No hay evidencia estatal que sostenga que el estado de excepción hondureño, decretado hace casi dos años, haya tenido éxito en acabar con las extorsiones pandilleras y reducir la violencia. Lejos de eso, los casos de abusos policiales cometidos bajo estos “súper poderes” otorgados a los uniformados van desde tortura, agresiones sexuales, desapariciones e incluso asesinato. 

Como cada viernes, Cristian regresó a casa alrededor de las dos de la tarde del 16 de agosto de este año, después de su jornada de estudios en el Instituto Felipe Zelaya, en la ciudad hondureña de San Pedro Sula. Antes de llegar a su vivienda, compró en una tiendita cercana artículos que necesitaba para el almuerzo. Mientras salía con sus compras, vio pasar una patrulla policial por la cuadra. No le pareció extraño. En barrios como la Rivera Hernández, donde al menos cuatro pandillas tienen presencia, es común ver patrullajes.

Al llegar a casa, Cristian se quitó la camisa del uniforme. Está en el último año de su carrera y espera con ilusión comenzar la universidad en 2025. Al salir al patio, vio la patrulla frente a su casa. Su cotidianidad se rompió cuando cuatro policías le apuntaron con sus armas y le ordenaron que no se moviera. Pese al miedo, Cristian alcanzó a preguntar qué estaba pasando. Los policías le dijeron que callara. No presentaron ninguna orden de allanamiento.

Cristian vio a dos de los policías entrar en su casa. Después de más de tres minutos, se armó de valor y preguntó a los dos agentes que le apuntaban con sus armas si necesitaban sus documentos, que estaban en la vivienda. Los uniformados le hicieron una señal para que fuera a traerlos. Al entrar, vio que los otros dos policías buscaban afanosamente entre sus cosas. Cuando les preguntó qué hacían, comenzó una de las peores experiencias vividas por él: puñetazos en el pecho, golpes con la culata de un arma en sus costillas.

Tras la paliza, le pusieron una pistola en la frente y lo amenazaron de muerte para que dijera que era pandillero y ocultaba algo en la vivienda. Según Cristian, lo amenazaron con implantar una bolsa de mariguana como prueba. Cristian dejó de hablar y se sometió al allanamiento. Si en condiciones normales la violencia de la corporación policial hondureña ha sido una constante en barrios como este, Cristian se enfrentó a policías que, como ratifican otras denuncias de ciudadanos y organizaciones civiles, se saben protegidos por una medida que cada vez tiene menos de excepcional y que les urge a realizar capturas para presentar cifras altas y justificar la política presidencial. 

En diciembre de 2022, la presidenta Xiomara Castro anunció la implementación de un estado de excepción en Honduras, emulando lo que unos meses atrás hizo el presidente Nayib Bukele en El Salvador. En la actualidad, el estado de excepción está vigente en 158 de los 298 municipios del país, donde las autoridades concluyeron que el problema de pandillas es grave. Esta medida tenía como objetivo principal acabar con las extorsiones pandilleras, y se tomó luego de que, entre enero de 2022 y mayo de 2023, al menos 43 operadores de transporte público fueron asesinados en Honduras en crímenes relacionados con el cobro de la extorsión. 

Desde su puesta en marcha, el estado de excepción ha sido ampliado 14 veces. Honduras lleva casi dos años bajo este régimen y se prepara para las próximas elecciones en medio de estas restricciones. El estado de excepción dota de súper poderes a los policías y militares que lo ejecutan: restringe los derechos a la inviolabilidad de la libertad personal, la libertad de asociación y reunión, la libre circulación, la detención o arresto en virtud de mandato escrito de autoridad competente, la garantía de no ser detenido o llevado a la cárcel con auto de prisión habiendo rendido caución suficiente, y a la inviolabilidad del domicilio.

En términos sencillos: los cuerpos de seguridad pueden arrestar a quien quieran y entrar a la casa de quien quieran sin necesidad de presentar pruebas al momento de la captura o el allanamiento. Mientras que los ciudadanos detenidos no tienen derecho a fianza ni a reunirse ni a ser detenidos solo bajo una orden judicial o un delito en flagrancia.

Ahora tiene mucho más poder una policía que históricamente ha estado penetrada por la corrupción hasta el tuétano, al punto de haber llegado a tener un director que este 2024 fue condenado en Estados Unidos a 19 años de cárcel por narcotráfico: Juan Carlos Bonilla, que dirigió la institución entre 2012 y 2013, confesó en agosto en una corte de Nueva York haber participado en el tráfico de más de 450 kilos de cocaína provenientes de Venezuela y Colombia. 

Durante el estado de excepción, según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) existen más de 600 quejas en contra de los cuerpos de seguridad por supuestos abusos que van desde golpizas hasta violaciones sexuales o desapariciones. Pero todo apunta a que lo de la Conadeh es solo un subregistro. El caso de Cristian, por ejemplo, es uno de los recogidos por una organización que acompaña a niñez y juventud en riesgo social en el sector Rivera Hernández, pero que por temor a represalias pide ocultar su nombre en este reportaje. Ese caso sigue el patrón de decenas de otros más, aunque dentro del catálogo de horrores de esta política, no es ni de cerca el más violento, cuando mucho el más común. 

Al ver que la escena se prolongaba, Cristian decidió gritar y pedir ayuda a una vecina que se acercó y presenció la retención del muchacho. Gracias a ello, los policías decidieron irse y dejar libre a Cristian, que quedó con marcas en el cuerpo. A pesar de los golpes y amenazas, Cristian no corrió la peor suerte de entre los denunciantes, donde se cuentan relatos de asesinatos y desapariciones. 

Para este reportaje se entrevistó a un oficial de la Dirección de Información Estratégica del Ejército, la inteligencia militar. Desde el inicio del régimen, se ordenó a la Policía Militar acompañar a la Policía Nacional en su ejecución. La unidad policial que encabeza los operativos bajo esa política represiva es la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), que fue creada en julio de 2022, apenas cinco meses antes de que el estado de excepción entrara en vigencia.

Una de las preguntas que se hizo al oficial fue cómo interpretan los militares y policías las libertades que el régimen les otorga. El oficial aseguró que los militares solo acompañan, pero que los operativos están a cargo de la Dipampco, y dijo: “(los operativos) Se llevan a cabo a cualquier hora, sin orden judicial y, a veces, sin un motivo claro para ejecutar la operación. En muchos casos, se implanta prueba o se actúa por algún objetivo dirigido, ordenado y justificado bajo el estado de excepción. Se irrespeta el derecho de los ciudadanos, ya que ha habido casos en los que se ingresa a las viviendas, y algunos agentes incluso llegan a robar dinero o pertenencias personales sin justificación. Al final, se detiene a los individuos, pero muchos de ellos quedan en libertad a las pocas horas porque no hay una base sólida de investigación”.

Bajo el mismo acuerdo de anonimato, se entrevistó también a un fiscal de criminalidad organizada del Ministerio Público. Fue severa su evaluación del estado de excepción: “La Policía Nacional lo está usando para matar, robar. Hay muchos casos, principalmente en San Pedro Sula, donde el objetivo de la Policía es estar asaltando, atacando enemigos”.

Según este fiscal, incluso hay muchas ocasiones donde los miembros de la Mara Salvatrucha-13 pagan a la Policía para que “realice las operaciones”. “Hay ciudades y pueblos, principalmente en el corredor del narcotráfico (zona litoral entre los departamentos de Atlántida y Colón), donde quien dirige y controla la gobernabilidad son las maras; a tal grado que no cobran impuesto de guerra, pero le están diciendo a la población que tiene que pagar sus cámaras y permitir las actividades de narcotráfico… La relación entre la Policía y las maras es sumamente sólida”, dijo. 

La sicóloga de la Asociación Calidad de Vida, que trabaja con víctimas de abusos en el país, y que ha atendido a 24 víctimas del estado de excepción, aseguro haber acompañado un caso durante el régimen donde se reflejaba esa complicidad entre policías y pandilleros: 

“Tenemos otro caso (de abuso en contra) de una muchacha, en julio de 2023, cuya pareja estaba ligada a maras y pandillas y protegida por la policía. Era de Sulaco, y este hombre tenía el favor de la policía local porque estaba metido en el narcotráfico. Ella tenía 23 años y un niño de dos años. Fue víctima de agresiones sexuales y todo tipo de maltrato”. “¿Y ella denunció este hecho?”, se le preguntó. “Sí, sí, pero como lo cambian de puesto (al oficial que protegía al pandillero), queda impune”, respondió.

“En estos tiempos de excepción, la violencia no ha parado, sino que se ha encrudecido. Atendemos a muchas mujeres y hay casos en los que no pueden hacer procesos en Puerto Cortés porque el agresor está ligado al crimen organizado y coludido con policías. No siempre los militares o policías son los agresores directos, pero lo permiten y toleran. ¿Qué confianza puede tener la mujer para poner la denuncia?”, dijo.

Se tuvo también acceso a una denuncia interpuesta por una agente del Ministerio Público. Para resguardar su seguridad, apenas es posible citar algunas de las frases contenidas en el documento oficial de denuncia: “Estoy recibiendo amenazas de muerte por parte de oficiales y agentes de investigación de la Dirección Policial de Investigación (DPI)”. Ella aseguró haber descubierto en San Pedro Sula “una estructura criminal organizada mediante la cual (los policías) confeccionan expedientes falsos para involucrar a personas inocentes en hechos criminales y así buscar la impunidad de los verdaderos hechores… que estos hechos vienen ocurriendo desde julio de 2023”. Todo bajo la vigencia del estado de excepción. 

Casi dos años después de la implementación de esta medida, el 11 % de la población en Honduras paga extorsiones, lo que representa a casi 300,000 hogares, según un informe reciente de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ). Durante 2022, el año previo al inicio del estado de excepción, según datos de esa misma organización, el 9 % de la población se veía afectada por ese delito. Basados en datos de la fiscalía, la ASJ consigna en su informe que, hasta noviembre de 2023, prácticamente tras un año bajo el estado de excepción, solo hubo 19 personas condenadas por extorsión en todo Honduras.

Muy poco sustento en la realidad encuentran aquellas palabras pronunciadas en noviembre de 2022, semanas antes de declarar el estado de excepción, cuando la presidenta Castro anunció “una guerra contra la extorsión”. 

Lejos de la versión propagandística del Gobierno, los líderes del sector transporte que representan a cooperativas que manejan centenares de buses en todo el país no ven razón alguna para celebrar. Wilmer Cálix, que representa a los dueños de 162 buses, dijo que “el estado de excepción no ha podido frenar el delito de la extorsión… El sector transporte urbano paga entre 40 a 50 millones de lempiras (alrededor de US$1.9) mensuales a una o cinco estructuras, dependiendo dónde estén ubicados”.

Según este empresario, en lo que va de 2024 han sido asesinados 42 empleados del transporte público. El dirigente nacional de transportistas, Jorge Lanza, acentúa lo dicho por Cálix: “en lo que concierne al pago de extorsión, eso se sigue pagando lo mismo o hasta más en algunos casos”. 

A pesar de que el estado de excepción está en vigor en todo el país, 16 departamentos fueron escenario de “70 masacres de tres o más víctimas”, según reveló el Conadeh. 

Durante estos casi dos años bajo esta política, diferentes organizaciones han recogido casos que siguen patrones similares, como detenciones arbitrarias, allanamientos sin orden judicial o maltratos que en ciertas ocasiones pueden considerarse torturas, como en el caso de Cristian. Para este reportaje, se entrevistó a 25 víctimas que se atrevieron a hablar. Veinte de esas víctimas pidieron anonimato por temor a represalias de los cuerpos de seguridad. Se hicieron 34 solicitudes de información a ocho instituciones públicas que tienen un rol en el régimen.

También se entrevistó a dos agentes que ejecutan esta política, a seis defensores de derechos humanos que han estado activos documentando casos durante este periodo, y además se consultaron seis informes de diferentes organizaciones nacionales e internacionales que hablan de los abusos de esta política. No hay ninguna evidencia de que esta medida haya reducido las extorsiones o la presencia de pandillas en las zonas que desde antes controlaban. De lo que sí hay evidencia es de los abusos de autoridad que este régimen ha solapado. 

Los datos incompletos

Pese a que en diversos momentos han aparecido funcionarios públicos celebrando los éxitos del estado de excepción, no hay evidencia sólida que respalde esas declaraciones. Lejos de las conferencias de prensa donde se presentan datos que en ocasiones tienen una dudosa relación con el régimen -como cifras de capturas o de incautaciones de vehículos o armas-, cuando se solicita información oficial vía la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos entregados no describen ningún triunfo; algunos simplemente no son entregados o presentan información incompleta o incomprensible. 

La Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales entregó a este equipo información sobre la apertura de 3,305 expedientes contra sus agentes en 2021; 3,087, en 2022; 2,818, en 2023; y 1,832, hasta julio de 2024. Es decir que, desde que el estado de excepción ha estado vigente, la cantidad de investigaciones contra policías ha ido disminuyendo, a pesar de las denuncias de violaciones a derechos humanos y los informes nacionales e internacionales que denuncian los abusos cometidos. 

La Secretaría de Derechos Humanos simplemente no respondió ninguna de las seis preguntas, a pesar de que en el proceso de investigación este equipo interpuso un recurso de revisión debido a su silencio. Las preguntas buscaban determinar cuántas denuncias de abusos perpetrados por parte de los organismos de seguridad del Estado habían sido recibidas desde que el régimen arrancó. 

La Procuraduría General de la República respondió que hasta agosto de este año no tenía ninguna demanda contra el Estado por violaciones durante este régimen policial.

La búsqueda de respuestas a través de funcionarios responsables de ejecutar o de aprobar las prórrogas del estado de excepción, tampoco rindieron frutos. El secretario de Estado en el Despacho de Seguridad, Gustavo Sánchez, nunca respondió a la solicitud de entrevista hecha a su oficina. El presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso, Rafael Sarmiento, contestó inicialmente vía mensaje automático diciendo que iba en camino, pero nunca más volvió a responder para fijar la conversación. Tampoco quiso hablar del estado de excepción el diputado oficialista Rassel Tomé; y el diputado del Partido Liberal, Jhosy Toscano, rehuyó a hablar del tema argumentando que solo estuvo en la Comisión de Seguridad del Congreso en la primera legislatura.

La contundente condena contra el estado de excepción

Al contrario de los datos oficiales, que no arrojan ninguna señal contundente de éxito del estado de excepción, los informes de organismos nacionales e internacionales condenando las violaciones a los derechos humanos en Honduras han sido abundantes y precisos. 

El Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas, en su informe del 27 de mayo de 2024, dijo que le preocupaban “las detenciones arbitrarias” en el marco del estado de excepción, así como las “deficiencias en el sistema de registro de detenciones de la Policía”. El comité de la ONU arroja también algunas cifras que le resultan alarmantes: “Detenciones (más de 25,896) y allanamientos (más de 17,062) sin orden judicial” gracias a las facultades otorgadas por la política de represión promovida por la Presidencia.

Pide al Estado “reforzar los mecanismos de vigilancia y supervisión de las actuaciones policiales, y considerar la instalación de cámaras de televisión en circuito cerrado en todos los lugares donde pueda haber personas detenidas, en particular en las postas policiales incluidas las salas de interrogatorio”. 

Tras señalar diversas deficiencias en el registro de datos dentro de la Policía y la Policía Militar, el Comité Contra la Tortura deja un párrafo desolador sobre el estado de excepción, a un año y medio de su implementación: “el Comité mantiene su preocupación por el uso prorrogado del estado de excepción desde diciembre de 2022 y por la amplia participación de la Policía Militar del Orden Público desempeñando tareas policiales de seguridad pública.

Preocupan también al Comité las informaciones de las que dispone en las que se señala el continuo uso innecesario o desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, así como casos de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en el marco de varios operativos policiales y militares. Además, el Comité expresa su profunda preocupación ante las numerosas denuncias de actos de tortura y malos tratos durante interrogatorios que se efectuarían antes del registro formal de la detención, incluidos a mujeres y niños y niñas, y en su mayoría cometidas por parte de efectivos de la Policía Nacional, la Dirección Policial Anti-Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado y la Policía Militar del Orden Público”.

El Comisionado Nacional de Derechos Humanos ha emitido tres informes y más de cinco comunicados a lo largo del estado de excepción, denunciando que “el 95 % de las detenciones son por faltas menores y el 3 % por extorsión”; que, tras analizar casos de mujeres, adolescentes y niñas que vivieron operativos en el marco de esta medida policial, “en 72 (65 %) de las 110 quejas, las niñas, mujeres y adolescentes denunciaron ser objeto de violencia verbal, física o sexual”; que “al menos 660 agentes de seguridad fueron denunciados, durante la vigencia del estado de excepción”. 

En su informe de 2024 sobre la situación de los Derechos Humanos en Honduras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también urgió al Estado hondureño a “desmilitarizar” la seguridad pública y dijo que le preocupa que las prórrogas al estado de excepción están “siendo aprobadas sin un análisis del Congreso”.

La lista continúa: organizaciones como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional han condenado “las desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y detenciones ilegales” cometidas durante estos casi dos años de estado de excepción. La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos hizo un “llamado público para que Honduras no siga los pasos de Guatemala y El Salvador, quienes han gobernado bajo estados de emergencia o regímenes de excepción nacionales o focalizados sin velar por el respeto a los derechos humanos”. 

Todos los informes y defensores de derechos humanos consultados coinciden en que el estado de excepción derivó en un aumento de la sensación de impunidad dentro de las fuerzas de seguridad. Si las denuncias de las organizaciones nacionales e internacionales dejan frases contundentes, los relatos de las víctimas de abusos policiales dejan frases aterradoras, como la siguiente: “aquí se hace lo que nosotros decimos, aquí los podemos matar”. 

Los todopoderosos policías 

La terrible frase del párrafo anterior fue pronunciada por un policía de la frontera de El Florido, Copán, a una familia guatemalteca que estaba esposada, tirada en el suelo y oculta bajo un toldo en un sitio oscuro de ese punto fronterizo entre Honduras y Guatemala. Los hechos están contenidos en dos denuncias: una ante el Ministerio Público de Guatemala y otra ante el Ministerio Público de Honduras. Estos hechos también fueron relatados por las víctimas a una periodista de este equipo que también recibió videos y fotografías de partes de la escena. 

El 15 de agosto de 2024, Erlyn Ortiz, un ingeniero guatemalteco de 30 años, y su esposa Erika Morales, un ama de casa hondureña de 31 años, madre de cuatro hijos, ambos residentes en Chiquimula, Guatemala, cruzaron la frontera de El Florido acompañados con dos amigos: David Lemus, una persona de 25 años con discapacidad cognitiva, y José Armando Tejada, de 19. Se trasladaban hacia la ciudad de Copán Ruina para ayudar con la mudanza de unos familiares. 

En la frontera, fueron detenidos por un retén de rutina. Los policías preguntaron a Erlyn por los documentos de compra de una hidrolavadora que llevaba en el vehículo. Él argumentó que era vieja, de su propiedad, que la ocuparía para la limpieza durante la mudanza a la que se dirigían y que no conservaba los papeles de compra. La situación derivó en una discusión entre los policías del retén y la familia viajera. 

La situación se tornó rara cuando, sin devolverles los documentos, uno de los policías

preguntó a Erlyn si él tenía casas. La pareja dijo que sí y preguntó si había algún problema. El oficial los dejó ir luego de advertirles que estaría pendiente de su regreso.

A las 7 de la noche, cuando cruzaban de regreso la frontera, una agente pidió a Erika bajar del carro para una requisa. El jefe de ese dispositivo policial, identificado en las denuncias como Kevin Oseguera, apareció en ese momento insultando a la pareja y a sus acompañantes. Erika llamó a una abogada e intentó comunicarla con el oficial Oseguera, quien se negó a atender el teléfono. Todo fue de mal en peor. 

Bajaron a los dos acompañantes, los lanzaron al suelo, los golpearon con las culatas de los fusiles y los esposaron. Lo mismo hicieron con Erika, mientras impedían que Erlyn se acercara a su esposa. En ese momento, empezaron a estrangular a Erika mientras los llevaban bajo un toldo que está en un sitio oscuro detrás del contenedor que es utilizado como caseta por los miembros de la policía de frontera.

Ahí continuaron golpeando a David Lemus y José Armando Tejada, que fueron lanzados al suelo y sometidos con las botas policiales en su espalda. Esposaron a Erlyn y lo lanzaron al suelo luego de propinarle golpes en la cara. 

Durante una hora y media, los viajeros sufrieron las mismas torturas: sometimiento, golpes en el rostro, asfixia, insultos, escupitajos, amenazas a muerte y, en el caso de Erika, amenazas de abuso sexual. Les quitaron los teléfonos y les obligaron a entregar las contraseñas para desbloquearlos y revisarlos.

Y, según las denuncias y su relato, escucharon estas frases pronunciadas por el oficial Oseguera y algunos de sus subordinados: “Ya vieron, chapines, hijos de la gran puta, aquí se hace lo que nosotros decimos, aquí los podemos matar y nadie se da cuenta”. “Ya viste, puta; ya viste, puta, aquí nosotros mandamos”. “Ya vieron que aquí se hace lo que yo digo”. “Nosotros vamos a hacer lo que queramos con ustedes”. “Ya viste, hijo de puta, ya viste que te vamos a humillar; ya viste, perro, ya viste todo lo que lo que provocas con tu verbo, queriendo saber de leyes. Aquí las únicas leyes son las que nosotros ponemos”. “¿No que te vas a quejar con no sé quién, pues? Andá a quejarte, vamos a ver si vas a salir de aquí ahorita. Aquí los matamos y no los van hallar ni por el tufo a mierda”.

Erika cree que sobrevivieron gracias a una casualidad. Una vecina que transitaba por la frontera la reconoció cuando pasó cerca del toldo donde Erika padecía los abusos. La vecina llamó a la hermana de Erika, que vive en la ciudad de Copán Ruinas. Ambas son parientes del alcalde de ese municipio. La hermana y un abogado llegaron hasta la frontera de El Florido para exigir ver a Erika. Cuando el oficial Oseguera conoció el parentesco con el alcalde, la actitud cambió. Llevó a Erika y Erlyn hasta su oficina. Se disculpó por lo ocurrido, les ofreció pagar por los daños ocasionados a uno de los teléfonos, pero fue enfático en decirles que no podían contar nada.

Erika, asustada ante las amenazas y los golpes recientes, manifestó que solo querían irse, que nunca dirían lo que había ocurrido. Nunca les devolvieron el teléfono del más joven de los acompañantes ni tampoco los documentos de identidad de ninguno de ellos dos. Los cuatro torturados buscaron de inmediato ayuda médica en Guatemala, para sanar las heridas. Por su padecimiento de ciática, Erlyn tuvo que seguir bajo tratamiento por el daño provocado al ser lanzado al suelo. La hermana de Erika teme por su vida. Asegura que es perseguida por policías cuando sale de su trabajo.

A Erika, lo ocurrido en agosto de este año, le sigue generando angustia y ansiedad. “Lo que más temía era dejar a mis hijos huérfanos, porque estábamos los dos papás pasando por ese proceso tan duro”. Otro de sus temores era que “de verdad fueran a violarme, como se lo decían a mi esposo, por quitarle su hombría supuestamente”. “Me sentí sola, desacompañada y realmente me di cuenta que la vida de nosotros, en personas con un poder como el de la policía, no vale nada”. 

Se intentó tener la versión del jefe de policía de frontera, Kevin Oseguera, pero cuando contestó su teléfono solo se limitó a decir que no sabía de dónde se le llamaba, aunque se le explicó. Se hizo un segundo intento, se le volvió a contactar por mensajería instantánea. Respondió: “Me gustaría que me explicara a qué se dedica esa organización, a quién pertenece y sobre qué es el motivo y de dónde me habla”. Se le dio la información que solicitó sobre quiénes conforman este equipo y qué hace Ciclos CAP. Dejó de responder. 

Algunas personas que han sido víctimas de procedimientos policiales durante el estado de excepción no han vuelto a aparecer. 

La Dipampco y las desapariciones de Daniel y Junior

Sin conocerse, Daniel, de 26 años, y Junior, de 17, comparten una trágica circunstancia: ambos están desaparecidos tras ser capturados durante allanamientos en sus viviendas por quienes se presume eran agentes policiales. Desde ese momento, sus familias no han vuelto a tener noticias de ellos. Ambos casos ocurrieron bajo el estado de excepción que está a punto de cumplir dos años en Honduras.

Los jóvenes se encontraban en sus casas, rodeados de sus familias, cuando vehículos Hilux sin placas y con hombres armados, vestidos con chalecos de la Dipampco, irrumpieron en sus hogares sin orden judicial. Bajo el argumento de que existía un estado de excepción, los detenidos fueron llevados sin explicación, mientras los supuestos agentes decían a sus familias que los buscaran en las estaciones policiales. Sin embargo, desde entonces, nadie ha vuelto a verlos. 

La Dipampco surge en un contexto problemático. A mediados de 2022, el recién inaugurado gobierno de Castro enfrentó serias acusaciones de corrupción, ejecuciones extrajudiciales, implantación de pruebas y múltiples violaciones a los derechos humanos por parte de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (FNAMP), compuesta por policías y militares. Esta situación de corrupción en el organismo llevó a la creación de un nuevo cuerpo. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha esclarecido si se llevó a cabo un proceso de depuración entre los agentes que combatían las actividades delictivas de las pandillas.

Desde diciembre de 2022, cuando el gobierno de Castro aprobó el estado de excepción, se han multiplicado las noticias de allanamientos policiales ejecutados por la madrugada, donde los agentes no muestran ningún documento ni dan ninguna explicación. Esto ha llevado a que incluso organismos como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) exijan a las autoridades garantías de que los operativos se realicen respetando los derechos humanos y el debido proceso. 

Junior Tomás Santos Pineda estaba la noche del 7 de abril de 2023 junto a sus padres y sus dos hermanos menores en la colonia El Porvenir, del sector Lomas del Carmen, en San Pedro Sula. Alrededor de las 7 de la noche, hombres armados tocaron el portón con fuerza, lo que asustó a la familia. Aseguran que luego escucharon una orden: “Abrí allí, hijo de puta”. La madre de Junior, por miedo, abrió el portón. 

“Entraron de un solo y agarraron a mis dos hijos, pero el menor estaba en el portón, y en ningún momento se soltó; y él (Junior) se salió de adentro y se paró aquí en la puerta. Ellos lo agarraron, uno de los pies y el otro de aquí (señalando los hombros), y se lo llevaron”, explicó a medios locales Wendy Patricia Pineda, madre de Junior, días después de la captura. 

Wendy Patricia recuerda que su hijo pedía auxilio cuando los uniformados lo llevaron al vehículo diciéndole que solo “iban a platicar con él”. 

Desde ese momento, la mamá de Junior acudió a las instalaciones policiales del sector, pero no obtuvo respuesta. En los siguientes días, ella junto a su esposo visitaron todas las postas policiales de San Pedro Sula y no encontraron a su hijo. Su denuncia está en la Dipampco, el Ministerio Público, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos e incluso se presentó un habeas corpus ante la Corte de Apelaciones. Junior aún no aparece. 

En su denuncia, Wendy Patricia, contó que minutos antes de que los uniformados se llevaran a su hijo por la fuerza, ella vio una patrulla de la Policía Nacional custodiando la zona. Luego apareció la camioneta Hilux color gris oscuro en el portón de su hogar.

“Yo les voy a decir que sean humanitarios, que lo dejen, que hay una familia sufriendo aquí por él. Incluso tengo a mi esposo enfermo que, a raíz de eso, ha empeorado su salud”, decía entre lágrimas Wendy Patricia días después de la desaparición de su hijo.

Dos meses después de presentar denuncias contra los policías que detuvieron a su hijo, don Tomás (padre de Junior) fue asesinado el 9 de junio al salir de su casa. Las autoridades no han revelado ningún detalle de ninguna investigación sobre este crimen. En Honduras, la tasa de impunidad alcanza el 80 % en los crímenes denunciados. Wendy Patricia teme y sospecha que el asesinato de su esposo podría estar relacionado con las denuncias que interpusieron contra los policías por la desaparición de su hijo Junior.

La desaparición de Daniel Castellanos, un joven de 26 años, residente en la colonia Rivera Hernández de San Pedro Sula, sigue un patrón similar. A las tres de la madrugada, hombres armados en un vehículo Hilux saltaron el portón de su casa, donde Daniel se encontraba junto a su esposa y sus tres hijos: de 5, 3 y 2 años.

“A las tres de la mañana, sacaron a mi hijo de la casa. Los hombres que llegaron estaban fuertemente armados y vestían chalecos de la Dipampco. Lo sacaron incluso en bóxer, ya que él estaba durmiendo con su familia. Desde ese momento he buscado en hospitales, en la morgue, en las postas policiales e incluso he recorrido barrios y colonias preguntando si alguien sabe algo de él”, cuenta Karina Melara, madre de Daniel.

A la mañana siguiente de la captura, los vecinos confirmaron que fueron hombres armados con chalecos de la Dipampco quienes se llevaron a Daniel. “Por eso fui primero a esta sede policial a preguntar por el paradero de mi hijo. Al llegar, uno de los agentes me dijo: ‘madre, ya no lo busque, él está muerto’. Le pregunté por qué me decía eso; si ellos no lo detuvieron, ¿cómo lo sabía? Y él insistió que ya estaba muerto. No me siguió diciendo nada más”, recordó Karina, con rabia.

Ambos casos han sido registrados por la Pastoral Social Cáritas, una organización católica que acompaña denuncias de violaciones a los derechos humanos en Honduras, y que en el marco del estado de excepción ha registrado un patrón similar en estas desapariciones de jóvenes. 

“Este decreto que establece el estado de excepción crea un contexto propicio para violaciones a los derechos humanos. Lo más preocupante es que se permite la captura basándose únicamente en la sospecha, lo que se convierte en un cheque en blanco para que los cuerpos de seguridad actúen sin supervisión, lo que puede facilitar arbitrariedades. Esto es grave, ya que en Honduras las fuerzas de seguridad son altamente cuestionadas por su accionar. Con un decreto que les permite realizar allanamientos sin orden judicial y en cualquier momento, sin hora establecida, además de detener sin pruebas contundentes, la situación se vuelve extremadamente peligrosa”, afirma Carlos Paz, director de la institución.

Lo dicho por Paz se ve respaldado por un reciente requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público a través de la Fiscalía de Derechos Humanos, que involucra a 11 agentes de la Dipampco, que el 13 de noviembre de 2023, hicieron un allanamiento en la vivienda de dos personas originarias de Filipinas, sin contar con una orden judicial, y les robaron pertenencias, los golpearon y amenazaron.

Por el hecho ocurrido en el municipio de Villanueva, Cortés, a los policías se les presume responsables de los delitos de allanamiento por funcionario público, robo con violencia e intimidación agravada continuada, privación ilegal de la libertad, tortura, asociación para delinquir, falsificación de documentos públicos y falso testimonio.

Según la denuncia, a uno de los filipinos lo llevaron a un lugar donde se recolecta basura, lo tiraron al suelo, boca abajo, le implantaron armas y drogas, emitieron un informe de investigación y lo detuvieron por tráfico de droga, porte ilegal de armas de fuego de uso permitido y uso prohibido.

El juez que conoció el requerimiento fiscal desestimó la acusación, pero ordenó la investigación de dichos hechos a través de la Fiscalía de Derechos Humanos y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC). El caso se mantiene ahora en reserva y no es posible conocer su evolución. 

Otro de los casos que logró documentar este equipo de periodistas se dio el 30 de noviembre a las 10.30 de la noche, cuando agentes de la Dipampco realizaron un operativo en un negocio de venta de bebidas alcohólicas propiedad de una mujer trans en la colonia Rivera Hernández. En ese operativo se detuvo a la dueña del negocio y a un cliente de 23 años. Casi un año después, las familias buscan información. La policía niega cualquier acusación. 

La dueña del local y también activista por los derechos de la comunidad trans, Cristina Portillo, lleva ya un año desaparecida tras el operativo policial. Lilibeth, hermana de Cristina, asegura que no ha tenido respuesta de ningún organismo oficial: ni la Policía ni la Fiscalía ni la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Lilibeth, que estaba en el bar la noche en que Cristina desapareció junto a hombres con distintivos de la Dipampco, cuenta que entraron a eso de las diez de la noche y destrozaron el lugar.

Asegura que, acostumbrada a que policías llegaran exigiendo cajas de cervezas para dejarlas trabajar, les ofreció llevarse cuantas botellas quisieran. Preguntaron por la droga. Ella les dijo que no tenía idea de qué hablaban. Le arrebataron el teléfono y lo revisaron, así como el de los clientes, a quienes fotografiaron. Lilibeth asegura que enviaban las fotos a un chat, hasta que un policía dijo “este es”, y sacaron a un joven a quien conocían como Joshua. Después de eso, dice Lilibeth, preguntaron por el nombre legal de su hermana, que entonces apareció en escena y se identificó. Se la llevaron junto a Joshua y gritaron a su hermana que la buscara en la delegación cercana al Estadio Morazán.

Desde entonces, Lilibeth no ha obtenido respuesta de su hermana en ninguna de las oficinas que ha visitado. Asegura que la persiguen y merodean los lugares donde duerme. Ha empezado a perder la esperanza de encontrar viva a Cristina. 

Para este reportaje se buscó por vías oficiales una explicación de algún vocero de la Dipampco o de la Policía, pero no hubo respuesta a las múltiples solicitudes. 

El Informe de Situación de Derechos Humanos presentado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en marzo de 2024 reporta que en 2023 esa oficina registró al menos siete casos de desapariciones forzadas, cinco ejecuciones extrajudiciales, cuatro de tortura y uno de violencia sexual. También se han registrado quejas por detenciones ilegales, abusos durante allanamiento de morada sin orden judicial e implantación de pruebas, en particular en los departamentos de Cortés, Yoro y Francisco Morazán.

Honduras lleva casi una década anunciando procesos de depuración en sus cuerpos policiales, que han sido señalados por serios casos de corrupción. En 2016, se estableció la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, que operó hasta 2022 y logró la depuración de más de 6,000 policías a nivel nacional, según un informe de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

Sin embargo, analistas en temas de seguridad y varios informes de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos consideran que estos procesos de depuración han sido ineficaces.

Denuncias sin respuesta

Como en los casos anteriores, la totalidad de las denuncias hechas por los 25 familiares de víctimas que fueron entrevistados para este reportaje siguen sin respuesta por parte de las autoridades. 

No hay ninguna condena por el asesinato de Erick Daniel Bonilla, de 16 años, ocurrido el 13 de junio de 2024 en Comayagüela, a pesar de las declaraciones de un testigo directo y de la versión recogida por su padre, Reymundo Bonilla, que explica que fueron policías. Asegura que su hijo salió en una motocicleta junto a otro amigo a comprar hamburguesas esa noche. Que una patrulla les hizo señales de alto, pero que los jóvenes huyeron por no llevar documentos de tránsito, que más adelante los detuvieron y que, ya detenidos, un policía mató a su hijo de un tiro; que, al ver gente alrededor, los policías huyeron y que fue el amigo de su hijo quien llamó a casa para explicar que Erick acababa de ser asesinado.

El amigo de Erick ya declaró en el Ministerio Público. Aseguró que, tras asesinar a su compañero, los policías le amenazaron para que increpara a la Policía Militar. El testigo está buscando asilo en otro país. Aunque se asegura que hay un policía detenido, la familia de Erick no ha recibido ninguna información de los avances en el proceso. 

Tampoco ha habido repercusiones en los casos denunciados ante Cáritas del joven de 22 años desaparecido el 30 de octubre de 2023 tras un allanamiento policial sin orden judicial en el sector de Chamelecón, cuya familia fue golpeada por uniformados cuando intentaron averiguar por qué se lo llevaban. Nada se sabe aún del taxista de 24 años detenido por agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI) cuando iba saliendo de su casa a iniciar jornada, también en Chamelecón.

No se sabe nada a pesar de que testigos aseguraron que fue la patrulla 3696 quien se lo llevó el 6 de noviembre de 2023. Tampoco se sabe nada del muchacho de 26 años que el 9 de abril de 2024 fue sacado de madrugada de su casa por hombres con uniformes de la DPI, que golpearon a su esposa para que dejara de protestar, en la colonia Laureles del barrio Rivera Hernández. Nada se sabe tampoco del veinteañero detenido un mes después por agentes de la Dipampco, en el mismo Rivera Hernández, que dejó atrás a su esposa que no pudo hacer nada pues la amenazaron a ella y a sus hijos. Nada se sabe de él, aunque su madre y su esposa han presentado denuncias formales.

Lo que se sabe es que su madre ha recibido amenazas de muerte. Nada se sabe de los cinco jóvenes entre 19 y 25 años que el 10 de mayo de este año desaparecieron tras ser detenidos en un operativo de la ATIC y la DPI ni tampoco del vigilante privado de 28 años detenido por la Dipampco en la colonia Alexander López el 25 de septiembre de 2023. Nada, a pesar de que su familia sí denunció ante el Ministerio Público. Nada se sabe del niño de 14 años detenido en la Rivera Hernández el 13 de julio de 2024 por la Policía Militar. De él solo queda un post en las redes sociales, colocado por sus familiares que lo buscaban y que no quieren hablar más del tema. Nada se sabe de toda esa gente, como tampoco de Daniel ni de Junior ni de Cristina ni de Joshua. Quedan un montón de denuncias, mucha información oficial que no se entrega y súplicas que son más bien un lamento, como la dicha por el padre de Erick, el muchacho asesinado en Comayagüela, tras ser detenido en una moto:

“A las autoridades, que no sigan matando a los jóvenes, así como mataron a mi hijo pueden seguir haciéndolo con otras familias”.

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Este reportaje se realizó en el marco del Ciclo de Actualización para Periodistas (CAP) sobre Democracia y Autoritarismo en Centroamérica.