La estructura de defraudación aduanera, “La Línea”, que le costó el poder al binomio presidencial del Partido Patriota y que también marcó una lucha anticorrupción que hizo tambalear a las esferas del poder, hasta entonces intocables. Llegó el juicio casi siete años después con un inquietante panorama, una cacería de fiscales que investigaron casos de corrupción. Esto, plantea la duda de si el ambiente podría incidir en el resultado final del emblemático caso.
La mañana del 21 febrero, en las paredes de la megasala del Organismo Judicial, hacía eco la voz del abogado, Óscar Poroj, defensor de Claudia Méndez, ex intendente de aduanas. Poroj se esmeraba por desacreditar el testimonio del primer perito que participaba en el juicio, Juan Carlos Hernández, un técnico en informática del Ministerio Público (MP).
Algunos de los acusados observaban con atención. El expresidente, Otto Pérez Molina, conversaba ocasionalmente con el ex jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Omar Franco. Mientras que la ex vicepresidenta, Roxanna Baldetti, sentada lejos del resto de acusados, aprovechaba la audiencia para tejer.
Han pasado 2,240 días del jueves, 3 de septiembre del 2015, cuando decenas de cámaras y micrófonos de prensa nacional e internacional llenaron el piso 14 de la torre de tribunales rodeando a Pérez Molina. Él era la noticia porque en 24 horas pasó de ser presidente a renunciar abruptamente antes de finalizar su mandato. Llegó a tribunales y quedó ligado a proceso, señalado de ser el líder de “La Línea”.
Una estructura criminal que según, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), creó un sistema de comisiones ilícitas obtenidas de importadores, quienes a cambio de coimas, provocaron una defraudación fiscal de más de Q2 millones semanales.
La investigación de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), contiene más de 4 mil medios de prueba, entre ellos 562 documentos aduaneros que detallan que, entre mayo del 2014 y abril del 2015. El Estado dejó de percibir más de Q28 millones por las operaciones de esta red.
El juicio comenzó el 17 de enero, casi un mes antes de la audiencia donde Poroj defendía a Claudia Méndez. Pero, muchas cosas cambiaron en el camino, desde la primera audiencia de 2015. Por ejemplo, el investigador, Luis Fernando Orozco, que dirigió la investigación del caso, fue expulsado del país en 2018 por el entonces presidente, Jimmy Morales, junto a 10 investigadores más. Migración decidió no renovarles la visa y los dejó sin inmunidad diplomática.
Además de que, la Cicig ya no existe desde el 2019 porque Morales, no renovó el mandato cuando el comisionado le pareció una amenaza contra su libertad.
Juan Francisco Sandoval, el ex jefe de la Feci, que tuvo a su cargo el caso desde finales del 2015 y que investigaba casos de corrupción que podían implicar al actual presidente, Alejandro Giammattei, se fue al exilio desde julio del 2021.
Para empañar más la situación, Guatemala arrancó el 2022 con un ajetreado panorama político con fiscales de FECI detenidos, otros saliendo al exilio y en el aire la elección del nuevo Fiscal General, que significó un considerable declive en el interés mediático sobre el juicio de “La Línea”.
En el tribunal de Mayor Riesgo “B”, camina el debate a ritmo lento, es un caso complejo con tres decenas de acusados de todas las jerarquías. Desde altos funcionarios de la SAT, sindicalistas, gerentes de aduanas, administradores y líderes externos de la compleja estructura, señalados en el mismo caso.
Arranca el debate y renuncia el fiscal auxiliar
El 21 de enero, cuatro días después de que inició el juicio, el fiscal Darwin Zepeda, quien conoció el proceso desde el principio, renunció. Él trabajó 13 años en el MP e investigó también el caso de Cooptación del Estado, pero su salida se conoció hasta el 23 de febrero.
Juan Luis Pantaleón, vocero del MP, aseguró que el fiscal renunció por quebrantos de salud. Sin embargo, Sandoval, que trabajó con Zepeda más de 8 años, contó que aunque el agente tenía un padecimiento de salud crónico y que esa no fue la causa de su renuncia, sino la situación de presiones internas ejercidas por la fiscal general, contra agentes que investigan corrupción.
Para verificar qué versión era correcta, No-Ficción solicitó, el 24 de febrero, a la Unidad de Información Pública una copia de la excusa de Zepeda, pero al cierre de esta nota no se recibió respuesta.
“Fíjese que el fiscal renunció por problemas de salud, él está malito, nosotros lo quisimos apoyar. A mi me sorprende que digan que renunció por temor a criminalización porque su renuncia fue presentada desde la tercera semana de enero”, respondió, Rafael Curruchiche el reemplazo de Sandoval, durante una entrevista telefónica con este medio.
Durante los casi 7 años de “La Línea”, han pasado tres fiscales diferentes al frente de este caso. Primero; José Antonio Morales, el agente, que formuló las acusaciones contra Roxanna Baldetti y Otto Pérez en 2015. Este último renunció a su cargo en diciembre de ese año por motivos personales.
Después Sandoval asumió la responsabilidad de la investigación, hasta que la Fiscal General lo separó del cargo en julio del 2021. Ahora, Leslie Rosales, es la agente que quedó al mando del caso. Luis Eduardo Sian Puluc, un fiscal con 8 años de trayectoria fue nombrado a solicitud de ella como su nuevo auxiliar en lugar de Zepeda.
Un día previo a que trascendiera la noticia de la renuncia de Zepeda, una fuente del MP, que por su seguridad pidió el anonimato, aseguró que las constantes renuncias y la persecución contra algunos de sus ex compañeros afectan el estado psicológico y emocional de quienes llevan casos de Cicig, pero que tratan de mantenerse fuertes para seguir adelante con las investigaciones y los litigios que ya tienen sobre la mesa.
¿Días de venganza?
En lo que va del 2022, se han capturado al menos cinco fiscales y auxiliares fiscales que trabajaron para la Feci. Además, de una ex abogada de Cicig recién ligada a proceso por colusión y con medida sustitutiva, luego más de 20 días de estar en la cárcel Mariscal Zavala.
En los primeros dos meses del 2022 renunciaron 8 fiscales de la Feci, debido a nuevas ofertas laborales, problemas de salud y motivos personales, según datos oficiales del MP. Pero, en febrero el fiscal Carlos Videz, publicó su renuncia y confirmó su salida de Guatemala por temor a un atentado contra su vida.
Al igual que Videz el fiscal, Manolo Rudy Herrera, también emitió un comunicado el mes pasado, desde Estados Unidos y dijo que dejó el país por temor a ser criminalizado y aseguró que denunciará a Porras por bloquear el avance de la justicia.
Los operadores de justicia han sido perseguidos, intimidados y detenidos, la mayoría por denuncias de la Fundación contra el Terrorismo. Una organización de derecha radical fundada en 2012 y encabezada por Ricardo Méndez Ruiz y Raúl Falla, quienes han defendido a militares, respaldaron la salida de Cicig y han presentado decenas de recursos y denuncias en contra fiscales y jueces distinguidos por su lucha anticorrupción.
¿La cacería de fiscales puede afectar a “La Línea”?
Rafael Curruchiche, el actual jefe de la Feci, fue nombrado por Porras en agosto del año pasado, cuando el caso “La Línea” esperaba la programación del juicio. Antes de la Feci fue jefe de la fiscalía de Delitos Electorales y estuvo a cargo de las acusaciones en contra de Aníbal Argüello, ex analista de la Cicig, y de Juan Francisco Solórzano Foppa, ex superintendente de la SAT y ex jefe de análisis criminal del MP. Argüello, es uno de los testigos del caso de defraudación aduanera, “La Línea”.
Curruchiche no logró demostrar que los acusados cometieron asociación ilícita y conspiración, el juez sólo aceptó el delito de falsedad ideológica por anomalías en un acta presentada porque el acta para inscribir el partido político con el que Solórzano Foppa pretendía participar en la alcaldía tenía la firma de una persona fallecida.
El 3 de junio de 2021, Argüello dijo al juez del caso que la persecución en su contra tenía como objetivo evitar que él declarara en el juicio de “La Línea” y otros procesos a cargo de Cicig. Sin embargo, eso no detuvo al ex investigador y la semana pasada se presentó a declarar en el juicio contra el ex binomio Patriota.
César Calderón, abogado defensor de Pérez Molina, calificó de “absurdo” que el juicio cambie su rumbo. “No puede cambiar el caso, no puede desaparecer, no van a dejar de haber testigos y peritos, la investigación está intacta. El que cree que puede variar es un absurdo categórico, porque el proceso está documentado desde el 2015, estamos en el 2022, la prueba es la misma, los actores son los mismos”, comentó.
La Feci de Curruchiche, pasó de investigar grandes casos de corrupción contra políticos y empresarios a perseguir periodistas, activistas de derechos humanos, ex fiscales, incluso adherirse a la solicitud de antejuicio en contra de la jueza Erika Aifán , el último bastión que quedó de Cicig.
“Nosotros nunca hemos debilitado la representación de la Feci para este debate”, aseguró Rafael Curruchiche. Cuando se le cuestionó sobre si la persecución contra fiscales podría afectar el desempeño de otros agentes del MP como Leslie Rosales en el caso “La Línea”.
“Yo pienso que si uno actúa de forma correcta, no tendrá problemas (…) que si todo esto les afecta anímicamente, pues eso es una decisión personal y siempre hay presión por la complejidad de los casos que llevan estos fiscales”, agregó.
Un proceso lleno de atrasos
La complejidad del caso “La Línea”, también puede entenderse desde los tropiezos y retardos que ha sufrido, según cifras de la Feci, publicadas por La Hora a mediados del 2018, entre todos los acusados se habían presentado 77 recursos entre amparos, apelaciones, exhibiciones personales y recusaciones contra el juez que incidieron en que el juicio no fuera una realidad hasta casi 7 años después.
La defensa de Pérez Molina presentó al menos seis amparos y apelaciones, cuatro intentos por conseguir ser beneficiado con una medida sustitutiva a la prisión preventiva y un intento fallido por sacar del caso al juez, Miguel Ángel Gálvez, con una recusación que había interpuesto el abogado, Calderón, en su contra, pero que fue rechazada en abril del 2017.
“El proceso se atrasó por el sistema, cuando el caso estaba con el juez, Gálvez, todo fue tardío, porque él no realizó las diligencias a tiempo”, respondió Calderón. Se buscó la reacción del juez, Miguel Ángel Gálvez, pero no fue posible contactarlo.
Solorzano Foppa, quien fue jefe de la unidad de análisis criminal del MP, cuando el caso La Línea estalló, consideró que si bien el sistema de justicia está colapsado y la pandemia influyó en los últimos dos años, el actuar de la defensa incidió en el retraso porque son muchos los sindicados y lo que uno hizo afectó al resto.
El Análisis criminal
El 1 de marzo, Aníbal Argüello, se convirtió en el tercer perito en intervenir en el debate e inició su declaración en el tribunal, ante un grupo de acusados que los escucharon con atención. Él explicó las claves de los informes criminales que realizó para Cicig desde julio de 2015 hasta enero de 2016.
Según dijo, “La Línea” eran dos estructuras, una en la SAT y otra formada por particulares. La externa, liderada por Salvador González, alias “Eco”, quien tuvo poder sobre la estructura interna y los ex superintendentes de SAT, Carlos Muñoz y Omar Franco.
Mientras que la estructura interna, fue manejada por Juan Carlos Monzón, el secretario privado de la vicepresidencia. Ambos líderes se convirtieron en testigos protegidos y sus testimonios ayudaron a entender el funcionamiento de la red.
“La Línea controlaba las aduanas de los puertos: Quetzal, Santo Tomás de Castilla y la aduana central en la ciudad capital para realizar un ajuste de impuestos a importadores y se estableció una tabla de cobros ilícitos o sobornos” dijo Argüello. El ex analista agregó que el papel de superintendente fue vital para el control de la organización criminal y que a petición de la estructura externa se realizó una campaña de presión para que Carlos Muñoz fuera sustituído por Omar Franco.
Francisco Javier Ortíz, teniente Jerez, mencionado también en el análisis porque fue el último jefe operativo de la estructura externa, está prófugo. Fue el encargado de velar por las ganancias económicas de la red criminal y tenía la tarea de ordenar a los altos mandos de la SAT a qué trabajadores asignar dentro de los puestos operativos de las aduanas.
Jerez fue testigo protegido del caso “Red Moreno”, en 1999, una red de defraudación de función similar a “La Línea” que operó en Guatemala durante el gobierno de Álvaro Arzú (1996-2000).
Sobre la participación del binomio presidencial, Argüello señaló que ambos designaron a Juan Carlos Monzón como jefe operativo para trasladar sus instrucciones a la organización. “Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti eran los sujetos de mayor jerarquía de la organización y utilizaron su poder para dar instrucciones de forma directa o por medio de terceros”, dijo.
El análisis realizado en diciembre del 2015, establece que los mandatarios fueron quienes mantenían control sobre la tabla de cobros a los importadores para liberar sus contenedores con una reducción en el pago de impuestos, así como los porcentajes de repartición de las ganancias ilícitas repitió Argüello.
Los acusados siguen alegando inocencia
Durante gran parte del proceso, los sindicados han intentado desacreditar las acusaciones en su contra, fijando la teoría de que “La Línea”, fue un caso para impulsar la permanencia de la Cicig en el país y una candidatura política de la ex fiscal general, Thelma Aldana.
En su declaración ante el tribunal a principios de febrero, Pérez Molina buscó refutar las escuchas telefónicas de la fiscalía. En una, aparece él hablando con Omar Franco sobre el cambio del jefe del área de recursos humanos. El ex presidente ha insistido en repetidas ocasiones en que el contenido de la llamada no es ilegal ni incriminatoria.
Franco por su parte, un funcionario de más de 15 años de carrera en el ente tributario, fue nombrado como jefe de SAT dos meses antes de ser detenido. Él dijo a No-Ficción durante un receso del debate, que a su criterio no existió defraudación aduanera y señaló a Solorzano Foppa de haberse “sacado de la manga”, las declaraciones aduaneras que sustentan la investigación.
Solorzano Foppa respondió que cuando surgió la acusación, él aún laboraba para el MP, y cuando llegó a la SAT las pruebas de defraudación aduanera ya habían sido presentadas ante el juzgado.
Jeannete Váldez es la presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo “B” a cargo del proceso. Váldez en 2013 integró el Tribunal que repitió el juicio de genocidio, contra el general, Efraín Ríos Montt, luego de la anulación de la condena en mayo de ese año por la Corte de Constitucionalidad. Las dos juezas auxiliares son: Katty Mariflor Sarceño, Marlyng Mayela González.
De vuelta a la enorme bodega de la 9 avenida y 20 calle de la zona 1 que funciona como megasala para el juicio, los 28 acusados del caso “La Línea” que cuentan con medida sustitutiva aprovechan el receso del medio día para salir a almorzar. Mientras que Baldetti y Pérez Molina esperan adentro y aguardan la salida de la prensa para conversar e intercambiar una galleta o una bebida. Ellos dos son los únicos de los 30 acusados que siguen presos.
Esta escena se repetirá 4 o 5 meses más, el tiempo que tanto la Feci como la defensa calculan que tomará finalizar el debate porque en los primeros dos mese de audiencias apenas han logrado abarcar los primeros 15 documentos de prueba y escuchar a 3 testigos propuestos por el MP. El emblemático caso tendrá una condena probablemente a mediados del 2022.
Si Pérez Molina fuera condenado, él tiene bajo la manga un recurso ante la CC para intentar anular la sentencia. En cambio Baldetti, culpable o inocente, no saldría de prisión porque tiene una condena de 14 años por el caso “Agua Mágica”.
Una condena que puede ser ajena al escenario de revancha judicial o volverse histórica al condenar a un ex binomio presidencial.
