La primera mujer en tomar las riendas del Banco Centroamericano de Integración Económica anuncia que se vienen frenos para los fondos hacia El Salvador y Nicaragua para dar más balance a la cartera y corregir rumbos de la administración anterior. En esta entrevista con la Redacción Regional, Sánchez también adelanta que están haciendo una investigación “10 años hacia atrás” de los proyectos que han reportado irregularidades, entre estos los señalados en El Banco de los Dictadores, una investigación transnacional coordinada por OCCRP y en la que participamos junto a otros 13 medios aliados.

A mediados de noviembre de 2023, la elección de la costarricense Gisela Sánchez como nueva presidenta ejecutiva del Banco Centroamericano de Integración Económica caló con fuerza en la región. Por lo simbólico (es la primera mujer en dirigir la institución en 63 años), pero también por los contextos: para entonces no eran pocas las voces que exigían un freno a los financiamientos de la entidad al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, al apoyo a las políticas de Nayib Bukele en El Salvador o la revisión de proyectos controversiales impulsados en Honduras en los últimos diez años, uno de ellos, la construcción de una represa que culminó con el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres en 2016.

Semanas antes de su nombramiento, junto a una alianza de 13 medios coordinada por OCCRP, la Redacción Regional participó de El Banco de los Dictadores, una investigación a profundidad que reveló cómo el banco creado para llevar desarrollo a la región se convirtió en una caja chica para los regímenes de turno, potenció la corrupción y proyectos hidroeléctricos que generaron exclusión y violencia para poblaciones vulnerables.

Desde entonces y hasta ahora, la pregunta era cuál sería la postura de Sánchez en esta coyuntura, amén de que convivirá en una institución junto a un directorio y una junta de gobernadores entre lo que destacan con voz y voto los emisarios de los gobiernos de la región, incluidos aquellos que más beneficios recibieron de la administración anterior.

En enero pasado, la nueva presidenta aceptó una conversación informal con un grupo de periodistas que participaron de la investigación y en ese encuentro se comprometió a una entrevista para profundizar sobre su agenda de trabajo. Esta entrevista logró concretarse el 27 de febrero pasado a través de videollamada.

¿Su gestión seguirá la senda del expresidente Dante Mossi? La nueva presidenta lo descarta e incluso plantea que El Salvador y Nicaragua ya superaron los límites de los créditos que pueden recibir, que los apoyos a estos países se deben frenar para lograr una cartera más diversificada y balanceada. Uno apuesta que, enfatiza, es uno de sus compromisos.

Sánchez, que dice sentirse respaldada por los países extrarregionales y por potencias como Estados Unidos u organismos como Naciones Unidas o Transparencia Internacional, promete una gestión basada en la transparencia y el combate a la corrupción. Incluso, adelanta que ya ha ordenado una investigación de diez años atrás -y en algunos casos más atrás- para verificar qué se hizo mal. Entre esas revisiones, asegura, están todos los casos revelados por El Banco de los Dictadores, entre estos el posible desvío de créditos hacia la política del bitcóin de Bukele o la participación del banco en la millonaria trama de corrupción de Odebrecht en Guatemala.

Asegura que por ella hablarán sus actos y bajo su administración, confirma, fue separada de su cargo como asesora del director de país de Guatemala, Ana Marcela Giammattei, hija del expresidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, quien tenía un salario de $ 5 mil dólares, según reveló Vox Populi. El BCIE la separó de su cargo luego que el Departamento de Estado decretara, el 17 de enero, que su padre es inelegible para entrar a Estados Unidos por su participación en “corrupción significativa”. La sanción también la declara inelegible para ingresar al país norteamericano.  

“En los próximos meses, años, espero rendir cuentas de un BCIE más fuerte, renovado y en el que todos ustedes puedan confiar plenamente”, plantea.

Gisela Sánchez es ingeniera industrial y MBA con énfasis en Finanzas y Estrategia. Fue juramentada en diciembre de 2023 como la décimo sexta presidenta del BCIE, la primera mujer en ocupar el cargo desde su fundación, en 1960.

Usted es la primera mujer al frente del BCIE en toda su historia y desde ahí su nombramiento es inédito y parteaguas. Pero también es cierto que llega a una institución con serios cuestionamientos por su apoyo a regímenes y nuevas dictaduras en Centroamérica. ¿Cómo recibe este reto?

Sí creo que la elección es una señal clara y contundente que los 15 países miembros están dando. El BCIE ha estado acá por 63 años y estamos acá para construir los próximos 63 a partir de tres elementos: el primero, más importante y fundamental, es el compromiso con la transparencia, la integridad, cumplimiento y rendición de cuentas. El segundo es un tema de eficiencia. Ya aprobamos un plan anual y un presupuesto significativamente menor que el de 2023 (8 %) y, de hecho, doble dígito menor que el planeado para 2024 (un 18 %, casi 20 %). Y el tercero, y no menos importante, es cómo aseguramos el impacto en los países que servimos.  Me encuentro un banco con muchísimas fortalezas, pero también un banco que había crecido más de lo que su cartera hacía sentido. Tengo mucha humildad de reconocer, tiene oportunidades de mejora.

¿Qué opina de los cuestionamientos al banco?

Leí todos los informes que ustedes prepararon junto a OCCRP y claramente cuando uno se devuelve en el tiempo, hay oportunidades de diseño de proyecto y supervisión que pueden mejorarse. De hecho, a pocas semanas de arranque, aprobamos una nueva política anticorrupción, que para mí tiene un hito significativo; hicimos una alianza con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que también busca fortalecer al banco y sus operaciones; mi visita a Estados Unidos, específicamente a instituciones del gobierno, hace un par de semanas, también va en la línea de rendición de cuentas.

Al BCIE lo llamamos el Banco de los Dictadores por apoyar a gobiernos con un fuerte desdén al fortalecimiento democrático por encima del resto de países. Hablamos de Nicaragua, El Salvador y Honduras en la era de Juan Orlando Hernández. ¿Usted está de acuerdo con los señalamientos hacia el banco?

Más que estar de acuerdo o en desacuerdo, debo enfocarme en el presente y en el futuro. Y sí tengo una lectura muy crítica de las cosas que hemos estado haciendo hacia atrás, con el espíritu de poderlo mejorar y fortalecer. Es un hecho que tenemos en este momento un nivel mayor de concentración de la cartera, siendo El Salvador y Nicaragua los países que más reciben fondos. Mi objetivo es que tengamos una cartera más diversificada. Más allá de poder dar explicaciones, porque para eso creo que el expresidente del banco pudiera explicar las razones por las que se dio esta concentración de la cartera, sí tengo un compromiso de buscar una mayor diversificación.

Un poco para ilustrar este tema, en la cartera de préstamos tenemos una concentración un poco superior al 25 % en El Salvador, seguido de Nicaragua (alrededor de un 22 %); un tercer lugar Honduras (con un 17 %); después Costa Rica (con un 10 %) y Guatemala (con un 5 %). Son los datos al cierre de 2023. Y luego, en los países no centroamericanos, tenemos a Argentina con un 5.8, Dominicana (5.6); Panamá (4.6); Colombia (2.4) y luego Belice con un 0.1 %. Mi objetivo es proteger los límites de exposición por país, diversificar la cartera, hacer más eficientes los gastos del banco y poder trasladar por ende los beneficios a los países que servimos. Es un poco menos atractivo tener una agenda de reforma como la que la que traemos, pero es lo correcto. Es parte de mi responsabilidad, inclusive como mujer, para abrir más puertas a más mujeres, poder demostrar que actuaremos con absoluta rigurosidad técnica, dejando atrás todos aquellos cuestionamientos que se pudieron dar en el pasado.

Daniel Ortega y Rosario Murillo sostienen una reunión con el presidente del BCIE, Dante Mossi, durante una visita a Managua ocurrida en marzo de 2022. Foto tomada de Presidencia de Nicaragua.

Entre paréntesis nos dice que se frena la inversión a El Salvador y Nicaragua para diversificar la cartera en el resto de los países. 

Sin duda alguna. De hecho, tenemos una política de dos límites: un límite suave y un límite duro que no deben traspasarse. Tenemos un plan de acción para retomar esos límites y asegurarnos la diversificación de la cartera. Queremos seguir sirviendo a todos los países, pero queremos tener la responsabilidad de servirlos de una forma más balanceada de lo que se venía haciendo.

¿No le han hecho una revuelta en el directorio por esta medida?

(Se ríe). Yo he sido muy transparente, inclusive desde el proceso de reclutamiento, de cuál era mi visión para el BCIE y creo que el haber sido elegida es un voto de confianza en el sentido que se tienen que hacer reformas. Y sin temor a afrontarlas.  Los países son conscientes de que queremos un banco fortalecido y lo que corresponde es ser rigurosos en las decisiones que tomamos. Y cómo puede ver en las últimas semanas, ya hemos tomado acciones muy claras para la gobernanza y para la salud financiera del banco. Espero que las continuemos.

En su planteamiento, me imagino a una Costa Rica, países extrarregionales, bregando por este ideal de banco. Pero me cuesta verlo, a la luz de los hechos y todo lo actuado hasta ahora, el apoyo de Nicaragua, El Salvador y Honduras.

Usted dio en el clavo cuando mencionó a nuestros socios extrarregionales. Una sorpresa positiva que me he llevado es el interés genuino que tienen -y tenemos un gran apoyo- en los países extrarregionales (Taiwán, Corea, España, México, Colombia) para que nos aseguremos de fortalecer la gobernanza y que el banco tome decisiones con criterio técnico.   El BCIE no es el mismo que hace 15 años o hace 60 años. Tiene 15 miembros de los cuales el principal socio es Taiwán, seguido por los cinco centroamericanos y luego Corea, España, Panamá, República Dominicana… He encontrado esa tierra fértil en el directorio, y especialmente le diría en los países extrarregionales, para que llevemos al banco al nivel que le corresponde.

¿Los países extrarregionales son un escudo para que no tengan la última palabra los países fundadores?

El BCIE fue la construcción de un banco pensando en la pequeña Centroamérica, pero ahora estamos frente a un banco con muchísimo más potencial. Creo que no se hubieran imaginado los fundadores, aunque tuvieron mucha visión, que el banco pudiera estar en este momento con 15 miembros de todas partes del mundo; con una calificación Doble A, superior a todos los países que servimos en la región, y que está listo para la siguiente etapa. Ya no lo vemos solamente en esa pequeña visión de creación original, en esta planificación estratégica -que luego que esté lista nos encantaría poderla compartir-, de un BCIE 2.0. Y en esa visión tiene que privar la transparencia, rigurosidad técnica y eficiencia. Es la única manera.

Es decir que en el momento en que la región atraviesa unos momentos muy convulsos políticamente, el papel del BCIE será:

Levantarse no a ver el corto plazo, sino el largo plazo. No somos una institución política, somos una institución financiera, un brazo para ofrecer el capital que la región necesita para poder desarrollarse económica, social y ambientalmente. Los tres elementos son importantes y creo que ahí es donde tenemos que ubicarnos: ser el catalizador del desarrollo sostenible de Centroamérica, más allá de las coyunturas políticas. He tenido conversaciones, y eso incluye a todos los directores del banco, en el sentido de que nos tenemos que elevar y poder construir ese BCIE del futuro muchísimo más allá de los ciclos políticos o de las coyunturas. El BCIE ha representado en los últimos 18 años casi el 50 % de los fondos de desarrollo para la región y la única forma de que sigamos jugando es papel protagónico, y que inclusive lo hagamos mejor, es que corrijamos cosas que no se estaban haciendo de la mejor forma, tengamos lecciones aprendidas e implementemos reformas para tener un banco más sólido.

¿Y qué respuestas ha obtenido de las representaciones de El Salvador y Nicaragua, que han sido las principales beneficiarias del mecanismo anterior?

He recibido muchísima receptividad. En el caso de Nicaragua, muchísima apertura para que podamos blindar y asegurarnos del mejor uso de los recursos. Ellos también entienden cuáles son sus límites. En el caso de El Salvador, lo mismo. Tenemos una claridad de cuáles son los límites actualmente, dónde están ubicados, y de que la única forma de abrir más espacio para financiar a estos países, que están en el tope de los límites, es que podamos hacer crecer al banco. Es la única forma. Si no, estaríamos deteriorando o concentrando más la cartera y ellos quieren también un banco a largo plazo.

Para que nos quede claro, ¿El Salvador y Nicaragua ya llegaron a ese límite?

En este momento están arriba de ese límite.

Al menos 200 millones de dólares de un crédito con el BCIE habrían sido desviados hacia la política de la criptomoneda impulsada por el gobierno Bukele, en contra de las reglas del propio banco, reveló una de las investigaciones periodísticas. *Imagen tomada de la cuenta oficial de Nayib Bukele en X.

Quisiera entender mejor su postura con un ejemplo: en 2009, tras el golpe de Estado a Mel Zelaya, los presidentes de Centroamérica, a través del SICA, ordenaron al BCIE que frenara los créditos al gobierno golpista de Roberto Micheletti, porque el BCIE no podía financiar a gobiernos que vulneren la democracia en la región. Ya no hemos visto una gesta igual, pero sí a la inversa en la administración anterior: apoyó a regímenes que vulneran el Estado de derecho y la democracia.  ¿Cuál debe ser el papel del BCIE frente a los países que trasgreden valores democráticos que el mismo banco defiende? ¿Actuar en consecuencia, quedarse a un costado?

Tenemos que mantenernos con la mayor objetividad y rigurosidad técnica posible y asegurar el buen uso de los recursos que van a cualquier país. De hecho, ahora estamos iniciando análisis de proyectos y una de las acciones que podemos tomar es que un tercero acompañe al BCIE para asegurar el buen uso de esos fondos. En el caso de Nicaragua, vamos de la mano con la UNOPS para asegurar que nos ayude a hacer la validación del uso de los fondos. Otro ejemplo es Estados Unidos, en nuestro viaje de hace unas semanas, una de las visitas que hicimos fue a la OFAC. Ellos nos hacen solicitudes muy específicas en la relación que tenemos y nosotros cumplimos a cabalidad. Les compartimos nuestros planes hacia adelante. De hecho, que una de las decisiones que tomamos en diciembre, casi después de mi llegada, es que íbamos a hacer una investigación 10 años atrás con una organización externa que está, específicamente, analizando aquellos casos, préstamos, operaciones, que pudieron tener inquietudes -y que fueron señaladas en sus investigaciones- para que podamos devolvernos en el tiempo y entender cada una de ellas. Cuál fue el papel del BCIE, qué aprendemos y cómo haremos cambios para fortalecernos. Creo que es un acto de absoluto compromiso esa investigación que se está devolviendo 10 años atrás para hacer mejoras significativas.

¿El objetivo de esta investigación es deducir responsabilidades?

Me encanaría si Rennie (Valladares Alcerro, jefe de la Oficina de Integridad y Cumplimiento) nos cuenta, porque tendremos varias etapas en la investigación que ya empezamos.

Valladares Alcerro: Gracias. Tenemos delineada una hoja de ruta que apunta a varios hitos que la presidenta ha mencionado, como un acercamiento con Transparencia Internacional, la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas… Pero hay un punto importante en las peticiones de Transparencia Internacional, y este era realizar una revisión de diez años atrás sobre los proyectos. Hemos conjugado esta petición con los hallazgos de las investigaciones publicadas por ustedes. También sobre las operaciones de políticas sobre el desarrollo, para poder hacer una revisión sobre los controles aplicados a estas operaciones. E, inclusive, incluir algunas operaciones particulares en las que hemos identificado que los diez años se quedan cortos. Parte de esta revisión lo que hará es generar un análisis completo sobre los controles y las decisiones que se tomaron sobre la base de esas operaciones para traer, a 2024, cuáles son las brechas dentro del marco normativo y poder tomar determinaciones. Esperamos cerrar en noviembre y claramente estaremos publicando, de una forma transparente, hacia dónde apuntará esta nueva hoja de ruta.

En nuestra investigación mencionamos el caso de Odebrecht y la participación del BCIE en esta trama de corrupción. ¿Este caso está en investigación?

Sánchez: Todos los casos que fueron señalados en sus investigaciones están formando parte.

¿El posible desvío de fondos en El Salvador hacia la política del Bitcóin de Bukele está en esta lista?

Todos los proyectos que han sido investigados forman parte. Nuestro mayor interés era considerar todas aquellas iniciativas que fueron mencionadas para poder investigarlas en detalle, conocer de todas las decisiones que se tomaron y poder implementar nuevas políticas, nuevas formas de trabajar el ciclo de proyectos y asegurar que no puedan ocurrir desviaciones.

¿Los controversiales créditos para el Plan Control Territorial del gobierno Bukele están en etapa de investigación o de reformulación?

Creo que esos proyectos ya no están, pero tal vez Rennie pueda apoyarnos.

Valladares Alcerro: Se han reformulado y se están reformulando. 

En Guatemala, el BCIE habría participado en la trama de corrupción de Odebrecht, según reveló el exministro Alejandro Sinibaldi en un testimonio al que tuvieron acceso No-Ficción, Redacción Regional y OCCRP. Imagen de No-Ficción.

En Honduras revelamos desvíos de fondos hacia campañas políticas al cierre del gobierno de Juan Orlando Hernández, pero también nos preguntamos ahora por proyectos adjudicados a políticos con señalamientos de corrupción, o que incluso han sido señalados en casos de narcotráfico, como es el caso de Adán Fúnez, alcalde de Tocoa, que ahora mismo desarrolla un proyecto financiado por el banco. ¿Estos casos están o estarían bajo la lupa?

Todos aquellos proyectos, se hayan o no señalado, pero que son representativos y nos permiten hacer revisiones están siendo incluidos. Ante su pregunta, tendríamos que revisitar específicamente los proyectos, pero lo más importante es nuestro compromiso con ustedes y, en general con los medios, de que una vez finalicemos esta investigación vamos a rendir cuentas sobre los hallazgos.

Además de los casos, nuestras investigaciones daban luces sobre prácticas y mecanismos en los que se aprobaban proyectos con el fin de potenciar el desarrollo, pero que en realidad estaban ajenos a esa meta y que excluían a comunidades o que incluso potenciaron actos de violencia. Tenemos el caso de Berta Cáceres, el de Barro Blanco en Panamá.  ¿La práctica de financiar proyectos para grupos de poder, anómalos, excluyentes y que terminaron en cascarones estarán fuera de este nuevo BCIE que usted propone?  

Definitivamente que sí. Estamos haciendo cambios, fortaleciendo todo lo que tiene que ver con políticas de impacto ambientales y sociales, para asegurarnos que en adelante todos nuestros proyectos puedan demostrar ese impacto positivo y no tengamos ningún riesgo relacionado con comunidades o con el ambiente. De hecho, estamos en proceso de reclutamiento de la cabeza de la oficina de monitoreo social y ambiental, que esperamos sea una persona de primer nivel. Mi ambición es que pudiéramos convertirnos en un referente de cómo generar valor positivo para las comunidades y para el ambiente.

Detrás de muchos de estos proyectos estuvieron los grupos de poder ligados a los gobiernos de turno. ¿Cuáles son las herramientas o escudos para esta administración ante lo que pareciera ser un golpe sobre la mesa para frenar las prácticas de estos grupos de poder?

Rigurosidad técnica. Es la mejor herramienta en nuestro haber. Hay ciertas políticas y ciertos controles que nos permiten navegar de una forma más apropiada.

El BCIE también ha funcionado como una cuna de nepotismo a lo largo de las últimas décadas. Hermanos, parientes de funcionarios de presidentes de los países fundadores han encontrado plazas en el directorio o en la entidad. El último caso conocido es el de la hija del expresidente de Guatemala, Alejandro Giammattei. ¿Es cierto que ella ha salido de la entidad, en el inicio de esta administración?

Es verdad que la señorita Giammattei ya no labora más en el banco. Recibimos información de decisiones que se tomaron en el gobierno de Estados Unidos y nosotros tenemos que actuar en consistencia a esto, pero tal vez Rennie le pueda ampliar más detalles del caso.

Valladares Alcerro: Es un caso que responde a un lineamiento que el banco adoptó por unanimidad del directorio: una nueva política de lavado de activos que incluye un apartado de sanciones internacionales. Esa política lo que llama es a aislar los riesgos de las personas que han sido sancionadas o mencionadas por organismos sancionadores. Automáticamente, al ser una persona incluida en una lista de la Unión Europea o de Estados Unidos, el procedimiento establece cuál es la ruta de acción a seguir.

Al inicio mencionó sus visitas a Estados Unidos, asumo que el apoyo de este país es clave para usted.

Sin duda alguna. De hecho, hay un post que podemos compartirle que fue para nosotros una sorpresa positiva. Brian Nichols, representante para el hemisferio del departamento de Estado, el 7 de febrero, saliendo nosotros de una reunión con ellos, puso: “los Estados Unidos valoran el rol constructivo del Banco en promover o en construir creación de trabajos y desarrollo en Centroamérica mejorando la calidad de vida y atacando las causas raíz de la migración, que es una prioridad para Estados Unidos”.  Nos dijeron que están claros del rol estratégico que tiene que jugar el banco y que están ahí para apoyarnos. Para mí fue también una gran señal del inicio de esta nueva etapa. Como usted decía, hay un parteaguas, hay un antes y un después y nosotros estamos construyendo una nueva historia para los próximos años.

¿Ve a Estados Unidos ingresando como miembro?

No lo veo ingresando como miembro, porque ellos tienen ya sus compromisos y sus posiciones tanto en el BID como en el Banco Mundial, por supuesto en el Fondo Monetario Internacional… Pero sí lo veo como un aliado estratégico, un jugador muy relevante en el acceso que tenemos a los mercados financieros. Y reconocemos ese papel que tiene.

¿Es cierto que ya hay dos propuestas en el banco para que se incorpore a otros países: una para China y otra para Japón

(Se ríe). Hay mucho interés, le voy a hacer honesta, de algunos países. Nos sentimos agradecidos y confortables de tener países que estén interesados.  Lo que sí le puedo decir es que, si pensamos en una futura capitalización, espero que sea con países que tienen tres elementos fundamentales: que van a contribuir a la calificación del riesgo del banco, volviendo a la rigurosidad técnica. Número dos, que son países cuya gobernanza agregará valor al banco, y que haya lineamientos entre el país que será miembro y la visión estratégica del banco a largo plazo.

La nueva presidenta del BCIE señala que otro de sus compromisos es evitar proyectos que impactan de manera negativa en comunidades y el medioambiente. En la imagen, un homenaje a la ambientalista Berta Cáceres, líder indígena asesinada en marzo de 2016 por oponerse a la construcción de la represa Agua Zarca en Honduras, financiada por el BCIE. Imagen de Contracorriente.

¿Hasta dónde llega el compromiso con la transparencia? ¿Los centroamericanos podrán pedir al BCIE cómo ha votado el directorio en los últimos seis años, por ejemplo? ¿O conocer al detalle procesos de aprobación y desarrollo de proyectos, contrataciones…?

Definitivamente sí. Aquí estamos para rendir cuentas. Hay un compromiso explícito y qué mejor prueba decirles a los medios que responderemos en un plazo de 24 horas. Obviamente, si nos piden expedientes, nos tardaremos el tiempo que requiera. 

En Centroamérica tenemos ahora mismo dos presidentes cuestionables por sus ascensos y permanencias ilegítimas en el poder: Ortega y Bukele.  Y ambos tienen voz y voto en el BCIE. ¿Cuál es su promesa para asegurarnos que ya no es el banco de los dictadores?

El mejor indicador que vamos a tener es nuestra cartera. Al final, somos los proyectos que financiamos. Cuando no era parte del BCIE, leí con mucho interés todos los reportes que ustedes emitieron. Ahora que tengo la responsabilidad primaria de poder liderar el banco, mi compromiso todavía es mayor con fortalecerlo. Tenemos que construir un BCIE más sólido. El nombre que le dieron a sus reportajes genera por supuesto mucho dolor en mí, en el sentido que queremos ser el gran catalizador de Centroamérica, el banco que promueve el desarrollo, y que quiere ser recordado como esa punta de lanza, ese aliado estratégico de Centroamérica para el desarrollo. Espero que los próximos reportes puedan demostrar que el banco está fortalecido e hizo cambios importantes. En los próximos meses, años, espero rendir cuentas de un BCIE más fuerte, renovado y en el que todos ustedes puedan confiar plenamente.

Durante la gestión de Mossi mirábamos estas cosas: a Bukele jactándose de tener a la mano, a un llamado en Twitter, carpetas para proyectos y mensajes de compromiso del presidente del BCIE. Y, por el otro lado, reuniones oficiales de Mossi anunciando apoyos a Ortega. ¿Eso ya no lo veremos en su gestión?

Mi compromiso es con la rigurosidad técnica. Creo que, como dicen, por sus actos los conoceréis. Y hemos sido muy claros que los límites de exposición los tenemos que respetar. Los países pueden contar conmigo incondicionalmente para servirles con la rigurosidad técnica que se requiere. Ese es mi compromiso con todos ellos, y hasta el día que esté aquí así será.  Tengo un mandato por cinco años, pero tengo que irme muy satisfecha de haber tomado las decisiones correctas para fortalecer al banco, independientemente de si en el corto plazo no soy la más atractiva para un país en particular. Mi responsabilidad es con los 15 países miembros y con la sostenibilidad del banco a largo plazo.