Como parte de su plan para obstaculizar a los investigadores que empezaban a hurgar en los asuntos oscuros del presidente, el gobierno de Jimmy Morales acudió a un policía que estuvo vinculado con escuadrones de la muerte a mediados de la década pasada para hacer esas investigaciones cuesta arriba. Esta es la historia de Kamilo Rivera, el exviceministro de Gobernación prófugo de la justicia, y de los fantasmas que su pasado y presente evocan en Guatemala.

Kamilo Rivera llegó poco antes de las seis de la mañana al palacio situado en el corazón de la Ciudad de Guatemala. El palacio es un edificio viejo, de un gris verdoso, tapiado por paredes de piedra y concreto y poblado por pasillos oscuros. Es la sede del Ministerio de Gobernación, donde Rivera trabajaba como viceministro.

Empezaba el 29 de octubre de 2018. Rivera sabía ya que el Ministerio Público había girado tres horas antes una orden de arresto en su contra, según dijo a InSight Crime bajo condición de anonimato un investigador que estuvo en el operativo de captura. Rivera y otras siete personas eran señaladas de haber participado, entre 2004 y 2007, en ejecuciones extrajudiciales. Todos los acusados eran o fueron miembros de los aparatos guatemaltecos de seguridad.

En aquellos años, Kamilo Rivera formó parte de un aparato clandestino incrustado en el gabinete de seguridad dedicado a las ejecuciones extrajudiciales, el sicariato, la extorsión, el secuestro y los tumbes de drogas. El grupo al que él pertenecía era conocido como “Los Riverita”, no por Kamilo, sino por Víctor Rivera Azuaje, alias “Zacarías” o “Frank”, un exoficial venezolano de policía que trabajaba para el ministro de Gobernación. Zacarías era el jefe de Kamilo Rivera.

Rivera Azuaje era un personaje oscuro. Antes de trabajar en el ministerio, lo había hecho en varias agencias de inteligencia, incluida la CIA estadounidense, de acuerdo con dos exfuncionarios que trabajaron en el Ministerio de Gobernación guatemalteco cuando Rivera Azuaje fue contratado. Después de las guerras civiles en El Salvador y Guatemala, el venezolano había sido contratado por las élites guatemaltecas y salvadoreñas para que les ayudara a negociar y resolver casos de secuestros, el delito de moda entre las bandas de crimen organizado que se empezaban a formar en las posguerras de ambos países.

Incluso cuando ya trabajaba en el ministerio de Gobernación de Guatemala, Rivera Azuaje siguió cobrando parte de las recompensas que las víctimas a las que él servía le entregaban para negociar con los secuestradores. Esto fue, al final, lo que provocó su caída.

En Gobernación de Guatemala, Rivera Azuaje creó y comandó un escuadrón de la muerte dentro de la Policía Nacional Civil. Investigaciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), a las que InSight Crime ha tenido acceso, indican que Los Riverita, el grupo que lideraba Zacarías y del que Kamilo Rivera era miembro, participó en tres masacres: los asesinatos de siete presos de la cárcel de Pavón en 2006, los de tres diputados salvadoreños y su motorista el 20 de febrero de 2007, y los de cuatro policías que estaban acusados de matar a estos legisladores y fueron asesinados en la cárcel seis días después, el 26 de febrero.

Aquel día de 2018, poco después de que llegó al palacio colonial en el centro de la Ciudad de Guatemala, Kamilo Rivera dejó el edificio en un pick-up blanco en compañía de un agente policial. El aún viceministro estacionó en un McDonald´s cercano, donde se reunió con un tercer individuo, quien había llegado en otro vehículo, en el que Rivera se fue del restaurante de comida rápida. El pick up y el otro policía regresaron al palacio.

Desde entonces, Kamilo Rivera es prófugo de la justicia.

Cómplices del crimen organizado

Cuando Kamilo Rivera trabajó por primera vez para el gobierno de Guatemala, a mediados de la década pasada, el presidente del país era Óscar Berger, y sus dos principales lugartenientes en el gabinete de seguridad eran los empresarios Carlos Vielman y Erwin Sperisen. No habían pasado ni diez años desde la firma de la paz y Guatemala estaba sumida en un caos propiciado por la violencia que generaban viejos aparatos de inteligencia militar, los narcotraficantes locales y poderosas bandas de crimen organizado dedicadas al secuestro y el robo de bancos.

Berger fue elegido presidente en 2004 por sus promesas de modernizar el estado guatemalteco, terminar con años de corrupción militar en los aparatos de seguridad y acelerar el crecimiento económico. Algo falló.

La investigación sobre ejecuciones extrajudiciales que CICIG y MP realizaron en 2018 establece que durante la administración Berger había dos escuadrones de la muerte enquistados en la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala. El primer escuadrón estaba formado por policías de alta y era dirigido por Víctor Hugo Soto Diéguez, el jefe de la Sección de Investigaciones del Crimen Organizado de la PNC.

El segundo escuadrón estaba al mando de Víctor Rivera y su lugarteniente era Edwin Emanuel Rivera Gálvez, alias Noel, y el hermano de Kamilo Rivera. Ellos y otro grupo de oficiales jóvenes, quienes en algún momento fueron los rostros de la modernización que se suponía llegaría a la policía guatemalteca tras la firma del acuerdo de paz entre gobierno y guerrilla en 1996, tomarían el apodo Los Riverita.

Los Riverita, dice una exfuncionaria guatemalteca que trabajó en la seguridad pública la década pasada y conoció de cerca al clan de Víctor Rivera, se graduaron de la academia de la PNC de Guatemala como jóvenes sanos. “Se ganaron la confianza de ONG y empresarios que no confiaban en los mandos de la PNC a principios de 2000”, cuenta. Los nuevos llegaron a sustituir a viejos militares, que eran mandos conocidos más por su ineficiencia y corrupción que por su combate al crimen que se había disparado con el fin de la guerra civil.

Cuando Berger llegó al poder, entre los principales problemas de la seguridad pública guatemalteca estaba el secuestro. Fue en ese contexto que llegó Zacarías, quien se convertiría en el primer padrino de Kamilo Rivera.

Familiares de tres personas -dos guatemaltecas y una salvadoreña- que fueron víctimas de secuestros entre finales de los 90 y mediados de 2000 describieron a Zacarías diciendo que era un investigador eficiente, que introdujo técnicas policiales modernas a dos cuerpos policiales centroamericanos que hasta los años 80 del siglo pasado no habían pasado de ser parte de los corruptos aparatos represivos del Estado.

La familiar de una de las víctimas guatemaltecas, quien habló con InSight Crime con condición de anonimato, dice que Víctor Rivera “resolvía, pero porque sabía que no tenía que cumplir con la ley; conseguía muy rápido lo que a un fiscal le hubiera costado meses, como bitácoras de teléfono”.

Una exfuncionaria de seguridad pública agrega: “El sector empresarial los agarró como sus patojos. Eran efectivos porque eran impunes: podían hacer diligencias fuera de la ley y nadie los castigaba”.

Esa filosofía, la de investigar crímenes y resolverlos al margen de la ley, se transformó muy pronto en la justificación con la que los dos grupos, el de Rivera y el de Soto Diéguez, empezaron a navegar en la ilegalidad.

El gobierno de Berger, dice la exfuncionaria, produjo “una estructura paralela que solo funciona si hay impunidad. Con todas las de la ley no son tan exitosos. Eran los tiempos en los que en el MP (Ministerio Público) no se estudiaban las necropsias y se daba por cierto lo que decían los informes policiales”.

Además de las ejecuciones extrajudiciales que según CICIG y MP se ordenaron desde la cúpula del gobierno, los dos grupos diversificaron su portafolio, incluyendo delitos como robos, extorsiones y vínculos con grupos de narcotráfico.

Fantasmas que reviven
La historia que atañe a Kamilo Rivera empezó el 23 de octubre de 2005, cuando, de acuerdo con testimonios recabados por CICIG, hubo una reunión en la que el ministro Vielman dio la orden de recapturar “vivos o muertos” a 19 reos que se habían fugado el día anterior de una cárcel conocida como El Infiernito, de Escuintla, un departamento del litoral pacífico de Guatemala.

Kamilo Rivera no estuvo en la reunión, pero, según los investigadores, Erwin Sperisen, entonces director de la Policía, estuvo para reafirmar verbalmente la orden de Vielman y Víctor Rivera estuvo para pedir informes periódicos sobre las recapturas y muertes. Lo bautizaron “Plan Gavilán”, una fachada que utilizarían para ejecutar a siete personas entre 2005 y 2007.

La operación era sencilla: perseguirían a los presos fugados y, de ser posible, los ejecutarían; luego modificarían las escenas de los crímenes para hacer aparecer las ejecuciones ante la opinión pública como enfrentamientos entre los fugados y las autoridades.

Casi dos meses después de la reunión, el Plan Gavilán empezó a dar resultados. Cuatro días antes de la Nochebuena de 2005, uno de los grupos de exterminio encontró a Asiel Arauz Palacios, uno de los fugados, gracias a la información dada por una testigo que había llamado para reclamar una recompensa que las autoridades anunciaron como parte del plan.

Tras recibir la recompensa, la mujer se convirtió en informante de los agentes Kamilo Rivera y Suharaim Stu Velasco Crispín, quien una década después llegaría a ser subdirector de la PNC. Los dos hombres entregaron a la testigo el celular número 5550-4484. Un peritaje realizado por CICIG y MP en investigaciones posteriores determinó que de ese número se realizaron varias llamadas y se enviaron mensajes al teléfono de Rivera. (El teléfono es una de las pruebas agregadas al expediente sobre siete ejecuciones extrajudiciales que CICIG y MP presentaron como acusación penal en octubre del año pasado; los casos atribuidos a Rivera y Velasco incluyen otras evidencias, como los testimonios de siete expolicías que conocieron sobre esa ejecución y pericia documental como necropsias y órdenes oficiales que incluyen la autorización del pago de 50,000 quetzales–unos 6,500 dólares–a la testigo.)

El 20 de diciembre de 2005, Rivera y Velasco, quien utilizaba entonces el alias Mario, organizaron una operación que incluía una entrega controlada a Arauz Palacios de víveres y medicinas. A eso de las 6pm la testigo llegó a un café internet en la Zona 7 de la Ciudad de Guatemala, pero Arauz Palacios no estaba; en su lugar había llegado Adonis Asael Murillo, un joven hondureño.

Al ver que el fugado no llegó a la entrega controlada, Rivera, quien usaba el alias John, y Velasco, salieron de su vehículo encapuchados y capturaron al hondureño. Bajo presión, Murillo les dijo donde estaba Arauz Palacios: en una colonia de la misma Zona 7. Hasta allá se fueron los dos Riverita. A eso de las 7:00 pm, Asael Arauz Palacios fue arrestado. No opuso resistencia.

Lo llevaron al palacio de la PNC en la Zona 1 en el centro histórico de la ciudad. Unas horas después, varios policías lo llevaron a la 10 avenida 40-00 de la Zona 5 de la ciudad. Ahí, en la vía pública, lo estaban esperando unos encapuchados para ejecutarlo. Los testigos acreditados por MP y CICIG aseguran que Kamilo Rivera era uno de esos encapuchados. El que disparó fue otro policía del grupo, Axel Arnoldo Martínez Arriaza, quien fue arrestado y condenado en 2013 a 25 años de cárcel por otra ejecución extrajudicial en 2013 por otros casos.

Tras la ejecución de Arauz Palacios, la Policía hizo pública su versión, que pasó durante un buen tiempo como la recolección oficial de los hechos: el fugado intentó disparar a los agentes, a quienes no quedó más remedio que asesinarlo. El Plan Gavilán estaba dando resultado.

Las investigaciones posteriores de CICIG y MP determinaron otra cosa: los encapuchados intentaron alterar la escena y plantaron una pistola Sig-Sauer modelo P220 calibre .45 en las manos del cadáver para justificar el supuesto enfrentamiento entre el fugado y los policías. La investigación forense posterior, la necropsia y el peritaje balístico descubrieron el timo: La necropsia, añadida al expediente judicial, establece que “las trayectorias balísticas de todas las lesiones son de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo”, lo cual es consistente con una ejecución. Eso significa que “quienes disparaban enfrentaban el plano posterior de la víctima, situación que no es factible con un enfrentamiento”.

La balística indica, de hecho, que Arauz Palacios recibió 12 balazos en la espalda de tres armas diferentes. Eso tampoco es consistente con un enfrentamiento.

El 21 de diciembre de 2005, un día después de la ejecución de Arauz Palacios, apareció el cadáver del hondureño Murillo en una finca ubicada a unos 30 kilómetros del centro de la capital. MP y CICIG también atribuyen ese asesinato a Rivera y a Velasco.

«Las primeras de CICIG empezaron a dejar claro que los dos escuadrones de la muerte incrustados en la PNC durante el gobierno de Óscar Berger estaban relacionados de diferentes maneras con las masacres de Pavón, Parlacen y El Boquerón». 

El caso Parlacen y el primer intento de desmantelar los escuadrones

En febrero de 2007, tres diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano y su motorista fueron asesinados en una finca ubicada en la Carretera a El Salvador, en las afueras de la capital guatemalteca. Desde el principio, las investigaciones apuntaron a cuatro policías que eran parte de otro escuadrón de la muerte -distinto a Los Riverita- como responsables de matar a los salvadoreños tras recibir información de que estos habían viajado a Guatemala con droga y dinero. Los policías fueron arrestados pocos días después y recluidos en la cárcel conocida como El Boquerón, donde fueron asesinados por comandos élite según testimonios recabados por CICIG dos años después.

Para encubrir sus pasos, las autoridades guatemaltecas implicadas en ambas masacres -Parlacen y Boquerón- intentaron crear una narrativa oficial según la cual a los policías que mataron a los diputados los habían asesinado pandilleros en un motín carcelario. Pocos creyeron esa versión.

En El Salvador, tres exfuncionarios que investigaron extraoficialmente a “Los Riverita” y su conexión con el asesinato de tres diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano en 2007, coincidieron en entrevistas separadas con InSight Crime que en su momento presentaron a los gobiernos de Óscar Berger y al posterior de Álvaro Colom pruebas de la participación de policías en hechos relacionados con los asesinatos de los diputados y actividades de narcotráfico.

En Guatemala, la primera ronda de investigaciones que CICIG realizó en 2007 y 2009, a poco de establecerse en el país, empezaban a dejar claro que los dos escuadrones de la muerte incrustados en la PNC durante el gobierno de Óscar Berger estaban relacionados de diferentes maneras con las masacres de Pavón, Parlacen y El Boquerón.

Cuando en 2009 la CICIG investigó ambos casos estableció, en informes preliminares a los que InSight Crime tuvo acceso, que Víctor Rivera y Los Riverita habían estado implicados en la masacre de los policías en El Boquerón para ocultar la participación de Vielman y Sperisen en el caso Parlacen. (En múltiples ocasiones ambos exfuncionarios han negado estos señalamientos).

“Este día (25 de febrero de 2007, día en que fueron asesinados los policías) aproximadamente a las diecisiete horas ingresó a la cárcel un comando de encapuchados dirigido por Víctor Rivera Azuaje, Javier Figueroa Díaz y Víctor Soto Diéguez, acción de la que tenía conocimiento tanto el ministro Vielman como el director Sperisen, dándole muerte a los citados policías para que no informaran que lo ocurrido con los parlamentarios salvadoreños había sido por orden de ellos”, dice un oficio enviado por investigadores de CICIG el 13 de enero de 2009 a Carlos Castresana, entonces jefe de la comisión internacional.

Kamilo Rivera fue, según estas investigaciones, uno de los agentes que estuvo presente en la masacre de El Boquerón, planificada y realizada para cubrir las huellas de las autoridades guatemaltecas implicadas en los asesinatos de los parlamentarios salvadoreños.

InSigh Crime habló en San Salvador con un exfuncionario de alto nivel en el gobierno de Antonio Saca, el presidente que gobernaba El Salvador cuando ocurrieron los asesinatos de los diputados. En una entrevista en su despacho, el exoficial confirmó que el gobierno de su país siempre tuvo sospechas de que el grupo de Zacarías había estado implicado en las dos masacres.

“Recuerdo que no confiábamos en los guatemaltecos”, dijo el exfuncionario, quien pocos días después de los asesinatos de los diputados se reunió en el palacio de Gobernación con Vielman y sus asesores. El salvadoreño salió del despacho para buscar el baño; estaba oscuro. En el pasillo se encontró a Zacarías. “Me dio mucho miedo”, contó.

Incluso el gobierno de Estados Unidos expresó, en su momento, sospechas sobre lo que había pasado en El Boquerón. En un cable confidencial, con referencia O270007Z y enviado pocas horas después de la masacre en la cárcel, el embajador de Washington en Guatemala, James Derham, informó al Departamento de Estado sobre el posible móvil del crimen: “El miedo a que los supuestos homicidas -los policías- hablaran es percibido ampliamente como el motivo para que los autores intelectuales de los asesinatos de los diputados silenciaran a sus asesinos”, dice en concordancia con las investigaciones preliminares de CICIG.

Vielman y Sperisen fueron juzgados por otro caso — la masacre de prisioneros ocurrida en Pavón otra cárcel guatemalteca. Vielman huyó a España, país del que es nacional, donde fue juzgado y absuelto. Sperisen se fugó a Suiza, donde guarda prisión domiciliar tras una condena a 15 años de cárcel. Víctor Rivera fue asesinado en Ciudad de Guatemala el 7 de octubre de 2008, por un caso de secuestro en el que, según las investigaciones del Ministerio Público, se quedó con la recompensa.

Kamilo Rivera nunca fue acusado en aquellos años.

De hecho, cuando todo esto ocurría en Guatemala, el nombre de Kamilo Rivera se camuflaba entre el de los otros agentes estatales que trabajaban en el Ministerio de Gobernación de la administración Berger. Kamilo era, entonces, un miembro más de Los Riverita; su nombre adquiriría nueva relevancia más de una década después, cuando su nombramiento como viceministro de Gobernación volvía a abrir las puertas del pasado.

La nueva misión: parar a la CICIG

A las 10:16 de la mañana del 14 de agosto de 2018 los agentes de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), la unidad especializada del Ministerio Público que trabaja en coordinación directa con CICIG, ya habían hecho cinco de las ocho capturas programadas para el operativo realizado ese día en el caso Corrupción y Construcción, uno de los de más alto perfil que llevó la fiscalía especial y en el que aparecen involucrados varios empresarios y políticos guatemaltecos.

Juan Francisco Sandoval, jefe de la FECI, había pedido apoyo desde el 13 de agosto a las 5:20 p.m. mediante un correo electrónico que envió al recién nombrando viceministro de Gobernación, Kamilo Rivera, desde una cuenta oficial de correo electrónico. Después, a través de mensajes de texto por la plataforma WhatsApp y de una llamada a la línea telefónica institucional de Gobernación, el viceministro Rivera reiteró que las patrullas y personal policial solicitado para las diligencias en el caso Corrupción y Construcción estarían disponibles al día siguiente. En una carta enviada a la fiscala general Consuelo Porras, la FECI dijo que Rivera mintió.

Desde las 9:16 de la noche hasta las 11:19 PM el jefe de la FECI envió varios mensajes de texto al viceministro para reconfirmar el apoyo policial. Rivera respondió hasta las 11:25 PM que aún no sabía qué policías acompañaría a los fiscales, ya que había “otros operativos proyectados”. Sandoval volvió a preguntar a las 2:51 AM del 14, poco más de una hora antes de la hora programada para empezar capturas y allanamientos. Rivera contestó que solo podía darle policías hasta las 7:00 a.m.

Finalmente, a las 3:30 a.m. el viceministro envió un correo electrónico para decir que la Policía no acompañaría al MP y a CICIG en las capturas de sospechosos en uno de los casos de corrupción con más alto perfil en el país. La explicación de Rivera: “El apoyo no se puede dar por otras tareas de prevención, así como por otros operativos que desarrollarían otras fiscalías del MP hechas con anticipación”.

Rivera no volvió a responder a Sandoval sobre este operativo.

En realidad, este fue el quinto incidente en los que Kamilo Rivera negó apoyo o atropelló los casos de investigaciones conjuntas entre la fiscalía especial y la comisión internacional.

El 7 de febrero de 2018, pocas semanas después de la llegada del nuevo viceministro, los agentes de la FECI y CICIG se toparon con el reportero de una radiodifusora que esperaba su llegada en el lugar donde se realizaría, antes de las 6:00 a.m., la captura de una persona vinculada con la estafa a un banco. Se suponía que el operativo era secreto. El 12 de abril otro operativo, en un caso de corrupción en la seguridad social guatemalteca, se cayó debido a filtraciones de información.

El 18 de abril de 2018 ocurrió otro incidente en el caso Corrupción y Construcción. Ese día, la FECI pidió apoyo para una diligencia que se realizaría el día siguiente. Gobernación accedió solo para después pedirle a los agentes de la policía que acompañaban a los fiscales que se retiraran cuando ya iban en camino a hacer allanamientos. “El fiscal tuvo que obtener apoyo en comisarías que se encontraban en la ruta de destino”, dice el informe que la FECI envió a la fiscal general en agosto.

Otro incidente reportado parece sacado de una comedia de enredos. El 16 de mayo de 2018 la fiscalía solicitó ocho patrullas para apoyar inspecciones que los fiscales realizarían el día siguiente en el caso conocido como Traficantes de Influencias. Entrada la mañana del 17 de mayo, el viceministro Rivera comunicó al MP que no habría policías de apoyo por “problemas técnicos”. Luego, cuando la fiscal general le preguntó qué pasaba, Rivera contestó que no había enviado el refuerzo porque la FECI había pedido la ayuda desde una “cuenta no oficial”.

Traficantes de Influencias no es un caso menor. Es, de hecho, uno de los mejores ejemplos de cómo las investigaciones de la CICIG junto a la fiscalía especializada del Ministerio Público han tocado, por primera vez, a políticos influyentes y empresas millonarias implicadas en tramas de corrupción. Se trata de una investigación desprendida del famoso caso La Línea, el cual desveló una red de corrupción incrustada en las aduanas guatemaltecas dirigida por el expresidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti.

De La Línea se desprendieron varias investigaciones posteriores, una de ellas relacionada con empleados del Sistema de Administración Tributaria (SAT) que, a cambio de coimas, facilitaban la devolución fraudulenta de impuestos a compañías y poderosos conglomerados empresariales, como Aceros de Guatemala. Felipe Alejos, actual vicepresidente del Congreso y uno de los adversarios más vocales de CICIG, también está implicado en el caso.

Pero, con excusas como la de no haber recibido peticiones de apoyo policial por cuentas oficiales de correo, Rivera cumplía con la misión de frenar las investigaciones emprendidas por CICIG y el MP en grandes casos de corrupción.

Se cierra el círculo

Sandoval, el jefe de la FECI, supo que las cosas para él y la CICIG se iban a poner más difíciles cuando Rivera fue juramentado como viceministro de Gobernación el 26 de enero de 2018. No era solo el pasado del nuevo funcionario, era también que Rivera tenía una vendetta pendiente con CICIG.

El 9 de agosto de 2010, la antecesora de la FECI en el Ministerio Público de Guatemala, que era la Unidad de Fiscalía Especial adscrita a CICIG (UEFAC) dictó órdenes de captura contra siete personas que, entre 2004 y 2005, habían formado “parte de una organización criminal conformada desde el Ministerio de Gobernación y la PNC… dedicadas a ejecuciones extrajudiciales”, según el archivo de la comisión internacional. Uno de los detenidos era Edwin Emanuel Rivera Gálvez, hermano de Kamilo, segundo del comisario Víctor Rivera Azuaje y de Los Riverita.

Con el tiempo, en etapa de casación, Emanuel Rivera, también conocido como Noel, fue liberado, y a la postre contratado como responsable de seguridad en una empresa privada dedicada a la explotación de palma africana en Guatemala.

Kamilo Rivera supo mantenerse al margen de la polémica que siguió al arresto de su hermano. En silencio, y con el apoyo de algunos sectores importantes de la empresa privada o de exmilitares vinculados a viejos grupos de inteligencia, Rivera siguió navegando cerca de instituciones de la seguridad pública guatemalteca, según dijeron a InSight dos investigadores que conocen el expediente del exviceministro.

Un fiscal guatemalteco va más allá y dice incluso que Kamilo Rivera intentó boicotear a la CICIG y a la FECI entre 2014 y 2015, cuando fue director de investigaciones criminalísticas (DICRI) en el Ministerio Público.

Sin embargo, las masacres que la CICIG, y en algunos casos el MP, atribuyeron a los escuadrones de la muerte incrustados en la fuerza pública guatemalteca a mediados de la década pasada, de los que Kamilo Rivera formó parte, terminaron revelando hasta qué punto la ilegalidad estaba incrustada en el Estado de Guatemala y convenciendo a las mismas élites del país centroamericano que un mecanismo supranacional de investigación era necesario para mejorar la investigación criminal.

Kamilo Rivera fue uno de los que nunca pasó por un tribunal de justicia por aquellas masacres. Y no deja de parecer una ironía de la historia que su particular impunidad marque el que por hoy parece ser el ciclo final de la CICIG en Guatemala. La CICIG está finalizando su quinta renovación y parece probable que haya una más.

Aquellas ejecuciones extrajudiciales atribuidas a hombres como Rivera fueron el detonante que permitió, en gran medida, el consenso político mínimo necesario para la creación de CICIG. Poco más de una década después, Rivera fue el hombre escogido para cerrarle el paso de una vez por todas a ambos organismos de investigación.

La versión original de este artículo se publicó en InSight Crime y puede consultarse en este enlace.