En el newsletter de esta semana analizamos los motines carcelarios y el asesinato de diez policías en Guatemala. Un estallido de violencia que derivó en el estado de sitio. Una cama king size funciona como metáfora de una disputa por poder, privilegios y control.
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Guatemala inicia su cuarto día en estado de sitio. El gobierno puede capturar a quien quiera sin orden judicial, se cancelaron las clases a nivel nacional por un día y se puede disolver cualquier reunión o manifestación pública.
La medida, obviamente, ha causado miedo y desconcierto. Y muchas preguntas e hipótesis, de mayor o menor grado de conspiración. ¿Estamos en peligro como ciudadanas de a pie? ¿Están las pandillas tratando de generar zozobra para las elecciones de 2027?, ¿acaso para la elección de fiscal general?
El motivo de los motines y del asesinato de los policías, que llevaron al estado de sitio, parece ser algo tan sencillo como una cama king size. O eso es, al menos, lo que Aldo Lupie Ochoa Mejía, alias el Lobo, máximo líder de la Rueda del Barrio 18, habría pedido al sistema penitenciario y no le fue concedido.
¿Se matan a diez policías por una cama king size?
Tener una cama king size o aire acondicionado o pedir comida a domicilio. Estas eran, literalmente, las peticiones. Estas son también una metáfora de lo que está en juego: la normalización de los privilegios y la idea de que la prisión no es un castigo, sino una extensión cómoda del poder criminal.
Y también: poder recibir todas las encomiendas que quisieran, recibir visitas sin mayor control y operar sus redes de extorsión, sicariato y narcomenudeo desde call centers instalados en las cárceles, como lo habían hecho durante años. Eso es lo que este gobierno decidió, hace ya algunos meses, que no iba a permitir.
Motines coordinados en tres cárceles
Los motines iniciaron el pasado sábado de forma coordinada en tres cárceles de Guatemala: la cárcel de máxima seguridad Renovación 1, Fraijanes 2 y el sector 11 del preventivo de zona 18. Los presos retuvieron a 46 guardias del sistema penitenciario e hicieron peticiones claras: traslados de presos y mejorar condiciones. El gobierno logró reprimirlos, aisló a El Lobo y recuperó el control de Renovación 1. Al día siguiente, como represalia, fueron asesinados 9 policías en ataques simultáneos en diferentes puntos de Guatemala y uno más falleció el lunes en el hospital, algunos de estos ataques en las inmediaciones del Hospital Roosevelt.
Estos hechos, atribuidos en primera instancia al Barrio 18, provocaron que el gobierno decretara el estado de sitio. Tanto el presidente Bernardo Arévalo como el actual ministro de gobernación Marco Antonio Villeda, informaron de manera muy clara que el gobierno no va a ceder ante los chantajes de pandillas y que, además, no va a devolverles los privilegios.
El ministro Villeda dijo que los pandilleros no tenían nada que negociar ni ninguna exigencia que hacer al Estado. Son personas, afirmó, “responsables del dolor de miles de víctimas guatemaltecas”. “Están recibiendo lo merecido, el justo castigo impuesto”, añadió en su primera conferencia de prensa.
Un año convulso para las pandillas
Este año ha sido especialmente intenso en la guerra contra las pandillas. Esto se explica por dos factores clave. El primero han sido las disputas territoriales entre los propios grupos criminales: El Barrio 18, la Mara Salvatrucha y los Caraduras, que incrementaron el índice de asesinatos por primera vez en años.
Y, como segundo factor, el intento del gobierno de Arévalo de reducir su poder y recuperar el control de las prisiones.
La llamada ola Bukele ha tenido repercusiones en los países de la región. En Honduras se intentó algo similar con el estado de excepción y, de la misma manera, en Guatemala el exministro Francisco Jiménez inició el año con una apuesta clara por la lucha contra estas estructuras criminales.
Pero, como ustedes saben mejor que nadie, en Guatemala el poder está absolutamente fraccionado, el Ejecutivo es muy débil y el sistema en su conjunto está podrido. Cualquier facción privada que se oponga a una decisión del Estado, ya sea obligar a pagar un seguro para los carros o hacer cumplir las reglas en las cárceles de máxima seguridad, tiene las de ganar si presiona un poco.
¿Y cómo presiona quien está acostumbrado a matar? Matando.
Traslado de presos a cárcel de máxima seguridad
Recordemos que el pasado mes de julio el gobierno ordenó el traslado de varios pandilleros a Renovación I, una cárcel de máxima seguridad inaugurada en noviembre de 2024 (construida sobre los restos de la prisión El Infiernito) con el objetivo de aislar a los líderes de las pandillas y evitar que siguieran coordinando actividades delictivas desde prisión. Una gran acción que evidenciaba voluntad real de actuar con mano dura en la lucha contra estas estructuras criminales.
Uno de los trasladados fue El Lobo, máximo líder del Barrio 18 en Guatemala. También fue trasladado Jorge Jair de León Hernández, alias El Diabólico, líder de la Mara Salvatrucha.
El Lobo, casado con Marta Castañeda, sobrina de la varias veces candidata presidencial Sandra Torres, intentó que un juez ordenara su traslado de regreso a Fraijanes. Esto lo contamos en una instantánea anterior, “El Lobo quiere regresar a su guarida”, donde relatamos otros detalles de esta nueva confrontación entre las pandillas y el gobierno, incluida la pugna entre el Barrio 18, la Mara Salvatrucha y el grupo Los Caraduras.
Poco después de estos traslados, se conoció de la fuga de 20 presos de alta peligrosidad de Fraijanes, lo que supuso la caída del Ministro Francisco Jimenez.
Su sustituto, el juez Marco Antonio Villeda, ha continuado con la misma mano firme. De hecho, tras el motín del fin de semana mencionó como uno de los detonantes de los amotinamientos las requisas realizadas en noviembre y diciembre en distintas cárceles del país, que permitieron desarticular un call center de extorsiones.
En los últimos días, además, informaciones difundidas desde el Estado apuntan a que los motines y asesinatos, si bien fueron liderados por El Lobo y el Barrio 18, podrían haber surgido de una coordinación entre las distintas pandillas que operan en el país.
Un ataque “artero y traicionero”
Lo que estos hechos evidencian es el inmenso poder de las pandillas. Por un lado, su control absoluto de las cárceles, donde el sistema penitenciario está plegado a sus requerimientos. Y, por otro, su capacidad de ejercer poder en el resto del país, con filas y filas de jóvenes dispuestos a dar su vida, cual soldados, para enriquecer a los líderes pandilleros. Jóvenes de los barrios más pobres, cuyo futuro ya está condicionado por la pobreza y la invisibilidad, y que no tienen mucho que perder.
Un ejemplo de ello es que la primera persona capturada por disparar contra dos policías en la Aguilar Batres, alias Liro Rebelde, tiene 19 años.
El gobierno sigue firme. De momento, como mencionó Arévalo en la rueda presidencial, no va a ceder a los chantajes. En las primeras 48 horas de estado de sitio ya fueron detenidos 23 pandilleros y se decomisaron armas, vehículos y motocicletas.
Tras él, Villeda, con el tono explicativo de un juez en audiencia, detalló todo lo que sería necesario mejorar en las cárceles de Guatemala para recuperar el control y la seguridad ciudadana. Reiteró, además, que el gobierno no va a ceder ni negociar.
“Y su respuesta ha sido un ataque artero, traicionero y cobarde contra las fuerzas de seguridad”, dijo en rueda de prensa.
La contienda electoral
Estos hechos coinciden con un año en el que se juegan procesos electorales clave para Guatemala. Procesos cuyos resultados condicionarán no solo las próximas elecciones generales, sino también decisiones centrales en la lucha contra el crimen: la elección de fiscal general, la integración de la Corte de Constitucionalidad o la del Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo.
¿Quieren las pandillas desestabilizar Guatemala para favorecer a determinados candidatos en estos procesos electorales? Esta hipótesis tiene adeptos. En cada ciclo electoral aumenta el índice de asesinatos y, en un contexto de poder tan fraccionado y con tantos cabos sueltos, resulta sencillo atar cabos con aparente sentido.
Ex fiscal y exjefe de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas (Dicri) en el Ministerio Público, Juan Francisco Solórzano Foppa, planteó, a título personal, una lectura en esa línea: señaló que el candidato a magistrado de la Corte de Constitucionalidad, Néster Vásquez Pimentel, podría estar relacionado con estos motines. La afirmación fue hecha en una entrevista en TanGente, que dejamos enlazada para quien quiera escuchar de primera mano cómo construye esa interpretación.
Arévalo, por su parte, mencionó en la conferencia de prensa que “son distintos actores de tipo criminal oportunista, algunos dedicados al tráfico de drogas, otros dedicados al tráfico de influencias, pero todos se coluden y colaboran alrededor de objetivos que les son comunes”.
¿Puede hacer algo el gobierno para hacer frente a las pandillas? El caso de El Salvador demuestra que sí, que se puede: por un lado negociando con ellas y, por el otro, abriendo una guerra sucia para conseguirlo.
El gobierno guatemalteco insiste en que no quiere negociar. La pregunta es si tiene sentido enfrentarse a ellas o si, al final, acabará dándole al Lobo su cama king size.
