El desplazamiento de comunidades en Alta Verapaz, Guatemala, frente a los intereses empresariales
El 22 de enero la comunidad Lajeb Kej en el Valle de Polochic, a 460 kilómetros de Ciudad de Guatemala, fue desalojada por orden judicial.
Su tierra, declarada baldía por el Registro de Información Catastral, es de interés para empresas extractivas.
Según la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC), 500 policías ejecutaron el desalojo, destruyendo viviendas, quemando cosechas y dejando fuera de sus casas a más de 50 personas.
“Nos matan y nadie levanta la voz”, dice Carlos Morales, coordinador general de la asociación.
La comunidad, como denuncia UVOC, lleva años enfrentando amenazas para forzar la salida de sus territorios debido a la expansión de la hidroeléctrica Santa Teresa, algo que ya ocurrió con su vecina Nuevo Chintun.
Conformada por 186 personas –la mayoría mujeres y niñas–, se unieron tras la pandemia de la Covid-19 para construir un futuro basado en su cosmovisión maya.
Desde ese momento, han sufrido amenazas constantes, materializadas en cuatro intentos violentos de desalojos extrajudiciales. Así lo explican los testimonios de Jessica, Germán o Martín, herido de bala en una pierna mientras recogía su cosecha.
La hidroeléctrica Santa Teresa, propiedad de Corporación Multi Inversiones y manejado por su Divisón de Energía, a cargo de la familia Gutiérrez Bosch, representa una de las tantas amenazas que enfrentan más de 364 comunidades indígenas organizadas en Alta Verapaz.
La militarización de estas áreas y la corrupción institucional amenazan la autodeterminación de los pueblos originarios, poniendo en riesgo su territorio, su cultura y su forma de vida frente al avance del modelo extractivista.
Con el gobierno de Bernardo Arévalo se inició un proceso de diálogo y una atención más abierta al problema de la tierra. Sin embargo, las órdenes de desalojo provienen del sistema de justicia, en particular del Ministerio Público, que es un ente independiente.
De hecho, antes de que Arévalo asumiera la presidencia, en enero de 2024, ya existían cerca de 200 órdenes de desalojo.
