En el sur de Honduras, el Estado ha privilegiado a la gran industria camaronera por sobre las cooperativas de pescadores. En medio del debate  sobre una propuesta de Ley de justicia tributaria impulsado por el gobierno de Xiomara Castro,  y que eliminaría los regímenes especiales existentes, empresas y pescadores se ven en un callejón sin salida.   Mientras una empresa recibe beneficios con un impacto fiscal de L 17,354 millones en el Presupuesto de la República, desmantelar esos incentivos acabaría con la principal fuente generadora de empleos en la zona, pese a la desigualdad que esta genera en las comunidades pesqueras y  en la contaminación de los recursos naturales.

Enemías Velásquez aún recuerda el día en que policías antimotines reprimieron a la comunidad pesquera de San Bernardo. Fue el 6 de agosto de 2001, en el último año de gobierno de Carlos Flores Facussé, sobrino del que fuera uno de los terratenientes más poderosos del país, miembro de una de las familias más poderosas e influyentes de Honduras.

«Todavía puedo escuchar los golpes (de los antimotines), porque era darle con la bota al suelo y un golpe con el garrote al escudo, o sea, hacer un estruendo de guerra», dice Enemías, sentado en una silla de plástico fuera de su casa, ubicada en la comunidad de El Quebrachal.

Entonces tenía 22 años y protestaba contra la expansión de 200 hectáreas en favor de una de las empresas del grupo camaronero más grande del país. La apuesta del Estado por convertir al crustáceo en uno de sus principales productos de exportación  había entrado en su segunda década de expansión, con exenciones fiscales para la gran industria y los grandes inversores en el sector, y una comunidad de pescadores no iba a detener el plan.

En el Golfo de Fonseca, el Estado hondureño prioriza desde hace más de tres décadas la extracción de recursos para la gran industria en detrimento de las comunidades costeras que resienten la falta de apoyos estatales, espacios vedados para la pesca y la desigualdad entre los que más tienen y más ganan y aquellos que apenas logran sobrevivir con lo poco que encuentran en el mar.

Pero una nueva propuesta de ley impulsada por el Gobierno de Xiomara Castro promete eliminar los privilegios y equilibrar las balanzas, aunque los pobladores de estas zonas tienen recelo: no han sido invitados para dar su opinión en las discusiones en los borradores ni en las discusiones que arrancaron, en el Congreso, a mediados de octubre.

Para ellos, desde hace décadas, el Estado los ha abandonado a su suerte o incluso perseguido, como aquella vez en la que protestaron contra las grandes camaroneras. Fueron unos 500 pescadores provenientes de Namasigüe, El Triunfo y Choluteca los que se plantaron desde las cinco de la mañana en la carretera que conduce a las instalaciones de la camaronera San Bernardo, del grupo Granjas Marinas. Tres horas después, los manifestantes se habían triplicado. Llegaron entonces militares y policías antimotines para equilibrar balanzas, mientras autoridades de la empresa y dirigentes de los pescadores intentaban llegar a acuerdos. Los policías, afuera, decomisaron machetes, palos y garrotes. Los desarmaron. 

Para las comunidades pesqueras, la consigna era clara. El año anterior, en diciembre del 2000, habían realizado asambleas y otras protestas por la contaminación en las aguas y los esteros en los que el grupo Granjas Marinas realizaban la pesca. El proceso de licencias ambientales se detuvo, pero daños en el ecosistema marino provocaron que los pescadores continuaran con su protesta, sobre todo cuando confirmaron la expansión de la empresa, que ahora ostenta aproximadamente el 15% del territorio en los departamentos de Choluteca y Valle.

Para los cuerpos de seguridad, la misión también era clara. Con los manifestantes desarmados, los policías y militares arremetieron contra mujeres, hombres, jóvenes, ancianos, niños. Los golpearon y les lanzaron bombas lacrimógenas. Hubo 12 pescadores detenidos y 10 personas heridas. 

Uno de los manifestantes tomó una bomba lacrimógena que había caído cerca de él, para luego aventarla a los policías de vuelta, pero calculó mal y la explosión le destruyó tres dedos de sus manos. 

Cuando la protesta acabó, tres de los doce pescadores detenidos fueron recluidos en una posta policial durante 36 horas. La policía no dio explicaciones y tampoco les dijo de qué estaban acusados, cuenta Modesto Ochoa, que entonces tenía 38 años y lideraba la protesta.

A Modesto lo tomaron del cuello, le rompieron la ropa y lo lanzaron contra la carretera, aun cuando sus instrucciones para los manifestantes fueron pacíficas. «Al ver que no me podían doblegar, un capitán que estaba asignado en Choluteca se fue sobre mí, me lanzó contra el piso de la carretera, me engancharon con las manos hacía atrás, ahí me laceraron la cara, y nos llevaron a los pescadores a la bartolina de la policía».

Después de esto, Granjas Marinas envió comida a los pescadores encarcelados, un gesto que fue considerado como otra ofensa. 

«En una forma burlesca les llevaban bandejas de comida a los pescadores que estaban presos, era como decir “tengo a este perro dosificado, pero le voy a dar de comer”, pero nosotros agarrábamos las bandejas y las vaciábamos. Éramos nosotros quienes les llevábamos la comidita, sencilla, pero siempre llevaba camarones», recuerda Enemías. 

Al final, las comunidades pesqueras perdieron. La Secretaría de Recursos Naturales (Serna) concedió la licencia ambiental a Grupo Granjas Marinas, lo que validó la ampliación de la camaronera por 200 hectáreas más.

Y el permiso se ha mantenido así durante los últimos 23 años. 

Los pescadores que no pueden pescar

En el estero de la Barillosa aún se pueden cosechar camarones de vez en cuando. Román Guevara, de 73 años, uno de los fundadores de la Asociación de Pescadores Artesanales (Apeana) se instala en un campamento dentro del estero y durante tres días espera a la suerte.

Para llegar a donde está instalado entra por El Jicarito, una área natural donde anidan aves viajeras. Aquí también hay lagunas de invierno que sirven a los pescadores para pescar camarones y peces, y una lagunilla que con las crecidas se vuelve un estero que enlaza con las lagunas de las empresas camaroneras y a las playas del mar pacifico.

En este tramo que desemboca en varios destinos, sobre una lancha, Roman dice que no piensa dejar la pesca. Otros pecadores en el estero le aseguran que no han tenido éxito con el camarón, mientras le muestran el marisco que apenas han logrado recolectar en sus hieleras oxidadas. Aun así, llega a su campamento en la costa, en las orillas de la Barillosa, donde lo espera su compañero, otro pescador de mediana edad que se balancea en una hamaca sostenida por dos troncos delgados.

Guevara inició en la pesca a los 12 años, cuando los humedales no estaban restringidos y todos los pescadores tenían acceso. Fue testigo cuando cercaron los lugares de pesca, de la intimidación de quienes llegaban a presentarse como dueños de la tierra y de agresiones de las camaroneras cuando él o alguno de sus hermanos pescaban en los canales cercanos a las empresas.

Las operaciones de la industria camaronera iniciaron en los ochenta, con el otorgamiento de concesiones a empresas camaroneras que por años se han beneficiado con exoneraciones fiscales en la exportación del camarón a otros continentes.

Junto a los planes del gobierno, las comunidades excluidas se organizaron. Así, en 1988 nació el Comité para la Defensa y Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca (Coddeffagolf), cuando Enemías Velásquez tenía nueve años. Ahora, con 45, es él quien la preside, luego de que su amigo, Modesto -que continúa como asesor de la organización- la dirigiera por tres periodos consecutivos.  Desde sus inicios, la organización que ahora es dirigida por nuevas generaciones ha denunciado las irregularidades en las operaciones de la industria camaronera. También defienden los sistemas marino-costeros y el desarrollo de las comunidades.

Desde finales de los ochentas descubrieron que la promesa de reactivación económica  a través de los incentivos a esta industria era solo una utopía. Los beneficios no han llegado a las comunidades, dicen los pescadores, al contrario, han acrecentado los problemas en esta región del país. Junto al crecimiento de la industria, llegó también la represión y el miedo a las comunidades.

La familia de Ramón Guevara asegura haber sido víctima de esta represión y exclusión. Sus hermanos se adentraron en el mundo de la pesca desde niños, igual que él. A su hermano, Gertrudis, lo encontraron fallecido, flotando en el estero, tres días después de que vigilantes de Granjas Marinas le decomisaron una lancha que utilizaba para pescar, por presuntamente navegar en una área que pertenecía a la empresa. Desde 1990, hasta la fecha, la familia denuncia este caso y pide justicia. 

Maigra, hija de Román, cuenta que capturaron a un presunto culpable del asesinato, pero que a los pocos días salió libre. En la zona, los casos  de persecución y encarcelamiento de pescadores causaron tal alarma que en 1999, una comitiva del Banco Mundial llegó a Honduras como intermediaria para instalar una mesa de diálogo entre ambos sectores. El Banco dijo a los empresarios camaroneros que debían detener los abusos y la violencia ejercida en contra de los pescadores, de lo contrario, sus operaciones serían canceladas. 

Pero las acciones del Banco Mundial no fueron bien vistas por toda la comunidad de la pesca. Coddeffagolf denunció que en 1999 este banco otorgó un préstamo de 6 millones de dólares a Granjas Marinas San Bernardo «para reactivar la producción camaronera y reponerse de los daños causados por el huracán Mitch». Lo anterior fue rechazado por esta organización, la cual aseguró que la empresa no había sufrido daños y que más bien estaba en proceso de una nueva expansión.

Más de tres décadas después, aunque ahora es extraño escuchar relatos de intimidación o sabotaje contra los pescadores, Román asegura que la pesca no es la misma, y que siempre guardan precauciones al acercarse a las orillas de las empresas.

La instalación de las camaroneras ha impedido que las lagunas en las que los pescadores cosechan camarón se llenen naturalmente, pues las entradas de agua que van a dar a esas lagunas han sido bloqueadas o en ellas han vertido sustancias contaminantes, lo que ocasiona daños al ecosistema marino, según denuncias de los pescadores. 

Empleos de miseria

En las comunidades del Golfo de Fonseca,  dedicarse a otra actividad que no esté relacionada con la pesca  es imposible. Las principales fuentes de empleo son las fincas camaroneras o en las empacadoras, cuentan los lugareños. Pero en estos sitios, las condiciones laborales también son duras.

Un sindicalista en la zona sur, a quien mantendremos en anonimato por petición de seguridad, asegura que dentro de las empresas  «el denominador común es el maltrato, no respetan los derechos de los empleados y hay mucho hostigamiento laboral».

En las empacadoras, hay quienes denuncian impagos del salario minimo, turnos de 10 o 12 horas y discriminación. Quienes han optado por renunciar, denuncian el impago de sus liquidaciones y prestaciones de ley. «El sector camarón emplea el 70 u 80% por ciento mano de obra femenina y la mayoría son madres solteras, entonces, debido a la gran miseria que vivimos aquí en la zona sur, ellas tienen que estar sometidas bajo este régimen y hacerse como es el de la vista gorda o aguantar» señala la fuente. 

Para los expertos, la situación de violaciones a los derechos laborales de las mujeres en el Golfo de Fonseca podría ser mayor, dado a la existencia de un subregistro de la mano de obra de las mujeres en la zona. Hasta 2019, al menos 414,361 personas conformaban la población económicamente activa en la región del Golfo. Según datos de la industria camaronera, el sector da empleos a más de 100 mil trabajadores. 

«La pobreza se ha convertido en un mal que aqueja a los trabajadores en el Golfo de Fonseca principalmente aquellos que no cuentan con las cualificaciones necesarias para competir adecuadamente en el mercado laboral (…) se observan altos niveles de desigualdad en la distribución de los ingresos de los trabajadores, donde el coeficiente de Gini alcanzó un índice de 0.54, mostrando efectivamente una mala distribución de los ingresos entre los trabajadores, principalmente dado por una alta concentración del empleo bajo la categoría de trabajo independiente», apunta el Diagnóstico del Mercado laboral en la región del Golfo de Fonseca, elaborado en 2021. 

Enemías señala que el salario de los empleados dentro de las camaroneras ronda aproximadamente los 7 mil lempiras ($280 dólares), y ahora, desde las organizaciones de pescadores se han llegado a acuerdos con las empresas para emplear a un porcentaje de sus miembros o a una persona por cada casa, dependiendo cual sea el trato con las distintas empresas. 

Aunque en los inicios de la lucha de los pescadores esto último no figuraba como uno de los puntos de negociación, la falta de empleo en esta región y la pobreza han primado en las necesidades de quienes buscan oportunidades en el sur del país. El salario, sin embargo, no alcanza para mantener a una familia. 

Según la Dirección General de Salarios de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, el costo de la canasta básica es de 2,461 lempiras por persona, lo que equivale a 100 dólares.

Un modelo sin pies ni cabeza

Cuando el Estado de Honduras estableció regímenes especiales para la exoneración de impuestos a distintas empresas a nivel nacional como el Régimen de Importación Temporal (RIT) y las Zonas Libres (Zoli) en los años 80, la industria camaronera fue una de las más beneficiadas. En el caso de Grupo Granjas Marinas (GGM), sus empresas han estado bajo ambos regímenes, los que establecen no pagar impuestos aduaneros, consulares, y de ventas.

Del territorio concesionado, este grupo ostenta el 39.2% del pastel con una extensión de 9,631.39 hectáreas. Está compuesto por seis empresas radicadas en Choluteca: Granjas Marinas San Bernardo S.A. de C.V. (Cadelpa), Seafarms de Honduras las Arenas, Aquacultivos de Honduras, Camaronera del Pacifico (Cadelpa), Criaderos Marinos S.A (CRIMASA) y Finca Granjas Marinas San Bernardo (GMSB), todas adscritas a la sociedad mercantil Empacadora de Productos Acuáticos San Lorenzo, según registros de Digepesca.

Las empresas y fincas camaroneras en la zona sur de Honduras suman 24,567.76 hectáreas, según datos proporcionados por la Dirección General de Pesca y Acuicultura de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (Digepesca-SAG). Esta extensión representa aproximadamente el 15% del territorio en los departamentos de Choluteca y Valle.

«Después de la expansión de la industria, los pescadores que tradicionalmente tenían acceso a zonas de esteros o de pesca no podían acceder a esos sitios, el ecosistema estaba fragmentado, entonces la pesca se fue reduciendo gradualmente y se desarrolló una industria bastante agresiva», señala Roger Reyes, director ejecutivo de Coddeffagolf.

Julio Raudales, uno de los economistas más reconocidos en Honduras y actual rector de una universidad privada en Tegucigalpa, analiza el modelo por el cual el Estado dio a la industria camaronera, y concluye que no tiene «ni pies ni cabeza».

Según el experto, detrás del modelo de exenciones a la industria camaronera está el «Sistema Generalizado de Preferencias», una política impulsada por Estados Unidos después de la caída de la Unión Soviética, con la cual buscó mantener cerca a países aliados a través de un cambio de sistema para comprarle a países Centroamericanos y del Caribe productos de exportación como bananos, café y camarones, sin importar la calidad de estos ni sus precios. 

La instalación de este modelo en Honduras, según Raudales, tuvo que ver más con un asunto geopolítico que con algo relacionado al comercio y las exportaciones, «a Estados Unidos le dejó de interesar la región, entonces estos países se tuvieron que ver forzados a tratar de bajar los costos de los productores nacionales para que pudieran ser más competitivos».

Después de este momento, congresistas, empresarios y políticos comenzaron a promover leyes para permitir a empresas nacionales y extranjeras exportar productos libres de impuestos por un tiempo determinado, con la promesa de dar menos costos y volverlos más competitivos. Pero para Raudales muchas cosas fallaron en este esquema.

«Lo que sucedió fue que algunas de estas asociaciones de empresarios fueron negociando con los diferentes gobiernos el alargamiento de estos periodos (dentro de los regímenes especiales) y ahora estamos con un esquema de exoneraciones fiscales para la exportación prácticamente sin pies ni cabeza, no está muy claro cuántos son los beneficios, cuánto tiempo se les da o quienes pueden beneficiarse, entonces se tiene que reconocer que no ha habido un orden claro en el proceso».

¿Un modelo en la mira?

Todo iba bien, o relativamente bien para la industria camaronera hondureña, hasta que en mayo de 2022 la Secretaría de Desarrollo Económico emitió una resolución en la que canceló los beneficios del Régimen de Importación Temporal (RIT) a dos empresas de la sociedad mercantil Empacadora de Productos Acuáticos San Lorenzo S.A. de C.V.

La resolución 154-2022 señala que esta sociedad, que se encuentra bajo el régimen de Zonas Libres (Zoli), también adquirió los beneficios fiscales del Régimen de Importación Temporal (RIT) de las empresas Granjas Marinas Larvicultura, S.A. de C.V. y Granjas Marinas San Bernardo (GMSB) al absorberlas en 2019.

Según las autoridades, la sociedad mercantil recibió todo el activo y pasivo de las dos empresas «adquiriendo la totalidad de todos sus derechos y obligaciones (…) y, por ende, la simultaneidad de dichos beneficios es latente». El impacto fiscal al Presupuesto de la República por la no recaudación de impuesto sobre la renta por parte de esta sociedad, según la resolución, fue de L 17,354, 885.55, es decir, más de 700 mil dólares.

Juan Carlos Javier, actual director ejecutivo de Grupo Granjas Marinas, niega que el Régimen de Importación Temporal haya sido cancelado a dos de las empresas de Empacadora San Lorenzo, y asegura que, «por un tema comercial» ahora todas las empresas de esta sociedad mercantil operan bajo el régimen de Zonas Libres (Zoli).

Solicitamos una entrevista con el ministro Fredis Cerrato, ministro de la Secretaría de Desarrollo Económico, para conocer el status en el que está actualmente la resolución, pero al cierre de este reportaje no recibimos respuesta.

Para Juan Carlos Javier, quien está al frente de GGM y además es presidente de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (Andah), las exenciones de impuestos a las camaroneras y sus grandes extensiones de tierra no han contribuido a la desigualdad en las que las y los pescadores viven, aun cuando estos no pueden acceder a los sitios donde antes  realizaban la pesca.

«Los regímenes que dan las exoneraciones no están dando un beneficio directo para que gane más dinero el productor, en lo que a nosotros nos ayuda es en bajar un poco más el costo, porque vendemos afuera, no aquí localmente. Entonces, cuando usted vende afuera tiene que ir a competir con grandes productores que tienen subsidios, condiciones de competitividad más elevadas que las nuestras y necesitamos los apoyos internos para poder pagar un poquito menos de impuestos», dice. 

Según un informe de 2017 de la Comisión para la Defensa y la Competencia donde se notifica la absorción de Empacadora De Productos Acuáticos San Lorenzo S. A. De C. V. a otras empresas que ahora forman parte de Grupo Granjas Marinas, la concentración de estas empresas representa un capital L 3,950 millones de lempiras.

Para el presidente de la Cámara de Comercio e industrias del Sur, Milciades Ordoñez, la industria camaronera emplea a 107 mil personas en toda la zona sur, es decir, de 160 mil empleos en total en toda la zona sur, este sector representa un 66% de ellos aproximadamente.

Además, Ordoñez señala que desde Honduras se exportan más de 100 millones de libras de camarón al año desde Honduras, lo que representa un aproximado de 380 millones de dólares en exportaciones anualmente, es decir, más de 9 mil millones de lempiras.

Protestas a favor de las camaroneras

Justo un año después de que el gobierno de Xiomara Castro cancelara los regímenes bajo los que se encontraba una de las camaroneras de Grupo Granjas Marinas, una nueva protesta ocurrió en el sur de Honduras. 

Pero esta vez no fueron las comunidades afectadas por la industria las que se tomaron las calles, sino empleados de las empacadoras de camarón, granjas camaroneras, empleados dentro de meloneras y azucareras. Los últimos en la cadena de la producción de las industrias en el sur salieron a reclamarle al Gobierno la escasez de empleo y la amenaza que podría representar aprobar una ley que quite los beneficios fiscales a sus patronos.

Los empleados, ordenados por empresarios, políticos y actores de poder en el sur, salieron en mayo de 2023 a posicionarse en contra de la Ley de Justicia Tributaria (LJT), con carteles señalando que su implementación llegaría a «empobrecer al pueblo» y que gracias a esto se perderían miles de empleos. 

Detrás de la industria del Camarón también hay vasos comunicantes con la política. Por ejemplo, entre los socios de Empacadora de Productos Acuáticos San Lorenzo se encuentran Jorge Bueso Arias, quien en vida fue dueño de Banco Occidental; Héctor Luis Corrales Barahona, esposo de Mireya Agüero de Corrales, excanciller del primer gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández; Carlos Lara Watson, exdiputado liberal en el Congreso Nacional, y Emilio Larach, un empresario del rubro de las ferreterías.

La LJT es un proyecto impulsado por el Ejecutivo desde marzo de 2023. Inicialmente, fue presentada a empresarios por el secretario privado e hijo de la presidenta Xiomara Castro, Héctor Zelaya, el exministro del Servicio de Administración de Rentas (SAR) y exministro de la Secretaría de Finanzas, Marlon Ochoa, quien ahora es representante del Partido Libre en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el exministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero.

La propuesta no fue bien recibida, pero ha sido una insignia en los discursos de la presidenta, movilizaciones acuerpadas por empleados de Gobierno y cumbres internacionales en las que participa Castro. Tras año y medio sin que se conocieran avances, el pasado 15 de octubre, el Congreso sorprendió promoviendo el debate para su aprobación en medio de gritos y manifestaciones en contra por parte del Partido Nacional, la oposición en el Congreso.

A pesar de ser una institución apolítica, la Fuerza Armada también respaldó el proyecto. Días previos a que el decreto fuese presentado, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Roosevelt Hernández, dijo en una ceremonia de ascensos de militares que, gracias a la Ley de Justicia Tributaria, se habían dado cuenta que al año se ha beneficiado con L 66 mil millones a un grupo reducido de 10 familias del país gracias a las exoneraciones. La Ley, sin embargo, aún no existe.

«Lo expreso audiblemente, esto me huele a influencia de un sector reducido en lo social, en lo económico y en lo político (…) en lo que corresponde a mí, es el presupuesto de las fuerzas armadas de 6 años, que es lo que no podemos hacer para el beneficio de la población con un presupuesto como ese», expresó el comandante militar. Lo anterior fue altamente cuestionado por la sociedad civil y oposición.

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En el Congreso, la oposición también cuestiona que la ley es inconsulta, aunque funcionarios y activistas a favor del gobierno han dicho que el proyecto fue ampliamente socializado antes de su discusión en el hemiciclo legislativo. El exministro de la SAR, Cristian Duarte, quien ahora funge como Ministro de Finanzas, dijo que a raíz de las jornadas de socialización se hicieron 32 modificaciones al proyecto original.

El Partido Liberal, una bancada de oposición que suele conformar alianzas con el oficialismo, también rechaza la propuesta de Libre y del gobierno de Castro. Los liberales han presentado como contrapropuesta la  «Ley de Equidad Tributaria», una que permite que los regímenes actuales continúen vigentes y se agreguen otros nuevos que puedan operar de manera gradual, sin una cantidad de años determinada.

La Ley de Justicia Tributaria del gobierno propone la eliminación de los regímenes de exoneración fiscal existentes y, en su lugar, la creación de dos nuevos con un máximo de 10 años, un tiempo más reducido considerando que las Zonas Libres están vigentes hasta 2047 y el Régimen de Importación Temporal hasta 2034. Además, la Ley propone auditar a empresas exoneradas, la eliminación de posibilidad de condonar deudas tributarias para evitar la legalización de la evasión fiscal y eliminar el secreto bancario mediante un nuevo Código Tributario.

Los líderes de las comunidades dentro de la zona sur cuentan que los promotores de la marcha de mayo de 2023 no fueron solo los empresarios dueños y directivos de la industria del camarón en el sur, sino también las organizaciones ganaderas, acuicultores, y alcaldes que por décadas han respaldado a la industria.

Uno de los opositores a esta Ley es Víctor Wilson, exdirector ejecutivo y presidente de la Junta Directiva del Grupo Granjas Marinas. Wilson fue uno de los principales antagonistas a este proyecto, argumentando que esto traería desempleo e incertidumbre a una región ya empobrecida.

«Yo no tengo duda de que se perderán de 100 a 200 mil fuentes de ingreso en el sur si esta ley fuere promulgada tal como ha sido presentada», dijo en un foro televisivo en mayo de 2023, luego de la movilización de empleados. 

En este foro el empresario camaronero también dijo que la marcha respondía a una «zozobra muy fuerte y justificada» ante la aprobación de una normativa que, según el empresario, reduciría los empleos en esta región de Honduras.

Después de esta marcha, que fue acompañada por el alcalde de Choluteca, Quintín Soriano, la presidenta convocó a un Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) para la investigación y sanción de los actores que impulsaron la protesta.

Para Enemías Velásquez, el mensaje de esta protesta fue simple: mañana no vas a trabajar, pero te ganas tu día en la huelga. Según el presidente de la organización, es un hecho que esta industria, junto a la exportación de azúcar, melón y okra, son las pocas, casi únicas, que generan empleo en el sur, y por esto es razonable el miedo a la pérdida de empleo y al cierre de las empresas, como han amenazado los magnates.

«Son empleados a los que les dicen “miren, si se aprueba esta ley usted ya no va a tener trabajo” y así se siembra temor, pues es el sustento de su hogar, su quincena o su pago diario, esas son las necesidades que hay en Honduras», dice.

Solo en la comunidad donde él habita, en El Quebrachal, ocho  personas han huido a Estados Unidos en busca de trabajo y oportunidades en lo que va del año. Una de estas personas es su sobrino recién graduado del colegio. Se fue ante la desesperación de no encontrar empleo en esta zona. En algunos casos, Enemías cuenta que familias enteras se han ido «buscando ese sueño», pero, aunque existan quienes lo han alcanzado, hay otros que han regresado luego de vender su casa para costearse el viaje.

«Aquí, hace 10 o 7 años para atrás, nadie pensaba en irse a los Estados Unidos, eso fue en estos últimos años. Yo a todos mis hijos los críe de pesca, me internaba en la pesca y pesábamos (camarón y pescado) cada cuatro días, ahí hacíamos como 7, 500 lempiras. Ahora se van los pescadores y no ajusta ni para la gasolina, así es de precaria la pesca en el golfo», señala.

Para el economista Julio Raudales, la propuesta del gobierno no ordenará las fallas que existen en el sistema de exoneraciones actual, más bien, califica al proyecto como una Ley que no es pragmática.

«Para mí, en términos políticos, es un proyecto de ley que no busca la equidad tributaria, sino lo que busca es vengarse de quienes les dieron el Golpe de Estado».

Pero también están los que respaldan la iniciativa. A finales de julio, un grupo de 85 economistas nacionales e internacionales mostraron su respaldo hacia el proyecto de Ley, señalando a la propuesta como una alternativa para la reducción de las desigualdades en Honduras, el apoyo social y económico para el desarrollo y para cerrar lagunas fiscales que desencadenan menos ingresos para el Estado.

Uno de los firmantes en este comunicado es Mauricio Díaz Burdett, coordinador general del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), una organización que ha apuntado la necesidad de aprobar una nueva ley que revise, analice y regule las exoneraciones fiscales que otorga el Estado acompañado por un Pacto Fiscal con medidas para corregir la regresividad fiscal, claridad sobre el uso de información sobre fines fiscales e implementar medidas para reducir la evasión fiscal.

Según cifras del Servicio de Administración de Rentas (SAR) citadas en el informe, la evasión fiscal en el Impuesto Sobre la Venta pasó de 27.7% en 2017, a 36.7% en 2020. En el caso del impuesto Sobre la Renta, la evasión fiscal alcanzó un 61.6% en 2016.

Un cóctel de sangre

Modesto Ochoa sentencia que la pesca artesanal ha sido un oficio ignorado, un oficio que, a pesar de existir desde antes de la industria camaronera, ha sido desplazado a conveniencia de quienes tienen el poder en esta región del país. Ante esto, cuestiona cómo al otro lado del mundo personas degustan camarones exportados desde empresas que han sido autoras de violencia, represión y expulsión de los pescadores en los humedales.

Según datos del Servicio Nacional de Sanidad (Senasa), Honduras exportó más de 30 mil toneladas de camarón a 17 países en 2023. El país que más recibió camarón hondureño el año pasado fue México con 9.92 mil toneladas, seguido de Taiwán con 9.71 mil y Guatemala con 2.6 mil.

El año de mayor bonanza fue 2017 con más de 6 millones de toneladas, y Estados Unidos figuraba como el principal receptor de camarón hondureño ese año, después de Alemania y España. Pese a la distancia entre una cosecha y otra, hasta 2023 el camarón sigue siendo el cuarto producto de mayor exportación en Honduras, según datos oficiales. 

Roger Reyes de Coddeffagolf señala que la cosecha de camarón se ha industrializado hasta el punto en el que es insostenible para un pescador artesanal hacerla, lo que ha ocasionado que poco a poco las grandes empresas sean quienes obtengan más lagunas y más territorio.

«La pesca de camarón no es una actividad para pobres, es una actividad para inversionistas, entonces, las desigualdades que existen son enormes. Existen emprendedores que quieren salir adelante produciendo camarón, pero al final mantener una laguna de 10 hectáreas los asfixia financieramente. ¿Qué es lo que hacen las empresas? Comprarles», explica. 

Modesto continúa alzando una denuncia. «Las experiencias que hemos vivido en el Golfo no ha sido tan fáciles, nos ha tocado acompañar a familias que han sido intimidadas y pescadores que han sido atacados por militares o por parte de la seguridad que tienen las empresas camaroneras, mientras en Estados Unidos, en Europa y en otros países del mundo están consumiendo un cóctel de camarones bañado con sangre».

Para los pescadores al sur de Honduras es justo que se aplique una ley que promete exigir a los empresarios el pago de impuestos, pero creen poco probable que esto beneficie a las comunidades que por décadas han estado sumidas en la pobreza.

«Muchos han migrado hacia Estados Unidos, España y hacia otros países de Centroamérica, entonces cómo es posible que se crea que esto va a mejorar.  Choluteca, por ejemplo, se ve que ha crecido en infraestructura y comercio, porque los recursos y la riqueza están divididas en pocas manos.  El problema en el país es que políticos, alcaldes y diputados han sido accionistas de la industria del camarón, entonces no es posible que esto cambie, lo que resta es el empoderamiento de las comunidades locales para hacer prevalecer la justicia social y ambiental», reclama Modesto.