Su objetivo era organizar campeonatos deportivos internos en su municipio y tratar de esa manera de aportar a su comunidad. Sin embargo, las circunstancias los llevaron a tomar parte activa en la lucha por la transparencia en contra de su municipalidad.y otras de su departamento
Los inicios de su lucha se remontan a 2013. Manolo Ordóñez y un grupo de vecinos reconocidos fueron convocados por las autoridades municipales de Aguacatán, Huehuetenango, en el noroccidente de Guatemala, para organizar torneos de fútbol entre equipos conformados por vecinos de la localidad.
Se trataba de cargos ad honorem para los cuales, según el mismo Ordóñez, su selección se basaba en la reconocida honorabilidad con la que contaban él y los otros integrantes para conformar esta comisión deportiva encargada de los torneos de esta misión dentro de su municipio. “Lo primero que quisimos hacer fue mantenerlo todo transparente”, señala. Para este fin, se enfocaron en dejar constancia de todos los ingresos y egresos que implicaba.
La relación de la comisión con la Municipalidad mantuvo un buen tono, hasta que la comuna estableció un fondo para apoyar a los equipos participantes del torneo. El monto: Q125 mil.
La comisión cuestionó la procedencia de los recursos, pues necesitaba detallar el rubro en el informe financiero. La respuesta de las autoridades fue que había salido de la propia bolsa de miembros del concejo municipal.
Ello tampoco implicaba un problema grave, pues la comisión no tenía inconveniente con que ese fuera el origen, pero sus integrantes querían dejar documentado también este aporte en el informe financiero. La respuesta de las autoridades municipales fue una negativa, lo que empezó a generar conflicto entre la comisión y la municipalidad.
Ordóñez relata que el descontento del entonces alcalde, Selvin Villatoro, llegó al punto de cuestionarlo por las averiguaciones mientras un miembro del departamento de comunicación social de la municipalidad grababa con cámara y micrófono.
El inicio de la fiscalización
Tras la discusión entre Ordóñez y Villatoro frente a la cámara, la dinámica entre ambos cambió. Tras el intercambio de palabras y señalamientos Ordóñez, junto a su hermano y otros vecinos de Aguacatán renunciaron abandonaron la la comisión deportiva y empezaron un proceso de auditoría social a la comuna.
Tras varios meses de recopilar documentos mediante los procedimientos establecidos en la Ley de Acceso a la Información Pública (LEIP), los fiscalizadores encontraron los indicios de la existencia de más de 100 plazas fantasmas.
Este y otros hallazgos se materializaron el 2 de julio de 2015 con una denuncia ante el Ministerio Público (MP). En el documento se establece la contratación de más de 100 personas que no desempeñan el trabajo que establecían sus contratos. Entre ellas, tres trabajadores del Ministerio de Educación. Es decir contratados en dos instituciones públicas a pesar de que esto no está legalmente permitido.
“A partir de la revisión de varias solicitudes de acceso a la información pública realizadas a la Municipalidad referentes a las planillas de trabajadores, nos pudimos percatar que en las mismas aparecen personas que firman y reciben el pago de salarios u honorarios pero es posible que muchas de estas personas no trabajen en la Municipalidad”, establece la denuncia de 2015.
Entre los elementos de prueba, los denunciantes adjuntan la planilla y la lista de las personas a las que no se les veía llegar ni desempeñar una labor dentro de la comuna de Aguacatán.
En la denuncia también se señaló la contratación de familiares de miembros de la corporación municipal, compra de materiales a parientes de funcionarios municipales, abuso de autoridad, nombramientos ilegales, tráfico de influencias y fraude.
La denuncia dio lugar a que el 25 de agosto de ese mismo año el MP solicitara al juzgado de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente de Huehuetenango el retiro de inmunidad contra villatoro.
Selvin Villatoro, quien fungió como alcalde de Aguacatán de 2012 a 2020, y actualmente funge como coordinador técnico de la dirección ejecutiva de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), señala que es muy importante el trabajo de fiscalización. Sin embargo considera incorrecto el actuar de Ordóñez, ya que son temas que se han investigado incluso por el MP y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci).
La participación de esta fiscalía se inició en 2015, lo que dio como resultado que el Tribunal Séptimo de Primera Instancia Penal de Huehuetenango decidiera retirarle la inmunidad.
La batalla legal continuó en ambas vías. Manolo Ordóñez relata haber sido acusado también por el exjefe edil, e incluso haber sido ligado a proceso en una ocasión por difamación. “¿Cómo es eso posible? La misma Constitución Política establece que no hay responsabilidad penal para los ciudadanos que hacenpor señalamientos contra funcionarios públicos” enfatiza.
Ordóñez logró que estos cargos se desvanecieran, pero los procesos penales no fueron lo más fuerte que debió enfrentar. En julio de 2019, el activista sufrió un atentado del cual él y su acompañante lograron salir con vida. Según relata, no fue la primera vez que se enfrentaba a una situación de ese tipo, pues con anterioridad su casa había sido baleada. Sin embargo, reconoce que en esa ocasión es posible que la intención hubiera sido sólo la de intimidar.
Villatoro no ha sido condenado por las acusaciones de la sociedad civil huehueteca y el Ministerio Público. Sin embargo, Ordóñez considera que es una cuestión de tiempo, y que la razón por la que aún no haya recibido una condena está en los atrasos que atraviesa el sistema de justicia debido a la pandemia de Covid-19.
La integración de fiscalizadores
Mientras Manolo Ordóñez desarrollaba su lucha en Aguacatán, otros municipios del departamento eran escenario de situaciones similares. El fútbol dio paso a una fiscalización activa que se ha extendido a casi todo el departamento de Huehuetenango. Todos Santos Cuchumatán, por ejemplo, llevaba procesos de fiscalización desde 2012, mediante los miembros de los Comités Comunitarios de Desarrollo (Cocodes).
“Al principio no teníamos mucho conocimiento de la Ley, pero en la medida que fuimos conociendo más de la Ley de Acceso a la Información, fuimos recopilando datos información sobre el trabajo de nuestra municipalidad”, explica Gilberto Calmo, uno de los dirigentes a cargo de la fiscalización en el municipio, un poco más al norte de Aguacatán, casi en el centro de Huehuetenango.
Los inicios de Calmo dentro de la fiscalización tuvieron lugar en un Consejo Comunitario de Desarrollo de su municipio. Para 2015, él y otros miembros de todos los Cocodes de Todos Santos habían dejado ya documentado el descontento con el entonces alcalde Andrés Mendoza.
Con base en solicitudes de acceso a la información pública y cotizaciones independientes encontraron los elementos para señalar sobrevaloraciones y trabajos inconclusos en al menos 13 obras públicas de Todos Santos. En octubre de ese mismo año, el grupo de fiscalizadores comunicó estos hallazgos a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
En el transcurso de 2016 los fiscalizadores de Todos Santos se adhirieron a un colectivo de agrupaciones orientadas a la búsqueda de la transparencia formada por Ordóñez desde Aguacatán y más personas del departamento.
“Vimos que Manolo era un líder en su comunidad que estaba haciendo cosas como las que nosotros hacíamos en la nuestra y vimos que juntos podíamos tener más posibilidades de éxito”, expresa Calmo.
Aunque varios de los procesos aún se encuentran abiertos, existe una situación que llevó a una condena dentro del municipio de Todos Santos. Un acontecimiento que Manolo Ordóñez califica de histórico. En abril de 2019 el alcalde perdió su inmunidad por retener información pública.
El origen de la denuncia estuvo en la negativa del jefe edil de proporcionar datos sobre un concurso para la construcción del mercado del municipio. En mayo de 2019 la FECI informó que Mendoza sería investigado por los hechos señalados y finalmente fue condenado en octubre de ese mismo año a una multa.
Organizados por un fin común
Actualmente estos grupos de auditoría social están integrados en una Comisión denominada Transparencia, Auditoría Social y Seguridad Ciudadana de Huehuetenango (Tasch), y conforman un colectivo nacional, cuya coordinación se encuentra en el departamento de Chiquimula.
Como departamento fronterizo, Huehuetenango no escapa de verse inmerso en temas de diversas actividades delictivas transnacionales, como narcotráfico, trata de personas y contrabando.
Un ejemplo de ello se vivió en 2008 en la aldea Agua Zarca, de Santa Ana Huista, cuando un grupo de hombres armados provenientes de México ingresaron a una propiedad privada y abrieron fuego para dar lugar a una masacre en 2008.
Los archivos de la Cicig dan fe de al menos tres casos relacionados con el departamento. En todos ellos hay autoridades distritales involucradas. Como por ejemplo la exdiputada Mirza Arrega, que lleva un caso con su nombre. Según Ordóñez los problemas fiscalizados en su municipio no escapan de esta dinámica, pues el mismo exalcalde es yerno de la excongresista.
Ante estas circunstancias, Tasch reúne a auditores sociales de Santa Bárbara, Chantla, Tectitán, San Ildefonso Ixtahuacán y la cabecera departamental entre otros. En cada uno de los municipios se realiza un control sistemático de la forma en que se utilizan los recursos municipales.
Sin embargo, desde el lado de la función pública, no todos están de acuerdo con su trabajo. “Quisiera pensar que por ignorancia, se han enfocado en señalamientos que muestran un profundo desconocimiento sobre los procedimientos legales para la realización de proyectos en las municipalidades”, puntualiza el exalcalde de Aguacatán, Selvin Villatoro.
Las dificultades en las municipalidades se siguen dando, Manolo Ordóñez relata que, en la cabecera departamental de Huehuetenango, la corporación municipal que entregó su mandato en 2019 emitió un acuerdo municipal en el que clasificaban bajo reserva información pública y que la sociedad civil aún se encuentra batallando para que esta información se libere.
El trabajo no se limita a los temas municipales. Nelly Monzón, integrante de Tasch, y del Colectivo de Artistas Jóvenes por la Justicia Social, relata que tras una visita de los miembros del colectivo a la sede de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), decidió incorporarse al grupo y de esa manera pudo sostener reuniones con diputados debido a unos problemas de presupuesto en la Universidad.
“Si no hacemos nada, no tiene sentido que estemos en la Usac porque es una institución del pueblo y para el pueblo”, concluye la dirigente estudiantil.
Los miembros de Tasch reconocen que el trabajo al que se han dedicado ha sido posible en gran medida gracias al apoyo de organizaciones como Acción Ciudadana (AC) capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional, en materia de apoyo legal y herramientas de fiscalizacón. Así como de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua) y la oficina del Procurador de Derechos Humanos (PDH) en materia de protección ante los ataques y amenazas a las que señalan haberse visto enfrentados por su labor.
Fuera del departamento, el colectivo tiene planificado abordar el tema de los costos de la energía eléctrica y establecer si son legítimos los métodos para determinar los montos por alumbrado eléctrico y tarifa municipal en todos los municipios del país, pues en algunos de ellos, los usuarios deben pagar hasta el triple o más de lo que consumen cada mes.
El Tasch continúa buscando crecer en el departamento de Huehuetenango. Creen que la fiscalización ciudadana es algo esencial que ayuda al fortalecimiento de las democracias locales. Sus herramientas consisten en entender el destino de los recursos públicos mediante la LEIP y la consulta recurrente de los portales abiertos de gobierno.
Hasta la fecha Manolo Ordóñez no sabe de dónde provenían los recursos para los equipos de fútbol que buscaba apoyar la municipalidad, pero desde hace siete años practica un juego muy diferente, el de transparentar el uso que se hace de los recursos municipales.
