El 10 de enero de 2024, la jueza Ingrid Vannesa Cifuentes declaró oficialmente abierto el debate contra ocho personas inculpadas por el incendio en el Hogar Seguro. Han tardado casi siete años para que inicie el juicio. Un análisis muestra que se han cancelado más audiencias de las celebradas desde 2017 y evidencia un sistema judicial ineficiente y fácilmente manipulable.
El año pasado, el 26 de enero de 2023, los abogados de las víctimas tomaron turnos para acusar a la defensa de litigio malicioso. Los defensores de la subinspectora Lucinda Marroquín y del subcomisario Luis Armando Pérez Borja no habían acudido a la sala. Y, una vez más, una audiencia por el caso del Hogar Seguro se suspendía, aplazando el inicio del juicio.
No llegaron a decir directamente que el letrado de la subinspectora había mentido al alegar problemas de salud para no asistir a la cita en el juzgado. Pero pidieron una evaluación de INACIF. “Por si su quebrante de salud sea tan grave que pueda afectar audiencias futuras,” eufemizaron.
Han pasado casi siete años desde el incendio en el que murieron 41 niñas adolescentes y las 15 sobrevivientes sufrieron heridas graves. El juicio se ha demorado casi 2500 días en comenzar. Los diferentes tipos de retrasos ponen en evidencia las debilidades en el sistema de justicia.
Antes de que finalmente arrancara, el juicio fue suspendido 12 veces. Cinco de las 15 niñas sobrevivientes aún no han declarado. Estos retrasos pueden tener un impacto en el esclarecimiento de lo que pasó en el incendio. Su declaración siete años después no será la misma que habría sido poco después de los hechos.
12 funcionarios ligados a proceso
Inicialmente fueron ligados a proceso doce funcionarios. Estos fueron divididos en tres grupos, según el momento en que se realizaron sus arrestos.
Los primeros detenidos, incluidos en el grupo 1, fueron el Director del Hogar Seguro, Santos Torres, el Secretario de la Secretaría de Bienestar Social (SBS) Carlos Rodas, y la Subsecretaria de Protección y Acogimiento a la Niñez y Adolescencia de la SBS, Anahy Keller.
Están acusados de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, maltrato contra personas menores de edad, homicidio culposo y lesiones culposas. Todo esto por tomar la decisión de encerrar a las niñas en el aula y Santos Torres también por haber llamado a la policía.
Unos meses después fue detenido el segundo grupo. Este está conformado por la psicóloga del Hogar Seguro, Brenda Chamán, la defensora de los Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Gloria Castro, el Jefe de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Harold Flores, y dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC): Luis Armando Pérez Borja y Lucinda Marroquín.
A principios de 2018 se realizaron cuatro arrestos más. Fueron capturados Rocío Murillo, jueza de Paz del Municipio de San José Pínula y su secretario, Rolando Miranda. También fueron detenidas Cruzy Flor de María López, la monitoria de un centro juvenil de privación de libertad, y la coordinadora del área Mi Hogar, de la SBS, Ofelia Pérez.
Los dos primeros grupos llevan ya varios años en la fase de juicio. El primer grupo desde 2018, el segundo desde 2022, aunque es incierto si va a incluir Anahy Keller. La Sala Cuarta de Apelaciones la dejó libre de cargos en abril de 2023, pero esta decisión fue apelada por el Ministerio Público. Mientras se espera la resolución, Keller es obligada por la jueza del Tribunal Séptimo a asistir al debate.
El proceso con el tercer grupo ha sido el más demorado debido a las reiteradas suspensiones de las audiencias y aún no ha comenzado.
Más audiencias canceladas que celebradas en el caso del Hogar Seguro
Un análisis de las audiencias del caso, realizado por No-Ficción, ha descubierto que en el caso de Hogar Seguro se han cancelado más audiencias (91) de las celebradas (86) desde que comenzó el proceso en marzo de 2017.
Los datos de audiencias celebradas y canceladas se han extraído manualmente de la cobertura de los medios/twitts. Varios intentos de obtener datos del OJ o del MP a través de la información pública fracasaron. Está incompleto, pero proporciona una buena imagen de lo que ha sucedido.
Los motivos principales han sido la ausencia de abogados, la falta de jueces y fallos logísticos, tanto en el Organismo Judicial como en el Sistema Penitenciario.
Los abogados de la defensa dilataron el inicio del juicio
En aquella audiencia de enero de hace un año, había muchos “genera dudas”. Aún si realmente el abogado del subcomisario Pérez Borja estuviera en otra audiencia, ¿por qué le dio prioridad, si esta, en la que no se presentó, era un juicio, mientras que la otra era sólo una audiencia de primera instancia?
Víctor Pérez, el defensor de Harold Flores, Procurador de la Niñez y Adolescencia, estaba indignado por las acusaciones. “En los procesos bien atendidos se presentan todos los recursos. Tanto por la defensa como por los querrellantes. Y eso ocasiona que el proceso se dilate y hay mora judicial,” dijo. “Es importante que se informen a todos los sujetos procesales, incluido los querellantes que los procesos penales son largos.”
La desconfianza de los abogados de las familias de las víctimas del incendio no es descabellada.
En 2017, la ONG estadounidense Human Rights Watch (HRW) publicó un análisis de ocho procesos legales que van desde casos relacionados con la Guerra Civil hasta las investigaciones de la CICIG. Reveló un patrón consistente según el cual a los abogados defensores les resulta fácil provocar extensas dilataciones en los procedimientos penales.
Según este informe, los letrados de los acusados sacan provecho de la manera lenta y vacilante en que muchos tribunales resuelven las acciones de amparo y peticiones de recusación, para provocar demoras. Y los tribunales lo permiten, dice el informe.
En el caso del juicio del Hogar Seguro, los abogados que no se han presentado a una audiencia, han renunciado o han sido reemplazados, generaron en total 758 días de retraso en el proceso. En la mayoría de los casos, las cancelaciones han sido provocadas por los abogados, tanto de la defensa como de las víctimas. Pero con tantos sindicados, la ausencia a las audiencias se multiplica rápidamente. No hay pruebas de que actúen intencionadamente o de forma concertada.
En mayo de 2018, una audiencia se retrasó 33 días porque no vinieron abogados de ambas partes. En otra ocasión dos abogados querrellantes no se presentaron a la cita.
Múltiples audiencias se suspendieron por la ausencia de los abogados de una de las 15 niñas sobrevivientes, Douglas y Dennis Herrera. Estos argumentaron que no habían sido notificados de las fechas de audiencia . Finalmente, la mañana del 17 de febrero de 2020 renunciaron, informando que habían perdido contacto con su clienta. En plena audiencia, el juez Pedro Rodolfo Laynez le pidió a su asistente que llamara al celular de la madre de la niña. “Me respondió y cuando le dije el motivo colgó”, dijo la auxiliar del juzgado.
El problema de la inasistencia no es exclusivo del caso Hogar Seguro. Las repetidas ausencias de los abogados defensores también causaron retrasos en los casos de La Línea y Blanco Lapola, según el análisis de HRW.
La ley guatemalteca brinda la opción de designar un abogado sustituto para las audiencias cuando el principal no pueda venir. Los querellantes en el caso de Hogar Seguro lo han exigido y el juez lo recomendó, pero al final tiene que ser el sindicado quien decida si confiará en otro abogado.
El 26 de enero 2023, la jueza Ingrid Vannessa Cifuentes Arrivillaga mostró mano firme tras la repetida incomparecencia de los abogados de los dos policías sindicados Luis Armando Pérez Borja y Lucinda Marroquín. Declaró el abandono de su defensa y ordenó que buscaran otro abogado. Pérez Borja la recusó.
Recusación a jueces dilataron las audiencias
La recusación a jueces, según el análisis de las audiencias realizado para este reportaje, ha sido el motivo por el que más días se ha retrasado el juicio del Hogar Seguro.
La recusación es una petición para separar a un juez de un caso por falta de imparcialidad. Se trata de una medida común, si bien de carácter excepcional, en los sistemas judiciales de la mayoría de los países.
Durante el tiempo que lleva el caso Hogar Seguro, las recusaciones han supuesto un 745 de días de retraso en el caso.
En total, ha habido cinco recusaciones sobre algunas decisiones del jueces que, según los abogados, sugerían que estaban parcializados. Dos veces se inició recusación por parte de los querellantes y tres veces por parte de la defensa.
El mismo juez, Laynez, fue recusado dos veces. Una vez por la ONG que representa a las víctimas, Mujeres Transformando el Mundo, por “haber externado opinión”. Y, nueve meses, después por el abogado de Harold Flores, por tener “duda de la imparcialidad” del juez.
Sólo la primera recusación resultó en el cambio de juez, cuando Carlos Guerra, titular del juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente se excusó de seguir conociendo el caso debido a que el Ministerio Público y los querellantes dudaron de su imparcialidad. En otras ocasiones, tribunales superiores decidieron que los alegatos en contra de los jueces eran infundados y devolvieron el caso a los jueces originales. Aún así, este recurso retrasó el proceso por más de dos años.
Un tribunal superior debería resolver las solicitudes de recusación en el término de una semana. Pero, en la práctica, suelen demorar más de dos meses. Es común que los tribunales no cumplan con los plazos establecidos por la ley, lo cual se ve agravado por graves demoras burocráticas.
Jueces y funcionarios judiciales indicaron a HRW que una de las causas de esta demora es el gran volumen de casos que tienen a su cargo. Además, los tribunales superiores pueden ser muy exigentes con respecto al orden, el sellado y la numeración de los archivos que reciben, y es común que devuelvan expedientes al tribunal inferior.
Por ejemplo, en el caso de Bufete de la Impunidad, el tribunal superior devolvió el expediente por “incongruencias en la foliación”, “folios rotos”, que era necesario “sellar y coser” una carpeta, que existían “incongruencias” en el domicilio de notificación para un abogado y un acusado del caso, y que, en relación con una de las carpetas del expediente, debía enviarse el archivo original y no la copia certificada, según HRW.
En el caso Hogar Seguro, la Sala Segunda de Apelaciones tardó más de cinco meses antes de declarar improcedente la recusación del subcomisario Luis Armando Pérez Borja a la jueza Cifuentes, el 7 de febrero de 2023, y sólo el 8 de septiembre, siete meses después, envió al Tribunal Séptimo los documentos necesarios para que la jueza pueda fijar nueva fecha para el juicio.
Ausencia de jueces
En el caso de Hogar Seguro, se suspendieron 15 audiencias porque no había un juez disponible. Todo ello supuso un retraso de al menos 1.078 días, casi tres años.
Esto se debió que el juez estaba en otra audiencia, ocupado con otro trabajo, en un curso o enfermo.
“Algunas veces se dan estas coincidencias, muchas veces las audiencias anteriores se prorrogan”, dice Alejandro Rodríguez del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG). “Pero también puede ser una excusa fácil para el juez decir: Estaba en otra audiencia”.
Desde 2021 el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal tiene dos jueces. Pero en Mayo 2022, una audiencia fue cancelada porque el juez gozaba de permiso. Se reprogramo para el viernes 16 de septiembre, un día después de aniversario de independencia de Guatemala, cuando el Organismo Judicial (OJ) dio licencia a todos sus funcionarios. .
Esto resultó en 368 días de retraso y paralizó el proceso judicial con el 3er grupo de imputados, lo cual demuestra muy bien cómo se acumulan diferentes factores. Sólo la primera declaración de los sindicados tardó un año y ocho meses en concluirse, debido a las audiencias repetidamente suspendidas.
Las audiencias del tercer grupo se reanudaron en mayo de 2023, pero se reprogramaron nuevamente para el 16 de octubre, a la espera que Corte Suprema de Justicia resolvieran dos amparos. Esa audiencia también fue suspendida. Además de los dos amparos todavía pendientes, por los bloqueos de octubre de 2023, no pudo venir la abogada de MTM, y Rocio Murillo, la Jueza de Paz de San José Pínula, dio a luz y estaba en el periodo post-parto. La audiencia se reprogramó para el 27 de mayo de 2024, 224 días más tarde.
Organismo Judicial
El caso se quedó tres veces sin juez. Una jueza, Magda Elizabeth Pérez Arana, se jubiló y otras dos, juezas Rosa María López Yuman y Kimberly María Rosario Monroy Ardon, fueron trasladadas. Cada una de estas veces, el OJ se tardó varios meses en nombrar a un nuevo juez, incluso a uno suplente. En total, fueron ocho meses durante los cuales el proceso legal estuvo estancado.
El Organismo Judicial ha sido responsable de la suspensión de al menos otras 8 audiencias. Cuatro veces no tuvieron una sala de audiencias disponible y tres veces hubo algún tipo de problema técnico.
El 19 de diciembre de 2019 se cancelaron dos audiencias en el caso Hogar Seguro porque Lucinda Marroquín no fue trasladada desde la cárcel de Mariscal Zavala. El oficio enviado era para trasladar a otra sindicada – Brenda Chamán, quien estaba en arresto domiciliario.
Las audiencias fueron reprogramadas para enero de 2020, cuando tampoco se llevaron a cabo porque el juez estaba enfermo. Dos semanas después, el Juzgado Cuarto no ofició al Sistema Penitenciario para trasladar a Lucinda Marroquín desde la cárcel.
“Se necesita mejorar todo el tema de gestión judicial. Porque aun si no hay interés político, estamos hablando de un sistema que no funciona,” dice Rodríguez.
El ICCPJ ha recopilado datos sobre otros casos y descubrió que alrededor del 58% de las audiencias fueron suspendidas. Un resultado consistente con las conclusiones de No-Ficción en el análisis del proceso de Hogar Seguro.
“A veces es por imposibilidad material de juez, que no sabemos qué significa exactamente, otras veces porque no llevan a los sindicados. Me atrevería decir que una de cada cinco audiencias es consecuencia de esto,” dice Rodríguez.
En el caso Hogar Seguro, al menos se suspendieron al menos cinco audiencias por no traer a los presos, lo que generó 66 días de retraso.
“Hay días que sistema penitenciario dice ‘Hoy no vamos a llevar a nadie a los tribunales, tenemos alerta que van a atacar los buses de Sistema Penitenciario’. Ese dia se suspenden todas las audiencias,” explica Rodríguez.
Las demoras se ven aún más acentuadas porque es habitual que los jueces no reprogramen oportunamente los procedimientos que se suspendieron.
El Codigo Procesal Penal contempla el plazo máximo de 164 días para que una persona sea juzgada si está sujeta a prisión preventiva. Y un máximo de 254 días si está sujeta a otra medida de coerción.
El análisis de ICCPJ de 317 expedientes en fase de ejecución penal demostró que, en promedio, el proceso penal guatemalteco dura 490 días desde la audiencia de primera declaración hasta la sentencia. El caso Hogar Seguro cumplió 2490 días el 10 de enero.
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En Guatemala, en general las demoras judiciales son algo aceptado, según lo manifestaron casi todos los jueces, fiscales, juristas y abogados entrevistados por Human Rights Watch.
La prolongada batalla legal en el caso de Hogar Seguro ha agotado tanto a las familias de las víctimas como a sus abogados. Incluso los imputados que han sido beneficiados con el arresto domiciliario, quieren que esto termine.
“Uno se agudiza cada [vez] que va a realizarse una audiencia, lo cual psicológica y emocionalmente es difícil, doloroso y complicado, y uno se da cuenta que la justicia es lenta en Guatemala,” dice Gloria Castro, la ex defensora de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos.
