La llegada del coronavirus al país visibilizó el abuso que se comete hacia los empleados por parte de las empresas. Despidos sin indemnización e incumplimiento en el pago de prestaciones son algunas de las denuncias de los trabajadores durante la crisis. Don Rodolfo de Jesús Chun Segura trabajó durante ocho años en una empresa de seguridad privada y fue despedido sin indemnización.

El 1 de mayo, un mes y medio después del primer caso de coronavirus en Guatemala, Don Rodolfo Chun, de 62 años, fue notificado por sus jefes de que sería suspendido debido al alto riesgo que tenía de contraer el virus. Desde que empezó a trabajar como guardia de seguridad en la empresa Protección Élite de Guatemala en 2012 nunca recibió el bono 14 y aguinaldo, y tras su despido tampoco le dieron su indemnización.

“Por la pandemia y por ser usted una persona de la tercera edad lo vamos a suspender dos meses con el sueldo de Q1 mil quincenales”, le dijeron.

Al terminar los dos meses, Don Rodolfo se presentó a la sede ubicada en la 37 avenida 4-18, residenciales Bosques de San Nicolás, zona 4 de Mixco. Al llegar, no lo dejaron entrar a la empresa a la que dedicó ocho años de su vida. Una secretaria lo atendió en la puerta y le explicó que no continuaría con su empleo.

“Pasaron los dos meses y me dijeron que me iban a llamar, no lo hicieron. Pasó un mes y el 3 de agosto llegué a la empresa y de una forma prepotente la secretaria me dijo que no había empleo. Lo que entendí fue que me habían dado corte. Hablé con otro jefe y me dijo que no había empleo en la empresa”.

Las empresas de Seguridad Privada son uno de los sectores con más denuncias de abusos laborales durante la pandemia. Un reportaje del Diario La Hora titulado Seguridad privada, el sector más denunciado ante el Ministerio de Trabajo señala que del 2016 al 2019 se han presentado 5 mil 834 denuncias ante la Inspectoría General de Trabajo en contra de empresas de seguridad privada por incumplir con derechos laborales.

Sobrevivir e intentar reclamar sus derechos

Desde hace tres años Don Rodolfo y su esposa Gilda Maritza Sánchez de Chun viven en dos cuartos que alquilan al final del Barrio San Antonio, zona 6 de la ciudad capital. Los cuartos están construidos de madera y lamina. En uno tienen su cama, una mesa, una platera, una refrigeradora en donde colocan un pequeño televisor. El otro lo usan como bodega.

Doña Gilda explica que desde el despido de su esposo ya no viven, sino sobreviven. Desde hace dos meses se dedica a lavar ropa de otras familias para comprar comida. Por lavar 50 prendas cobra entre Q10 a Q15. Esto lo hace dos veces al día para comprar el almuerzo, cena y desayuno del siguiente día.

“Yo me voy a lavar ropa ajena, pero uno también se cansa por la edad (tiene 55 años). Otro problema es que las personas también se aprovechan de nuestra necesidad porque le dicen a uno que solo tienen 10 quetzales y que si los queremos bueno y si no que lo dejemos”.

Cuando Don Rodolfo trabajaba recibía mensual Q3,080. Pagaba puntual a la dueña de la casa por los dos cuartos en los que viven. Ahora, deben pedirle tiempo para poder juntar los Q700 que les cobra. Doña Gilda explica que la propietaria de la casa los presiona y los amenaza con sacarlos.

“La dueña me está exigiendo los Q700 para pagar los cuartos, pero de dónde voy a sacar el dinero para pagarle. Yo le dije que me espere porque mi esposo no tiene trabajo, pero a cada rato me está presionando”.

Cuando Don Rodolfo no hace trabajos de albañilería o pintura para generar ingresos, sale a caminar para distraerse y se pone a hablar con algunos vecinos.  A veces se asoma a la puerta de su cuarto y observa los carros que pasan en la Calzada La Paz. Desde su casa que se encuentra en un barranco se puede ver el Centro Comercial Portales.

A pesar de las difíciles condiciones laborales en las que estaba, Don Rodolfo esperaba regresar a trabajar como guardia de seguridad. Antes de ser despedido estuvo ocho meses resguardando las instalaciones del Elektra ubicado en la colonia Atlántida zona 18. En ocasiones, cuando acababa su turno de 24 horas era llamado para hacer otro turno.

“Era un trabajo bien pesado. No cualquier persona aguanta trabajar un turno de 24 horas y que le llamen para decirle que va a otro turno de 24 horas. En los años que estuve trabajando nunca tuve vacaciones, jamás me las dieron. Una vez me ausenté unos días por un golpe que me di y me descontaron los días”.

El pasado 17 de agosto fue a presentar una denuncia en la Inspectoría General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab). En el documento señala que busca el pago del bono 14, aguinaldo, vacaciones e indemnización. La fecha para que la empresa presente sus pruebas es el 11 de noviembre.

El texto señala que lo que más denuncian los guardias es el incumplimiento del pago de prestaciones laborales, de salarios y el cambio de condiciones de trabajo, es decir, les extienden los horarios de trabajo o los mandan a lugares lejanos sin viáticos.

Desde que empezó a trabajar en Protección Élite de Guatemala, Don Rodolfo lleva registros de los viajes que hizo al interior para cuidar camiones. Por esos viajes la empresa debió pagarle viáticos, pero nunca les reintegraba el gasto que ellos asumían. En sus informes hechos a mano tiene el detalle de viáticos que nunca le pagaron.

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En una entrevista, Javier Zepeda, Director Ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), reconoció que los despidos aumentaron durante el confinamiento decretado por el presidente Alejandro Giammattei. Agregó que la crisis no es factor para que las empresas incurran en incumplimientos laborales.

Por aparte, Juan Pablo Carrasco, presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (Amcham), explicó que la crisis económica que se vive hace que se dé una incertidumbre en la relación patrono-laboral que puede caer en incumplimientos.

Carrasco agregó que las medidas de emergencia de conservación del empleo por parte del Gobierno llegaron tarde lo cual hizo que algunas empresas tomaran medidas de hecho que no son las que legalmente proceden. Acciones como no pagar las prestaciones y los despidos injustificados.

Una pastelería que engaña al IGSS

En el siguiente caso cambiamos el nombre de la trabajadora y omitiremos a la empresa con el propósito de proteger a la empleada quien contó su historia a No-Ficción y la iniciativa El Colmo!.

Cuando el gobierno dio la opción a las empresas de suspender por tres meses los contratos laborales de sus empleados para que el Estado asumiera ese compromiso, la pastelería en la que trabaja Paula la agregó al listado de empleados suspendidos que envió al Ministerio de Trabajo.

Mientras estaba suspendida, sus jefes llamaron a los trabajadores y les comunicaron que el bono 14 se distribuiría en diez pagos. Paula explica que protestaron ante la decisión, pero que fueron amenazados con ser despedidos si no aceptaban la condición.

“Nos llamaron para avisarnos que no pagarían el bono 14 completo y que lo harían por pagos. En diez pagos dijeron que nos lo iban a dar y si no aceptábamos nos amenazaron con despedirnos. Alegamos, pero fue inútil porque ellos argumentaban que no tenían dinero”.

El 14 de julio el ministro de trabajo, Rafael Rodríguez dijo que las empresas debían pagar el bono 14 sin excepción porque deben tener un ahorro acumulado desde que se pagó dicho beneficio el año pasado. Además, explicó que, si las empresas siguieron operando durante el cierre, tampoco tiene la excusa de que no generaron ingresos en los últimos meses.

“Desde el día que se pagó el bono 14 el año pasado las empresas deben hacer la provisión porque eso es deducible del Impuesto Sobre la Renta (ISR), ese ahorro lo deberían tener. El trabajador no puede asumir el riesgo de malas decisiones comerciales, las empresas no debían usar ese ahorro más que para el pago del bono 14”.

Este argumento fue expuesto por Paula y sus compañeros, pero sus jefes explicaron que no tenían dinero ahorrado. Ante esta actitud algunos trabajadores presentaron una denuncia ante la Inspectoría General de Trabajo, pero no saben si esta prosperó. A la fecha han recibido dos de los diez pagos del bono 14.

Antes de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, la pastelería incumplía con el pago de las horas extras y había retrasos en los sueldos. Pero había un tema más importante: no reportaban el sueldo completo de los trabajadores al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y por ende las cuotas disminuían.

Una compañera de Paula fue suspendida tras un accidente. Tras hacer el trámite para que el Seguro Social le pagara los días que estuvo suspendida se dio cuenta que la cantidad fue baja. Al comunicarle eso a la empresa, los jefes le dieron en cheque la cantidad que el IGSS le pagó.

Al enterarse de eso, Paula constató que sus jefes están reportando la mitad de su sueldo al Seguro Social. Ella gana al mes el salario mínimo que son Q 3,075, pero la pastelería reporta únicamente Q1,500. Paula trasladó esta inquietud a sus jefes y la respuesta fue: “si a usted le toca ser suspendida nosotros le damos lo que le dé el IGSS, así junta lo que le corresponde”.

A decir del abogado experto en temas laborales, Alejandro Argueta, el incumplimiento de estos pagos al IGSS le genera un bolsón económico (crecimiento) a la empresa y explica que a esto se le conoce en el ámbito laboral como el enriquecimiento ilegal de una parte del sector empresarial como beneficio de la impunidad laboral.

“Ese dinero en lugar de pagarse al trabajador y al estado en las contribuciones y a los impuestos se lo embolsa la contabilidad de la empresa. Eso acrecienta la disponibilidad de liquidez y al término de un periodo fiscal aumenta la ganancia (para la empresa). A eso se le llama el aumento marginal de la ganancia por el incumplimiento de una institución legal”.

Argueta explica que con estas acciones y la falta de responsabilidad legal hacia las empresas por violar la ley, permite el enriquecimiento de una elite empresarial. “Con estos casos, como el de la pastelería, se comprende cómo Guatemala tiene una de las élites más ricas de América Latina”.

En una entrevista con Nómada, la viceministra de Administración de Trabajo, María Isabel Salazar explicó que las denuncias laborales que el Ministerio de Trabajo recibe diariamente sobrepasan la capacidad de la institución. Reciben en promedio entre 50 a 100 denuncias físicas diarias, a parte las que se hacen vía web y call center.

La funcionaria explicó que hay 203 plazas de inspectores aprobadas, pero únicamente hay 123 inspectores contratados para 22 delegaciones. En la Ciudad de Guatemala hay 43 inspectores, pero solo 12 están haciendo visitas de campo porque los restantes sobrepasan los 60 años y no pueden ponerlos en riesgo.

Mientras el Ministerio de Trabajo y Previsión Social no se fortalezca en sus capacidades, personas como Don Rodolfo y Paula están a la espera de que se resuelvan las denuncias presentadas en contra de las empresas que han violado sus derechos laborales. Y así como ellos, la pandemia de la COVID-19, ha dado la oportunidad a que muchas empresas abusen de sus empleados, reportando suspensiones de trabajo, realizando despidos injustificados, evidenciando lo frágil que es para muchos guatemaltecos lograr una sostenibilidad de ingresos cada mes. Sobrevivir no solo al coronavirus, sino también a las arbitrariedades laborales.