En mayo pasado, el presidente Alejandro Giammattei solicitó a la fiscal general, Consuelo Porras, usar un hotel confiscado al ex candidato de la presidencia de Guatemala, Manuel Baldizón, como albergue para tratar a pacientes leves de coronavirus. Cinco meses después, el hotel ubicado en Quetzaltenango no se utilizó porque el Ejecutivo rechazó firmar el convenio con el Ministerio Público.

Cuando la peor etapa de la primera ola de la pandemia alcanzó a Guatemala, el Hospital Temporal de Quetzaltenango y el Hospital Regional de Occidente se declararon en crisis por el alto número de pacientes de coronavirus. A mediados de junio, dejaron de recibir nuevos casos durante varios días. Y con 146 y 946 camas respectivamente, ambos hospitales fueron obligados a habilitar nuevas áreas para atender más contagios.

Sin embargo, ante el colapso de estos dos hospitales, pocos recordaron que dos meses antes, el 26 de mayo, los medios de comunicación del Gobierno habían anunciado como un enorme logro que un hotel ubicado en Quetzaltenango propiedad del ex candidato a la presidencia condenado en EE.UU. por lavado de dinero, Manuel Baldizón, sería usado como hospital para atender casos de coronavirus en Occidente.

El presidente Alejandro Giammattei, y la fiscal general, Consuelo Porras, según informó el Gobierno, habían acordado firmar un convenio para que el inmueble, hasta entonces inmovilizado provisionalmente por una solicitud del Ministerio Público (MP), fuera adecuado para que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) atendiera a pacientes de Covid-19. 

El hotel de Manuel Baldizón sería una alternativa para evitar el colapso de los hospitales de Quetzaltenango durante seis meses con opción a prórroga para poder enfrentar los contagios de coronavirus.

Una nota de la Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN) lo explicó así: “Como resultado del trabajo y apoyo interinstitucional, el MP cedió al Organismo Ejecutivo, de forma temporal, el uso de un inmueble extinguido al excandidato a la presidencia, Manuel Baldizón, para que sea utilizado para el alojamiento y atención de pacientes con coronavirus”.

Ante la noticia, la empresa Regal Group S.A. publicó un comunicado indicando que el edificio aún no había terminado su proceso de extinción de dominio, “no se encuentra extinguido a favor del Estado”, reclamaron. Un mes antes, el 27 de abril, el mismo hotel de Baldizón, había sido ofrecido por el Gobierno como albergue para migrantes en Quetzaltenango. Regal Group S.A. enfatizó en un comunicado previo que el ex candidato a la presidencia no era el propietario del edificio y que el dinero con el que se compró no provenía de hechos delictivos. Y por lo tanto, el destino del edificio aún no estaba del todo claro.

“Regal Group, S.A. se reserva el derecho de iniciar las acciones legales correspondientes, en contra de funcionarios y empleados públicos que con el propósito de ganar protagonismo brinden declaraciones carentes de veracidad”, indicó la empresa.

Según la imputación del MP por el caso Odebrecht en contra de Manuel Baldizón, la empresa Regal Group S.A, habría sido una de las sedes en las que los abogados del ex candidato a la presidencia habían abierto cuentas a nombre de sociedades formadas fuera del país y coordinado el pago de sobornos por parte de la empresa brasileña por el contrato de la ampliación de la ruta CA2 Occidente, por US$399.4 millones, entre 2013 y 2015.

Tan solo entre  2014 y 2016, según el caso de extinción de dominio a cargo del MP, Regal Group S.A. compró e inauguró tres hoteles de lujo con el nombre de Casa Imperial, uno en la capital, otro en Cobán, y un tercero en Managua, Nicaragua. Durante esos años, esta sociedad anónima también comenzó la construcción del hotel de Baldizón en Quetzaltenango que fue ofrecido por el gobierno de Alejandro Giammattei como otro hospital temporal para hacer frente a la pandemia de COVID-19.

Ante el anuncio de convertir el hotel en hospital temporal en 2020, Regal Group S.A. presentó una acción legal en contra de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (SENABED), entidad a la que le corresponde la administración del inmueble desde 2019 en tanto se resuelve el proceso de extinción de dominio por solicitud de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). 

Regal Group S.A. solicitó esta acción legal ante el juez décimo de instancia penal, Víctor Cruz, pero le fue rechazada el 6 de junio de 2020. Luego presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra de la fiscal general, Consuelo Porras, por pretender otorgar el inmueble al Ministerio de Salud durante la pandemia. 

Este amparo fue rechazado el 18 de junio y dio vía libre a la firma del convenio entre el ente investigador y el Ejecutivo, justo en las fechas en las que los dos hospitales de Quetzaltenango, tanto el temporal como el regional, se declaraban desbordados de pacientes.

El “Ramada Xela”, el hotel que pudo ser un alivio

El edificio de Regal Group S.A. estaba pensado para llevar el nombre de “Hotel Ramada Xela”, pero no fue posible terminar su construcción porque antes se declaró prófugo Manuel Baldizón, y poco después fue condenado en Estados Unidos por Lavado de Dinero, y después se inició el proceso de extinción de dominio por más de 31 inmuebles relacionados a los casos Odebrecht y Transurbano. 

“Ramada Xela” es hoy un edificio casi abandonado, de arquitectura sobria, y fachada anodina, que tiene 60 habitaciones. Se encuentra en la zona 8 de Quetzaltenango, es decir, muy cerca del Hospital Regional de Occidente. Considerarlo como un lugar para poner en cuarentena a pacientes de coronavirus resulta lógico desde un punto de vista estratégico.

A inicios de junio, el director del Hospital Temporal de Quetzaltenango y del Hospital Regional de Occidente, Giovanni Ortega, aseguró que los intensivos de ambos centros estaban en su máxima capacidad y que no tenía espacio para recibir a nuevos pacientes de coronavirus.

El Hospital Regional tuvo que habilitar un espacio para atender casos graves de coronavirus porque el intensivo sobrepasó en un 50 por ciento su capacidad. Durante ese mes también se reportó el contagio de varios trabajadores de dicho centro hospitalario

“En este sector ya no hay pacientes leves, sino moderados y graves. Lamentablemente en las últimas semanas ya cambió la curva de nuestros pacientes porque ahora llegan pacientes muy graves. Acá si ya no tenemos cupo, los mandamos al hospital temporal”, agregaba Ortega, justo en el mes en que la CSJ rechazaba el amparo de Regal Group S.A.. y había posibilidad de utilizar el “Ramada Xela”.

Sin embargo, el Ministerio de Salud declinó de utilizar el inmueble de Baldizón y no aceptó reubicar a los pacientes de COVID-19. Este rechazo se dio durante la administración del ex ministro que fue destituido en julio de este año, Hugo Monroy, según las fuentes consultadas.

No-Ficción consultó al MP sobre el convenio que se anunció en mayo, pero respondió que fue el Ejecutivo el que desistió. El siguiente es la postura institucional del ente investigador respecto a esta consulta:“El Ministerio Público en su momento lo puso a disposición del Ejecutivo, sin embargo, ya no se firmó el convenio y se le dio un abordaje diferente al tema. Es decir, de parte del MP si hubo disposición, pero ellos ya no lo quisieron”.

Al cuestionar a la secretaria de comunicación social de la presidencia, Francis Masek, sobre la negativa de Alejandro Giammattei para no firmar el acuerdo que convertiría el hotel de Baldizón en un hospital, explicó que no fue el Ejecutivo sino el Ministerio de Salud que lo rechazó. Masek solicitó que las dudas sobre este convenio fueran trasladadas a las autoridades de esa cartera.

La secretaria de comunicación de Giammattei escribió “Me indicaron del Ministerio Público que la comunicación la tuvieron con el Ministerio de Salud, y fue éste el que les manifestó que ya no utilizarían el edificio que pertenecía a Manuel Baldizón. Le agradeceré consultar al MSPAS, pues según su planificación para atención de hospitales, no se utilizaría el hotel”.

El anuncio del convenio entre Giammattei y Porras se hizo cuando Hugo Monroy aún era el ministro de salud. Al consultar a la vocera de la cartera de salud, Julia Barrera, sobre el tema, explicó que la actual ministra, Amelia Flores y los viceministros no tenían conocimiento del convenio y de haber sido rechazado, se hizo durante la gestión del ex ministro Monroy.

Si era de Baldizón, ahora es para los guatemaltecos

Luego de que se revelaran los casos de corrupción en contra del ex candidato a la presidencia por el partido Libertad Democrática Renovada (Líder), Manuel Baldizón, el 19 de marzo de 2018 un juzgado de Extinción de Dominio otorgó una medida cautelar a favor de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero para inmovilizar el edificio. Este inmueble está vinculado en un caso investigado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad, pero todo proceso de extinción lo realiza una unidad de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero.

Como parte de un protocolo, el 20 de febrero de 2019, la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero entregó a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (SENABED) el inmueble para que lo administrarán durante lo que dure el proceso.

Esto también lo argumentó Regal Group S.A. en cada uno de sus comunicados.

Meses más adelante, la secretaría y el Ministerio Público firmaron un convenio para que el ente investigador usara el inmueble de Baldizón. La jefa del MP, Consuelo Porras, dijo que lo usarían para las fiscalías en ese departamento. “En ese edificio esperamos instalar todas las fiscalías que hay en Quetzaltenango, eso nos ayudará para reducir costos en el alquiler de inmuebles”, dijo Porras. A la fecha es algo que tampoco ha sucedido.

No-Ficción consultó al jefe de la Senabed, Jorge Mario Andrino. Explicó que el último reporte del edificio señala que sigue en manos del Ministerio Público y no está siendo usado para atender a pacientes de Covid-19 o como oficinas de las fiscalías de ese departamento.

“El último reporte de octubre que tengo sobre el inmueble es que está vacío, no se está usando. La SENABED dio el inmueble al MP para que esta institución trasladara sus fiscalías a ese espacio, pero a la fecha no se han pasado. Respecto al tema de un lugar para ser usado para pacientes de coronavirus, no se usó para eso, según la información que tengo en el expediente”, explicó Andrino.

Usar propiedades ilícitas 

¿Qué hace el Estado con las propiedades de hechos ilícitos? ¿Qué hacer con ellas durante una pandemia? Casas, fincas, yates, autos, helicópteros, hoteles… 

Desde el inicio de la pandemia en Guatemala, la doctora e investigadora social, Karin Slowing sugirió que por la precaria situación del sistema de salud guatemalteco algunos inmuebles que están en proceso de extinción o que ya son del Estado se habilitaran como centros de cuarentena y para la atención de pacientes leves de coronavirus.

“Había que prepararse porque sabía que no existe un sistema sólido de salud. En marzo fue la primera vez que lo dije (sobre usar bienes extinguidos) y sabiendo que la red hospitalaria tenía deficiencias, no se hizo. Vemos que la prioridad es reabrir la economía y todas las cosas para beneficiar a los pacientes han sido secundarias”, dijo Slowing.

Durante la crisis del coronavirus el personal de salud ha sido uno de los más afectados porque algunos trabajadores han resultado contagiados. Cientos de médicos, enfermeras y técnicos han decidido alquilar habitaciones para no llegar a sus casas y contagiar a sus familias. Este pago corre por su cuenta y apenas recibieron un bono único de Q875 por parte del Ministerio de Salud como un reconocimiento.

En la nota titulada Q870 por arriesgar la vida durante la pandemia, la doctora Maryandre Posadas es subjefa del área de pediatría del Hospital Roosevelt y jefa del área de shock de Covid-19 para niños dijo que colegas suyos alquilan apartamentos cerca del Hospital Roosevelt para evitar exponer a sus familias.  Esto representa un gasto extra para el personal que puede variar entre los Q1,500 a Q2,000 mensuales.

En tanto el Estado tiene decenas de propiedades a su nombre que antes pertenecían a narcotraficantes, o altos funcionarios, ahora acusados de corrupción. Casas de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti. Apartamentos de lujo de ex ministros como Alejandro Sinibaldi. También hoteles en proceso de pasar a favor del Estado de ex candidatos como Manuel Baldizón.

A decir de la doctora Slowing, uno de los objetivos de usar bienes extinguidos o en proceso de extinción era brindarles un espacio a los trabajadores del ministerio para que pudieran descansar y evitarles un gasto, pero, sobre todo, que no contagiaran a sus seres queridos.

Uno de los ejemplos regionales lo da Argentina, donde desde que se dio el primer caso de coronavirus, la Agencia de Administración de Bienes del Estado le entregó al gobierno dos hoteles para alojar a viajeros extranjeros procedentes de zonas de riesgo. Los hoteles eran dos de las decenas de propiedades que pertenecían al clan Loza, una estructura que se dedicaba al narcotráfico que fue desmantelada en 2018. 

Slowing, sobre usar propiedades extintas, dice: “Más que para atender pacientes, siempre los imaginé como albergues de cuarentena. sin embargo, hay tres usos que se les podía dar: el primero, para los migrantes para que cuando cruzaran la frontera estuvieran en cuarentena; segundo, para el personal de salud estuviera descansando y para que cuiden a sus familias, y tercero, para atender a pacientes leves de coronavirus que fue lo bueno que hizo el IGSS”.

El presidente Alejandro Giammattei propuso el 9 de abril que el dinero incautado al narcotráfico se usara para abastecer al Ministerio de Salud y que les planteó la propuesta a los jefes de bancada del Congreso de la República, sin embargo, nunca se presentó alguna iniciativa de ley por parte del partido oficial (Vamos).

Y mientras hubo una crisis en los hospitales por la cantidad de pacientes de coronavirus de la primera ola, el aumento de contagios en los empleados de salud y la llegada de deportados contagiados del virus, el presidente Giammattei no cumplió con los ofrecimientos de usar propiedades en proceso de extinción para apoyar la red hospitalaria pública.

Y cuando tuvo la oportunidad de utilizar el hotel del ex candidato Manuel Baldizón como hospital, tampoco quiso ni siquiera intentarlo.