La integración del Tribunal Supremo Electoral para el período 2026-2032 no fue el resultado de una sola correlación de fuerzas, sino de una negociación escalonada entre bloques legislativos que combinó acuerdos amplios, votaciones divididas y reajustes de última hora.
El análisis conjunto de los perfiles electos y de los resultados de las votaciones en el Congreso muestra que la nueva magistratura se configuró mediante una coalición transversal integrada principalmente por Vamos, UNE, Cabal, Valor, Todos y un amplio grupo de independientes, con oposición limitada a un bloque reducido de diputados provenientes de VOS, Winaq y antiguos integrantes de Semilla.
Las votaciones reflejan tres patrones distintos. Para empezar, algunas magistraturas, como las de Mario Alexander Velásquez Pérez, Rosa Rivera Acevedo, Karin Romero Figueroa y Joaquín Flores Guzmán, fueron aprobadas con mayorías casi unánimes como resultado de acuerdos previos entre las principales bancadas.
Otras, como las de Roberto Morales Gómez o Giovanni Soto Santos, registraron votos en contra provenientes de independientes y de la oposición minoritaria, que por el contrario sí brindaron su respaldo a las candidaturas de Velásquez, Rivera, Romero y Flores. Y en el tercer caso, el de Francisco Javier Puac Choz, el candidato no logró respaldo suficiente para una magistratura titular, pero terminó siendo elegido como suplente tras una recomposición del acuerdo político, la integración del tribunal se cerró mediante un reparto final de cuotas entre los distintos bloques.
El mecanismo de esta negociación, según recogió La Hora, fue mediante el cabildeo en bloque. El grupo mayoritario designó a tres magistrados titulares y el minoritario dos. La primera mesa, con alrededor de 90 votos, fue liderada por las facciones oficialistas (Raíces y Semilla) y Cabal, con el apoyo de Visión con Valores (Viva), Victoria y bloques aliados. La segunda aportaba 70 votos. Esta instancia incluía al bloque dominante Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Unionista, Valor, Todos, Vamos (la facción liderada por Allan Rodríguez) y Nosotros.
Según dos fuentes opositoras y una oficialista consultadas por No Ficción, esta negociación dejó fuera a aspirantes con cuestionamientos de parcialidad por el desgaste que dejó la elección de 2023 y los señalamientos de la embajada estadounidense (tras la selección de 20 nominados) de que esta abrió las puertas “a organizaciones criminales y narcotraficantes con sus selecciones para el TSE”.
Este comportamiento legislativo coincide con los perfiles de los magistrados electos. La nueva integración combina funcionarios electorales, magistrados de salas, operadores del sistema de justicia, asesores vinculados al Estado y figuras con trayectoria en redes gremiales, académicas o políticas, varios de ellos con antecedentes en procesos de postulación, comisiones de elección o decisiones judiciales de alto impacto.
La diversidad de trayectorias, junto con el patrón de votaciones, muestra que la conformación del TSE no respondió a una sola línea política, sino a un equilibrio negociado entre grupos de poder que, según las fuentes políticas consultadas en el oficialismo y oposición, tiene por objetivo que no se bloqueen candidaturas en las elecciones del 2027.
Este proceso estuvo marcado además por la exclusión de algunos de los aspirantes más controvertidos que habían sido incluidos en la nómina final de candidatos. Varios perfiles señalados por investigaciones sobre manipulación en la elección de cortes, por vínculos con operadores políticos o por sanciones internacionales no lograron los votos necesarios en el pleno, pese a haber llegado a la fase final del proceso.
Entre ellos figuraban candidatos mencionados en el caso CICIG sobre Comisiones Paralelas 2020, señalados por presuntas gestiones para influir en designaciones judiciales, así como aspirantes incluidos, o familiares de añadidos, en la Lista Engel del Departamento de Estado de Estados Unidos por acciones consideradas contrarias a la democracia y que propician la corrupción. También quedaron fuera perfiles identificados como cercanos al Ministerio Público o a redes gremiales con fuerte incidencia en la elección de autoridades del sistema de justicia.
Sin embargo, hay señales de advertencia en la designación del magistrado titular Roberto Estuardo Morales Gómez, así como en los suplentes Giovanni Francisco Soto Santos y Sergio Amadeo Pineda Castañeda, por sus acciones desde los órganos de justicia con repercusiones políticas.
El resultado final muestra un tribunal electo mediante consensos amplios pero construidos sobre intereses distintos: algunos magistrados fueron candidatos de consenso desde el inicio, otros generaron resistencias dentro del Congreso y algunos más fueron incorporados en la fase final como parte del cierre de la negociación.
Ese contexto es clave para entender el perfil de cada magistrado titular y suplente que se detalla a continuación:
Magistrados titulares
Mario Alexander Velásquez Pérez
Elegido con 153 votos a favor | 1 voto en contra | 6 diputados ausentes
Candidato de consenso que tuvo apoyo entre oficialismo, oposición tradicional, bloques pequeños e independientes. El único voto en su contra fue de Vivian Preciado Navarijo, actualmente incorporada en el partido Victoria, pero declarada independiente por la salida del partido.
Velásquez Pérez es abogado y funcionario electoral, actualmente secretario general del Tribunal Supremo Electoral (TSE), cargo desde el cual ha tenido un papel visible durante la crisis institucional posterior a las elecciones de 2023. Su nombre ha estado en el centro de la confrontación entre el TSE y el Ministerio Público por las investigaciones de la FECI sobre la inscripción de partidos y los resultados electorales. Desde su posición, defendió públicamente la legalidad del proceso y cuestionó los allanamientos realizados por el MP en el tribunal, en uno de los momentos más tensos entre autoridades electorales y fiscales.
Su actuación también generó controversia dentro del proceso electoral. Fue denunciado por el exvicepresidenciable Jordán Rodas, candidato del MLP junto a Thelma Cabrera en 2023, quien lo acusó de extralimitarse al emitir una circular que exigía verificar la autenticidad y vigencia del finiquito para inscribir candidaturas. Según los señalamientos, esa disposición contravenía los requisitos legales y contribuyó a impedir su inscripción, en medio de acciones impulsadas también por el Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas.
Entre los magistrados titulares es el que cuenta con la mayor experiencia de primera mano en la gestión electoral, por su paso en el TSE.
Roberto Estuardo Morales Gómez
Elegido con 130 votos a favor | 25 votos en contra |5 diputados ausentes
En este caso obtuvo el apoyo en bloque de Vamos, UNE, Cabal, Valor, Todos y Unionista. Pero la mayoría de sus votos en contra provienen de independientes y antiguos integrantes de Semilla, VOS, Winaq y algunos disidentes de UNE.
Morales Gómez es magistrado vocal I de la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y aspira a integrar el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para el período 2026-2032. Desde esa sala ha emitido resoluciones que han intervenido en el actual proceso de comisiones, entre ellas la exclusión de profesionales de “ciencias afines” en el proceso del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) para la designación de magistrados a la Corte de Constitucionalidad, así como fallos que incidieron en el retraso de la renovación del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).
En la elección de la Corte de Constitucionalidad del 2021, Morales Gómez presentó una impugnación en contra del proceso realizado por el CSU de la USAC con el que designó a Gloria Porras. Con base en esta acción la Junta Directiva del Congreso, presidida por el diputado Allan Rodríguez, de VAMOS, decidió impedir su juramentación como magistrada del tribunal constitucional.
Su actuación también ha sido vinculada a sectores gremiales como el grupo Unión, en 2024, señalado por su cercanía con el empresario Sergio Roberto López Villatoro, conocido como “El Rey del Tenis”, personaje vinculado por el Ministerio Público y la CICIG a la manipulación del sistema de justicia en Guatemala. A menos de dos años de haber sido elegido por el Congreso como magistrado de lo contencioso administrativo, ha logrado una magistratura en el TSE.
Rosa Mariella Josabeth Rivera Acevedo
Elegida con 155 votos a favor | 0 voto en contra |5 diputados ausentes
Su elección refleja un acuerdo político transversal entre todos los bloques legislativos, incluyendo oficialismo, oposición, independientes y bancadas minoritarias.
Su postulación a magistrada del Tribunal Supremo Electoral se produce tras más de una década como magistrada de Sala y luego de haber integrado la nómina de aspirantes al TSE en el proceso 2020-2026. Desde 2014 es magistrada de la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones Civil y Mercantil, cargo al que llegó en la elección realizada durante el gobierno del Partido Patriota, en un periodo que se prolongó varios años por la falta de renovación de cortes y la crisis institucional entre 2019 y 2024.
Antes de llegar a la judicatura trabajó como jefa de Asesoría Jurídica del Consejo Departamental de Desarrollo en la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (2005-2014), durante los gobiernos del FRG, GANA, UNE y el inicio del PP. También fue asesora en el Ministerio de Gobernación (2001-2004) y prestó servicios al Ministerio de Relaciones Exteriores (1996-2001), en las administraciones del PAN y del FRG. Su trayectoria muestra un perfil formado dentro de la estructura estatal, con presencia en distintos gobiernos y sin afiliación partidaria pública conocida.
Karin Virginia Romero Figueroa
Elegida con 155 votos a favor | 0 voto en contra |5 diputados ausentes
Su elección sigue el patrón de la de Rivera Acevedo y refleja un acuerdo político transversal entre todos los bloques legislativos, incluyendo oficialismo, oposición, independientes y bancadas minoritarias.
Romero Figueroa es abogada con carrera desarrollada principalmente dentro del Organismo Judicial, donde ha ocupado distintos cargos técnicos y administrativos antes de llegar a funciones de mayor jerarquía. Fue magistrada suplente de la Corte de Apelaciones para el período 2014-2019, elegida por el acuerdo de las bancadas mayoritarias del PP y Líder que dominaban esa Legislatura.
Dentro de su trayectoria institucional se desempeñó como coordinadora de oficiales, oficial, secretaria, asistente técnica y encargada del Registro de Notarios, cargos que reflejan una carrera construida desde la estructura interna del Organismo Judicial más que desde el litigio privado o la actividad política. En el plano académico cuenta con maestrías en gerencia pública y en derecho constitucional, y tiene pensum cerrado de doctorado en derecho.
Quelvin Otoniel Jiménez Villalta
Elegido con 154 votos a favor | 1 voto en contra |5 diputados ausentes
Su elección incluyó los votos favorables de oficialistas, opositores e independientes de los distintos bloques. El único voto en su contra fue el de la diputada de Valor, Sandra Jovel, canciller entre 2017 y 2020 del gobierno de Jimmy Morales.
Abogado y defensor de derechos humanos, ha desarrollado su carrera en el litigio social y en el acompañamiento jurídico a comunidades indígenas, especialmente como asesor del Parlamento Xinca en las acciones legales contra el proyecto minero El Escobal, operado por Minera San Rafael. Su participación en el proceso de consulta al pueblo Xinca lo situó en uno de los conflictos socioambientales más prolongados del país y lo expuso a amenazas, por lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas de protección a su favor para garantizar su vida e integridad y el ejercicio de su labor como defensor.
También ha desempeñado cargos de asesoría jurídica en el ámbito local. Entre 2017 y 2023 fue asesor legal en la Municipalidad de Santa Rosa de Lima, en administraciones vinculadas a distintos partidos con presencia en el departamento de Santa Rosa (Une y Cabal), y posteriormente prestó servicios profesionales para la Gobernación Departamental de Santa Rosa entre 2024 y 2025, ya durante el inicio del gobierno del Movimiento Semilla, combinando funciones institucionales con su actividad en temas de derechos colectivos y conflictos socioambientales.
Magistrados suplentes
Giovanni Francisco Soto Santos
Elegido con 134 votos a favor | 20 votos en contra |6 diputados ausentes
Su elección incluyó los votos favorables de Vamos, UNE, Cabal, Valor, Todos y Unionista. Los votos en contra provinieron de diputados independientes anteriormente electos por Semilla, diputados de Vos y Winaq.
Soto Santos es magistrado titular vocal II de la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Organismo Judicial desde 2014. Hijo del exdecano de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala y exmagistrado de la Corte de Constitucionalidad Cipriano Francisco Soto Tobar, quien en 2003 votó a favor de la candidatura presidencial de Efraín Ríos Montt, pese a la prohibición constitucional. Soto Santos se ha desarrollado principalmente en la jurisdicción contencioso administrativa, donde conoció casos de alto impacto político y electoral.
Durante su gestión, la Sala Quinta otorgó en 2018 un amparo que detuvo la cancelación del partido FCN-Nación por no reportar gastos de campaña en 2015 y resolvió a favor de la candidata a diputada Julia Maldonado (Líder) para que pudiera participar en ese proceso electoral. En 2021 fue señalado por el bloque de la Unidad Nacional de la Esperanza tras suspender asambleas municipales de esa agrupación. Además, la sala fue cuestionada por denegar acciones contra la elección de Walter Mazariegos como rector de la USAC en 2022, pese a denuncias de vicios en el proceso. Su candidatura a magistrado se da en un contexto en el que sus resoluciones han sido interpretadas como influyentes en disputas políticas e institucionales clave.
Joaquín Rodrigo Flores Guzmán
Elegido con 155 votos a favor | 0 votos en contra |5 diputados ausentes
La elección de Flores Guzmán fue aprobada por prácticamente todo el Congreso, con 155 votos a favor y ningún voto en contra, lo que refleja un acuerdo político transversal entre oficialismo, oposición, independientes y bancadas minoritarias.
En 2022 fue juramentado como director general del Sistema Penitenciario durante la administración de Alejandro Giammattei, gestión marcada por conflictos laborales, incluido un paro de guardias por el incumplimiento de aumentos salariales prometidos años atrás. Posteriormente mantuvo contrato como asesor en la Subgerencia de Tecnología del IGSS desde 2024, al mismo tiempo que fungía como asesor y luego jefe de la Dirección de Seguridad Institucional del Organismo Judicial, una simultaneidad de funciones remuneradas señalada por el portal Vox Populi.
Su trayectoria incluye asesorías en el Ministerio de la Defensa (2023) y en el Viceministerio de Gobernación (2021-2022), así como participación en proyectos vinculados al sector justicia relacionados con el Instituto de la Defensa Pública Penal. Dentro del Organismo Judicial ha ocupado cargos administrativos y de confianza, entre ellos asesor de la Vocalía IX de la Corte Suprema de Justicia, secretario de la Presidencia del Organismo Judicial en distintos periodos y secretario en funciones de la CSJ, según registros del Movimiento Pro Justicia.
Francisco Javier Puac Choz
Elegido con 152 votos a favor | 2 votos en contra |6 diputados ausentes
En la votación como titular solo obtiene 55 votos, muy lejos de la mayoría necesaria. En la elección de suplente sí consigue el respaldo suficiente para ser elegido. Puac no era aceptado como titular por la coalición dominante, pero sí fue aceptable como suplente dentro del reparto de magistraturas. Votaron en su contra, como suplente, Mynor de la Rosa (Vamos) y Sandra Jovel (Valor).
Puac Choz es abogado y notario con más de dos décadas de ejercicio profesional, con trayectoria académica y presencia activa en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), donde es vicepresidente de la Junta Directiva, elegido en 2025 por la agrupación Unidad por la Justicia, una de las corrientes gremiales que han competido por el control del colegio en los últimos procesos internos. Su participación en esa planilla lo vincula a las dinámicas gremiales que suelen incidir en la elección de autoridades judiciales y constitucionales.
Ha ejercido como abogado por más de 21 años y ha sido docente en la Universidad Rafael Landívar (URL). Posee doctorado en Derecho por la Universidad Mariano Gálvez y maestría en Derechos Humanos por la URL. En los últimos años ha participado en varios procesos de postulación: en 2022 fue aspirante a Fiscal General y en 2024 integró la nómina de candidatos a magistrados de la Corte de Apelaciones 2024-2029.
Sergio Amadeo Pineda Castañeda
Elegido con 150 votos a favor | 4 votos en contra | 6 diputados ausentes
Obtuvo el respaldo de la mayoría de bloques entre ellos VAMOS, UNE en su distintas facciones, independientes, Cabal, antiguos integrantes de Semilla y otros bloques minoritarios. Solo tuvo el voto en contra de los diputados Blanco, Chic y Flores, de VOS, y de la diputada Sonia Gutiérrez, de Winaq. El mismo grupo que votó contra Estuardo Morales y Francisco Soto.
Pineda Castañeda es magistrado de la Corte Suprema de Justicia y ha sido señalado por posibles conflictos de interés en procesos de designación judicial, al presentar su candidatura ante el mismo órgano del que forma parte y participar en el diseño del perfil y procedimiento de selección en 2016 a la Corte de Constitucionalidad, un señalamiento realizado por parte del Movimiento Pro Justica.
El ingreso de Pineda a la CSJ también tuvo señalamientos de negociaciones ilegales para lograr su nominación y elección. En la investigación del Caso Comisiones Paralelas II, realizado por CICIG, se estableció que Pineda visitó tanto a Manuel Baldizón como a Alejandro Sinibaldi. Según registró la FECI, Baldizón indicó que el exrector Estuardo Gálvez le pidió apoyar a Blanca Stalling y a Sergio Pineda, con lo cual fue incluido en la lista de candidatos preseleccionados
En 2021, la FECI solicitó el retiro de su inmunidad por el caso Comisiones Paralelas 2020 por presuntos delitos de tráfico de influencias, violación a la Constitución y asociación ilícita, relacionados con su actuación como comisionado en procesos de postulación. Pero la CSJ, integrada por magistrados suplentes, rechazó la solicitud.
Alfredo Skinner–Klée Arenales
Elegido con 148 votos a favor | 6 votos en contra | 6 diputados ausentes
Consiguió el respaldo de la mayoría de bloques entre ellos VAMOS, UNE en su distintas facciones, independientes, Cabal, antiguos integrantes de Semilla y otros bloques minoritarios e independientes. Tuvo el voto en contra de los diputados Blanco, Chic y Flores, de VOS, de la diputada Sonia Gutiérrez, de Winaq, y de los independientes Felipe Barrera y Rudy Pereira.
Skinner-Klee Arenales tiene vínculos directos con círculos de poder ultraconservadores en Guatemala. Su esposa, Alexandra Sol Camino de Skinner-Klée, ha presidido la Asociación La Familia Importa (AFI), organización que articula sectores religiosos vinculados al Opus Dei y corrientes neopentecostales, así como familias del poder económico.
Pertenece a una familia con trayectoria histórica en ámbitos empresariales y políticos. Su hermano, Jorge Skinner-Klée Arenales, fue embajador ante la Organización de las Naciones Unidas durante el gobierno de Jimmy Morales y posteriormente embajador en España en la administración de Arévalo. Su hermano fue señalado como parte del grupo de operadores políticos y diplomáticos que impulsó la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, concretada en septiembre de 2019.
