El Comité Olímpico Guatemalteco y la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala coinciden en muchas cosas: instalaciones, número de teléfono y, en ocasiones, de trabajadores. Desde 2015 ambas instituciones han compartido asesores contratados bajo el renglón 029; a la fecha, 17 asesores continúan con contratos duplicados. Lo que ha significado un gasto de Q22.5 millones para el Estado en plazas dobles.

Es fácil imaginar un juego entre amigos en el que un jugador pueda pasar de un equipo al otro durante el partido para nivelar el encuentro. Podría darse a nivel amateur, pero por cuestiones reglamentarias, al llevarlo a una práctica profesional y con una paga de por medio, un jugador no puede comprometerse con dos equipos a la vez, ya que no podría cumplir a cabalidad con las obligaciones a tiempo completo que cada uno le requeriría.

Algo similar ocurre en el Estado de Guatemala, la Ley de probidad establece en el artículo 15: “Ninguna persona podrá desempeñar más de un cargo o empleo público remunerado, excepto quienes presten servicios en centros docentes o instituciones asistenciales y siempre que haya compatibilidad en los horarios”.

Con ello se cierra la puerta a la posibilidad de ser contratado en dos entidades públicas. Sin embargo, hay una forma: las contrataciones bajo el renglón 029, no entran en una situación de dependencia con el Estado, lo que les permite que puedan ser contratados por más de una institución pública a la vez.

Esta es la puerta que aprovecharon la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) y el Comité Olímpico Guatemalteco (COG) para contratar a un grupo de entre ocho y 14 asesores por año desde 2015. No-Ficción comprobó estos montos con registros de Guatecompras y solicitudes de acceso a la información pública a ambas entidades. 

Los servicios técnicos van de los Q10 mil a los Q15 mil 500 en cada institución. En el caso de los profesionales, los salarios pueden sobrepasar a Q24 mil en alguna de las dos instituciones. En total el COG y la CDAG le han pagado Q22.497 millones en ese plazo por contratos vigentes de forma simultánea en ambas entidades a un grupo de 17 asesores.

Pero no todos los años están todos en esos puestos. Algunos de ellos se han quedado en una sola de las instituciones. Otros han dejado de brindar sus servicios al COG y la CDAG. La suma total de los contratos de los 17 asesores (con plaza en una o en las dos entidades) del 2015 a la fecha es de Q29.9 millones.

Individualmente, han ganado más al mes que cualquiera de los atletas de élite, cuya beca máxima es de 15 mil quetzales. Cada uno de ellos ha ganado más que cualquiera de las personas contratadas por cualquiera de las dos instituciones. Los asesores tienen entre sus funciones coordinar todas las compras y los alquileres de las 46 federaciones y asociaciones deportivas.

Con respecto al gasto en asesores, la CDAG ha mostrado un incremento en los últimos años. De Q1.24 millones, que fue lo que se invirtió en contratos 029 en 2012, el rubro subió a Q6.03 millones al año siguiente. El gasto para ese fin en 2017 alcanzó los Q12.9 millones.

En 2012 el COG registró un gasto en asesores por Q5.07 millones. Este monto, según registros públicos se produjo por la contratación de 57 entrenadores para distintas disciplinas. Al año siguiente, en 2013, el gasto en asesores cayó hasta Q728 mil 631.64. Para 2017, sin embargo el monto fue de Q5.1 millones.

Práctica de la actual gestión

Estas plazas dobles entre estas dos instituciones no se veían antes de 2014, lo que coincide cronológicamente con el paso de Gerardo Aguirre de la CDAG al Comité Olímpico Guatemalteco (COG). En este paso, algunos de los asesores que estaban con alguna de las instituciones fueron contratados también en la otra.

Gerardo Aguirre, actual director del Comité Olímpico Guatemalteco entró en el deporte en 2004, como director de educación física (DIGEF), hasta 2009, ese año pasó a ser presidente de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala. En 2013 ocupó el cargo de presidente del COG y resultó electo por otros cuatro años el pasado 2017.

Mientras Aguirre llegaba por primera vez al COG, la CDAG quedaba en manos de Dennis Alonzo, quien fungió como Ministro de Educación durante el Gobierno de Álvaro Colom. Actualmente Julio Fernando Cáceres Grajeda ocupa la presidencia del Comité Ejecutivo de la CDAG.

Eber Paolo Estrada Hernández, uno de los asesores que llevaba puesta la doble camiseta, lo explica: “había días
en que trabajaba hasta las nueve de la noche”, dice, “apoyando en los servicios requeridos por el COG) y por la CDAG”.

Este asesor de plaza duplicada, laboraba realizando gestiones legales para los procedimientos de amparo que presentaban las dos instituciones. Asesoraba en la gestión de las instalaciones de CDAG de toda Guatemala, desde la subgerencia de gestión nacional, según sus declaraciones a No-Ficción.

Paolo Estrada justifica sus dobles contratos asegurando que son dos instituciones independientes, “pero que deben trabajar en coordinación”. Así, por eso, tanto él como otras 16 personas en base a las planillas de ambas instituciones, han trabajado desde hace tres años –los mismos en los que Gerardo Aguirre ha sido director del COG y sus subalternos han dirigido la CDAG– asesorando, y devengando salario, en ambas instituciones a la vez.

“Por ejemplo ¿sabes cuántas piscinas hay? el tema de revisar las actas de entrega de equipo que lleguen los químicos completos, las revisiones de los convenios de uso de fracción de terreno. Todo debe llevar una legalidad y estar bien hecho porque si no vienen los auditores de contraloría y te presentan hallazgos o reparos; ese es el tema que tu revisas”, añade Estrada Hernández.

«Ninguna persona podrá desempeñar más de un cargo o empleo público remunerado, excepto quienes presten servicios en centros docentes o instituciones asistenciales y siempre que haya compatibilidad en los horarios». 

“Sin anomalías”

El primero en señalar esta forma de contrataciones compartida entre las dos entidades fue el diputado de Encuentro por Guatemala (EG), Leonel Lira. El hallazgo incluso se llegó a notificar a la Contraloría General de Cuentas. Sin embargo, en los informes anuales que rinde esta entidad sobre la fiscalización a las entidades estatales, no hay registro de anomalías en este sentido.

La razón, según Lira, es que más allá de lo moral, la figura de la contratación de servicios bajo el cuestionado renglón les permite a las entidades realizar acciones de este tipo sin consecuencias legales.

Carlos Mencos, quien fuera titular de la Contraloría General de Cuentas en el período en que Lira alertó de estos procesos, explicó que no se pueden emprender acciones contra esta práctica pues no hay una limitación legal para prestar sus servicios a más de una institución a quienes estén contratados bajo el renglón 029.

Sin embargo, sugiere que, debido a que es la época de discusión y aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado de 2019, éste sería un buen momento para pedir al Congreso de la República que se tomen en cuenta estas formas de emplear los recursos, con el fin de mejorar la calidad del gasto.

Si bien la Contraloría no ha identificado elementos que evidencien alguna ilegalidad en la forma en que los asesores se desempeñan a tiempo compartido entre las dos instituciones, en 2016 publicó que, durante 2015, 14 de estos asesores, más otros tres contratados por el renglón 029 de la institución habían, repetido informes mensuales de labores de forma parcial o total.

Ese mismo año, la contraloría determinó que otra asesora de este grupo, Eileen del Carmen Calzadilla, había presentado informes de labores correspondientes a períodos en los que se encontraba fuera del país.

Según Mencos, un problema recurrente en las instituciones públicas es que los informes de muchos asesores se limitan a indicar lo que establecen los términos de referencia de sus contrataciones, lo que provoca que cada mes se repita el contenido del informe anterior.

La obligatoriedad de dar informes más detallados tampoco soluciona del todo el problema. Mencos agrega que en esos casos puede ser que quien brinda sus servicios técnicos o profesionales incluya en el contenido actividades que en la realidad no llevó a cabo.

El dilema del 029

Walter Figueroa, consultor del Instituto Centroamericano en Estudios Fiscales (Icefi) y especialista en calidad del gasto. Explica que más allá de lo que se pueda pensar al respecto, hay una facultad legal. Según explica Figueroa, la mayoría de estos casos se deben a personas que laboran en una institución y su trabajo da lugar a que se vayan abriendo campo con personas conocidas “como ocurre con la iniciativa privada”, agrega.

El consultor también comenta que sería necesario evaluar el trabajo que desarrolla cada uno en las instituciones para determinar si no hay algún tipo de simulación laboral.

Luis Fernández Molina, abogado laboralista, difiere de esa visión. Desde su punto de vista, los contratos 029, en la mayoría de los casos constituyen una simulación. “Se dice que no son servidores públicos, pero sí lo son”, expresa.

El abogado enfatiza que, salvo en contadas excepciones en que se cumple con la idea para la cual ese renglón de servicios fue creado, se utiliza para ocultar una relación laboral real. “Es por ello que las cortes fallan a favor del empleado que reclama derechos laborales después de haber prestado servicios como empleado”, explica.

Fernández añade que además de los problemas laborales, ese tipo de contrato se presta mucho para cumplir con compromisos políticos. “Si hay una lista de contratos 029 por el mismo valor en dos instituciones, se sugiere que hay algo anormal en ello”, concluye.

El creador de Offshores

Eber Paolo Estrada Hernández cursó estudios en Derecho en la USAC, aunque no cuenta con el título de licenciado de derecho. Pese a esto asegura haber brindado asesoría en la formulación de argumentos de amparo para los dirigentes del deporte, una acción legal que garantiza la Constitución de la República contra actos, disposiciones o leyes emitidas por una autoridad que puedan restringir derechos constitucionales. Fue contratado en 2014, para ofrecer servicios técnicos profesionales por Q180 mil ese año para la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala.

Según explicó en una entrevista a No-Ficción, Paolo Estrada entró “para apoyar con los amparos” con los que Gerardo Aguirre buscaba participar como candidato en las elecciones del COG de 2013, tratando de evitar que Sergio Camargo continuara como presidente de esa entidad dedicada al deporte de alto rendimiento.

Al año siguiente, tras el paso de Gerardo Aguirre al COG, fue contratado también por esta institución. Pasó dos años, 2016 y 2017, contratado por ambas instituciones, devengando Q186 mil al año por los servicios prestados al COG y Q180 mil en la CDAG. En 2018 ha sido contratado únicamente por la CDAG.

Estrada Hernández trabajó en la Junta Disciplinaria del Organismo Judicial entre 2005 y 2012, como notificador, y es sobrino de Miguel Ángel Hernández Sagastume, quien ocupó el puesto de abogado del Congreso entre 2009 y 2011, un mandato especial designado por Roberto Alejos, en ese tiempo presidente del Congreso.

En 2012, Eber Paolo Estrada figuró además, según el portal web de Panama Papers, como portador de acciones de cinco offshores en Panamá constituidas por personal de Mossak Fonseca y abogados panameños. Las cinco empresas inscritas en Panamá: Santiago Management, Kinton Trade, Verden Company y Simsbury Inc y Marino Company.

Eber Paolo Estrada aseguró que ninguna de ellas fue utilizada. Las crearon, según sus palabras, a través del contacto de un abogado en Panamá para poder ofrecer el servicio a empresas guatemaltecas a menor costo que los ofrecidos por el bufete de Díaz Durán, despacho que brindó servicios locales a Mossak Fonseca.

«Se dice que no son servidores públicos, pero sí lo son», expresa Luis Fernando Molina, abogado laboralista. 

La asesora jurídica

Entre los asesores con contratos dobles se encuentra Elvia Delfina González, abogada que desde 2011 ha realizado parte de su trabajo profesional privado a beneficio de la CDAG.

De la misma manera en 2016 realizó dos trabajos notariales para esta entidad, como lo confirma su registro de protocolos correspondiente a ese año. Sin embargo, ninguno de ellos aparece registrado en el portal Guatecompras.

Antes de llegar al COG y la CDAG, en 2010 y 2011, González realizaba trabajos de asesoría para el Ministerio de Educación, en específico la Dirección General de Educación Física, entidad en la que se encontraba Gerardo Aguirre, actual director del COG.

Sus contratos dobles empezaron en 2016. Desde entonces, su salario mensual ha sido de Q24 mil 500 por institución. Es decir: Q59 mil mensuales en total.

El jefe de seguridad

Con un monto menor al de González se encuentra Francisco Marin Golib a pesar de contar también con estos contratos dobles, su ingreso mensual en ambas es de Q25 mil, la mitad de lo que obtiene la jurista.

Marin Golib tuvo varios cargos dentro del Estado Mayor presidencial (EMP), desaparecido como resultado de los Acuerdos de Paz firmados en 1996. En 1987 llegó a ser jefe de dicha entidad, aunque su permanencia se limitó a unos meses y dejó el puesto ese mismo año.

El militar también fue relacionado en investigaciones periodísticas con la agencia de viajes Lax Travel, pues su exnuera era una de las fundadoras. La empresa fue señalada de una sobrevaloración en 125 pasajes aéreos por un costo de más de Q11 mil adicionales al valor máximo del mercado por cada uno de ellos.

Los negocios de Lax Travel con el Estado aparecen publicados en el portal Guatecompras desde 2006. Su cliente en esa época era únicamente el Ejército, pero tener ese único cliente no fue impedimento para que ese año la compañía cobrara Q4.87 millones de fondos públicos. En los años siguientes sus clientes dentro del Estado se fueron diversificando, y la Universidad de San Carlos de Guatemala se convirtió en el principal. Sin embargo, en la actualidad, sus principales clientes son el COG, así como asociaciones y federaciones deportivas que integran la CDAG.

En cuanto a Francisco Marin, su trabajo dentro de las instituciones deportivas se relaciona con los servicios de seguridad. Al igual que su paga, los informes que rinde también son diferenciados para ambas entidades.

Silencio institucional

La lista continúa: Brenda Marlene Alburez, Karla Michele Abril Valencia, Fredy Artemio Castillo Escobar, Luis Fernando Contreras Aragón (ex fiscal del Ministerio Público), Álvaro Raúl Reynoso Urzúa, Jaime Humberto Guerra Zepeda, Eric Daniel Contreras Valencia son algunos de ellos.

Ninguno de los asesores que aún trabajan en ambas instituciones respondió a las llamadas ni a los mensajes dejados en sus oficinas. Ante los intentos de comunicación de No-Ficción, en las oficinas del COG y CDAG Alburez, la única que atendió a la llamada expresó: “No tengo nada que responderle al respecto” y colgó el teléfono.

En el caso de Elvia Delfina González Torres, personal de su oficina privada indicó que ella se comunicaría con el equipo de No-Ficción. Sin embargo, no hubo respuesta de su parte.

Las solicitudes de entrevista se dirigieron también a los directivos del COG y la CDAG, mediante las oficinas de comunicación social de estas entidades. La respuesta fue que por política institucional,
los directivos no dan entrevistas personales.

Miembros y exmiembros de la CDAG y el COG que prefirieron mantener oculto su nombre justificaron con que tanto directivos como asesores han tenido experiencias negativas con la prensa en el pasado y que es esa la razón de la actitud evasiva.

Además indicaron que la labor de integrar a las dos instituciones dentro de un mismo edificio ha representado un gran avance para el deporte y que estos asesores cumplen con funciones relacionadas con ambas entidades. 

Sin embargo, ante el silencio que guardan estas organizaciones del deporte, persiste la duda de si son necesarios dos contratos para un trabajo de asesoría que involucra a las dos instituciones. La duplicidad en estas contrataciones bajo el renglón 029 de momento se mantiene como un espacio opacidad en el gasto público de las instituciones del deporte guatemalteco.