En nuestro boletín semanal te contamos cómo tras fracasar en sus intentos por alcanzar una magistratura en la Corte de Constitucionalidad, la Fiscal General, María Consuelo Porras, agota sus últimas cartas en el proceso de postulación para el Ministerio Público. Pese a acumular un récord histórico de 25 objeciones por falta de honorabilidad, la protección de un bloque de comisionados aliados la mantiene en la contienda
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Bernardo Arévalo nunca reelegiría a María Consuelo Porras como Fiscal General. Pero ella lo intenta. Es quizás la última oportunidad de procurarse inmunidad antes de entregar su cargo el 17 de mayo.
Y su nombre, como parte de los candidatos para dirigir el Ministerio Público ante la actual Comisión de Postulación, viene acompañado de derrotas en esta intención de agenciarse protección judicial dentro del Estado.
A inicios de febrero, se postuló a magistrada de Corte de Constitucionalidad ante el Consejo Superior Universitario, pero nadie votó por ella. A finales de ese mismo mes, envió su curriculum para el mismo cargo ante la Corte Suprema de Justicia. Pero su expediente ni siquiera fue conocido.
La tercera opción de Consuelo Porras para continuar ocupando un puesto en el Estado, con posibilidad de antejuicio, es el Ministerio Público. Pasó el primer filtro de revisión. Su expediente ante la Comisión de Postulación cumplió con los requisitos formales. Y, aunque no se presentó físicamente, envió a un tercero que adjuntó la documentación necesaria de respaldo.
Cuestionada honorabilidad
Al integrar la lista de 48 aspirantes, Porras recibió un alud de 25 objeciones en su contra. Originalmente eran 33, pero los comisionados decidieron que 9 tachas presentadas por el ex fiscal Juan Francisco Sandoval constituían una sola.
La Fiscal General se consolidó de esta manera como la aspirante que más reparos ha acumulado en la historia de todos los procesos de postulación en Guatemala.
Las denuncias presentadas en su contra han cuestionado, sobre todo, su honorabilidad e idoneidad. Incluyen señalamientos de haber favorecido la impunidad de redes de corrupción durante su gestión de 8 años. También impulsar la criminalización contra periodistas, operadores de justicia anticorrupción, defensores de derechos humanos y autoridades indígenas que defendieron la democracia en 2023.
A estos señalamientos se sumaron las acusaciones relacionadas con el presunto plagio de su tesis doctoral. Y su reciente vinculación con posibles adopciones ilegales de niños y niñas durante el conflicto armado interno.
Estas objeciones fueron planteadas por organizaciones de la sociedad civil, autoridades indígenas y operadores de justicia.
Pero Consuelo Porras, ante este escenario, también se ha consolidado como un factor que podría evidenciar la persistencia de redes de influencia interesadas en mantener el control del Ministerio Público. Especialmente entre los comisionados encargados de definir la nómina de seis candidatos a fiscal general que será enviada al presidente Bernardo Arévalo el 17 de abril, para que designe al próximo jefe del ente investigador.
Porras como balanza de los comisionados
La votación de las tachas contra la candidatura de María Consuelo Porras en la Comisión de Postulación ha dejado en evidencia una dinámica que, más allá del procedimiento formal, refleja la existencia de bloques claramente definidos que han operado para favorecer su continuidad en el proceso.
El dato más relevante es que, de las 25 objeciones presentadas en su contra —muchas de ellas con señalamientos graves sobre su gestión—, únicamente cinco fueron admitidas para trámite. Mientras que 20 fueron rechazadas por la mayoría de comisionados.
Entre quienes han sostenido una postura consistente de respaldo a Porras destaca la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Claudia Paredes. Esta votó en contra de 24 de las 25 tachas y únicamente permitió que una avanzara. Junto a ella están los decanos Henry Arriaga, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y José Ángel Donald González, de la Universidad de Occidente. Ellos coincidieron en rechazar la mayoría de objeciones contra Consuelo Porras.
En votaciones específicas también se alinearon otros decanos, incluidos representantes de la Universidad San Pablo, la Universidad Panamericana y la Universidad del Valle.
El comportamiento de este grupo ha sido interpretado como una estrategia para reducir el impacto político y reputacional de las tachas. Un ejemplo claro fue el rechazo de la objeción presentada por el periodista José Rubén Zamora. Esta bajo el argumento de que parte de la documentación estaba en inglés.
Varios decanos se inhiben de conocer tachas contra Porras
También, en torno a la evaluación de Consuelo Porras, se han registrado abstenciones. Como la del decano de la Universidad Mariano Gálvez, Luis Ruano, que evitó pronunciarse en la tacha relacionada al presunto plagio de la tesis doctoral de Porras. Precisamente porque esa casa de estudios está vinculada al otorgamiento de dicho grado.
De igual forma, Julio César Cordón Aguilar, decano de la Universidad Rafael Landívar, se inhibió en un señalamiento que lo involucraba directamente por su paso en el Ministerio Público.
En la práctica, la actuación de la mayoría de comisionados ha permitido contener el impacto de las objeciones y mantener a Porras en condiciones competitivas dentro del proceso.
Y, por primera vez, si Porras presenta sus pruebas de descargo, podría interpretarse como un ejercicio de rendición de cuentas sobre su trabajo.
El futuro de Consuelo Porras
El margen de maniobra de Consuelo Porras para sostenerse en el poder o, en su defecto, garantizarse protección judicial, se ha reducido de forma considerable en el actual contexto político e institucional.
El panorama difiere del de 2022. En ese momento, Porras fue reelecta con el respaldo del entonces presidente Alejandro Giammattei y una CC que intervino para garantizar su inclusión en la nómina final. Hoy, el Ejecutivo está en manos de Bernardo Arévalo. Su legitimidad política, aunque débil, descansa en gran medida, sobre la promesa de combatir la corrupción y desmontar estructuras de impunidad.
Las tachas presentadas en contra de Consuelo Porras —aunque en su mayoría no fueron admitidas— documentan y recogen una serie de señalamientos que podrían constituir la base para futuras investigaciones penales.
Sin la protección del antejuicio, Porras pasaría de una posición de poder con amplias facultades judiciales y de protección institucional, a una situación en la que deberá responder por las decisiones tomadas durante su gestión.
Aunque si Consuelo Porras logra integrar la nómina de seis candidatos que la Comisión de Postulación entregará al presidente Bernardo Arévalo, su nombre podría funcionar más como una herramienta de presión y negociación y menos como una vía realista para continuar al frente del Ministerio Público. Pero sobre todo, evidenciaría la capacidad de los grupos que procuran impunidad y que buscan la continuidad de la llamada dictadura judicial.
De cualquier forma, un escenario en el que Arévalo apueste por su reelección es muy lejano. Mientras tanto, el tiempo avanza en contra de la Fiscal General Consuelo Porras.
