Durante poco más de doce años la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) representó una terapia de choque para el sistema de justicia en el país. Y, sobre todo en sus últimos cinco años de labores, fue una auténtica bola de demolición de estructuras del crimen organizado incrustadas en el Estado. La respuesta de estos grupos ha sido una disputa por el control de la justicia cuya medida de éxito es lograr impunidad. 

El día empezó con el sonido de los trituradores de papel funcionando a pleno rendimiento. Los últimos documentos y discos que no correspondían a las investigaciones entregadas al Ministerio Público (MP) eran vueltos tiras. Las oficinas de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una propiedad amurallada donde analistas internacionales y guatemaltecos habían llevado a cabo decisivas investigaciones sobre las redes ilícitas incrustadas en el Estado, estaba por cerrar. Y había que asegurarse de que ningún dato sensible cayera en las manos de un gobierno que había hecho de todo por torpedear las investigaciones de la comisión.

Durante la tarde de ese día se trasladaron al MP las últimas 11 denuncias formuladas por la Comisión: jueces, magistrados, alcaldes, diputados, rectores de universidades figuraban entre los señalados. Para ese momento la mayor parte de los investigadores extranjeros ya habían dejado el país, y el comisionado Iván Velásquez llevaba más de un año sin poder ingresar a Guatemala por una prohibición del gobierno del presidente Jimmy Morales. 

Por años esta casa blanca de verjas verdes fue confesionario y epicentro de los terremotos políticos locales. En los últimos años de asedio incluso se detectó que desde un apartamento en un edificio cercano se fotografiaba a quienes atravesaban el patio frontal de la institución. Las oficinas de la Comisión ya eran solo una propiedad amurallada más en zona 14 y los últimos trabajadores de la institución se afanaban en terminar el papeleo. El archivo digital ya se encontraba asegurado y se puede, todavía hoy, consultar en cicig.org. 

La “oficina de zona 14” como muchos políticos se referían a la Cicig, o las “Cinco letras” como algunos investigados le decían a la comisión en escuchas telefónicas interceptadas, bajaba el telón. En su última etapa el personal de la Comisión había sido intimidado con la circulación de jeeps artillados, donados por Estados Unidos para la vigilancia de fronteras y la lucha contra el narcotráfico; e incluso se había retenido ilegalmente en el aeropuerto a uno de sus investigadores internacionales. 

***

La situación política de Guatemala, actualmente, asemeja un nudo goridano, es decir un entramado tan estrecho de hilos que solo parece posible de ser desenredado de un tajo. Un nudo en donde la captura del Estado por parte de Redes Político Económicas Ilícitas (RPEI), expresadas en forma de las fuerzas políticas en el Congreso, el sector privado tradicional y emergente, el crimen organizado y las instituciones de justicia se entrelazan amenazando con paralizar la endeble democracia del país. Conservar las formas de la democracia, pero continuar traicionando el espíritu de la misma es una consecuencia de ese bloqueo de fuerzas.   

La salida de la CICIG del país contribuyó a enredar, aún más esa maraña de intereses. 

Hay que retroceder un año atrás para ver el panorama. El terreno para preparar la reacción a la lucha contra la corrupción en Guatemala se oficializó, casi como política de Estado, el 31 de agosto de 2018, cuando el entonces presidente Jimmy Morales rodeado de policías y militares, en una estampa que recordaba a los golpes de Estado, anunció la no renovación de la comisión cuyo mandato finalizaba justo un año después.

En el Salón Banderas, un recinto empleado para protocolos diplomáticos, del Palacio Nacional de la Cultura, Morales, con altos mandos de la Policía y el Ejército a sus espaldas, puso a andar la cuenta atrás para la salida de la CICIG. La justificación del entonces presidente fue que la comisión había llevado a cabo una “persecución penal selectiva y con sesgo ideológico evidente”. 

Para entonces las investigaciones de la CICIG habían tocado al mismo Morales por el delito de financiamiento electoral ilícito de su partido, FCN-Nación, y a su familia luego de que su hermano, Samuel Morales y su hijo José Morales, fueran procesados y más tarde absueltos, con votos divididos de los jueces, por el caso Botín Registro.  

Cuando el mandato de la comisión finalizó el 3 de septiembre lo hizo en un contexto en el que poderes de hecho en el país se habían alineado en su contra. El sector privado había respaldando la salida de la Cicig, luego de que algunos de los mayores empresarios del país reconocieron su participación en el caso de financiamiento electoral ilícito de FCN-Nación. Además, la clase política también estaba en su contra, luego que sus investigaciones tocaran a seis expresidentes, decenas de diputados, alcaldes, ministros de Estado, militares de alto rango y condujeran a la cancelación de dos partidos que se dividían el poder durante el gobierno el expresidente Otto Pérez Molina: PP y Líder. 

En el ámbito internacional, además, el pliegue del gobierno de Morales a todos los designios de la administración de Donald Trump en Estados Unidos, en materia migratoria y diplomática, y el lobby en Washington antiCicig financiado por empresarios y políticos, según una investigación de Nómada, supuso un desgaste para el apoyo internacional a la comisión en el país.

Las fuerzas internas y externas se encontraban alineadas. Coincidían, además, con un nuevo ciclo electoral, en 2019, que concluiría con un presidente electo, llamado Alejandro Giammattei, que antes había sido investigado por la comisión y exculpado del delito de ejecución extrajudicial en contra de detenidos bajo su cargo como director del Sistema Penitenciario en febrero de 2006, en el Caso Pavón. Giammattei era el próximo a ocupar la silla presidencial. 

Que un mandatario guatemalteco, durante el ejercicio del cargo o tras dejarlo, haya sido sujeto de investigación de Cicig, sin embargo, no resulta algo nuevo: Jimmy Morales, de FCN-Nación; Otto Pérez Molina, del PP; Álvaro Colom, de la UNE; Alfonso Portillo, del FRG; y Álvaro Arzú, del PAN, engrosan esta lista. A la que podemos sumar dos expresidenciables que llegaron a ocupar un segundo lugar en alguno de los procesos electorales: Manuel Baldizón, de Líder, condenado por lavado de dinero en Estados Unidos, y Sandra Torres, de la UNE, bajo investigación por irregularidades en financiamiento electoral. 

Así empezó el año cero de Guatemala, luego de la salida de la Cicig.

La FECI y un campo minado

8 de enero de 2021 

Torre de Tribunales, nivel 14, Sala de Audiencias, Mayor Riesgo D, jueza Ericka Aifán

Dos guardias de seguridad del Organismo Judicial, un hombre y una mujer, se cuadran y le hacen el saludo militar a un hombre canoso y vestido con un saco café. Todos usan mascarillas, los guardias se acercan a su jefe para recibir algunas instrucciones en voz baja. El hombre canoso se retira, un tercer guardia se acerca y pregunta: 

-¿Quién viene, pues?  

-Don Gustavo, le responde uno de ellos.

Media hora después se abre la puerta del ascensor y aparece, esposado, Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, exsecretario privado de la presidencia, confidente de mandatarios y financista de buena parte de los políticos de primera línea en los últimos 15 años. Luce en buena forma, más delgado que la primera vez que se presentó a tribunales hace cuatro años; viste un suéter negro y jeans. Unos minutos después llega la jueza Aifán, la encargada de llevar el caso Red de Poder, Corrupción y Lavado, uno de los seis procesos por los que se investiga a Alejos.

La audiencia tiene como propósito una solicitud de la defensa que pide la salida del empresario de la prisión, Mariscal Zavala, para que siga el resto de la causa desde su casa.  Argumentan problemas de salud, una “enfermedad coronaria crónica”, complicaciones luego de una intervención en la próstata hace algunos años y el riesgo de contagio de Covid-19. 

Entre los peritajes que presentaron para solicitar la excarcelación de Alejos se encuentran dictámenes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y del cardiólogo Carlos Soto Menegazzo,  exministro de Salud del gobierno de Morales y detenido en febrero del año pasado por un caso de tráfico de influencias. La jueza pide peritajes adicionales de la Liga del Corazón y le otorga la palabra a la defensa.

“La Fiscalía va a argumentar que existe riesgo de obstaculización a la acción penal y va a mostrar imágenes de mi defendido saliendo a caminar del sanatorio donde estaba recluido, dirán que existe riesgo de evasión”, dice el abogado Luis Díaz Menchú, “pero si el señor Alejos hubiera tenido la intención ahora estaría prófugo, siempre ha tenido la intención de enfrentar proceso”. 

En efecto, unos minutos después el representante de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) presenta fotografías de Alejos saliendo a correr en ropa deportiva, con un teléfono celular y audífonos del sanatorio mencionado por la defensa, y regresando media hora después. Las imágenes de las cámaras de seguridad también muestran al detenido conversando en la calle y recibiendo la visita del actual magistrado de la Sala Segunda de Mayor Riesgo, Harold Ortiz Pérez.

Gustavo Alejos Cámbara a estado en el centro de la vida política del país por al menos 15 años. Enfrenta cinco procesos de alto impacto iniciados por la investigaciones de la CICIG: Transurbano, Negociantes de la salud, Financiamiento a UNE, Cooptación del Estado y Red de poder, corrupción y lavado. Así como un sexto derivado de investigaciones anteriores conocido como Comisiones Paralelas 2020. Este exsecretario privado de la Presidencia, durante el gobierno de Álvaro Colom, es hoy por hoy uno de los nexos más evidentes donde convergen los intereses de políticos procesados, empresarios con compañías investigadas por la Comisión y otros operadores ilegitimos. El propio informe Financiamiento de la política en Guatemala lo reseña como uno de los principales recaudadores de dinero para las campañas políticas de los años recientes.

«No ha habido denuncias posteriores a las que yo presenté en enero de 2017, me atrevo a decir que no es porque no haya situaciones así, sino porque no hay confianza en las instituciones como para presentarlas» juez Carlos Ruano. 

Converso con el fiscal Juan Francisco Sandoval, jefe de la FECI y uno de los principales aliados de la CICIG durante la gestión del comisionado Iván Velásquez. La entrevista es en su oficina al final de una semana de intensa actividad para la fiscalía, luego de presentar una solicitud de antejuicio contra el alcalde de Mixco, Neto Bran. Durante la hora de conversación, a cada tanto, se ve interrumpido por una llamada que atender o un correo urgente que enviar. 

Ni siquiera puede echar una mordida a la dona que aguarda junto a la computadora, es lo que conlleva dirigir una fiscalía que reveló nueve investigaciones de gran calado por corrupción en el año 2020, que obtuvo 62 condenas en cinco casos ya activos, y presentó 18 antejuicios contra funcionarios, sin mencionar las decenas de casos que llevan en paralelo.

Le pregunto por el caso más importante del año luego de la salida de la Comisión y, sin dudas, por sus repercusiones para el sistema político y la justicia del país, menciona el caso Comisiones Paralelas 2020. Esta investigación es el seguimiento de las investigaciones Comisiones Paralelas I y II sobre la manipulación de la elección de la Corte Suprema de Justicia y magistrados de Salas de Apelaciones en 2014 por parte de operadores políticos de PP y Líder en el Congreso. En esta ocasión la nueva investigación se centra en la figura de Gustavo Alejos como uno de los nodos centrales que convocaba a las reuniones celebradas en el sanatorio de zona 2 donde se encontraba detenido, y donde según el Ministerio Público llevaban a cabo las negociaciones para elegir a las Cortes en 2020 por parte del  Congreso.

Visitas de diputados, de comisionados del proceso de elección de Cortes, familiares de aspirantes e incluso aspirantes, así como comunicaciones electrónicas, mostraban  el grado de incidencia de Alejos en este nuevo proceso de designación de la Justicia según la investigación de la Fiscalía. El empresario y operador político incluso tenía, pegado junto a su refrigerador, listados con los diputados por bloque legislativo e imanes para marcar los votos favorables. El tipo de tableros con los que cuenta un jefe de bancada o el presidente del Legislativo. 

El objetivo, según la hipótesis de la fiscalía: lograr impunidad. 

“Más allá de lo que puede hacer el MP, y que la gente esperaría, que es la captura de la gente involucrada, no podemos pasar. Cuando esto es algo más amplio donde los actores involucrados, como el Congreso de la República. Quienes tienen iniciativa de ley para una reforma constitucional deben de advertir que el modelo que tenemos actualmente para elección de altas cortes está superado, porque se han involucrado distintos actores cuya principal intención es beneficiar a determinados sectores que tienen compromisos con la justicia” dice el fiscal Sandoval.

El nudo gordiano de la justicia en Guatemala pasa porque quienes tienen el control de la administración de la misma, como los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los magistrados de las Salas de Apelaciones, son seleccionables luego de un proceso de comisiones de postulación permeable a la manipulación, y finalmente electos por un Congreso que responde a operadores políticos con múltiples procesos penales como Gustavo Alejos.

Para el fiscal Sandoval lo paradójico del sistema de elección de cortes es que deja los procesos de selección precisamente en manos de “los mismos actores externos que anteriormente han sido señalados (en procesos penales)”. Las investigaciones judiciales de la FECI, alrededor del caso Comisiones Paralelas 2020,  apuntan a que el control de la justicia es uno de los objetivos prioritarios de las Redes Político Económico Ilícitas (RPEI) teorizadas por la Comisión y expuestas en sus indagaciones.

En otra entrevista, el exanalista de Cicig y ahora integrante de Alianza por las Reformas, David Gaitán, expone su visión de la situación de la justicia como un impasse en donde se observa “la pasividad cómplice de la fiscal general, Consuelo Porras, y un Congreso de la República obviamente cooptado por intereses ilegítimos”.

En el espacio político, expone Gaitán, hay una amplia alianza oficialista en el Legislativo que podría, si lo deseara, emprender reformas para la designación de los magistrados y garantizar la independencia judicial “pero el partido oficial de gobierno terminó siendo un FCN más, un PP más, todo exactamente lo mismo. Ahora tenemos una CSJ ilegítima desde hace un año, con fuertes señalamientos con el crimen organizado y redes de corrupción, con vínculos con Gustavo Alejos, y si a eso le agregamos la crisis social derivada del COVID19, ese tipo de reformas que se pensaban que podían venir en la era post Cicig, están completamente detenidas y sin esperanza”.

La reacción del Legislativo en el periodo 2016-2020 incluyó la creación de una Comisión de la Verdad, integrada por diputados del Congreso de la República, que recogió los testimonios de los investigados por la Cicig y sus familiares, así como informes de las instituciones del Estado y recomendó al Legislativo que “mediante un punto resolutivo condenara las actividades denunciadas y cometidas por la Comisión, sus funcionarios y empleados, durante el plazo de su gestión (2007-2019”.

Se consultó al diputado Manuel Conde, del PAN, integrante de dicha comisión y actualmente el único de los firmantes de esta recomendación que mantiene una curul en el Congreso, pero no accedió a una entrevista. 

En este panorama, la FECI, la contraparte institucional de la CICIG, fue transformada en Fiscalía de Sección luego del fin del mandato de la comisión. Una acción que durante bastante tiempo estuvo en duda, así como la probable remoción del jefe de la fiscalía, Juan Francisco Sandoval. Solo la presión internacional y de la sociedad civil pudo finalmente garantizar que la administración de la fiscal general Consuelo Porras diera seguimiento a esta medida.

No fue la primera vez que la administración de Porras representó un obstáculo para la continuidad del trabajo especializado contra el crimen organizado. En agosto de 2019, el jefe de la Dirección de Análisis Criminal, Juan Francisco Solórzano Foppa, denunció en una columna en Plaza Pública que al menos cinco analistas de esta unidad se vieron orillados a renunciar al MP para continuar trabajando en casos de Cicig, sin garantías de poder ser recontratados en la fiscalía.

Solórzano Foppa escribió: “ella se negó y les dijo directamente que debían regresar al MP a trabajar los casos que ella quisiera o renunciar a sus puestos y seguir apoyando a la Cicig (…)”. Es decir, que los analistas salieron del MP para ser contratados por la Comisión y continuar sus labores, pero sin garantías de poder regresar a la fiscalía cuando finalizara el plazo de la Cicig.  Solórzano Foppa denunció que la fiscalía “prefirió hacerlos renunciar antes que permitir que el programa de traslado de capacidades continuara tal y como había funcionado durante dos administraciones anteriores. Consuelo Porras ha bloqueado de manera intencional el traslado de capacidades de la Cicig al MP y pone en riesgo casos como La Línea, Cooptación del Estado, Aceros de Guatemala y otros que estos analistas llevan”.

En ese contexto el jefe de la FECI dice: “si no existiera el respaldo del actor de más peso en Guatemala, Estados Unidos, si no tuviéramos el respaldo de Naciones Unidas, del grupo de donantes del G13 y de otros países, creo que hubiera sido el acabose para el trabajo de la fiscalía”, dice el fiscal Sandoval al preguntarle sobre la importancia del apoyo internacional para la continuidad de la FECI desde la salida de la comisión.

De hecho, recientemente, el 23 de febrero de 2021, Sandoval fue reconocido por el Departamento de Estado, de Estados Unidos, con el premio de Campeón contra la Corrupción, junto a otras 11 personas de distintos países, por su trabajo para combatir la corrupción y defender la transparencia.

El caso Comisiones Paralelas 2020 ha representado para la FECI que se concentren sobre esta fiscalía los ataques e intimidaciones. Mientras, en el plano legal, las 47 acusaciones penales y administrativas dirigidas contra Sandoval por personas investigadas por Cicig y organizaciones afines supusieron una presión mayor cuando la fiscal general, Consuelo Porras, designó como fiscal especial a Karin Cristina Orellana Pinto para llevar a cabo la investigación contra el jefe de la FECI.

Orellana Pinto quedó separada del cargo luego de que se difundiera que fue asesora del Ministerio de Comunicaciones durante la gestión del ex ministro Jose Luis Benito, investigado en una causa judicial de la FECI que condujo a la incautación de Q122 millones en efectivo en una casa relacionada al exministro en Antigua Guatemala. La gota que colmó el vaso vino unos días después de la destitución de Orellana Pinto cuando capturaron al novio de la abogada, Erasmo Martínez Díaz, señalado en una  investigación por narcotráfico, mientras ambos se encontraban en un centro comercial. La pareja de Orellana Pinto tiene una solicitud de extradición a Estados Unidos.

Corrupción política, judicial y ahora el narcotráfico rondan de manera flagrante la continuidad del trabajo de la FECI en seguimiento a los avances logrados por Cicig.

Para el fiscal Sandoval era esperable que el crimen organizado buscara atacar a los fiscales que combaten la corrupción. Pero lo que hace más increíble el caso de Guatemala es que los “fallos” en el proceso de selección de la fiscal especial designada para investigarlo, nombrada por la propia fiscal general, coloquen la información personal y de seguridad del jefe de una fiscalía que investiga el crimen organizado en manos de una persona relacionada con un extraditable.

“Si una persona probablemente vinculada al crimen organizado puede pedir información sobre mi vida privada y personal esto lo que significa es que estamos a merced del crimen organizado”, dice Sandoval.

La toma de las Cortes

8 de febrero de 2017

Una tienda en zona 9, Ciudad de Guatemala

Una mujer con una peluca pelirroja, sudadera blanca con la palabra “Angel”, lentes oscuros y una pistola marca Browning de 0.38 milímetros es arrestada por agentes de la policía. El parte policial refiere que “insinuó con suicidarse” y que los policías tuvieron que forcejear para arrebatarle el arma. La detenida es la magistrada de la CSJ, Blanca Aída Stalling Dávila, acusada en un caso llevado por la Cicig y FECI de tráfico de influencias por presuntamente presionar al juez, Carlos Ruano, para que favoreciera a su hijo Otto Fernando Molina en un proceso llevado en su contra. 

Entre los indicios del caso se encuentra una grabación realizada por el juez en la que Stalling, en ese momento magistrada, cita a Ruano para “hablar” del caso IGSS-Pisa, otra de las investigaciones de la Comisión, por el que guardaba prisión su hijo y le recuerda que en la próxima audiencia hay una solicitud de revisión de las medidas que pueden llevar a la excarcelación de su hijo: “Mañana tienen una revisión de medida sustitutiva. Si existe la posibilidad sé que los delitos que muchas personas tienen allí son, pueden ser objeto de una medida sustitutiva las cárceles están hacinadas, en mi hijo…esa es mi solicitud” le dice la magistrada. 

Tres años después, en una declaración por videoconferencia desde prisión, Stalling es atendida por la Comisión de la Verdad creada por el Congreso para indagar a la CICIG y declara: “todo esto fue planificado; todo esto fue una conspiración en mi contra, porque estaban buscando la forma de armarme un proceso para poderme presentar un antejuicio y que yo tuviera que salir de la Corte Suprema de Justicia”. La intervención de Stalling, casi de 60 páginas, concluye con el siguiente diálogo:

El diputado Hernández Azmitia: Gracias presidente, doctora ante todo, este relato que usted nos da, muy bien detallado y todo ¿usted considera que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, logró su objetivo de poder cooptar el poder judicial? 

Dra. Stalling: Sí. 

El diputado Hernández Azmitia: De la mano de oenegés, que hoy imperan en el país. 

Dra. Stalling: También, sí

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Además de Stalling otros dos magistrados de la CSJ electos en 2014 tuvieron que dejar el cargo por investigaciones de la comisión. El exmagistrado Douglas Charchal, implicado en el caso de la presunta concesión mediante soborno a la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).  Así como el también exmagistrado Vladimir Aguilar, sindicado en el mismo caso, por haber dado su autorización al proyecto cuando era Procurador General de la Nación.

Entrevisto al juez Carlos Ruano en el vestíbulo de un edificio de la zona 9, a algunas cuadras del lugar donde arrestaron a Stalling cuatro años atrás. Le pregunto si se ha mantenido la vulnerabilidad de los jueces a presiones como las de la exmagistrada. “No ha habido denuncias posteriores a las que yo presenté en enero de 2017, me atrevo a decir que no es porque no haya situaciones así, sino porque no hay confianza en las instituciones como para presentarlas”, dice el juzgador. Ruano recuerda que fue criticado por tardar cuatro meses en presentar la denuncia luego de las presiones de Stalling, pero tras cuatro años el proceso se encuentra “en total impunidad entrampado en tribunales con litigio malicioso” refiere.

“Yo me atrevo a decir que se escucha que muchos (jueces) son llamados para que, en determinado fallo, favorezcan. El sistema debe ser rediseñado en el sentido que se den los mecanismos y la confianza interna para rechazar, perseguir y sancionar a ese tipo de conductas que a lo interno le causan grave daño al poder judicial” dice el juzgador.

Para el juez Ruano las reglas no escritas del sistema de justicia guatemalteco están claras, un juzgador que ingresa a la carrera judicial tiene un techo infranqueable, para ser electo magistrado de la Corte Suprema de Justicia o Salas de Apelaciones necesita tener un “padrino político”. “Hay muchos jueces de primera instancia con 20, 25 y hasta 30 años de ejercer la judicatura, pero como no tienen un padrino, como nunca han hecho favores, nunca van a ascender a la magistratura” dice. 

«No ha habido denuncias posteriores a las que yo presenté en enero de 2017, me atrevo a decir que no es porque no haya situaciones así, sino porque no hay confianza en las instituciones como para presentarlas» juez Carlos Ruano. 

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El problema de raíz, en su encarnación más reciente, data del 2014. En ese año un pacto entre el Partido Patriota (PP) y Líder eligió a la CSJ en el Congreso, según una carta del mismo excandidato presidencial de Líder, Manuel Baldizón -hoy condenado por lavado de dinero en EE.UU.- enviada a la CICIG con el propósito de iniciar un proceso de colaboración, los magistrados titulares juraron lealtad ante él y el aspirante del PP, Alejandro Sinibaldi. Este primer acercamiento de colaboración terminó en cuanto Baldizón se enteró de que el gobierno de Jimmy Morales no renovaría el mandato de la comisión en el país. 

El escenario de disputa por la justicia pasa de los tribunales al Congreso. El sistema de partidos políticos en Guatemala favorece la dispersión en múltiples bancadas sin una mayoría clara. Luego de las últimas reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, sin embargo, se limitó el transfuguismo, una práctica que tradicionalmente permitía a las bancadas más fuertes con recursos propios o estatales “adquirir” nuevos diputados.

Esa situación condujo a que el actual control del Legislativo requiriera de una amplia alianza que suma alrededor de 90 diputados y que puede alcanzar hasta los 105 diputados, las dos terceras partes del Congreso necesarias para emprender acciones de urgencia nacional y prácticamente neutralizar casi cualquier oposición efectiva. 

Esta legislatura cuenta con 19 bloques legislativos y una amplia dispersión de las curules. Aunque nominalmente la mayor bancada es la de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) con 52 diputados, en la práctica la detención de la excandidata presidencial Sandra Torres, dividió al partido en dos facciones. Un grupo de “sandristas” con alrededor de 30 diputados, y un grupo liderado por el diputado Carlos Barreda con los restantes.

El grupo “sandrista” ha votado en momentos clave alineado con la alianza oficialista que reúne en su núcleo más duro a Vamos, UCN (cuyo fundador, Mario Estrada Orellana, se encuentra detenido en Estados Unidos por narcotráfico), FCN-Nación, Viva, Partido Humanista y Prosperidad Ciudadana, los “sandristas” cuentan además con dos representantes en la Junta Directiva del Congreso. 

La conexión con Torres no es menor, ya que justamente fue detenida por irregularidades en el financiamiento de la campaña 2015 de su partido y, entre las principales pruebas en su contra, se cuentan escuchas telefónicas entre ella y Gustavo Alejos, quien fue secretario privado del expresidente Álvaro Colom, informando a Torres sobre millonarias contribuciones de campaña no reportadas al TSE.

Converso con el diputado Barreda sobre el apoyo de integrantes de su partido al oficialismo y la elección de las Cortes. El congresista reconoce que su partido se dividió con la imputación de Torres y que la excandidata busca “arreglar” su situación legal respaldando a los oficialistas.

Señala que hay una amplia alianza más allá de los sectores políticos que incluye a “exfuncionarios públicos, diputados, grupos empresariales, grupos al interior de la justicia y un gran abanico de sindicados en investigaciones que constituyeron un bloque antiCICIG” y que están interesados en la elección de magistrados que les sean favorables. 

La expresión de ese deseo de impunidad de la alianza oficialista se muestra en su insistencia en incluir a los candidatos a las Cortes cuestionados por el MP, y el retraso que ha mantenido al frente de la CSJ a los magistrados electos en 2014 por más de un año más allá de su mandato. 

Para Barreda esta situación no es más que una continuación de una reacción sostenida desde la victoria electoral de Jimmy Morales en 2015, “esos grupos inciden en la victoria electoral de Jimmy, inciden en darle el soporte político y luego en la victoria de Alejandro Giammattei dándole el soporte político y económico. Lo que vemos es una continuidad del mismo bloque, el mismo grupo, donde en los últimos meses sus objetivos son copar la CSJ y la Corte de Constitucionalidad (CC) con el fin de ganar impunidad o disminuir las penas, de los casos que se les imputan” dice.

Sí se perpetúa la cooptación de la justicia, tanto en la CSJ como en la próxima elección de la CC, dice Barreda, el país enfrentará años “en los que no va a colaborar en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico. Si se instaura un poder que tiene el control del Congreso, el Ejecutivo y ahora el Organismo Judicial”.

El mismo expresidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, del Partido Unionista, verbalizó este pulso por la justicia en una de sus intervenciones en el pleno del Legislativo el 16 de diciembre del 2020, durante un debate sobre la elección de las Cortes en seguimiento al fallo de la CC que disponía elegir primero a la CSJ y luego a los magistrados de Salas de Apelaciones.

“Cuando se haga el cambio de magistrados de la CC, que les garantizo que hay unos que no se van a reelegir, gracias a Dios, es muy fácil, que, si llevamos a cabo este proceso ilegal, ilegítimo, fácilmente con un amparo la nueva Corte de Constitucionalidad puede decir: miren ese proceso (la elección de la CSJ) que se llevó a cabo no está basado en ley ni en la Constitución, quién se lo inventó, boten ese proceso y vuelvan a elegir, es probable, porque efectivamente no está en ley” concluyó el congresista. 

El hijo del expresidente Arzú deja el micrófono y se escuchan algunos aplausos de diputados oficialistas y sus aliados en el pleno. La promesa de controlar la CC, como la llave para tirar de todos los hilos de la justicia en el país, agrada a muchos. Las primeras piezas se mueven hacia la Corte en busca de garantizar impunidad. 

Un Estado criminal: “su fin es retroceder la democracia”

21 de noviembre de 2020

Congreso de la República y Plaza de la Constitución, zona 1, Ciudad de Guatemala

La lengua de una llamarada sale de una ventana del Congreso. Hay llamas en el edificio. Un grupo de personas con los rostros cubiertos ha ingresado al Palacio Legislativo mientras, en paralelo, una manifestación pacífica se concentra en la Plaza de la Constitución. Un grupo de policías con equipo antimotines llega poco después al Congreso de la República, hay arrestos de transeúntes y algunos manifestantes; pero también bombas lacrimógenas para las personas concentradas en la plaza, mujeres y hombres con pancartas, ancianos e incluso niños acompañando a sus padres.

No son las protestas de 2015 cuando el gobierno de Otto Pérez Molina no se atrevió a reprimir las manifestaciones que lo condujeron a dimitir. Son las protestas de un año de pandemia, crisis económica, desastres naturales y crisis política casi ininterrumpida. Es 2020 y hay treinta y cinco detenidos en la capital y siete más en las protestas de Quetzaltenango que recuperan su libertad días más tarde, pero se cuentan por decenas los golpeados y dos personas perdieron un ojo.

La Junta Directiva del Congreso entierra el Presupuesto 2021 aprobado por el Legislativo, el tema que congregó a las protestas ciudadanas, con un mensaje pregrabado desde un salón del Ministerio de Defensa. “No será remitido al Organismo Ejecutivo y se suspende el trámite en aras de la gobernabilidad” dice Allan Rodríguez, el presidente del Legislativo ante la cámara. Antes, Rodríguez había calificado a quienes irrumpieron en el edificio del Congreso como “terroristas” y acusaba a medios de comunicación y “algunos diputados” de alentar los destrozos al edificio.

Todo esto en medio del silencio de la Presidencia de Giammattei, cuya única respuesta fue una conferencia conjunta con el vicepresidente Guillermo Castillo, 13 días después, con la promesa de discutir de manera más abierta la readecuación del Presupuesto 2021 y cerrar una de las instituciones más criticadas de su gestión: el Centro de Gobierno, una entidad supranacional que había creado el presidente para coordinar las funciones de todas las dependencias del Ejecutivo, es decir, duplicidad de funciones. 

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Converso vía telefónica con Claudia Samayoa, una de las fundadoras de la Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, UDEFEGUA, organización que ha documentado, y dado seguimiento, durante 20 años a las agresiones contra este grupo. Terminado el 2020 su informe preliminar daba cuenta de 1,004 casos de agresiones, una cifra que superó el mayor registro anterior, de 2014, año que sumó 820 hechos de violencia.

En un contexto de pandemia, crisis política y represión a las comunidades rurales que cuestionan el modelo de desarrollo extractivista el primer año tras la salida de la Cicig representó un momento de articulación de intereses ilícitos refiere Samayoa. “Lo que tenemos es al narcotráfico y el crimen organizado, a los políticos corruptos, alcaldes y diputados, y la élite oligárquica actuando.  Estas estructuras, de poder real, se organizan para mantener el control y para terminar el asalto al poder, eso obviamente es para favorecer sus intereses particulares y limpiar la mesa. Sacar de enfrente a aquellos que se oponen a sus designios o necesidades o intereses” dice la jurista.

Desde el Ejecutivo no hay una verdadera respuesta institucional a la corrupción, señala Samayoa. El 20 de enero del 2020 se instaló la Comisión Presidencial Contra la Corrupción, dirigida por Oscar Dávila Mejicanos, exviceministro antinarcóticos en el gobierno de Jimmy Morales, que en sus primeros tres informes de gestión sumaba nueve denuncias remitidas al Ministerio Público y una enviada a la Contraloría General de Cuentas (CGC). Se solicitó durante un mes una entrevista con Dávila para entender la respuesta del Ejecutivo al fenómeno de la corrupción, pero al cierre de esta publicación no se atendió la solicitud. 

Para Samayoa el fin último de esta alianza “es retroceder la democracia”. En un panorama más amplio, explica la abogada, sacar a la Comisión es quitar a un obstáculo para el ejercicio del poder de estos grupos, en medio de una oleada fundamentalista y conservadora “desde 2018 hemos visto el asesinato sistemático de dirigentes campesinos (…) los testimonios que hemos escuchado, de uno de estos oligarcas arrepentidos o es: “los indios tienen demasiada democracia, no nos dejan trabajar” en esa vieja idea de que ellos promueven el desarrollo”, dice la abogada.

En este panorama ya podemos comprender reacciones del Estado, apunta Samayoa, al reprimir las manifestaciones del 21 y 28 de noviembre. El presidente Pérez Molina no se atrevió a perseguir abiertamente las protestas en su contra en 2015, aunque tenía el antecedente de la masacre de Alaska del 2013 (el asesinato de seis campesinos durante una protesta en Totonicapán); Jimmy Morales se atrevió a sacar los jeeps artillados J8, donados por Estados Unidos, para amedrentar a la Cicig y sedes diplomáticas; ahora durante la gestión de Giammattei la represión en áreas urbanas ha escalado otro peldaño, algo que no es para nada desconocido en el interior del país.

“El narco y el crimen organizado tienen un poder territorial, los políticos corruptos, exmilitares y demás tienen un poder en el manejo de las instituciones públicas, y los oligarcas tienen el poder del dinero” refiere Samayoa.

Para Samuel Pérez Álvarez, diputado de Semilla y uno de los liderazgos emergentes en la oposición, claramente la reacción a la salida de Cicig de los grupos del crimen organizado, y sus conexiones con el poder político, ha sido recuperar espacios de poder y mantener la estructura de saqueo del Estado. El problema no solo es la persecución penal de estos actores “sino la pobreza, la desigualdad, el que tengamos un estado corporativo donde el Cacif tiene más de 50 instancias de decisión y haya un Estado débil que no atiende las necesidades de la población” refiere.

Los datos de Transparencia Internacional sobre percepción de la corrupción en el país apuntan a este deterioro. Con 25 de 100 puntos en este ranking Guatemala ha caído ocho puntos desde 2012, ocupando una de las cinco posiciones más bajas de  Latinoamérica y el Caribe junto a Honduras, Nicaragua, Haití y Venezuela. 

Samuel Pérez, economista de profesión, tomó parte activa como dirigente estudiantil durante las manifestaciones del 2015 que condicionaron la renuncia del binomio presidencial del Partido Patriota. En su primera legislatura y tratando de primera mano con algunos de los actores políticos que persisten en el Congreso, advierte que se puede producir un mayor deterioro democrático.

“Se ha manejado un discurso de que la inestabilidad de este gobierno es un asunto ideológico, un tema de izquierdas contra derechas. Pero el partido de gobierno (Vamos) se articula alrededor del pago de favores, no lo reúne más que una agenda de saqueo” indica el congresista. Una situación que se agrava, a su criterio, por el hecho que, de entrada, Giammattei gana las elecciones en un proceso electoral en el que se rechaza la inscripción de tres candidaturas presidenciales, entre ellas dos muy fuertes, una de ellas de la aspirante de Semilla, la exfiscal general, Thelma Aldana.

La pieza clave para terminar la captura del Estado, refiere el diputado Barreda, en su tercera legislatura por la UNE, será la designación de los magistrados de la próxima Corte de Constitucionalidad, cinco titulares y cinco suplentes, en representación del Ejecutivo, el Congreso, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos y el Colegio de Abogados y Notarios. 

“Si seguimos en esta ruta vamos a ver a Guatemala descertificada en la lucha contra el narcotráfico, seguramente será aislada por no colaborar contra el combate a la corrupción y el narcotráfico, por ser un Estado que en el que hay una cooptación del aparato público a favor del crimen organizado” refiere Barreda.

Un nudo gordiano 

26 de enero 2021

Congreso de la República, zona 1, Ciudad de Guatemala

El juez Mynor Mauricio Moto Morataya, de traje azul oscuro y corbata morada, levanta su mano derecha para ser juramentado como magistrado suplente en representación del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG). Se encuentra en el centro del hemiciclo parlamentario y flanqueado por los secretarios de Junta Directiva Carlos López Maldonado y Santiago Nájera, ambos de la facción “sandrista” de la UNE. 

El congresista López Maldonado, el primer secretario de la Junta Directiva e hijo de Carlos Enrique López Girón, exdiputado prófugo de la justicia por un caso de plazas fantasmas en el Congreso y uno de los caciques históricos de Quiché; Santiago Nájera Sagastume es el cuarto secretario de Junta Directiva, congresista de la UNE, aunque expulsado del partido en diciembre pasado, investigado por el caso Asalto al Ministerio de Salud y protegido por la Corte Suprema de Justicia. Tanto López como Nájera figuran en la investigación Comisiones Paralelas 2020 como congresistas que contactaron con Gustavo Alejos cuando este, presuntamente, articulaba los votos para elegir a la próxima CSJ.

El juez Moto ha sido un opaco protagonista de la lucha contra la corrupción desde 2015. Organizaciones de sociedad civil y la misma fiscalía han cuestionado numerosas de sus resoluciones que han favorecido, entre otros, a la juez Marta Sierra de Stalling, los diputados Felipe Alejos y Orlando Blanco, y el exministro de Comunicaciones José Benito, entre otros. 

El MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentaron una solicitud de antejuicio contra el juzgador por los delitos de prevaricato y retardo de justicia, luego de que este clausurara provisionalmente el Caso Bufetes de la Impunidad, en el que se acusó a la jueza Marta Sierra de Stalling, cuñada de Blanca Stalling de actuar maliciosamente sobre el caso La Línea, según hubo constancia en escuchas telefónicas. Más tarde, también enfrentó otras solicitudes de antejuicio por parte de la FECI en el Caso Comisiones Paralelas 2020, luego de que se documentara reuniones de Moto con defensores de uno de los principales implicados del caso, Gustavo Alejos Cámbara. La fiscalía presentó, nuevamente, una solicitud de antejuicio contra Moto por los delitos de obstrucción de justicia y prevaricato.

Nada de esto impidió que 82 diputados apoyaran la juramentación de Moto.

Faltan cinco minutos para las ocho de la noche. Lo que empezó como un rumor a media tarde se iba confirmando conforme avanzan las horas. Pese a que había seis recursos legales pendientes de resolver sobre la designación de Moto como el representante del CANG ante la Corte, y que se había admitido para trámite un amparo ante la CC para que no se le diera nombramiento hasta solucionar estos, el juzgador es juramentado. La acción del Congreso dejaba de paso escenas bochornosas como negarse a recibir la notificación de la CC para poder avanzar con la juramentación.

Moto logra sortear estos obstáculos gracias a un amparo otorgado por el magistrado Wilber Estuardo Castellanos Venegas, de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil de Guatemala, electo en el proceso de 2014 controlado por el PP y Líder. Castellanos también figura entre los funcionarios judiciales que mantuvieron contacto con Alejos durante las negociaciones para la elección de las Cortes el año pasado, según el informe enviado por el MP al Legislativo, y actualmente es candidato para renovar ese cargo.

Tres días más tarde el juzgado de mayor riesgo D, a cargo de la jueza Ericka Aifán, giró una orden de detención por “conspiración para la obstrucción de la justicia” contra el abogado Moto en relación con el caso Comisiones Paralelas 2020. El intento de Moto de controlar este caso aunque no lo tuviera asignado, sus reuniones con abogados de Gustavo Alejos y otros de sus operadores judiciales afines, así como un amplio historial de resoluciones cuestionables en casos de corrupción que involucran a políticos relevantes perfilan a este abogado como una pieza clave para el control de la justicia. 

Además, se encuentra en marcha el proceso de selección que renovará a los integrantes de la CC por los próximos cinco años una decisión que recae, para la elección de un magistrado titular y suplente, sobre la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos, y el Presidente de la República, con un designado por cada una de estas instituciones. 

Al momento de finalizar este reportaje Mynor Moto, electo para la Corte de Constitucionalidad (CC), seguía prófugo de la justicia.

¿Pero el problema es realmente Moto?, a pesar de sus antecedentes como representante electo del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), este abogado obtuvo más de tres mil votos de sus colegas. 

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Cortar el nudo gordiano es una expresión que hace referencia a un problema tan complejo que requiere una solución tajante y sin contemplaciones. Guatemala es actualmente, como en buena parte de su historia, un nudo gordiano. El sistema de partidos políticos, la administración de la justicia, la élite empresarial y el crimen organizado se encuentran entrelazados. Las conexiones incestuosas entre estos grupos fueron en gran parte revelados gracias al trabajo de la Cicig.

Para la abogada Claudia Samayoa, de Udefegua, la política nacional se resume en esta imagen de una serie de hilos trenzados que no se pueden desenredar “porque por donde veas las salidas están sumamente complicadas, porque están enredadas en leguleyadas, ni siquiera legalismos, que permiten que los actores ilegítimos, pero que tienen poder real, incluso criminales puedan salirse con la suya,  incluso personas que tratan de ejercer obligaciones dentro del Ejecutivo y Legislativo se ven paralizados” refiere.

La juramentación del juez Mynor Moto como magistrado de la CC por parte del Congreso, en medio de irregularidades, hace ver que la lucha por tener una verdadera justicia independiente es más necesaria que nunca.

¿Qué queda entonces para evitar el total colapso de las instituciones de justicia? Para Samayoa los más de mil ataques a defensores de derechos humanos en el año 2020 muestran que las personas, desde diferentes espacios de sociedad civil siguen luchando: “Eso muestra que el nudo gordiano se va a resolver en la medida en que la ciudadanía ejerza sus derechos, porque el uso del Derecho para violentar nuestros derechos tiene sus límites y esos límites están en la ciudadanía” dice.

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Hace cinco años un pequeño grupo de ciudadanos convocaron a una manifestación en la Plaza de la Constitución el 21 de abril. Entre este grupo se encontraba Gabriel Wer, uno de los fundadores de Justicia Ya. La onda expansiva de estas manifestaciones, en paralelo con los casos presentados por Cicig ese año terminaron orillando a la renuncia de los mandatarios Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti luego de que perdieran el respaldo internacional.

Hoy Wer es uno de los fundadores del Instituto 21A, una organización que promueve la organización social y formación política. Entender que el sistema político no va a cambiar hasta que haya una participación real de las mayorías y una representación justa de sus intereses es uno de los enfoques de la agrupación. El trabajo de la CICIG fue en cierta forma una inspiración, reconoce Wer, ya que para muchos representó ver por primera vez que una institución podía cuestionar al statu quo.

“La CICIG funcionó como un canal de materialización de las demandas. Aunque no lo hacía explícitamente ni intencionalmente, como articulador de la demanda social, el comisionado (Iván Velásquez), hablaba para todos los sectores, ahora ya no hay ese punto de referencia compartido” refiere Wer.  Para una nueva generación las investigaciones de la Comisión sirvieron para legitimar la idea de que organizarse, realizar protestas, plantones, hablar de política era algo que tenía incidencia y muchos conocieron otras expresiones, y demandas históricas, que los precedían en este esfuerzo.

Los movimientos campesinos e indígenas, organizaciones estudiantiles y ciudadanos particulares, fueron determinantes en el paro nacional del 27 de agosto de 2015 que orillaron a la renuncia de la cúpula del PP. Hoy, dice Wer, en su contacto con organizaciones de diferentes partes del país, el ambiente general es que no hay verdaderas respuestas del Estado para las demandas sociales, que las élites empresariales han cerrado filas y no admiten el cuestionamiento del sistema, y que instituciones como el MP, encabezado por la fiscal Consuelo Porras, no respaldan el trabajo de una fiscalía que sí ha brindado resultados como la FECI. 

En ese panorama, diferentes fuentes en el ámbito político, judicial, de organizaciones sociales e incluso el sector empresarial apuntan a que el único factor para detener el deterioro institucional se encuentra al norte: Estados Unidos.

Es así para el diputado Barreda: “creo que la administración del presidente Joe Biden va a ser determinante con las batallas que están pendientes de dar para las entidades comprometidas en la lucha contra la corrupción y la impunidad” dice.

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Pero quizás valga la pena preguntarle a una figura de primer nivel que vivió las presiones de EE.UU. en su momento para estimar el alcance de estas. Converso, junto a mi colega Carolina Gamazo, con el expresidente Otto Pérez Molina, en la cárcel Mariscal Zavala, ubicada en la brigada militar del mismo nombre y que reúne al grueso de los detenidos por las investigaciones de la comisión. 

En una banca de jardín, junto a un arriate de flores amarillas, el expresidente, vestido con ropa deportiva, refiere que en las tres visitas en un año que realizó el entonces vicepresidente Biden, y ahora mandatario estadounidense, le pidió la renovación de la CICIG, cuando el mandato de la comisión estaba por terminar.

Luego del cambio de gobierno estadounidense, en una entrevista con el diario La Hora, Juan Sebastián Gonzalez, asistente especial del presidente Biden, indicó que uno de los compromisos del mandatario es formar una Comisión Regional contra la corrupción en los países del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras).

“La visión central que vino del mismo presidente era que, después de la salida de la CICIG, fue un paso hacia atrás en contra de la corrupción en el Triángulo Norte. Pero, los Estados Unidos tiene varias herramientas del Departamento del Tesoro, tenemos la oportunidad de sancionar. También hay fiscales en esos países que, a veces, están en la última línea de defensa a favor del Estado de Derecho” dijo Gonzalez en dicha entrevista. 

Esta propuesta no extraña al general Pérez Molina: “Biden nos dijo que querían una CICIG en los tres países (Guatemala, El Salvador y Honduras), lo comenté con los presidentes de esos países y todos dijeron que ni locos iban a permitir una comisión así”. 

¿Qué tipo de presiones recibieron de Estados Unidos?, le pregunto al exmandatario. “No se trataba solo del recorte de ayudas económicas, sino también a productos guatemaltecos” refiere. Para Pérez Molina el apoyo estadounidense a las protestas del 2015 fueron más allá de las declaraciones públicas “el siguiente gobierno (Jimmy Morales) nos dijo que tenían información de que entraron con equipos para promocionar las manifestaciones” dice.

También le pregunto al expresidente sobre su percepción sobre el trabajo de la FECI, luego de la salida de la Comisión del país. Imperturbable, tras referirse a las acciones de esta fiscalía en varios de los casos que se le imputan nos dice: “La Cicig le dejó todas las mañas a la FECI, ha seguido actuando como si siguiera la Cicig”. 

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La aprobación el 21 de diciembre de 2020 de la Ley de Compromiso Mejorada del Triángulo Norte de los Estados Unidos (HR 2615), centrada en fortalecer la lucha contra la corrupción en Guatemala, El Salvador y Honduras, promovida por el presidente del Comité de Asuntos Exteriores, Eliot Engel, también muestra el tipo de presiones que puede emplear Estados Unidos. 

Además de poder difundir una lista de corruptos a criterio del gobierno estadounidense, la llamada Lista Engel, la estrategia aprobada incluye promover la prosperidad económica, combatir la corrupción, potenciar la gobernanza democrática y mejorar las condiciones de seguridad. Ninguno de estos propósitos, sin embargo, será viable en un ambiente en donde las instituciones de justicia pueden ser manipuladas incluso desde las cárceles o los sanatorios convertidos en centros para negociar la integración de cortes.

La Cicig, junto a la FECI, actuó como una medicina muy fuerte para combatir el mal endémico de la impunidad en las esferas de poder de Guatemala, ahora sin el apoyo de la Comisión la fiscalía intenta contener esta enfermedad con fuerzas menguadas. El problema de fondo, sin embargo, persiste: un organismo débil, intencionalmente debilitado, en el cual el cáncer de la impunidad ha hecho metástasis. Hacen falta acciones más contundentes. La mera persecución penal no basta, sin una reconstrucción de las instituciones del Estado y una depuración del sistema político, cualquier renovación de la justicia en el país es imposible. Una tarea que recae en todos los guatemaltecos que no quieren ver a su país hundido en un ciclo infinito de injusticia.