Desde el domingo 18 de enero, Guatemala está bajo una de las medidas más severas de la Ley de Orden Público: un estado de sitio.
Tras una escalada de violencia vinculada a pandillas, ataques directos a las fuerzas de seguridad y el asesinato de 10 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), el gobierno decretó estado de sitio. Esta medida no es solo administrativa; es la respuesta a una ofensiva que ha puesto en jaque la seguridad ciudadana. Las autoridades atribuyen estos ataques a estructuras criminales, específicamente del Barrio18:
- Una serie de ataques directos y coordinados contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) para el control de las cárceles Renovación 1, Fraijanes 2 y el Preventivo de la zona 18. Su líder Aldo Dupié Ochoa, alias “El Lobo”, exigía ser trasladado a otra prisión para tener más privilegios.
- Bajas en las fuerzas de seguridad. Estos hechos violentos dejaron un saldo de 10 policías fallecidos y otros gravemente heridos.
- Motines en centros carcelarios y ataques a sedes policiales, ordenados por líderes pandilleros desde las prisiones como represalia por los operativos de control y los traslados de reos.
La medida busca recuperar el control ante una ofensiva coordinada del crimen organizado que puso en blanco directo a las fuerzas de seguridad del país.
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¿Qué es un estado de sitio?
Es la primera vez que se implementa una medida de esta índole a nivel nacional, bajo el marco de la Constitución Política de 1985. Esta medida permite durante 30 días:
- Intervenir servicios públicos.
- Disolver cualquier reunión o manifestación pública.
- Realizar detenciones sin orden judicial previa (en casos justificados).
A diferencia del estado de prevención, aquí el mando militar toma una relevancia directa en la seguridad pública.
El lunes 19 de enero, el Congreso de la República ratificó el estado de sitio, con algunas modificaciones significativas al decreto propuesto por el presidente Arévalo:
- Se permiten las reuniones vinculadas a elecciones de segundo grado (comisiones de postulación) para no frenar esos procesos judiciales.
- Se permite que actividades y eventos (religiosos y culturales) se lleven a cabo bajo el marco de la medida.
- Se restituye el permiso legal para que la población civil pueda portar armas de fuego, bajo el argumento del derecho a la defensa propia.
- Se prohíben durante 30 días las visitas a privados de libertad que pertenezcan a las pandillas Barrio 18 o Mara Salvatrucha, con el fin de cortar la comunicación y coordinación de ataques desde las cárceles.
El rostro de la tragedia
Ocho de los diez agentes fallecidos de la PNC recibieron un homenaje en el Palacio de Gobernación, en presencia de familiares, autoridades del Ministerio de Gobernación y del presidente Bernardo Arévalo.
El decreto autorizó un apoyo económico a las fuerzas de seguridad: los agentes heridos recibirán Q100,000 (cerca de 13 mil dólares), mientras que las familias de agentes fallecidos, una compensación de Q300,000 (poco menos de 40 mil dólares).
Los policías asesinados son Claudia Azucena Muñoz Ramos, Diana Rosmery Chávez Alarcón, Samuel Valentín Matul Obispo, José Efraín Revolorio Barrera, Luis Alexander Zetino Pérez, Fernando Alexander Batres Ordóñez, Geovani Darío Tecu Sesam, Sammy Iván López García, Heder Medrano Pernillo y Juan Antonio Paredes Mayén.
¿Qué esperar en las calles?
- Presencia militar reforzada en fronteras y zonas rojas.
- Operativos de búsqueda y captura de líderes de estructuras criminales.
- Restricción de movilidad en horarios específicos (si aplica según el decreto vigente).
Guatemala vive un momento doloroso
Con el mando militar reforzado y un sistema penitenciario bajo máxima presión, el país busca una salida a la ofensiva de las pandillas.
30 días para recuperar la paz.
