La fiscal general Consuelo Porras tiene una bomba entre sus manos. Como parte de las casi 60 investigaciones entregadas por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) al Ministerio Público se encuentra una denuncia contra Acisclo Valladares Urruela, exdirectivo de Tigo, la mayor empresa de telefonía celular del país. Aparentemente Tigo ha contado con un sistema de espionaje contra empresarios e integrantes del partido Movimiento Semilla. 

Espionaje. Es una palabra fuerte para colocar junto a la principal operadora de telefonía celular de Guatemala: TIGO (Comunicaciones Celulares S.A.), una empresa con alrededor de 10 millones de líneas telefónicas registradas en el país. Y es, sin embargo, la palabra que resume la denuncia de la Cicig contra el exdirectivo de Tigo y actual ministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela, por contar entre sus archivos con esquemas organizacionales de integrantes del Movimiento Semilla, los números de teléfono que usan (incluso si fueron registrados por otra persona); registros de llamadas de empresarios como Niels Erichsen Vargas, del sector farmaceútico; o de Miklos Nagy Deak, un empresario húngaro que un informe interno en la residencia de Valladares describe como dedicado a “actividades de narcotráfico y trata de personas”.

Tampoco escapó al rastreo de relaciones un empresario como Dionisio Gutiérrez Mayorga, presente en los esquemas incautados en la residencia de Valladares, uno de los fundadores de Multi Inversiones, catalogado por Forbes entre los 12 mayores millonarios de Centroamérica.

Ni la propia esposa de Valladares Urruela, María Fernanda Torriello Molina, de la cual, según la denuncia de Cicig también se encontró transcripciones de llamadas e incluso capturas de pantalla de chats de su teléfono.

“Espionaje y escuchas telefónicas ilegales en la compañía Tigo” es el nombre de la denuncia presentada por Cicig y que hoy descansa en el despacho de la fiscal general Consuelo Porras, quien deberá decidir si los elementos de prueba que le fueron entregados ameritan una investigación contra un ministro de Estado, Valladares Urruela (quien ya tiene una solicitud de antejuicio por el caso de compra de votos en el Congreso para aprobar la “Ley Tigo”), y si emprende una indagación contra la empresa telefónica del hombre más rico de Centroamérica, Mario López.

Como en muchos otros casos de Cicig esta denuncia es una pieza en un esquema más amplio.

Es un hilo que relaciona poder, política, dinero y secretos de familia.  

Las “cinco letras” siguen el rastro

En las escuchas telefónicas judicializadas del caso La Línea, operadores de la red se refieren a la Cicig como “las cinco letras” y se advierten entre ellos que tengan más cuidado en las conversaciones telefónicas. En las intervenciones de escuchas autorizadas entre Gustavo Alejos y Sandra Torres, por el caso de financiamiento electoral ilícito de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), se puede leer en sus transcripciones como Torres bromea con Alejos sobre si en esos momentos alguien los está escuchando.

Sea en las estructuras criminales, o en las altas esferas del poder político, también investigadas por ilícitos, la conciencia de la vulnerabilidad de las comunicaciones electrónicas ha llegado para quedarse. Sin embargo, la mayor atención ha recaído en el Estado.

Y se han tratado de escuchas autorizadas por juez competente. Es decir, métodos de investigación legales.

Esta última denuncia de Cicig apunta a un operador privado, a la telefónica TIGO. Hasta el momento, no obstante, no hay un pronunciamiento oficial de la compañía al respecto.

Los documentos presentes en la denuncia fueron incautados durante un allanamiento al apartamento de Valladares Urruela en zona 15, el 23 de noviembre de 2017. Allanamiento realizado como parte de las investigaciones de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) y la Cicig, sobre la compra de votos en el Congreso, para la aprobación de una reforma a la Ley de Telecomunicaciones en 2014, que benefició a la empresa TIGO, para la instalación de cableado reduciendo el pago a municipalidades y particulares.

Los fiscales e investigadores de Cicig llegaron a cinco objetivos, entre ellos las oficinas centrales de Tigo y la residencia de Valladares Urruela, quien fungía como presidente de la Fundación Tigo. Testimonios de excongresistas y del exsecretario privado de la vicepresidencia, Juan Carlos Monzón, apuntan a qué los cambios a la Ley de Telecomunicaciones en 2014 fueron realizados a pedido de Tigo, con Valladares como el principal intermediario, a cambio de pagos realizados a la exvicepresidenta Roxana Baldetti, y que esta canalizó a los diputados del Partido Patriota.

Para confirmar estos hechos se allanaron las oficinas de la compañía y la residencia de Valladares. En esta última se encontró “un gráfico de relaciones directas e indirectas entre personas vinculadas al partido político Movimiento Semilla”, detalla el comunicado de la comisión. 

Este esquema vincula la estructura de organización del Movimiento Semilla, en ese entonces un partido en formación, con otro grupo de personas denominado “Relaciones de interés” que establece relaciones de parentesco, trabajo o personales con integrantes de Semilla.

Es así, por ejemplo, que relacionan al empresario Dionisio Gutiérrez, cuya exesposa, Denise Kong Serra de Fagiani, se vincula a un número telefónico en zona 14 registrado por Giovanni Mauricio Fagiani Aguilar, probablemente un familiar, y que sería esposo de la entonces secretaria de comunicación de Semilla, Ana Cristina Castañeda Sánchez.

Siguiendo una suerte de teoría de “Seis grados de separación” el esquema de Tigo parece querer medir el alcance de influencia del Movimiento Semilla. Según el actual secretario del partido, Samuel Pérez, diputado electo al Congreso de la República, las personas consignadas en ese momento como integrantes de Semilla en efecto ocupaban esos cargos alrededor de 2017, cuando se estima que fue recopilada la información.

Más allá de los cargos en la agrupación y vinculaciones familiares o relaciones personales, el esquema también incluye los números telefónicos, sea de las empresas Claro o Tigo, que los integrantes de Semilla utilizaban, aunque estuvieran registrados por otras personas. También se les relaciona con otro grupo político en formación en ese momento: Somos.

“Tuvimos unas cuantas reuniones con Somos en ese momento, el partido (Semilla) quería ser muy respetuoso de los procesos así que tuvimos algunas reuniones de acercamiento, ya habíamos tomado la decisión de entrarle a formar un partido, y Somos estaba en esa discusión”, refiere Pérez. 

El esquema incluso recoge dos publicaciones de una tuitera, relacionada a Somos en el documento incautado, donde califica negativamente al actual embajador Acisclo Valladares Molina, padre de Valladares Urruela, en septiembre de 2017.

Pérez indicó, como diputado electo, que el partido analiza si emprenderá acciones legales por estas revelaciones y que ya tiene contemplado incluir en la agenda de la próxima bancada una revisión a la legislación por escuchas ilegales.

El código penal reconoce como delitos, en su artículo 217 y 219, la violación de correspondencia, papeles privados y la interceptación de comunicaciones privadas.

En una reciente entrevista con No-Ficción, la ex fiscal general, Thelma Aldana, quien intentó postularse a la presidencia por Semilla comentaba: “Es que cuando se toca a personas de cuello blanco, se unen. Y tienen poder, y tienen dinero, y tienen los mecanismos para tratar de frenar las investigaciones”. 

El blindaje de las élites parece inexpugnable en este punto.

Un mes y medio después de los allanamientos en que se incautaron estos documentos, el 17 de enero de 2018, Valladares Urruela fue nombrado Ministro de Economía por el presidente Jimmy Morales. Adquiriendo inmunidad.

Previamente, en agosto de 2015, cuando el gobierno de Pérez Molina ya se tambaleaba y su renuncia se acercaba, Valladares Urruela fue nombrado como comisionado presidencial para la competitividad; en ese periodo también fue nombrado como ministro de Economía, Ricardo Sagastume Morales, ex candidato presidencial de FCN en 2011, y quien precedió a Urruela como presidente del Consejo Empresarial de Telecomunicaciones.

«Espionaje. Es una palabra fuerte para colocar junto a la principal operadora de telefonía celular de Guatemala: TIGO (Comunicaciones Celulares S.A.), una empresa con alrededor de 10 millones de líneas telefónicas registradas en el país». 

Seguimiento a empresarios

Entre los documentos incautados también se contaba con un gráfico de relación de las llamadas entrantes y salientes del empresario farmacéutico Niels Erichsen Vargas con el título “Análisis telefónico de interés del número postpago TIGO 502 52051010 utilizado por Niels Erichsen Vargas, Período del 31 de Mayo al 17 de Octubre del 2017”. Los registros de llamadas solo pueden ser obtenidos por un tercero mediante una orden de juez competente.

Erichsen Vargas figura como representante legal de Bodega Farmacéutica S.A., razón social de las Farmacias Cruz Verde, con 228 nombres comerciales registrados en el país para diferentes locales y con ventas al Estado por Q337.95 millones desde 2005, según registros de Guatecompras.

En el reporte encontrado en la residencia de Valladares Urruela se detallan los nombres y números de las personas con las que Erichsen Vargas se comunicaba dividiéndolos en grupos de “Relación de interés”. Entre ellos el excandidato a la presidencia Roberto Arzú García-Granados (por la alianza PAN-Podemos), quien propuso al Congreso, pese a no ser diputado, una iniciativa de ley que contemplaba “exonerar del impuesto de importación a los productos farmacéuticos de uso humano”.

Otros personajes de “interés” en estas comunicaciones monitoreadas por Tigo de Erichsen fueron el expresidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), Hermann Federico Girón Delery, gerente general de Seguros El Roble; Carlos Manuel Pullido Collazos, embajador de Colombia en Guatemala; además de funcionarios de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) en seguimiento a relaciones de intermediarios vinculados al diputado Luis Enrique Hernández Azmitia.

En otro informe se detalla la existencia de escuchas telefónicas ilegales a la línea telefónica del empresario húngaro Miklos Nagy Deak. Según las “conclusiones” del perfil encontrado dentro de la empresa Tigo, se buscaba establecer si Nagy tuvo contacto con dos funcionarios del Banco G&T Continental: César Marcelo López Soberanis y José Roberto Ortega Herrera en 2014, concluyendo que no hubo “vínculos comunicacionales recientes (2014)”.

El reporte, encontrado en la residencia de Valladares, indicaba que Nagy se dedicaba a “actividades de narcotráfico y trata de personas”.  Nagy fue detenido en diciembre de 2015 acusado de defraudar por Q36 millones al Fondo Guatemalteco de Vivienda (Foguavi), a quien habría vendido una finca de su propiedad destinada para beneficiar a dos mil familias pobres de Masagua, Escuintla, con viviendas.

Según registros del Organismo Judicial, Nagy fue detenido en calidad de representante legal de la entidad Industria Ganadera del Atlántico S.A., Ingalsa, y quedó en libertad por una resolución del Juzgado Segundo de Instancia Penal el 9 de diciembre de 2015.*  

Nagy, quien según el “informe” incautado al directivo de Tigo, también se dedicaba a “contratar personal femenino para laborar en el negocio de Bingo”, también creó en octubre de 1999, según el acuerdo ministerial 114-99 del Ministerio de Gobernación consultado por No-Ficción, la Fundación Húngara para la Niñez Guatemalteca, registrada por el notario Héctor Efraín Trujillo Aldana, exmagistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad, y secretario de Federación de Fútbol de Guatemala, capturado en Estados Unidos en 2015 acusado por la justicia estadounidense en un caso de corrupción en la FIFA.

Los vínculos familiares

Por último, la denuncia presentada por Cicig también incluyó pruebas sobre escuchas telefónicas ilegales de Tigo la extracción de imágenes de conversaciones por chat de la esposa de Valladares Urruela, María Fernanda Torriello Molina, en poder del actual ministro. En los allanamientos, según señala el comunicado de la comisión, se encontró transcripciones de conversaciones de Torriello con otras personas, al parecer por una supuesta relación extramarital.

Las comunicaciones interceptadas realizadas por Tigo, según la comisión, violarían la intimidad de la esposa de Valladares y solo pudieron ser requeridas mediante autorización judicial y nunca por particulares. 

Al cierre de esta publicación Valladares Urruela no se había pronunciado respecto a la denuncia de Cicig, mientras que su padre Acisclo Valladares Molina, quien buscó ser fiscal general en el anterior proceso de elección de jefe de Ministerio Público, en 2018, tronaba en su cuenta de twitter: “Todo mentira. Hace dos años se realizó el allanamiento -sin su presencia ni la de su mandatario- y ahora, dos años después, se afirma haber encontrado lo que dicen que se encontró (lo que inventan que se encontró). ¿Si esto fuera cierto, se habría ocultado dos años? ¡Por favor!”

La decisión de seguir adelante con la investigación contra Valladares Urruela recae ahora en una fiscal general “vigilante”, Consuelo Porras, que deberá decidir si continúa congelada en piedra o realmente busca esclarecer si existe una estructura de espionaje en la principal empresa telefónica del país.

*El 4/09/2019 se actualizó el estatus del señor Miklos Nagy Deak el cual quedó en libertad por el caso de defraudación al Foguavi por resolución del Juzgado Segundo de Instancia Penal.