Gustavo Alejos contó todo. O al menos su propia versión sobre la forma oscura de elegir candidatos a Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones. Un entramado de corrupción donde desfilan diputados, magistrados, abogados, funcionarios públicos, postuladores… El empresario, acusado en el caso Comisiones Paralelas 2020, relató al Ministerio Público cómo se pactó y negoció el listado de los candidatos que podrían ser electos por el Congreso de la República para dirigir el Sistema de Justicia en Guatemala.

Gustavo Adolfo Alejos Cámbara es uno de los más grandes operadores del poder en Guatemala. Es omnipresente. Y su nombre siempre aparece en las tramas políticas más extremas del país. “Empresario farmacéutico”, según dice su currículo oficial; o “recaudador de dinero para campañas políticas de todo signo y color”, como indican sus colegas en el mundo de la política. Fue también secretario privado de la presidencia de Álvaro Colom (2008-2012). Y hoy está acusado en cinco casos de alto impacto que investigó la desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

El historial de Alejos es el de un hombre que habla al oído de los más poderosos y cuyas palabras tienen peso. Ahora, esa misma voz que hablaba con políticos fue escuchada por la fiscalía para contar su propia versión de cómo se llevó a cabo la negociación para elegir a los magistrados de las cortes de justicia. Una guía práctica para cooptar la justicia en Guatemala.

En la declaración de Alejos ante el Ministerio Público (MP), a la que tuvo acceso No-Ficción, es un relato que describe los pactos entre grupos de abogados, funcionarios del Organismo Judicial, decanos de facultades de Derecho y otros funcionarios públicos, con el fin de lograr votos en bloque dentro de las comisiones de postulación para apoyar a algunos candidatos. Irónicamente, los hilos de la justicia en Guatemala pasan por operadores señalados de corrupción como Alejos, acusado en los casos Transurbano, Negociantes de la salud, Financiamiento a la UNE, Cooptación del Estado y Red de poder, corrupción y lavado (este último clausurado provisionalmente).   

“Yo con todo esto de la elección de Cortes esperaba arreglar mis problemas, después me gustó el tema, pero yo quería arreglar mis problemas (…)” dice Alejos en su declaración ante la fiscalía al explicar su intervención en el proceso. Su voz no es la de cualquiera que explica todo el entramado político y de corrupción alrededor de las cortes de justicia y de toda Guatemala. El empresario, en mayo de 2021, fue incluido en las listas Magnistky y Engel, donde el gobierno de EE.UU. señala a los grandes operadores de corrupción en Centroamérica.

El relato de Alejos ante los fiscales arranca en 2019 durante las pesadas y prolongadas jornadas para la elección de los aspirantes a Magistrados de Salas de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia (CSJ). Estos cargos, en Guatemala, son evaluados por una comisión de postulación que, en la elección de los magistrados de la CSJ, se integra con 12 representantes de las facultades de Derecho del país (los decanos); 12 representantes de los magistrados de Salas de Apelaciones, y 12 representantes del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), más el presidente de la comisión (que suele ser uno de los decanos) para un total de 37 votos.

Esta comisión elige a los 26 candidatos a la CSJ, que luego envía al Congreso de la República, donde los diputados deciden quiénes serán los 13 magistrados titulares y sus suplentes. De igual forma, otra comisión de postulación designa a los 270 aspirantes a magistrados de Salas de Apelaciones, sólo que en este caso, en lugar de los representantes de Salas, es la propia Corte Suprema de Justicia la que elige a los candidatos (la actual CSJ contó con 12 postuladores).

Así inicia el relato de Alejos. En su declaración refiere que el grupo en el que él participaba llegó a controlar 25 de 37 votos de los comisionados.  Pero ¿cómo llegó a este punto? ¿Cómo se coopta el proceso de elección de magistrados? El empresario tiene su propia versión, un manual para controlar el Sistema de Justicia.

Hacer del caos una escalera

Aunque en teoría los comisionados de las postuladoras tienen que guiarse por la evaluación de los expedientes, calificando logros académicos y cosas tan intangibles como el honor y la honradez, en la práctica los votos se coordinan por afinidades, grupos de interés y favores que luego son canjeables. Alejos ofreció detalles de cómo sucede en la realidad. El empresario entró en el ruedo de las negociaciones por una coyuntura favorable.

“A mí me invita Oscar Argueta (diputado de la UNE, secretario general del partido en esas fechas) entre el periodo del 13 de junio de 2019 que sale la convocatoria del CANG para participar en la elección de comisionados para representantes en las distintas cortes, al 27 de julio de 2019 que fue la elección de estos representantes, para que conozca a Wilson López, el sobrino de Rony López” refiere Alejos.

Para ese momento Alejos ya se encontraba ligado a proceso por los casos Transurbano, Negociantes de la salud y Cooptación del Estado, pero aún no había salido a la luz el caso de financiamiento electoral ilícito de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). 

Consultado al respecto el diputado Oscar Argueta niega que él haya “invitado” a Alejos a participar en ninguna negociación. Según el congresista, en 2019 se encontraba en una reunión del partido preparando la campaña electoral en un restaurante cuando recuerda que él le presentó al también diputado electo por la UNE, Estuardo Vargas, a dos abogados: Wilson López y Carlos Paredes, integrantes del grupo Coalición Gremial. 

“Le cuento (a Vargas) que con ellos estamos trabajando en el Colegio; yo soy agremiado del CANG, y estábamos trabajando con una planilla. Me dice ´que buena onda muchá, intercambiemos números, yo los puedo apoyar también´, y hasta allí me quedé yo. Después me entero que (Vargas) se los había presentado a Gustavo”, dice el diputado Argueta.

El congresista asegura que Alejos le mintió a la fiscalía. “Gustavo no menciona a Estuardo (Vargas) porque es su ´brother´y además tienen negocios juntos”, aseguró el diputado Argueta. No-Ficción trató de contactar vía telefónica y por envío de mensajes al diputado Vargas, pero al cierre de esta publicación no obtuvimos una respuesta del congresista.

Según el testimonio de Alejos, él conoció a uno de los presuntos operadores de los votos en las comisiones de postulación, al abogado Dennis Billy Herrera Arita, por intermedio del exfiscal Contra el Crimen Organizado, Rony López, uno de los acusados por la CICIG de participar en el caso Manipulación de Justicia. Por esas fechas, indica el empresario, el abogado Herrera Arita, negociaba con el fundador de la Universidad Da Vinci, Fredy Cabrera, “apoyo gremial”, es decir, buscaba respaldo de abogados para la elección de representantes del CANG a la comisión de postulación, pero Cabrera se presentó como candidato a la presidencia por el partido Todos y ese acuerdo se rompió.

“Dennis se separa de él y hace su propia planilla, al hacer esto me pide que le ayude a financiar a su grupo. Yo tenía un amigo que es abogado y que estaba interesado en ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que es mi amigo Carlos Humberto Rivera Carrillo y los presento a Carlos Humberto con Dennis Herrera” dice Alejos en su testimonio. En la declaración es cauto en reconocer su influencia, aunque aparece en el centro de cada negociación importante.

Rivera Carrillo fue más tarde incluido en la nómina enviada al Congreso como candidato a magistrado de la CSJ. Mientras las negociaciones entre grupos avanzaban, una acción legal interrumpe el proceso y da pie a un reacomodo. 

La Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó, el 16 de septiembre de 2019, que se repitiera el proceso de conformación de la comisión de postulación para la CSJ. Esta resolución se dio a causa de que  los representantes de Salas de Apelaciones a la postuladora fueron elegidos en un proceso sin convocatoria, publicidad y en una planilla única violando la ley de Comisiones de Postulación.

Esta pausa provocó un reacomodo en las alianzas que fue aprovechado por Alejos para ganar influencia en las postuladoras. “La CC ordena que se vuelva a empezar esa elección, se reorganizaron los magistrados y quien ganó electores fue Estuardo Castellanos y el que perdió fue el grupo de (Juan Carlos) Godínez, ahí es donde entra el licenciado Ajín, también le da el tiempo a los grupos de abogados, que entre las planillas hagan las alianzas” refiere el empresario.

El “licenciado Ajín” como admite más adelante Alejos, no es otro que su propio abogado: Armando Ismael Ajín Pérez. 

Los grupos en disputa por controlar la justicia

En su declaración Alejos hace un mapa de actores. Coloca a los grupos de abogados que competían con sus planillas por el CANG casi como los clanes disputando el poder en la serie Game Of Thrones. Desfilan así los coordinadores de las planillas: el excandidato presidencial de Todos y fundador de la Universidad Da Vinci, Fredy Cabrera, en la planilla 1; Juan Carlos Godínez, como el líder del “grupo de Mixco”, en la planilla 2; Luis Fernando Ruiz, el expresidente del CANG y más tarde candidato a magistrado de la CC, por la planilla 3; mientras que el exmagistrado de la CSJ, Luis Alberto Pineda Roca, lideraba la planilla 6; y el ex rector Estuardo Gálvez, como líder de la planilla 7.

Según el testimonio de Alejos los grupos con más incidencia en la elección fueron aquellos en los que participaba el magistrado de Sala de Apelaciones, Wilber Estuardo Castellanos Venegas, en coordinación con el abogado Juan José Bolaños, este último, en esta trama, era el delegado por el ex rector de la Usac, Estuardo Gálvez, para las negociaciones. Además del grupo del expresidente del CANG, Luis Fernando Ruiz, el cual, en su séquito, reunió apoyos de la planilla 2, de Godínez y su grupo de Mixco que “se quedó sin electores”; y del grupo de Fredy Cabrera con los abogados Dennis Herrera Arita y Salvador Soto, sus grandes intermediarios.

Al inicio de las negociaciones, refiere Alejos, “todos decían que tenían los votos de los decanos, Estuardo Gálvez también decía que tenía a los decanos, pero él sólo tenía 2 que eran Gustavo Bonilla (USAC) y David Ricardo González Tablada (Universidad Regional)”. 

Así, la búsqueda de acuerdos para elegir a los futuros magistrados se produce desde diferentes frentes de batalla. Cuando se repitió por orden judicial la elección de los representantes de Salas de Apelaciones para la elección de la CSJ, según Alejos, “agarra fuerza” Castellanos porque en ese entonces era presidente del Instituto de Magistrados.

“Había una disputa de Carlos Guerra Jordán, presidente del Consejo de la Carrera Judicial, con la Corte Suprema y decidieron que el enlace sería Estuardo Castellanos”. cuenta Alejos en su testimonio.

El relato en la fiscalía 

Cualquiera puede imaginar a Gustavo Alejos sentado ante la fiscalía relatando la historia de cómo se cooptan las cortes de justicia en Guatemala. Los diputados, los abogados, los comisionados, los candidatos… todo un relato de impunidad. 

Uno de los puntos culminantes en su declaración sucede cuando el empresario queda frente a un álbum fotográfico, donde aparecen los rostros de todos los funcionarios y agremiados que llegaron a visitarlo al hospital de la zona 2, donde estaba detenido. Nombres y datos, uno tras otro, frente a los fiscales, Alejos pasó un día entero revisando y verificando las fotografías de las 64 personas que los investigadores en el caso Comisiones Paralelas 2020 lograron documentar. 

Hacia las 9 de la noche, Alejos por fin había terminado su relato sobre cómo en realidad se eligen los magistrados para Salas de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia. Los fiscales, a esa hora, conducen el recuento de las reuniones con comisionados, abogados particulares, candidatos a magistrados y funcionarios públicos que buscaban una forma de alinear los votos necesarios para incluir en la lista final a sus protegidos.

— ¿Qué personas, que aparecen en el listado, le fueron a visitar en el tiempo en que estuvo en el Sanatorio Ciudad Nueva, zona 2? — le preguntó el interrogador.

— El número 28, corresponde a Juan Salvador Soto como la persona que participó con Dennis Herrera Arita en la planilla 1 y, quien fue al sanatorio a traer listados marcados —  respondió.

Continuó: — 29, es el licenciado Carlos Alfredo Jáuregui Muñoz, como el comisionado que me visitó para ver cómo iban a integrarse en la comisión. 30, es Jennifer Dell’Acqua, como la esposa del licenciado Saúl Zenteno —. 

— La número 34, es Olga del Rosario Alfaro Pineda quien me visitó en el sanatorio para ir a traer los listados. El 40, es Dennis Billy Herrera Arita, que fue comisionado. 58, es Adolfo Quiñónez Furlán, que llegó conmigo y me visitó, pero no aparece en las grabaciones que tiene el Ministerio Público. Creo que me visitó el sábado 15 de febrero, el mismo día que me visitó Luis Pineda — . 

Los listados a los que se refiere son las nóminas con candidatos auspiciados por los diferentes grupos.

Previo a identificar a estas personas, Alejos narró a los fiscales lo que sucedió durante la semana de la elección, el período del 7 al 15 de febrero de 2020. 

— El viernes 7 me llega a visitar Juan José Bolaños. Estuardo Gálvez me dijo que él sería su vocero. El sábado 8 me visitó el comisionado Jaúregui, pero como no había un listado definido y todos estaban peleando, yo recomiendo no votar — dice, — y es por eso que en esa sesión no vota ningún grupo del candidato 1 al 70, no habían suficientes votos —. 

En efecto, ese día los comisionados de la postuladora no lograron ningún acuerdo. La “recomendación” de Alejos tuvo la potestad de paralizar una ronda de votación. 

El lunes 10, como recordó el empresario, fue un día muy ocupado. Comisionados y candidatos acudían a Alejos en zona 2 para tener su visto bueno sobre la votación. En su declaración explicó que existían cuatro listados, aunque solo detalla en qué consistían dos: uno marcado con asteriscos y otro con letras para reconocer por quién votar. Era una guía.

El listado con asteriscos era usado por los comisionados, mientras que el de letras solo era conocido por operadores de un nivel superior. La razón, según Alejos, era porque si los electores veían las letras tendrían la certeza de cuál candidato era afín a cada operador y se producirían “venganzas gremiales”, como dijo el empresario a los fiscales, y conocer eso evitaría que los abogados llegaran a un acuerdo para la votación.

Ese día, el primero en llegar con Alejos fue el magistrado Estuardo Castellanos. Con él llevaba una lista previa que había compartido antes por transferencia desde su celular. Después se presentó Olga del Rosario Alfaro Pineda, de la Defensoría Pública. Ella dejó otra lista, y luego apareció Jennifer Dell’Acqua que recogió dos de los cuatro listados para socializarlos con la comisión.

Horas más tarde, Juan Carlos Godínez, candidato a magistrado, y uno de los señalados por EEUU en la lista Engels, se presentó al sanatorio al darse cuenta de que ni él ni su ‘gente’ entraban en la lista. Así que la modificó para incluirse, pero no obtuvo el apoyo del resto de operadores. 

— Sus electores al ver que él (Godínez) se puso 100, prácticamente, en la nota no fue mucho de su agrado” — contó Alejos.

Sin embargo, esos listados, entregados durante el día, fueron modificados en la noche en una reunión entre Estuardo Castellanos, Juan José Bolaños y Alejos. 

— Ahí estaban Estuardo (Castellanos), Dennis (Herrera), Salvador Soto, y se mete en un consolidado todas las listas. Ahí se ve como entra Salvador y como entra Dell’ Acqua (a la lista) —, explicó. Así, con el pacto sobre los candidatos, concluyó ese lunes en el relato de Alejos.

Estuardo Castellanos fue consultado sobre la forma en que Gustavo Alejos lo ubica ese día manipulando los listados. El magistrado respondió a No-Ficción que no ha visto esa declaración (la de Gustavo Alejos), que le resultaría difícil pronunciarse. Agregó, no obstante, que le parecía raro que este documento fuera publicado, porque el proceso está bajo reserva. 

“Quiero decirle que es falso. Yo pienso, realmente creo, que el señor Gustavo Alejos está declarando falsamente con la única intención de obtener beneficios que de hecho le están otorgando de parte de la fiscalía”, contestó Castellanos.

En esta cronología de hechos elaborada por el nuevo colaborador de la FECI, el martes de esa semana llegó Jorge Baldizón, hijo del excandidato presidencial del partido Lider, Manuel Baldizón, hoy acusado en Estados Unidos por el caso Odebrecht y con una causa abierta por este mismo proceso en Guatemala. Jorge visitó a Alejos ese día para presentarle a Saúl Zenteno Téllez, un abogado originario de Petén, el bastión político y territorio dominado por la familia Baldizón. Alejos, sin embargo, no dio más detalles de esta visita a la fiscalía. 

Ese martes, según el empresario, el listado final con el nombre de los candidatos fue entregado a la comisión por el magistrado Castellanos.

— Se votó el 11 y 12 de febrero, con la lista ya arreglada. Pero solo manejaron los listados con asteriscos, nadie de ellos tenían listados con letras. — dice el testimonio. Según Alejos, sólo él, Castellanos y ahora el MP han visto una copia de ese  listado final aprobado por los operadores de alto nivel. 

Las “banderas” de la votación

La forma para votar dentro de la comisión, según Alejos, era a través de “banderas”. El comisionado, Salvador Soto, fue una de estas “banderas”. Cuando él subía la mano era la señal para votar por ese candidato. En el testimonio se refiere que contaban con 25 de los 37 votos de los comisionados con lo cual lograban la inclusión de sus favorecidos en el listado final. 

Los candidatos que no lograban ser incluidos recurrían a Alejos como un último recurso para figurar en los seleccionados. Por ejemplo, Romeo Monterrosa Orellana, magistrado de Apelaciones, que buscaba la reelección, al darse cuenta que no entró con el apoyo del grupo de Godínez, le pide ayuda a Alejos el sábado 15 y es añadido a la lista de 270 aspirantes a magistrados entre los que elegiría el Congreso. 

En su testimonio, Alejos también asegura que el magistrado Castellanos tenía en un inicio el control de los listados, pero evitaba mostrar que tenía los nombres acompañados por letras “para no evidenciar los sobrantes” y poder “jugar” dejando fuera a algunos candidatos. 

En entrevista con este medio, Castellanos negó conocer a Alejos más allá de las publicaciones que ha visto sobre él en medios de comunicación. “Así que resulta absurdo que él diga que yo lo hice, cuando el mismo Ministerio Público ha señalado que él era quien estaba organizando todo eso”, se defendió. 

Alejos nunca mencionó el pago de sobornos a cambio de votos durante el proceso, tampoco se presentó como el cabecilla de la estructura que supuestamente manipuló la elección de magistrados. 

La única ocasión en toda la transcripción de su testimonio, que consta de 12 páginas, en el que comentó el cobro de dinero por un lugar en la lista fue respecto a la diputada Hellen Ajcip del partido VIVA. Joel Ajcip, el padre de la diputada, fue aspirante a magistrado de Salas de Apelaciones pero no integró el listado final. 

En este testimonio Alejos no brindó más detalles de cobros de dinero ni se refirió a otras visitas de políticos al sanatorio de zona 2, donde se encontraba detenido. Únicamente se refirió a los políticos que documentó el MP, los diputados, Estuardo Vargas de la UNE o Sofía Hernández de UCN. 

La congresista de Viva justificó sus visitas a Alejos en el hospital diciendo que era su amigo. Ajcip dijo en conferencia de prensa, según una nota de Prensa Libre: “mantengo una relación de amistad con el señor Gustavo. ¿Y en qué momento se conoce al amigo? más que en la enfermedad”. 

Al finalizar su testimonio ante la fiscalía, de noche en las oficinas de FECI, Alejos se comprometió a dar más información sobre este caso. 

“(…) pero quería arreglar mis problemas. Me gustan los números y armar todas estas cosas. Cuando ya había pasado todo, la verdad quería botar todo, porque al final nadie va a poder conocer mis casos. Me comprometo a proporcionar más información con relación a este tema” dijo en su declaración. 

El ocho de abril de 2021, Juan Francisco Sandoval, jefe de la FECI, confirmó que Alejos era testigo en el caso Comisiones Paralelas 2020, pero ha negado que tengan un acuerdo de colaboración eficaz. 

Casi tres semanas después, Alejos fue incluido por Estados Unidos en la lista Ley Global Magnitsky de Responsabilidad por los Derechos Humanos, que incluye la prohibición para ingresar a ese país y el bloqueo de todas las propiedades o cuentas del empresario en EE.UU. Esto por su participación en “serios abusos de corrupción” según el Departamento del Tesoro estadounidense “buscando influenciar el proceso de selección judicial para magistrados a la CSJ y la Corte de Apelaciones”, esto por medio de “pagos a diputados del Congreso y a jueces y magistrados de la CSJ (…) para influenciar un resultado en ambas instituciones que aseguraría la futura liberación de prisión”.

Luego, en julio de 2021, Alejos apareció en la Lista Engel, del Departamento de Estado, como un operador en “importantes actos de corrupción” que socavan las instituciones democráticas en Centroamérica, según Estados Unidos.

Días después, el empresario salió de la cárcel de Mariscal Zavala con arresto domiciliario. Salía de prisión después de que el Juzgado D de Mayor Riesgo clausurara por dos meses el caso Red de poder, corrupción y lavado de dinero. 

Las listas de aspirantes a magistrados de Salas de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia elaboradas en las negociaciones coordinadas por Gustavo Alejos siguen vigentes. Estas se encuentran en manos del Congreso en donde pueden ser aprobadas o rechazadas. El control de la justicia del país por los próximos cinco años depende aún de un pacto surgido entre operadores de justicia, procesados por corrupción y políticos cuestionados por su inclinación a defender la impunidad en el país.