Un conflicto de más de 100 años se reactiva en nuestro newsletter de esta semana. La pelea entre los municipios vecinos de Nahualá e Ixtahuacán, ahora aprovechado por el crimen organizado, como consecuencia de la negligencia del Estado.
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Los municipios de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán son como dos vecinos que llevan peleando más de un siglo por una pequeña franja de jardín. El Estado ha dejado esa frontera en una zona gris, colocando de vez en cuando una cerca provisional, intentando que nadie se mate. Pero en los últimos años el conflicto ha escalado y ha sido aprovechado por un nuevo actor: el crimen organizado.
El pasado 13 de diciembre, el pleito entre Ixtahuacán y Nahualá se volvió a activar. Grupos armados ilegales dispararon contra helicópteros de evacuación, secuestraron a agentes de la PNC, dispararon con armas de alto calibre contra un destacamento militar y bloquearon por varias horas la ruta interamericana.
El saldo preliminar fue de trece fallecidos, según las comunidades; y once soldados heridos, como publicó la comunicación oficial.
Entonces, el presidente Bernardo Arévalo, buscó apresurarse para declarar que el nivel de entrenamiento y el uso de armamento de alto calibre era el mayor indicio para indicar que había infiltración del crimen organizado. Decretó estado de prevención por 15 días, en un intento para simular la garantía de seguridad.
Arévalo repite así la fórmula del Estado para intentar calmar este conflicto vecinal. Interviene con la fuerza, gritando, castigando pero siempre ignorando la razón fundamental de la disputa: una cerca mal puesta que lleva 150 años esperando a ser definida. Una nueva excusa para la inacción estatal.
El Estado nunca ha podido ni querido llamar a algún experto para que mida la tierra, sosiegue a los vecinos y resuelva de una buena vez por todas el problema.
La grieta de la propiedad
Este conflicto limítrofe se remonta a 1871 cuando Nahualá se desprendió de Santa Catarina Ixtahuacán sin límites claros. Desde entonces los choques entre vecinos han sido frecuentes, riñas y altercados, insultos, pero sin llegar a las armas de alto calibre o fallecidos.
El territorio, en años más recientes, ha tenido que ser sometido a la intervención estatal constante. La escalada de violencia se ha incrementado casi de manera exponencial.
En diciembre de 2021 se registró uno de los enfrentamientos más sangrientos entre estos vecinos, con un saldo de al menos 13 muertos, incluidos tres niños y un policía.
El área ha sido atendida con al menos dos Estados de Sitio (uno en 2020 y otro en 2021, este último ratificado por el Congreso) y múltiples Estados de Prevención a lo largo de los últimos años.
Sancionar, escarmentar, reprimir, condenar, judicializar se han convertido en las únicas “soluciones” que ha ofrecido el Estado para el conflicto vecinal entre Ixtahuacán y Nahualá.
Ahora la infiltración criminal aumenta el riesgo, sin duda. Además de la incertidumbre. Pero no es del todo la raíz del problema, sino un síntoma agravado por la negligencia y abandono del Estado. ¿Acaso la persistencia de esta disputa, con antecedentes desde el siglo XIX, no amerita un esfuerzo de mediación más real, con definiciones limítrofes por fin aclaradas?
La presencia de los grupos criminales no es la causa, sino la consecuencia directa de un conflicto territorial desatendido, que sin una mediación adecuada, ni diez Estados de Sitio, ni cien Estados de Prevención lo podrán evitar y neutralizar.
En este escenario, el crimen organizado siempre encontrará un nuevo resquicio en el vacío de autoridad y la incertidumbre legal para volver a operar. Al Estado, y quizás al gobierno de Bernardo Arévalo, le falta la determinación real de poder trazar la línea en la tierra para que los vecinos de Ixtahuacán y Nahualá dejen de matarse.
