Guatemala enfrenta múltiples dificultades para detectar casos de lavado de dinero. Las organizaciones religiosas se han convertido en un agujero negro en un país por el que fluye el dinero de orígen ilícito.

Saturnino Molina, un fraile franciscano de origen salvadoreño, pasó por la aduana del aeropuerto de la Ciudad de Guatemala y negó tener algo que declarar. Parecía razonable que fuera así. Él era solo un peregrino en su ruta a Tierra Santa en una mañana de agosto de 2017.

Llegó al control de seguridad. Como cualquier viajero, se quitó los zapatos y pasó su equipaje por el escáner. Cuando se encaminaba a su puerta de embarque, fue detenido por las autoridades.

No era cierto que no tuviera nada que declarar. El fraile estaba tratando de viajar a Israel con algo más de 16 mil dólares en efectivo, en diferentes divisas, entre quetzales, euros y dólares.

Saturnino Molina no solo no pudo completar su viaje, si no que se metió en un grave problema Su caso cayó en manos de la fiscalía contra el lavado de dinero y él fue procesado por este delito y por perjurio, por mentir a las autoridades. Un año más tarde, un juez lo condenó a cuatro años de prisión. Y, como les sucede a miembros del crimen organizado, el Estado le expropió el dinero que ese día transportaba, y otros 75 mil dólares cuyo origen no pudo justificar y que tenía en cuentas bancarias.

El fraile Molina siempre sostuvo que había obtenido el dinero vendiendo rosarios y porque fieles católicos se lo donaron. Incluso, según explicó Henry Tesén, oficial de la fiscalía antilavado, presentó testigos que afirmaban haberle entregado limosnas al fraile.

Pero los investigadores no les creyeron. Hicieron un perfil del fraile, de sus actividades en la basílica de San Francisco El Grande, en la ciudad de Antigua Guatemala y de las personas que afirmaron haberle entregado dinero. Los fiscales no encontraron una explicación al origen del dinero, pero concluyeron que lo que el fraile argumentaba en su defensa no podía ser cierto. Los franciscanos, una orden con voto de pobreza, no realizaban ninguna actividad lucrativa, según averiguaron. Los supuestos donantes eran personas sin la capacidad económica para entregar esa cantidad de dinero. 

El caso, aunque mereció poca atención, es histórico. Hasta el momento, es el único en el que un religioso guatemalteco ha sido condenado por lavar dinero a través de su actividad religiosa, explicó la jefa de la fiscalía anti lavado Sara Sandoval.

Otros religiosos sí están siendo procesados por lavado. Pero hasta el momento ni han sido condenados, ni acusados de utilizar su actividad religiosa para el blanqueo.

Sergio Enríquez Garzaro, pastor de Ministerios Ebenezer, por ejemplo, está siendo procesado porque presuntamente prestó una de sus empresas para que la exdiputada Emilenne Mazariegos ocultara el origen ilícito de un vehículo de lujo que compró.

Julio Aldana, banquero y pastor de Ministerios Dios es Fiel, una iglesia de Zacapa con presencia en Estados Unidos, también está siendo acusado por haber, presuntamente, colaborado en las operaciones de lavado de los exmandatarios Otto Pérez y Roxana Baldetti. Aldana, que trabajaba para Banrural, habría puesto al servicio de Pérez y Baldetti algunas empresas que él gestionaba y les habría concedido préstamos.

Saturnino Molina, en cambio, sí utilizó su posición como fraile para justificar unos ingresos que hasta la actualidad se desconoce cómo obtuvo. Su caso es revelador porque ilustra precisamente por qué utilizar organizaciones religiosas es atractivo para el crimen organizado.

El caso del fraile evidencia que aún en los casos más sencillos en los que un religioso es sospechoso de lavado de dinero, los fiscales se encuentran con una dificultad principal en su investigación. Un fraile asegura que obtuvo 16 mil dólares gracias a la caridad de algunas personas.

¿Cómo demostrar que es mentira o que no puede ser verdad?

Los religiosos siempre tienen una coartada: fue una donación. Y esto es especialmente cierto en el mundo evangélico, en el que es común que los fieles entreguen hasta un 10 por ciento de sus ingresos (el llamado diezmo) a sus iglesias; y los pastores tienden a interpretar las donaciones como el resultado de la voluntad de Dios; si son muchas es porque la iglesia fue bendecida por su buen trabajo; si alguien se presenta con gran cantidad de dinero que donar no hay por qué hacer más preguntas, Dios lo puso en el camino de la iglesia.

“Si una iglesia recibe una donación de 100 mil dólares y lo ingresa en sus cuentas y nos dice que fue una donación, pero que no saben de quién porque la persona no puso su nombre en el sobre. ¿Cómo lo rastreamos?”, se preguntó la fiscal Sandoval.

Las coartadas son valiosas para los criminales. Y, quizá, en parte por ello, estos han vuelto su mirada a la religión.

El fiscal antinarcóticos Alan Ajiatas expuso que cuando capturaron a la madre de un conocido traficante, Eduardo Villatoro, alias Guayo Cano, por ser su testaferra y lavar su dinero, se encontraron con una sorpresa. La madre de Guayo Cano, María Esperanza Cano, explicó Ajiatas, aseguraba que sus ingresos eran producto de las donaciones que recibía como tesorera de una iglesia evangélica.

Tanto el caso del fraile Saturnino Molina como el de María Esperanza Cano fueron resueltos con más o menos facilidad, porque ninguno de los dos tenía una coartada muy elaborada. En realidad, no realizaban una actividad religiosa real que les reportara ingresos.

Pero desentrañar historias como las expuestas en esta investigación no parece tan sencillo. Juan Ortiz, Erik Suñiga, Nery Manfredo Natareno o Jorge René García Noguera eran narcotraficantes que sí tenían relación con iglesias reales, que organizaban conciertos, conferencias o eventos de todo tipo en varios países y contaban con numerosos fieles que podían hacer donaciones. ¿Cómo determinar en estos casos que la coartada no es veraz, que el dinero no pudo provenir de una actividad religiosa si no del narcotráfico?

La fiscalía contra el lavado está enfrentando esta cuestión en la actualidad.

Desde hace más de un año solicitan información a la iglesia Casa de Dios, después de que el medio Univisión publicó un reportaje que expuso la relación entre el pastor Cash Luna y una millonaria narcotraficante llamada Marllory Chacón, que fue extraditada y condenada en Estados Unidos.

Varias fuentes le relataron a Univisión que Luna y Chacón eran vecinos en un condominio de Carretera a El Salvador y que ella le había entregado dinero para construir su nuevo templo. El pastor lo niega y ha demandado a Univisión.  

Casa de Dios es una institución enorme, con dos templos, varios servicios semanales, eventos en varios países, obras de caridad y multitud de actividades que les pueden reportar donaciones o ingresos por venta de entradas o libros. 

El caso sigue en fase de investigación y aún no está claro que vaya a traducirse en una denuncia penal.

“Es un caso sumamente complejo, porque hablamos de una institución que mueve mucho dinero, y mucho dinero en efectivo”, explicó brevemente la fiscal Sandoval. La fiscal dijo que a medida que se ha requerido información a la iglesia, esta ha “implementando controles”.

Que hasta el momento la fiscalía contra lavado solo haya investigado estos dos casos, el del fraile franscisano y el de Casa de Dios (los de Aldana y Enriquez Garzaro fueron destapados por investigaciones de la CICIG), evidencia, a su vez, otro problema. 

El franciscano pudo ser procesado por lavado de dinero porque fue capturado in fraganti. La investigación contra Cash Luna inició de oficio por un reportaje en un medio de comunicación.

Ninguno de los dos casos fue resultado de la iniciativa de la fiscalía contra el lavado de dinero. Esta se nutre, según explicó la jefa de la institución, de casos flagrantes como el del fraile y de lo que se publica en los medios, pero principalmente de las denuncias que les remite la Intendencia de Verificación Especial (IVE).

La IVE es la entidad especializada en detectar el lavado de dinero en Guatemala y depende de la Superintendencia de Bancos, el regulador del mercado financiero.

“Nuestro trabajo es un 95 por ciento investigar las denuncias de la IVE”, dijo Sandoval.

Sin embargo, la IVE solo fue facultada para controlar a las iglesias en noviembre de 2013 y desde entonces solo monitorea a una mínima parte de ellas.

En principio, solo las iglesias que afirman recibir o enviar fondos desde o hacia el exterior del país están obligadas a remitir información a la IVE e implementar medidas para prevenir el lavado, tal y como están obligados los bancos y otras entidades que manejan grandes cantidades de dinero en efectivo.

Pero tampoco está claro que todas las iglesias que hacen transacciones internacionales cumplan con reportarse a la IVE.

En la actualidad, la institución sólo somete a control directo a 156 entidades sin ánimo de lucro (no diferencian entre iglesias y otro tipo de entidades por lo que en esta cifra están incluídas también fundaciones, ONG etc.), según información oficial proporcionada por la IVE.

Además, entre 2014 y 2019, la entidad solo detectó nueve transacciones catalogadas como sospechosas realizadas por entidades sin ánimo de lucro. Y hasta el momento no ha denunciado nunca a una ante la fiscalía por lavado, según informó la IVE.

En Guatemala existen 3,200 iglesias evangélicas y, muchas de ellas, o tienen presencia en otros países, o forman parte de redes de iglesias extranjeras, o cuentan con apoyo de misioneros internacionales.

Resulta evidente, por tanto, que hay un mar de operaciones financieras realizadas por iglesias que la IVE no está supervisando directamente.

Sin control inmediato antilavado, la responsabilidad de reportarle a la IVE las transacciones sospechosas que pueda realizar una entidad religiosa, recae en los bancos en los que las iglesias tengan cuentas.

Pero los bancos enfrentan el mismo problema que la fiscalía cuando investiga a una iglesia.

Ellos realizan perfiles de sus clientes y tienen la obligación de considerar sospechoso todo lo que se considere inusual para un determinado perfil. Pero ¿qué es inusual para una iglesia? Ante las preguntas de un empleado bancario, un pastor siempre tiene una coartada: fue bendecido con una donación especialmente generosa.

Además, la fiscal Sandoval afirma que es común que quienes deseen lavar dinero sepan cómo evitar los controles de los bancos. “Tienen gente que les asesora, gente que conoce muy bien qué operaciones llaman la atención y cuáles no. Saben por ejemplo, que mientras muevan cantidades inferiores a 10 mil dólares en efectivo no llaman la atención”, dijo la fiscal.

En Guatemala, en los últimos años varios banqueros han sido procesados por asesorar a lavadores o han sido señalados de hacerlo. En Banrural, segundo banco más grande del país, un expresidente, Fernando Peña, y un importante contratista, el ya mencionado pastor Julio Aldana, están siendo procesados por asesor en estrategias de blanqueo a políticos.  En G&T Continental, tercer banco del país, un exgerente ya fallecido, Flavio Montenegro, fue señalado por un testigo de hacer lo mismo.

Incluso, un expresidente del banco central, el Banguat, Edgar Barquín, fue condenado por tráfico de influencias por haber tratado de proteger a un lavador de las acciones de la IVE.

Más recientemente, en 2019, Álvaro Estuardo Cóbar fue condenado en Estados Unidos por poner al servicio del narcotráfico Bancredit, el pequeño banco que dirigía.

“El acusado tenía la capacidad de recibir grandes cantidades de efectivo e introducirlo en el sistema bancario evitando controles, regulación y la exigencia de reportar transacciones sospechosas. El acusado ofrecía esos servicios a individuos que él sabía que eran narcotraficantes”, se lee en un documento judicial de la corte que juzgó a Cóbar.

A todo esto, se suma, además, otro hecho crucial: el narcotráfico es probablemente la principal fuente de dinero ilícito en Guatemala, junto con la corrupción. Todos los casos descritos en esta investigación, al igual que el caso de Casa de Dios, tienen relación con la exportación de cocaína.

Y este es un delito que, si bien es perseguido en Guatemala, depende principalmente de los intereses de un actor externo: los Estados Unidos. Los narcotraficantes suelen ser capturados y extraditados a ese país.

Salvo algunas excepciones, en Estados Unidos, sus casos no llegan a un juicio oral, con testigos y un jurado. Los traficantes suelen declararse culpables ante las cortes estadounidense, en procesos rápidos en los que se revela escasa información al público sobre sus actividades, sus relaciones, sus crímenes o sus estrategias de lavado.

A cambio, los traficantes colaboran con las autoridades antinarcóticas, ofreciendo información sobre otros traficantes. Sus testimonios serán la base de nuevas solicitudes de extradición. Otros narcos serán capturados o se entregarán y sus procesos se resolverán de nuevo en procesos rápidos en los que los acusados se declararán culpables y colaborarán con la justicia.

Aunque muchos de ellos han cometido innumerables crímenes, como asesinatos, secuestros, tráfico de armas o lavado de dinero, en Estados Unidos solo son juzgados por tratar de exportar cocaína a ese país. Y, en sus acuerdos de colaboración, se les pide revelar lo que saben sobre transacciones de droga, principalmente.

Hasta 2019, cuando fue condenado el banquero Alvaro Estuardo Cóbar y los políticos Manuel Baldizón y Mario Estrada, también enfrentaron procesos por recibir dinero del narcotráfico, Estados Unidos no había centrado su política antinarcótica en atacar a los colaboradores o lavadores.

Guatemala asiste a este ciclo de extradiciones, que se prolonga desde hace década y media, desde la lejanía, sin obtener mucho del proceso.

“Los extraditables se van, pero permanecen las estructuras”, expuso el exfiscal y exviceministro de Gobernación, Ricardo Guzmán Loyo. “Y aunque se diga que sí, las estructuras no se investigan como tales, con un enfoque integral. La IVE va por un lado, las fiscalía contra el narcotráfico por otro… Estados Unidos no siempre comparte la información que obtiene”, dijo Guzmán Loyo.

“La investigación se ha centrado en los líderes, pero las estructuras quedaron intactas y su dinero, no digamos”, comentó el ex fiscal y exministro de Gobernación Francisco Rivas.

Antes de irse de Guatemala, los narcotraficantes no son interrogados sobre sus relaciones, sus otros delitos o cómo lavaban su dinero. Más aún si se entregan sin ser capturados, como hicieron los narcotraficantes y pastores Jorge René García Noguera, alias JR, Pastor, o el además ex alcalde de Ayutla, Erik Súñiga, alias Pocho. Es común que ninguno de ellos tenga cuentas pendientes con la justicia guatemalteca y que por lo tanto tampoco tengan ningún incentivo para colaborar con la fiscalía.

Hasta el momento, pese a que la relación entre crimen organizado y religión es conocida desde la captura de Chamalé hace nueve años, en ningún proceso judicial en Estados Unidos se le ha interrogado a un narcotraficante por su relación con pastores o iglesias  o sobre si estas están siendo utilizadas para el blanqueo de capitales.

El exministro Rivas asegura que aunque se ha profundizado poco en este tema y la información que existe es escasa, es probable que esté ocurriendo. Aún así, el uso de iglesias por parte del crimen organizado “no se ha abordado hasta el momento como un fenómeno criminal”, expuso Rivas.

Y no hay crimen más perfecto que el que siquiera existe a ojos de las autoridades.