejecutivo para influir en las decisiones del Legislativo.
Cada vez que Baldetti llegaba a una audiencia en los Tribunales intentaba reclamar el favor de haber ayudado en la elección de los magistrados. El exdiputado Édgar Cristiani presentó algunas de estas evidencias en su declaración de prueba anticipada ante el Ministerio Público.
La siguiente es una conversación de Baldetti el 21 y 22 de junio de 2015:
Baldettti: “Mañana me toca ir a tribunales. Le podes preguntar a Charchal si puedo usar parqueo y elevador porque ya sé que va a ser show para la prensa. Q si quisiera eso me ayuden. Ya me quitaron mi antejuicio. Y les valió quién los puso”.
A las peticiones de mensaje de Baldetti las dejaban “en visto” durante horas.
Los magistrados de CSJ se olvidaban de regresar el favor.
Baldetti: “Son una mierda. Pero deciles que la tortilla siempre da vuelta. Espero que ellos nunca me necesiten”.
A la fecha Baldetti enfrenta cinco procesos por casos de corrupción, entre los cuales ya recibió condena a 15 años y seis meses de prisión por el caso “Lago de Amatitlán”. Además, la justicia estadounidense solicita su extradicción por delitos de narcotráfico.
Baldizón está en una cárcel de Estados Unidos. Y Sinibaldi permanece prófugo de la justicia.
Los magistrados que fueron electos de esta forma anómala, entregarán su cargo el próximo mes de octubre de 2019.
Esta denuncia presentada por la CICIG ante el MP que relata la cooptación de las cortes de justicia en 2014, es parte de más de 60 posibles investigaciones que deja inconclusas la Comisión antes de la finalización de su mandato en Guatemala. El seguimiento ahora corresponde a la fiscal general Consuelo Porras, cuya gestión se ha caracterizado por la pasividad y la falta de interés para presentar casos de alto impacto.
Además, esta investigación previa aporta indicios sobre cómo los políticos condicionan las decisiones de jueces y magistrados. Y cómo, operadores políticos, diputados y magistrados intervienen en la elección de las cortes de justicia, en medio de un nuevo proceso de Comisiones de Postulación en el que se elegirán a las más altas autoridades de la justicia en Guatemala antes de finalizar el año 2019.
