Esta semana La Instantánea aborda la manera en que el MP condiciona la participación democrática. Los ataques contra los magistrados del TSE y su lucha legal por regresar a sus cargos funcionan como mensaje de advertencia para cualquiera que intente postularse para administrar las elecciones de 2027.
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Hola estimada comunidad de No Ficción. Iniciamos el último mes del año con una advertencia, una advertencia democrática.
La criminalización de las elecciones de 2023 todavía sacude como el chasquido de un latigazo. Y seguirá lastimando por varios años, con pocas opciones de atenuar el daño: una enorme herida democrática.
¿Quién, qué abogado (al menos decente) querrá postularse en 2026 para magistrado del Tribunal Supremo Electoral e intentar mantener el respeto por las reglas del juego democrático en las elecciones de 2027 si todo ha quedado lastimado?
¿Quiénes, qué abogados (al menos honrados) pueden aspirar a estos cargos si cada cierto tiempo, como ocurrió esta semana, vemos que reaparecen los magistrados del TSE todos golpeados judicialmente, señalados de fraude electoral, estigmatizados por supuestas irregularidades en la adquisición por Q148 millones del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), intentando, mediante amparos y acciones legales, recuperar sus funciones a menos de cuatro meses de entregar el puesto (aunque tampoco se les concede aquello de “mansas palomas”)?
¿Qué ciudadanos (al menos íntegros) todavía confiarán en que pueden integrar mesas y juntas receptoras de votos en 2027 si sus decisiones terminan cuestionadas con posibilidad de cárcel?
Los golpes constantes a la democracia, el lawfare o dictadura judicial, excluyen a los buenos perfiles. Los disuaden. Los entumecen.
Ya de antemano, se conoce que el rector usurpador de la Universidad de San Carlos, incluido en la Lista Engel de actores antidemocráticos, Walter Mazariegos, presidirá la Comisión de Postulación de posibles magistrados del TSE en enero de 2025. Ya con anticipación, Mazariegos tendrá a su diestra en este proceso a su aliado Henry Arriaga, su decano de Derecho. Y como suplente de Mazariegos en este proceso, el Consejo Superior Universitario designó a la estudiante Adelupe Jocabed Rojas, marcada por respaldar el fraude dentro de la USAC en 2022.
Los contrapesos para intentar sanar las heridas democráticas al momento de seleccionar a las autoridades que administrarán los próximos comicios generales proviene, sobre todo, de la elección de un representante del Colegio de Abogados, que muchos agremiados oscuros disputan. Y del representante de los decanos de derecho de universidades privadas, que desde noviembre de este año, radica en una lucha entre 17 instituciones con la recién creada Universidad Americana, vinculada a Walter Mazariegos.
El flagelo democrático que se avecina
De momento, el azote contra la democracia por parte de un Ministerio Público “cooptado y desmantelado para operar como un instrumento de persecución selectiva”, como señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe presentado esta semana, ya lacera todos los procesos de 2026 y las elecciones de 2027.
Persuade y promueve impunidad, en detrimento de una participación ciudadana más honorable y activa.
Consuelo Porras y el pacto antidemocrático y los actores pro impunidad, como explicó la CIDH, buscan magullar los procesos de elección de segundo grado de la Corte de Constitucionalidad (CC), así como renovar la Contraloría General de Cuentas (CGC) y al Fiscal General de la República.
La ilusión de la oscura sociedad gremial antidemocrática consiste en controlar todos los mecanismos de contrapesos institucionales. Neutralizar y criminalizar a la oposición. La manipulación legal (cada vez más inestable). Y buscar, como fin más asequible, el control electoral de 2027 como lo intentaron en 2023, donde lograron excluir (utilizando a la Contraloría y al TSE) a candidatos como Thelma Cabrera, Carlos Pineda o Roberto Arzú, en un proceso en el que se coló Bernardo Arévalo como una variable que no era esperada dentro de la ecuación.
Si los planes no son cómo los esperados, el MP se convierte en el látigo que castiga. Y aunque le queda poco tiempo (mayo 2026), Consuelo Porras y su equipo saben que formarán parte de la elección de magistrados del TSE (marzo 2026) y magistrados de la CC (abril 2026). Allanamientos, solicitudes de información, acciones legales, casos de intimidación.
Lo saben bien los magistrados del actual TSE. Un año fuera del cargo, sin inmunidad, criminalizados por decretar ausencia de fraude electoral y validar las elecciones, reincorporados esta semana por decisión de la Corte Suprema de Justicia como mensaje de advertencia. Una advertencia antidemocrática.
