En el newsletter de esta semana: La Corte de Constitucionalidad ordenó dar trámite al amparo de Semilla y reactivó el intento de separar a Fredy Orellana, evidenciando los límites de sus resoluciones arbitrarias. Esta decisión coloca a la Corte en el centro del debate sobre justicia, elecciones y democracia de cara a la elección de autoridades clave en 2026.
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Querida comunidad hoy ponemos el foco sobre un opaco actor del aparato de justicia.
Esta semana la reciente decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC) marcó un giro inesperado en la disputa entre el Movimiento Semilla y el juez Fredy Orellana. Al ordenar a una Sala de Apelaciones tramitar el amparo presentado por Semilla, la CC no solo devolvió a la agrupación la vía legal para insistir en la separación del juez, sino que reconoció implícitamente que su actuación pudo haber carecido de objetividad.
No es la primera vez que una decisión cuestionable y con tintes políticos surge del juzgado de Orellana, para entender en qué contexto se da repasemos el origen del protagonismo de este juzgador:
En 2023, cuando Guatemala se preparaba para una transición política inesperada, el nombre de Fredy Raúl Orellana Letona dejó de ser uno más dentro de los juzgados penales de Primera Instancia. Se convirtió en un símbolo.
Cómo señalábamos desde ese año en No Ficción: Orellana se volvió el instrumento ideal para frenar adversarios incómodos; el rostro más claro del deterioro institucional y del uso del sistema de justicia para criminalizar opositores, periodistas y activistas.
Durante los últimos dos años, Orellana tomó decisiones que marcaron la política nacional: ordenó la suspensión del Movimiento Semilla en pleno proceso electoral, autorizó allanamientos, embargos, procesamientos exprés, y abrió la puerta a una nueva modalidad de disputa política: el uso del derecho penal para intervenir resultados electorales.
Esa ruta de decisiones no solo fracturó el Estado de Derecho. También dejó al descubierto una estructura institucional dispuesta a tolerar —e incluso estimular— resoluciones arbitrarias, lo que en otros países sería impensable sin consecuencias inmediatas. Guatemala, sin embargo, está por iniciar el 2026 con un juez que acumuló:
· 12 antejuicios iniciados por diversos actores, todos inicialmente rechazados in limine.
· 7 denuncias administrativas ante la Junta de Disciplina Judicial, de las cuales 4 siguen en trámite
· 4 denuncias penales ante el Ministerio Público.
El caso Semilla: el laboratorio de una crisis democrática
El punto de quiebre llegó con el caso Corrupción Semilla, una investigación impulsada por la FECI y avalada por el juez Orellana. Fue ahí donde sus resoluciones empezaron a desafiar abiertamente los límites legales.
Juristas y funcionarios del Ejecutivo señalaron que un juez penal carece de competencia para cancelar un partido político, una atribución exclusiva del Tribunal Supremo Electoral. Aun así, Orellana ordenó suspender la personalidad jurídica de Semilla y decretó medidas que buscaban afectar directamente los resultados electorales.
Varias de sus resoluciones fueron posteriormente revocadas por la Corte de Constitucionalidad, que le recordó los límites de su rol. La CC anuló decisiones con las que pretendía incidir en el estatus legal del partido y, recientemente, reactivó un amparo clave para separarlo del caso.
Esta semana trascendió que la CC ordenó a una Sala de Apelaciones tramitar el amparo presentado por Semilla, reconociendo que el juez pudo haber actuado sin objetividad.
Con esto se alarga la batalla del partido oficial porque se reconozca que se le trata de sacar de las próximas elecciones de forma injusta (y los ha orillado a crear un nuevo movimiento llamado Raíces), pero sigue siendo una resolución tibia por parte de la CC, cuyo mandato recordemos es defender la Constitución y el sistema democrático, y que incluso podía ordenar la destitución de Orellana.
Ese episodio dejó al descubierto algo más profundo: la justicia penal estaba siendo usada como arma política, y Orellana se había convertido en su pieza más visible.
Prevaricato: cuando la justicia se vuelve injusta
Uno de los conceptos más citados cuando se analiza el actuar del juez es el delito de prevaricato, tipificado en el artículo 462 del Código Penal. Este delito sanciona a los jueces que “a sabiendas, dicten resoluciones contrarias a la ley o las fundamenten en hechos falsos”.
Los elementos del delito son:
Debe existir dolo: el juez debe saber que está actuando contra la ley.
La resolución debe ser arbitraria o ilegal de forma manifiesta, no discutible.
También Debe existir injusticia notoria, no un error razonable.
El bien jurídico protegido es la recta administración de justicia.
Varios denunciantes e incluso el Colegio de Abogados, como recoge esta nota de Prensa Libre, sostienen que las resoluciones de Orellana encajan en esos parámetros:
Desde admitir pruebas sin sustento, hasta fundamentar decisiones en hechos que posteriormente fueron declarados inexistentes o inválidos. Los múltiples antejuicios y denuncias administrativas apuntan justamente a ese patrón: la existencia de resoluciones premeditadas, dirigidas y contrarias al marco constitucional.
No ha sido el único caso de un juzgador con resoluciones que han hecho retroceder el Estado de Derecho. En No Ficción, por ejemplo, también recordamos en el reportaje Abelina, la redentora, a la jueza de Mayor Riesgo D y su historial de impunidad. Pero Orellana ha sido uno de los más visibles por las consecuencias políticas de sus resoluciones.
2026: la elección que definirá el poder dentro del Estado
El año 2026 será uno de los más determinantes para Guatemala desde la firma de la paz. En un mismo periodo se elegirán: Fiscal General, magistrados del Tribunal Supremo Electoral, magistrados de la nueva Corte de Constitucionalidad y Contralor General de Cuentas.
Es decir: los árbitros del sistema democrático rumbo a las elecciones generales de 2027.
Aquí entra en escena nuevamente la Corte de Constitucionalidad (CC). La CC será: árbitro final de impugnaciones, intérprete del alcance de los requisitos de idoneidad, controladora de las comisiones de postulación, guardiana —o interventora— del proceso electoral 2027.
Pero también carga con un problema profundo: la influencia de las élites económicas y políticas sobre sus decisiones. Este riesgo, señalado por analistas y evidenciado por resoluciones pasadas, hace que su papel sea doble: Puede contener los abusos de jueces como Orellana, como ya ha ocurrido en el caso Semilla.
Sin embargo, también existe el riesgo de que legitime decisiones que favorezcan intereses económicos o políticos, incluso por encima de estándares democráticos. La elección de la nueva CC será, en sí misma, una batalla por el proyecto de país.
El impacto de la criminalización en 2026 y 2027
Hay un patrón en las acciones de juzgadores como Orellana: la criminalización funciona como estrategia para alterar los equilibrios políticos en momentos clave. La estrategia es cultivar el miedo de enfrentar un proceso penal sin garantías y el riesgo de pasar meses en prisión, incluso si el caso no llega a juicio.
La advertencia es clara: si las instituciones no frenan la arbitrariedad judicial, la elección de autoridades en 2026 y los comicios generales de 2027 podrían verse afectados, ya sea: por exclusión de actores políticos, por investigaciones penales abiertas sin sustento, por resoluciones judiciales dirigidas, o por una CC alineada a intereses externos a la voluntad ciudadana.
¿Estamos ante un punto de no retorno?
El caso Orellana ya no es solo un expediente judicial. Es un síntoma. Es la evidencia de que el sistema puede ser manipulado desde adentro, usando la ley para producir ilegalidad; aplicando la justicia para fabricar injusticia. El delito de prevaricato parece escrito para describir exactamente ese escenario.
Pero también ha revelado la fragilidad —y responsabilidad— de la Corte de Constitucionalidad, el único órgano capaz de corregir el rumbo cuando otros actores han decidido cruzar los límites.
La CC puede convertirse en el contrapeso que el país necesita o en el sello de legitimidad para quienes buscan un sistema controlado desde la cúpula económica y política, no desde las urnas. Algo que ha sucedido en el pasado reciente como recapitulamos en el reportaje El punto final de las élites contra la CICIG, una reconstrucción de cómo las élites económicas se garantizaron impunidad en casos de alto impacto.
Guatemala está entrando en un ciclo decisivo
Las elecciones de 2026 y 2027 no solo renovarán autoridades; también definirán si el país regresa al camino institucional o consolida un modelo donde la justicia es utilizada selectivamente.
El juez Fredy Orellana es, hasta ahora, la pieza más emblemática de ese modelo.
Pero la pregunta central ya no es qué hará él, sino qué harán las instituciones —especialmente la Corte de Constitucionalidad— frente a un sistema que ha permitido que un solo funcionario acumule tantas decisiones ilegales, tantas denuncias, tantos cuestionamientos, y aún continúe en el cargo.
La democracia no se erosiona solo con golpes, cómo señalamos en un anterior newsletter de La Instantánea: El golpe de la marmota. A veces se desgasta con resoluciones judiciales, una tras otra, hasta que lo que parece legal deja de ser legítimo.
