Desde que Consuelo Porras asumió la Fiscalía General en 2018, el presupuesto del MP ha crecido un 240%, alcanzando Q3,067 millones en 2024. Sin embargo, este incremento no se ha traducido en mejoras en el acceso a la justicia. Según un informe presentado por la Convergencia por los Derechos Humanos, solo el 8.6% de los casos procesados bajo su administración han resultado en salidas efectivas, como acusaciones o sentencias.

El equipo de Convergencia por los Derechos Humanos presentó la semana pasada un informe exhaustivo que expone las múltiples deficiencias, irregularidades y contradicciones de la gestión de Consuelo Porras al frente del Ministerio Público (MP). Con datos contundentes y un análisis minucioso, el documento revela un panorama preocupante: mientras los recursos destinados al MP se incrementaron exponencialmente, la efectividad y calidad de las respuestas institucionales han sufrido un descenso histórico.

El informe denuncia que las políticas de Porras no solo han fallado en brindar justicia, sino que han fomentado un clima de impunidad, vulnerabilidad y desconfianza. Las cifras son alarmantes: tasas de impunidad superiores al 90% en delitos graves y un uso desmedido de desestimaciones y archivos, que ha dejado a miles de víctimas sin respuesta.

El MP más caro y menos eficiente de la historia

Desde que Consuelo Porras asumió la Fiscalía General en 2018, el presupuesto del MP ha crecido un 240%, alcanzando Q3,067 millones en 2024. Sin embargo, este incremento no se ha traducido en mejoras en el acceso a la justicia. Según el informe, solo el 8.6% de los casos procesados bajo su administración han resultado en salidas efectivas, como acusaciones o sentencias.

La relación entre recursos y resultados refleja una gestión insostenible: el costo promedio por salida efectiva es de Q74,325.67, tres veces más alto que en administraciones como las de Thelma Aldana o Claudia Paz y Paz. Pese a contar con más recursos que nunca, la capacidad resolutiva del MP ha disminuido. Durante su mandato, las salidas alternas –herramientas clave para descongestionar el sistema judicial– cayeron un 33%.

Alejandro Rodríguez del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), una de las 9 instituciones que conforman “Convergencia por los Derechos Humanos”, subrayó que esta falta de eficiencia genera no solo un despilfarro de fondos públicos, sino también un impacto devastador en la confianza ciudadana. Apenas el 0.44% de los encuestados considera que los funcionarios del MP están comprometidos con la lucha contra la corrupción.

Uno de los hallazgos más preocupantes del informe es la incapacidad del MP para resolver delitos graves. Las cifras de impunidad son abrumadoras:

Violencia contra la mujer: 96.27%

Robo agravado: 98.4%

Extorsión: 95%

Delitos contra la vida: 94%

La mayoría de los casos registrados entre 2018 y 2024 fueron desestimados o archivados sin ofrecer respuestas satisfactorias a las víctimas. De los más de 3.8 millones de casos procesados, el 87% terminó en desestimaciones. Esto, según el informe, constituye una “denegación sistemática del derecho a la justicia” y evidencia un incumplimiento del deber de debida diligencia.

El informe también critica la priorización de casos menores sobre aquellos de alto impacto, lo que no solo perpetúa la impunidad sino que incrementa la violencia social. “Es un modelo que protege a los victimarios y vulnera aún más a las poblaciones más indefensas”, señalaron los autores.

Abuso de poder y persecución arbitraria

El informe no se limita a denunciar ineficiencias. También acusa a la fiscal general de utilizar su posición para perseguir de forma selectiva a quienes no se alinean con sus políticas. Desde 2018, más de 160 fiscales han sido destituidos arbitrariamente, incluidos destacados líderes de la lucha contra la corrupción, como Juan Francisco Sandoval.

A esto se suma el hostigamiento y exilio forzoso de jueces y fiscales. Hasta la fecha, 27 fiscales y cuatro jueces han abandonado el país debido a amenazas y persecuciones. En otros casos, fiscales han sido encarcelados bajo cargos dudosos, como en el caso de Virginia Laparra, condenada injustamente según el informe.

Además, el informe denuncia el uso de recursos del MP para fines personales, como la creación de un grupo élite de seguridad para Porras, que ha costado más de Q221 millones. Mientras tanto, las unidades especializadas en justicia restaurativa han sido desmanteladas.

Recomendaciones y llamado a la acción

El equipo de Convergencia por los Derechos Humanos concluye que la permanencia de Consuelo Porras al frente del MP es insostenible. El informe recomienda nombrar un fiscal especial independiente para investigar las múltiples irregularidades y deducir responsabilidades administrativas, civiles y penales.

“Mientras Porras permanezca en el cargo, la justicia seguirá siendo un privilegio para pocos, y el MP continuará actuando como un brazo de impunidad en lugar de una institución garante de derechos”, indicó Rodríguez.

Con un llamado a la comunidad internacional y a las organizaciones de derechos humanos, el informe exige medidas concretas para salvaguardar la institucionalidad del país y proteger a las víctimas. Este diagnóstico contundente evidencia que Guatemala enfrenta no solo una crisis de justicia, sino también un ataque frontal contra la democracia.