La madre de José Eduardo Tajiboy Morales fue desalojada de niña. Hoy, su hijo, que tiene dos años y aún no camina, también puede perder su hogar.

Esta fotogalería forma parte del especial “Vidas vulnerables en tierra fértil“, un proyecto la desnutrición aguda infantil en la costa sur de Guatemala. A través de una investigación y siete historias familiares, el proyecto recorre las causas de esta crisis.

José Eduardo Tajiboy Morales vive en San Felipe, un municipio a 17 km de Retalhuleu, sobre la carretera que conecta la cabecera departamental con Quezaltenango. 

Cuando lo visitamos en septiembre de 2025, José Eduardo tenía un año y nueve meses, pesaba 18 libras y 11 onzas, y todavía no caminaba. En ese momento, el pequeño había logrado salir de una desnutrición severa y era un caso de desnutrición aguda moderada.

José Eduardo sufrió un cuadro convulsivo cuando tenía cinco meses y quedó muy débil. Su madre, Ruth Noemí Morales, lo llevó entonces al hospital de Retalhuleu, donde le hicieron numerosos exámenes pero no lograron identificar su dolencia. 

Para determinar el origen de sus convulsiones, a su madre le han recomendado hacerle otra prueba en una clínica privada que está frente al hospital del MSPAS de Retalhuleu. La prueba cuesta Q2,000, aunque a ella le han dicho que, por su situación, le rebajan el precio a Q1,500. 

Ella no dispone de ese dinero, y además le preocupa que la anestesia que requiere la prueba le haga daño a José Eduardo. El bebé pasa gran parte del día adormilado y poco reactivo a pesar de los esfuerzos de su madre por estimularlo.  “Algunos bebés no responden bien a la anestesia”, dice preocupada.

José Eduardo tiene todos los dientes oscuros, parecen picados por caries, pero es un efecto secundario de los antibióticos que le suministraron cuando estuvo ingresado en el hospital. El niño se recupera muy lentamente, en septiembre de 2025, con casi dos años, por fin ha aprendido a mantenerse sentado. 

San Felipe es el municipio de Retalhuleu con mayor índice de severidad de pobreza según los últimos datos disponibles. La severidad o intensidad de pobreza mide el promedio de carencias que sufre simultáneamente una persona. Es decir, cómo de pobre es una persona pobre.

Ruth Noemí Morales tuvo a José Eduardo a los 16 años. En septiembre de 2025, a punto de cumplir los 18, lleva a su hijo regularmente a Fundabiem, una clínica privada sin ánimo de lucro. Allí José Eduardo aprende a pararse y recibe diferentes terapias de estimulación. 

Ruth es consciente de que a José Eduardo le va a costar aprender a hablar, por eso le habla continuamente y procura que haga sus ejercicios todos los días.  Pero no es sencillo para él. Hace siempre mucho calor y cada vez que Ruth lo despierta, el pequeño protesta.

Su madre le da el pecho, arroz , atol fortificado, leche de fórmula de la bolsa de alimentos que recibe de la ONG local APEVIHS, vegetales hervidos –sobre todo zanahoria que es lo que más le gusta a José Eduardo–, y pollo una o dos veces a la semana, según se pueda. 

En septiembre de 2025, Ruth  no recibía el Bono de Nutrición del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) porque ella es menor de edad. Pero sí había recibido víveres procedentes del centro de salud en al menos dos ocasiones. 

El marido de Ruth tiene 22 años y trabajaba de guardia de seguridad en un residencial con piscina cercano que se llama La Perla, pero, según cuenta, no pagaban nunca puntual y no ofrecían prestaciones, así que dejó este empleo y en agosto de 2025 comenzó a trabajar en una granja lavando pollos. Dice que gana unos Q1,500 al mes.

Ruth vive con su esposo y su bebé en casa de sus suegros. Son siete en la casa. 

Su suegra se levanta a las cuatro de la mañana y a las seis sale a vender tortillas. Ruth se queda al cuidado de su bebé y de sus sobrinos pequeños. 

La familia paga una renta a la municipalidad por el pequeño lote en que han levantado la casa de paredes de lámina, pero han escuchado rumores de que los van a desahuciar para ampliar el cementerio. 

Están preocupados porque saben que el cementerio solo puede crecer por el lado en que se encuentra su casa. Por el otro costado fue donde se enterraron a las personas que fallecieron de covid-19. 

Durante la pandemia, al suegro de Ruth le pagaron para hacer esos enterramientos, y también les pusieron una cinta amarilla en la puerta de su domicilio para que no salieran. 

Ruth cuenta que su suegro lamenta ahora haber hecho ese trabajo, pues “si no lo hubiera hecho, igual podrían ampliar el cementerio por el otro lado y no perderían su casa”. 

Ruth explica que si finalmente desalojan a sus suegros, ella, su esposo y José Eduardo se irán a vivir con su padre. 

Los padres de Ruth vivían no muy lejos, en los alrededores de una finca de banano, cerca del río Samalá. Su padre trabajaba de jornalero, y ella y sus hermanos ayudaban a la economía familiar cortando café cuando era temporada. Ruth cuenta que cuando tenía unos cuatro años, el río se desbordó y se llevó las casas. Lo perdieron todo. 

Según dice, unas 300 personas fueron realojadas en un nuevo caserío al que llamaron Nueva Pomarrosal, que es donde vive actualmente su padre, y donde le ha ofrecido un pedazo para que se instale si son desalojados de su casa al lado del cementerio.

Ruth no tiene relación con su madre. La joven dice que es por el problema de alcoholismo que esta sufre, tras haber perdido, por enfermedad, a cuatro de sus nueve hijos. El último fue un hermano de Ruth que nació prematuro porque su madre se cayó acarreando agua desde el río.  

El río Samalá atraviesa todo el municipio. Las lluvias torrenciales frecuentes en la zona provocan que se haya desbordado en varias ocasiones. No es el único riesgo que amenaza a los vecinos.  Tienen también muy cerca el volcán Santiaguito, uno de los más activos del país.