Las investigaciones de los fiscales -incluido el testimonio del ex ministro Alejandro Sinibaldi en el centro de varios escándalos de corrupción- indican que el préstamo del BCIE fue una parte clave del esquema de sobornos de la constructora brasileña.
El caso de corrupción de Odebrecht ha ocupado los titulares durante años en Guatemala, donde la empresa constructora brasileña, salpicada por el escándalo, se vio obligada a devolver más de 17 millones de dólares al gobierno tras admitir que había sobornado a funcionarios para obtener un lucrativo contrato para renovar una importante carretera.
Pero hay otro actor en el caso que ha escapado en gran medida al escrutinio público: el principal financiador de la autopista, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El banco proporcionó el préstamo clave a Odebrecht que permitió que el proyecto siguiera adelante, acordando en 2011 prestar casi 120 millones de dólares para financiar el tramo más largo de la Carretera Centroamericana 2, que uniría El Salvador con México.
En el camino, pasó por alto sus propias normas de contratación para insertar una cláusula en su acuerdo de préstamo que ordenaba que Odebrecht debía recibir el contrato para construir la carretera, sin el proceso normal de licitación. Posteriormente, Odebrecht pagó millones en sobornos directamente del dinero desembolsado por el BCIE, según una investigación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) respaldada por la ONU.
“Muchos de los fondos desviados o sometidos a corrupción de los préstamos otorgados [por el BCIE] se mantienen en la impunidad por la política de secretismo y opacidad que aplica el banco de cara a los
grupos sociales e instituciones de justicia que buscan conocer el destino final de los fondos otorgados”, dijo Manfredo Marroquín, presidente del capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional, Acción Ciudadana.
El ministro guatemalteco acusado de recibir personalmente la mayor parte del dinero de los sobornos, Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio, se entregó en 2020 tras cuatro años prófugo. Luego hizo una explosiva declaración a los fiscales en la que también acusó a un funcionario del BCIE de conspirar con Odebrecht para asegurarse de que el contrato de la carretera fuera favorable a la empresa.
Si bien el testimonio de Sinibaldi fue ampliamente difundido, sus comentarios sobre el BCIE no lo fueron.
Pero la OCCRP y su socio guatemalteco, No Ficción, pueden revelar que Sinibaldi describió haber trabajado con el jefe de operaciones de Odebrecht para presionar al BCIE, y haber viajado con él a Honduras para reunirse con altos funcionarios del banco.
El ex ministro dijo que el BCIE era “fundamental” en el esquema de sobornos, y acusó a Odebrecht de pagar a una figura de alto rango dentro del banco 500.000 dólares “por sus servicios” para conseguir la aprobación de los pasos finales del préstamo. (Los periodistas no pudieron encontrar pruebas documentales de que se hubiera pagado u ofrecido tal soborno).
Juan Francisco Sandoval, ex jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad de Guatemala (FECI), dijo a los periodistas que su oficina había comenzado a investigar las acusaciones de soborno en el BCIE después de que Sinibaldi diera su testimonio. Pero la investigación se truncó cuando Sandoval fue despedido en 2021 y obligado a exiliarse en medio de una ofensiva contra los funcionarios anticorrupción.
La FECI no respondió a preguntas sobre el estado de la investigación.
Sinibaldi dijo que su testimonio había sido fabricado para generar conflicto entre él e “importantes actores políticos, funcionarios públicos y congresistas de Guatemala”.
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El largo camino de Guatemala hacia la justicia
Desde octubre, miles de guatemaltecos han salido a las calles para protestar contra la injerencia de la Fiscalía estatal en la democracia y exigir la dimisión del Fiscal General. Aunque el activista anticorrupción y diputado del partido Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, ganó las elecciones presidenciales con una amplia ventaja el pasado agosto, los fiscales han abierto una investigación sobre su partido y un tribunal electoral lo ha suspendido, medidas que se consideran un intento de impedir que asuma el cargo en 2024.
La crisis política es la culminación de años de esfuerzos por erosionar el sistema de justicia de Guatemala tras una serie de éxitos en la lucha contra la impunidad por corrupción y juzgar el genocidio perpetrado durante el Conflicto Armado Interno en las altas esferas del poder del país.
Decenas de fiscales y jueces se han visto obligados a huir por órdenes de captura espurias o de amenazas en su contra, incluidos los que siguieron al caso Odebrecht, que tanto fiscales guatemaltecos como investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) iniciaron a finales de 2016 tras recibir información de sus homólogos brasileños.
La CICIG había sido creada por Naciones Unidas casi una década antes a petición del gobierno guatemalteco para ayudarle a combatir a los grupos ilegales y las estructuras clandestinas de “seguridad” que seguían activas tras los Acuerdos de Paz de 1996.
Aunque en un principio los investigadores avanzaron en la presentación de cargos contra los implicados en la trama de sobornos de Odebrecht, los progresos se estancaron cuando el entonces presidente de Guatemala, Jimmy Morales, cerró abruptamente la CICIG en 2019 mientras le investigaba a él y a su familia por corrupción y financiación ilícita de campaña.
Desde entonces, el caso Odebrecht ha estado encabezado por la Fiscalía Contra la Impunidad (FECI). En la actualidad, la FECI también ha sido socavada por un esfuerzo sostenido que busca obstaculizar la lucha del país contra la corrupción.
“A mi modo de ver, todo lo que está ocurriendo es en realidad una venganza”, dijo a OCCRP la ex fiscal de la FECI, Siomara Sosa, quien dirigió el Caso Odebrecht desde el principio. “Con esos encarcelamientos empezaron a analizar el panorama para ver cómo tomar el control de esos casos”.
Luego de ‘asegurar’ los juzgados, dijo la ex fiscal que desarmaron a la Fiscalía y sus pesquisas. Sosa, quien tiene estatus de refugiada en México, enfrenta tres procesos penales en Guatemala por su trabajo investigativo, es acusada por abuso de poder en el caso Odebrecht.
“En esos grandes casos de corrupción, evidentemente hay una intención dentro del actual Ministerio Público de ocultar los hechos verdaderos y relevantes y no seguir investigando a ciertas personas”, dijo a OCCRP el ex investigador de la CICIG David Gaitán, quien también encontró asilo en México luego de que se emitiera una orden de captura en su contra.
El Ministerio Público guatemalteco no respondió a las solicitudes de comentarios.
Sinibaldi, que fue incluido en la lista negra de Estados Unidos por “corrupción significativa” mientras se encontraba prófugo, está actualmente a la espera de juicio en Guatemala en relación con este y otros presuntos esquemas de corrupción. Desde entonces ha afirmado que nunca declaró ante los fiscales en absoluto, diciendo a la OCCRP que su testimonio había sido fabricado con el fin de generar un conflicto entre él e “importantes actores políticos, funcionarios públicos y congresistas de Guatemala”.
Sin embargo, la actual administración de la FECI confirmó a los reporteros que, a pesar de la afirmación de Sinibaldi, él sí dio el testimonio obtenido por No Ficción. Tres fuentes cercanas al caso Odebrecht también confirmaron que el ex ministro dio el testimonio.
Las acusaciones contra Odebrecht en Guatemala forman parte de uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia de América Latina. Después de construir algunos de los mayores proyectos de infraestructura de la región, desde líneas de metro de la capital hasta estadios de la Copa Mundial, Odebrecht se convirtió en el foco de la investigación de corrupción de la Operación Autolavado de Brasil, y su departamento dedicado a los sobornos se convirtió en emblema de sus excesos.
En 2016, Estados Unidos anunció que la empresa pagaría 2.600 millones de dólares en multas por orquestar esquemas de soborno para obtener contratos gubernamentales en una docena de países. Todos, desde presidentes hasta abogados, han sido encarcelados por connivencia con Odebrecht, mientras que el presidente ejecutivo de la empresa fue condenado a 19 años de prisión por soborno, blanqueo de capitales y delincuencia organizada.
El BCIE no respondió a las solicitudes de comentarios.
Una excepción “histórica”
El BCIE acordó prestar 119,4 millones de dólares para cofinanciar el tramo más largo de la autopista -la CA-2 Occidente- en agosto de 2011.
Sin embargo, su resolución sobre la financiación contenía una cláusula inusual: una excepción a las propias políticas de contratación del banco que le permitió nombrar a Odebrecht como contratista de la carretera de inmediato, en lugar de someter el proyecto a licitación pública.
“Como excepción a la Política para la Obtención de Bienes y Servicios Relacionados y Servicios de Consultoría con Recursos del BCIE y sus normas de aplicación, el proyecto a financiar será ejecutado por la empresa Constructora Norberto Odebrecht, Sociedad Anónima”.
En otras palabras, el BCIE sólo financiaría el proyecto si el contrato se adjudicaba a Odebrecht, a pesar de que esto iba en contra de las políticas normales del banco y de la legislación guatemalteca. En la resolución, esto se explica como necesario para que el proyecto pueda ser cofinanciado por el banco de desarrollo brasileño BNDES. Ni el BCIE ni el BNDES respondieron a preguntas sobre la cláusula.
Marroquín, de Acción Ciudadana, dijo que la cláusula era una irregularidad significativa para un banco de desarrollo tan grande.
La adjudicación preventiva del contrato a una empresa es “obviamente una práctica alejada de cualquier principio de integridad y competencia”, dijo.
La directora ejecutiva de la Iniciativa de Transparencia del Sector Construcción (CoST) en Guatemala, Heizel Padilla, señala que aunque entidades como el BCIE tienen políticas de contratación “no es primera vez que se observa que privilegian lo que ellos llaman una lista corta de empresas”.
Es decir, que el directorio permite contratar a una empresa internacional que a su vez subcontrata a empresas locales “bajo el argumento de que se va a generar empleo en empresas guatemaltecas”. Padilla destaca: “la clave es que ellos dirigen a quién se le va a adjudicar y que normalmente flexibilizan de hecho la subcontratación”.
Después de que el BCIE aceptara el préstamo, el contrato aún tenía que ser aprobado por el Congreso de Guatemala. En su testimonio, Sinibaldi describió esa tarea como “titánica”, ya que era ilegal en Guatemala entregar una obra pública de tal envergadura a una empresa sin licitación.
Describió el trabajo entre bastidores junto con otros funcionarios del gobierno para impulsar decretos y memorandos que pudieran eludir la necesidad de un proceso de licitación. El 11 de octubre de 2012, el Congreso de Guatemala aprobó un decreto gubernamental para designar la autopista como asunto de urgencia nacional, lo que significaba que los préstamos se firmarían en una sola votación el mismo día.
El decreto ignoraba el proceso de licitación pública y reducía al mínimo la supervisión del proyecto. En su testimonio, Sinibaldi calificó la aprobación del Congreso de “histórica”.
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Paralelamente a la aprobación guatemalteca, el contrato de préstamo del BCIE pasó por múltiples etapas de negociación, y fue modificado tanto antes como después de su firma en noviembre de 2012.
Sinibaldi dijo a los fiscales que él y Marcos Machado, jefe de operaciones de Odebrecht en ese momento, ya se habían estado reuniendo sobre el proyecto de la carretera ese año. Cuando Oscar Pineda Robles fue nombrado nuevo director del país para el BCIE en septiembre de 2012, lo identificaron como una persona que podría ayudar mientras trabajaban para garantizar que el contrato se elaborara de acuerdo con el plan. Pineda, abogado de profesión, tenía buenos contactos, ya que había sido ministro de Economía, viceministro de Finanzas y presidente del Banco Central de Guatemala.
En el testimonio que Sinibaldi dijo a los periodistas que era falso -pero que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad de Guatemala confirmó que dio- dijo que visitó a Pineda en su casa en 2012 para hablar de la autopista.
“Le expliqué a Óscar [Pineda] la importancia de contar con su apoyo y, llegado el momento, [que él] presionara a la junta directiva del BCIE sobre los pasos finales”, dijo Sinibaldi a los fiscales. “Oscar mencionó que ya se había reunido con Marcos Machado”.
Sinibaldi declaró que Pineda le dijo más tarde que Machado le había ofrecido una gran suma de dinero en efectivo a cambio de su ayuda, según Sinibaldi:
“Volviendo a las gestiones de aprobación del proyecto, debo decir que las gestiones finales ante el BCIE no fueron sencillas y el papel de Oscar Pineda Robles fue fundamental. En una ocasión en casa de Pineda Robles el me comentó que los representantes de Odebrecht le habían ofrecido USD $500 mil por sus gestiones ante el directorio, y me indicó que necesitaría otros USD $500 mil para comprar algunas voluntades que le hacían falta dentro del Directorio debido a la complejidad del préstamo; por lo que me pidió apoyo para convencer a Machado, situación que yo platiqué con Machado. Más adelante, luego de concluido el proceso ante el BCIE, Pineda Robles me comentó que todo había salido de maravilla y justo como se necesitaba y que Machado le había cumplido”. Testimonio de Alejandro Sinibaldi ante la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en 2020.
Sinibaldi declaró que Machado también le dijo que Odebrecht le había pagado 500 mil dólares a Pineda “por sus servicios”.
Los reporteros no pudieron verificar independientemente si Pineda recibió pagos de Odebrecht. Machado y Odebrecht dijeron a la OCCRP que no tenían conocimiento de sobornos o tratos ilícitos con empleados del BCIE. Pineda negó haber participado en las negociaciones sobre el préstamo y dijo a la OCCRP que nunca se había reunido con Sinibaldi ni con nadie de Odebrecht.
“Niego categóricamente haber recibido dádiva, remuneración, compensación, pagos, regalos, transferencias bancarias o sumas de dinero de la Constructora Norberto Odebrecht o del BNDES por ningún concepto”, dijo al OCCRP en un correo electrónico.
“Jamás he tenido vínculo o relación alguna con la citada empresa brasileña”, añadió en un correo electrónico de seguimiento. “TODO LO QUE MALICIOSAMENTE ATRIBUYE A MI PERSONA ESE REPROBABLE Y PERVERSO PERSONAJE [SINIBALDI] ES, SIN EXCEPCIÓN, UNA ABSURDA MENTIRA”.
Añadió que en su función de director del BCIE tenía un poder de decisión limitado -aparte de un único voto para aprobar un determinado proyecto- y no revisaba ni las condiciones ni las modificaciones de los préstamos. Dijo que la aprobación final para esas cosas recae en los gobernadores, el gerente nacional y el presidente del banco.
Sin embargo, el ex presidente del BCIE, Dante Mossi, dijo que los directores tienen un importante poder de decisión dentro del banco.
“Las modificaciones de los contratos requieren un cambio del plan de adquisiciones: esos cambios son aprobados por el Directorio”, dijo.
Un empresario implicado en uno de los presuntos esquemas de corrupción de Sinibaldi -que habló bajo condición de anonimato debido a las causas judiciales en curso- dijo que los ejecutivos de Odebrecht hablaban de tener “asegurado” al BCIE.
Sinibaldi negó los cargos en su contra, pero dijo a los periodistas que no podía discutir los detalles de las acusaciones porque el caso está en curso. También negó haberse reunido alguna vez con Pineda, o haber discutido pagos de sobornos con Pineda o Machado.
[“CARGOS CONTRA ÉL”: Sinibaldi aún no se ha enfrentado a un juicio y sus abogados han intentado que se desestimen los cargos en su contra. En Guatemala, los fiscales no redactan las acusaciones; las pruebas se entregan a un tribunal, cuyo juez decide si son suficientes para enviar al sujeto a juicio]
El otro extremo de la carretera: Poco más de dos semanas después de que el BCIE firmara el préstamo para financiar la CA-2 Occidente, el banco de desarrollo aprobó otros 280 millones de dólares para mejorar y ampliar un tramo de 100 km de la carretera que llega hasta la frontera salvadoreña en el este, conocido como la CA-2 Oriente.
Era un proyecto que, según el BCIE, aliviaría la pobreza a lo largo de su recorrido, crearía empleos y generaría millones de dólares en impuestos. Pero también terminó en escándalo.
En su testimonio, Sinibaldi afirmó que el entonces presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, había asegurado que la empresa guatemalteca Sigma Constructores S.A. obtendría el contrato debido a un “compromiso de campaña” y a su amistad con su cofundador, José Maynor Palacios Guerra.
Al igual que en el caso de Odebrecht, el BCIE hizo una excepción a sus normas para garantizar la contratación de Sigma, sin convocar una licitación pública. Sigma no respondió a las solicitudes de comentarios.
El director del BCIE en Guatemala, Oscar Pineda Robles, también “se convirtió en un facilitador de todo el financiamiento del proyecto de Sigma Constructores”, dijo Sinibaldi en el testimonio que, según dijo a los periodistas, fue fabricado.
El trabajo de Sigma en la CA-2 Oriente se vino abajo en 2016, durante un caso de financiación ilícita de campaña que implicó tanto a Pérez como a su vicepresidenta. Fiscales e investigadores de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), respaldada por la ONU, descubrieron que Sigma había pagado a Sinibaldi al menos 1,15 millones de dólares para la campaña de 2011 del Partido Patriota, disfrazados a través de contratos fraudulentos de servicios.
Después de una audiencia judicial de 2020, Sinibaldi dijo a la prensa local que el esquema de soborno de contratos de carreteras era muy similar a la de la CA-2 Occidente, y describió Sigma como el “Odebrecht de Guatemala.” La fiscal general de la CICIG, Thelma Aldana, llegó a una conclusión similar. Sinibaldi ha sido acusado de asociación ilícita, solicitud de sobornos, lavado de dinero y financiación electoral ilícita en relación con este tramo de la carretera. Aún no ha sido juzgado y ha declarado a la OCCRP que es inocente de cualquier delito.
Pineda no respondió a preguntas concretas sobre el tramo de autopista de Sigma, pero reiteró que su función no le otorgaba ningún poder sobre otras personas del banco ni sobre su toma de decisiones.
Según ha podido saber la prensa, nadie del BCIE ha sido investigado en relación con este tramo de la autopista.
Los costos adicionales de Odebrecht
En el testimonio que el propio Machado prestó ante los fiscales del caso, describió una larga serie de negociaciones con diversos funcionarios sobre las cláusulas que contendría el contrato. Enumeró media docena de cambios al borrador que había solicitado el ministerio de Sinibaldi, incluidos puentes adicionales, carriles y cálculos de asfalto, que inflaron el coste en más de 14 millones de dólares.
Cada uno de los cambios tuvo que ser aprobado por los dos bancos de desarrollo que financian el proyecto, según el testimonio de Machado y los documentos vistos por los periodistas.
Incluso después de que el gobierno de Guatemala aprobara el préstamo, se siguieron impulsando cambios adicionales en el coste del proyecto. En el testimonio de Sinibaldi, que desde entonces ha negado haber dado, relató una cena de borrachos en Miami en octubre de 2013 con Machado y otros empresarios de la industria de la construcción de Guatemala, durante la cual le ofrecieron un soborno significativo si aprobaba aumentar el costo del proyecto en otros 250 millones de dólares.
“‘¿Quién financiaría la obra?”, recuerda que preguntó. “Machado respondió que ya tenían alineado al BCIE; que no se opondrían y darían el financiamiento”.
Aunque Sinibaldi dijo a los fiscales en su testimonio que rechazó su propuesta, seis modificaciones al contrato fueron aprobadas e impulsadas por el gobierno un mes después, según documentos obtenidos por No Ficción a través de solicitudes de libertad de información.
Entre ellas había partidas presupuestarias adicionales, cambios en los precios de las obras previstas y una enmienda al anticipo de Odebrecht -ahora el 20 por ciento del total del proyecto, por un total de 73,6 millones de dólares- que se pagaría con los préstamos del BCIE y el BNDES. El BCIE emitió “no objeción” a todas estas modificaciones en noviembre de 2013.
En el sexto informe de la Iniciativa de Transparencia del Sector Construcción (CoST) en Guatemala, del año 2016, concluyó que en el caso de las carreteras CA2-Occidente y CA2-Oriente (ambas financiadas por BCIE) “no se publicaron los diseños respectivos debidamente autorizados”. Y que la insuficiencia de estos diseños básicos condujo “a los incrementos de monto y cambios en su ejecución”.
La directora ejecutiva de Cost, Padilla, señala que en casos como estos han encontrado que los contratistas usan fórmulas en los contratos como el Valor Original Autorizado del Contrato (VOAC), con base en el índice de precios al consumidor, para hacer ampliaciones al valor de los contratos con el aval del Ministerio de Comunicaciones y sin la objeción de las entidades bancarias.
Ni Machado ni el BCIE respondieron a las solicitudes de comentarios sobre este incidente.
El BCIE transfirió su primer desembolso de 38 millones de dólares a Odebrecht en abril de 2013. En su testimonio ante los fiscales, obtenido por los reporteros, Machado dijo que los primeros siete pagos que Odebrecht hizo a Sinibaldi y a otros dos altos funcionarios públicos se pagaron con este tramo inicial de efectivo del banco de desarrollo.
En su conclusión de una investigación sobre los sobornos de Odebrecht, los fiscales guatemaltecos y los investigadores de la CICIG, respaldada por la ONU, dijeron que esta “sincronización” de los desembolsos y pagos de préstamos se repitió con cada tramo de financiación que Odebrecht recibió del BCIE y del banco de desarrollo brasileño.
La novela del oficial de riesgos
Los múltiples escándalos relacionados con proyectos viales financiados por el BCIE tienen un parecido asombroso con una subtrama de un libro titulado “La organización que lucha contra la pobreza.”
Autopublicada en mayo de 2021, la novela fue escrita por Diego Fiorito, quien era jefe de riesgos del BCIE en la época de los supuestos esquemas de corrupción de Odebrecht. La historia describe el colapso de la ficticia autopista AS-7 Norte cuatro años después de su construcción, debido a que se tomaron atajos con la construcción.
Como ocurrió en Guatemala, el gobierno ficticio elige al contratista por adjudicación directa, sin concurso público ni transparencia, debido a la designación de la autopista como “situación especial y urgente”.
En la novela, las obras fueron financiadas por la Organización de Lucha contra la Pobreza (OFAP), una organización ficticia de desarrollo plagada de corrupción sistémica que tiene muchos paralelismos con el BCIE. El préstamo de la OFAP para la autopista AS-7 Norte incluía una cláusula que establecía que el contratista debía ser contratado directamente, al igual que el BCIE había hecho con Odebrecht.
La novela de Fiorito también describe un esquema de corrupción similar al que Sinibaldi describió en su testimonio oficial. En la novela, las empresas privadas sobornan a funcionarios públicos para que voten a favor de dudosos contratos directos, a la vez que pagan cuantiosas “comisiones” al personal de las organizaciones de desarrollo, que ayudan a engrasar los engranajes.
Al igual que Odebrecht, el contratista del libro se ve envuelto en un escándalo que afecta a todo el continente después de que se descubriera que había sobornado sistemáticamente a funcionarios gubernamentales y presidentes a cambio de contratos estatales.
Las propias autopistas, escribe Fiorito, “quedaron inconclusas… convirtiéndose en un vivo reflejo de la corrupción”.
Fiorito declinó hacer comentarios. El BCIE no respondió a las solicitudes de comentarios.
“Los bancos BCIE y BNDES realizaron los desembolsos a Odebrecht, que a su vez transfirió los sobornos acordados”, escribieron. También encontraron que Odebrecht envió 17,9 millones de dólares a empresas offshore pertenecientes a Sinibaldi y otras dos figuras políticas entre 2013 y 2015. Estos hallazgos fueron remitidos a un juez y formaron la base del caso pendiente contra Sinibaldi.
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El desarrollo de la carretera CA-2 Occidente se detuvo cuando Estados Unidos cerró el cerco a la extensa trama de corrupción de Odebrecht y su alcance en Guatemala. El BCIE dejó de financiar el proyecto a principios de 2017, después de entregar un total de 85,5 millones de dólares a Odebrecht, según declaró entonces el ministro guatemalteco de Finanzas Públicas a medios locales.
En 2018, como parte de un acuerdo judicial en Brasil, Odebrecht aceptó devolver al Estado guatemalteco la cantidad exacta que la CICIG y la fiscalía descubrieron que había pagado en sobornos: 17,9 millones de dólares. Cuatro personas ya están en prisión por su participación en el blanqueo de dinero procedente de la trama. Pero los casos relacionados con Odebrecht se han visto obstaculizados por las repetidas medidas enérgicas contra la independencia del sistema judicial de Guatemala.
Odebrecht -ahora rebautizada Novonor- comunicó a la OCCRP que ha presentado un recurso sobre los más de 45 millones de dólares que la empresa dice que le debe el gobierno guatemalteco por los trabajos realizados antes de que se rescindiera el contrato.
Mientras tanto, tras años de trabajo y cientos de millones de dólares gastados, la remodelación de la Carretera Centroamericana 2 sigue incompleta. Los habitantes de los alrededores se quejan del estado de la carretera, que, según dicen, está en pésimas condiciones y provoca accidentes.
Los medios de comunicación locales describen múltiples accidentes causados por enormes baches. Un conductor de autobús dijo a la revista Con Criterio en 2018 que algunos de los agujeros pueden tener hasta dos pies de profundidad, y pueden sacar el embrague de un automóvil.
“Ha muerto tanta gente en accidentes que la autopista se ha convertido en un cementerio”, dijo Marroquín. “No es sólo que hayan robado dinero, es que han dejado tras de sí una trampa mortal”.
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Eduardo Goulart de Andrade (OCCRP), Andrew Little y Mariana Castro (ambos de Columbia Journalism Investigations) contribuyeron con sus informes.
Esta investigación contó con el apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR) y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).
Esta publicación se realiza a partir de la alianza de medios GuatemalaLeaks conformada por Agencia Ocote, ConCriterio, No-Ficción, Ojoconmipisto y Plaza Pública.
