Cuatro empresas incumplieron 26 contratos por Q68.2 millones para la construcción de 578 casas en ocho departamentos. El incumplimiento afecta a familias en pobreza y pobreza extrema. Suchitepéquez es el segundo departamento con más afectados por el fraude y ellos piden que el gobierno busque a los constructores que se quedaron con el dinero.
El Fondo Nacional para la Vivienda (Fopavi) se convierte en una oportunidad de negocio doble para personajes con poder político. Por un lado, porque pueden ofrecer las viviendas subsidiadas a una clientela electoral; por el otro, porque pueden beneficiar a empresas constructoras de allegados y patrocinadores.
El profesor y líder comunitario José María Escobar no recuerda bien en qué año comenzó a gestionar la construcción de vivienda mínima para un grupo de vecinos en San Pablo Jocopilas, gracias a la intermediación del gobernador de Suchitepéquez. Ubica tentativamente la fecha en el 2014. Con el primer proyecto financiado con subsidios del Fopavi se construyeron 25 casas y 47 con el segundo. “Se hicieron; los primeros dos, tres” proyectos… “Yo publicaba en mi WhatsApp y toda la gente emocionada en los otros municipios, comenzaron a buscar al profe Chema (…) entonces yo traté de hacer de puente con la constructora”, recuerda.
Diez años más tarde, la constructora Kabod cerró su sede en Mazatenango y está inhabilitada por adeudo tributario; los dueños de la empresa no responden las llamadas ni mensajes de Chema. Luis Antonio Vásquez Porres, quien figura como dueño de la firma, tiene nueve denuncias por incumplir contratos para la construcción de vivienda mínima con subsidios del Fondo para la Vivienda (Fopavi). Al otro lado del puente que construyó Chema, quedan 117 familias de Suchitepéquez que no consiguieron la casa prometida y por la que, según el profesor, ya pagaron un adelanto de Q3 mil 500.
Con el 60 por ciento de la población por debajo de la línea de pobreza y un déficit de vivienda superior a los 2 millones, según cifras de los constructores, la promesa de ayudar a familias pobres o extremadamente pobres a conseguir una casa se convierte en uno de los argumentos clientelares más persuasivos en una campaña electoral en Guatemala.
Las 117 casas inconclusas en Suchitepéquez forman parte de un bloque de 578 viviendas que no se construyeron o que se quedaron a medias en 8 departamentos y por las que el Estado desembolsó Q20 millones en subsidios. Una auditoría de la Contraloría General de Cuentas identificó incumplimientos en 26 contratos de vivienda mínima, algunos firmados hace ya más de diez años. Las cuentas del profesor van más allá: son 280 casas las que están pendientes de construir en Suchitepéquez, pero no está seguro si el Fopavi ya entregó el subsidio a las constructoras Kabod y Kairos. Los 280 solicitantes pagaron un aporte de Q3 mil 500, según Escobar.
El profe Chema, como le conocen en Suchitepéquez, es la única voz autorizada para hablar de los proyectos de Fopavi. Otros líderes comunitarios e integrantes de los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocode) de varios municipios remiten a él para tratar el asunto. Los vecinos callan cuando se les pregunta por las casas de Fopavi e insisten en que “el que sabe” es el profe Chema.
El profesor José María Escobar vive en la comunidad agraria La Ladrillera, en San Pablo Jocopilas, Suchitepéquez. Huraño, desconfiado de la prensa, mencionó pasajes del rompecabezas de cómo se inició y corrompió un visionario y millonario proyecto que terminó con la desaparición de un constructor, paisano suyo.
Después de la primera reunión en Fopavi, con la intermediación del gobernador -cuyo nombre es irrelevante, dice Chema, porque no intervino más que en hacer el contacto con la institución- comenzaron los trámites para el primer proyecto en varias comunidades de San Pablo Jocopilas.
El gobierno tiene que pedir cuentas
Como muchos de los trámites que se centralizan en la capital, el profe Chema debió viajar 160 kilómetros desde La Ladrillera hasta las oficinas del Fopavi para que le confirmaran la autorización de los subsidios para el primer proyecto de vivienda mínima. Al salir de la reunión, se encontró a Francisco Vásquez Porres quien se presentó como dueño de la constructora que podía recibir la ayuda estatal y construir las casas. “Ah, los dos somos de la Costa”, se saludaron y así comenzó la relación que se fracturó en 2020 cuando el ritmo de construcción comenzó a decaer.
Al profesor le sugirieron denunciar al empresario, pero él no está dispuesto a “pelear con la constructora”. Tampoco se activó la cláusula para la devolución del subsidio, como lo establecen los contratos.
La solución, según Escobar, tampoco está en manos del Ministerio Público y la persecución penal, que da seguimiento a la denuncia de la Contraloría. “Van a pasar años y no van a solucionar nada” (…) “por la experiencia que nos ha tocado vivir en tantos problemas de todo un poquito, es mejor exigir a la institución, a quien dio la plata y yo no di plata, quien dio plata por lógica, ellos tienen o tenían que pedir cuentas”.
A unos 20 kilómetros de la Ladrillera, se ubica San Miguel Panán. Allí vive una familia que se cansó ya de esperar por su casa. Bajo pedido de resguardar su identidad, cuentan desde su terreno tupido de vegetación que en 2021 pagaron Q4 mil 100, como les indicó el Cocode para asegurar la construcción de su vivienda. A su terreno se llega por un camino enlodado, apenas unos metros después de la ruta principal, adoquinada.
Para la construcción de cada casa, el Fopavi desembolsa un subsidio por Q35 mil en cuatro fases, en la medida que avance la construcción, lo cual debe ser certificado por supervisores de la institución. Según el profesor Chema, está claro que el Fopavi no debió desembolsar dinero cuando los proyectos no estaban terminados o no había avance y por eso a esa institución debe responder por las obras inconclusas.
En mayo pasado la Contraloría General de Cuentas (CGC) denunció a cuatro constructoras por incumplir con los 26 contratos por Q68.2 millones para la construcción de 578 casas. Suchitepéquez es el segundo departamento con más familias afectadas, después de San Marcos.
La dinámica entre los actores políticos y la ejecución de los proyectos del Fopavi evidencia que la institución ha servido como un recurso para atraer clientela electoral. El partido político con más dominio del poder durante el gobierno de turno es quien más se beneficia, señala un exfuncionario de la institución. Es común que diputados citen a los directivos de Fopavi para pedir cuentas o exijan la ampliación de fondos y que los alcaldes acompañen la entrega de las casas terminadas.
La actual gobernadora de Suchitepéquez, Mariana Enríquez, cuenta que varios constructores se le han acercado para pedirle su mediación para conseguir que instituciones del Estado les den materiales de construcción, como láminas y cemento, las cuales según ella ha tenido conocimiento, se utilizan para construir obras que se contratan bajo otras modalidades, como las casas que subsidia el Fopavi.
La organización Acción Ciudadana identifica en Suchitepéquez el ofrecimiento de casas como una práctica usual entre los candidatos a alcalde. Rudi Edelman Cop, que desempeña su quinto periodo como alcalde de Zunilito, por ejemplo, promete casas durante la campaña electoral, según fuentes locales, que piden omitir su identidad.
Edelman fue electo en 2023 para un quinto periodo como alcalde, entonces postulado por el partido Vamos por una Guatemala diferente (Vamos). La trayectoria política de Edelman transcurre por partidos distintos desde su primera campaña, en 2007: Gana, Coalición UNE-Gana, Partido Patriota y Unidad Nacional de la Esperanza-. El alcalde no respondió llamadas ni mensajes para dar su versión.
Uno de los promotores de las casas de Fopavi en Zunilito fue Juan Alberto Chay Ixcoy, de acuerdo con la auditoría oficial: en 2019 firmó un contrato con Kabod para la construcción de 79 casas y 8 quedaron inconclusas. En 2023, Chay se postuló como candidato a concejal titular III en la misma planilla que Edelman, pero quedó fuera de la corporación. Ante las obras inconclusas, dijo que desconocía las ubicaciones de las casas.
Como Chay, otros seis promotores de vivienda se han postulado a cargos públicos con varios partidos. A Nidia Verónica Cantor se le encontró en su casa de San Bernardino, pero no accedió a ser entrevistada y prohibió que se le tomara fotos. Dijo que en otras ocasiones las publicaciones de prensa les hacen quedar como “malagradecidos” ante alcaldes y gobernadores que han actuado de buena voluntad.
Más que una solución, un problema
En Suchitepéquez predomina la vegetación, los ríos y riachuelos y el calor. Cuando llueve, “llueve con ganas”, dicen los vecinos. También hay mucha cautela. No Ficción y Con Criterio buscaron a las familias afectadas y a los Cocodes en varias localidades, pero no accedieron a ser entrevistadas frente a las cámaras; dos familias sí permitieron que se tomara fotos a la casa que lejos de una solución, les añadió problemas: las puertas son más pequeñas que el marco de la construcción, el techo de lámina no quedó bien ajustado y cuando llueve el agua se filtra por los techos y los muros.
Las dos casas están en la Lotificación El Esfuerzo, en Chicacao, otro de los proyectos que Kabod dejó inconclusos. Las personas afectadas cuentan que un albañil llegó en mayo pasado a ponerse al día con la obra y lo hizo sin escuchar los comentarios cuando notaban que algo iba mal.
En dos semanas les entregaron las casas por las que esperaron cinco años, pero mal hechas. El diseño, además, no cuenta con sistema de ventilación, más que pequeñas ventanas, para el clima caluroso. A finales de agosto, a una de las casas todavía no le habían colocado las ventanas.
Nueve de las 26 denuncias que la Contraloría presentó al Ministerio Público tienen que ver con incumplimientos en Suchitepéquez y apuntan hacia las constructoras Kabod y Kairos. Ninguna de las dos se localiza en la sede que registraron en su patente de comercio.
Kabod es una empresa individual inscrita en 2014 y que registró como sede un edificio en Mazatenango, la cabecera de Suchitepéquez. El dueño es Luis Antonio Vásquez Porres, hermano de Francisco Alejandro Vásquez Porres.
La auditoría que determina el incumplimiento de los 26 contratos de construcción de vivienda a precio fijo y tiempo determinado ocurrió hasta diez años después de la fecha prevista para la entrega de las casas, tras revisar contratos suscritos entre 2013 y 2023.
Cada convenio define que en caso de incumplimiento el desarrollador debe restituir el dinero recibido. Además, el incumplimiento imposibilita al desarrollador para participar nuevamente en cualquier proyecto de Fopavi. Por la falta de acción pasaron diez años y las constructoras siguieron contratando obras. La actual directora de Fopavi prefiere no hablar. Por medio de acceso a información pública se estableció que las constructoras ya no forman parte del registro de empresas del fondo.
Puesto que varios controles se pasaron por alto, la Contraloría denuncia a diferentes actores en el proceso, como los contratistas de servicios técnicos que tienen que reportar el avance físico de las obras con el que se autorizan los desembolsos y al entonces viceministro de Desarrollo Urbano y Vivienda Carlos Enrique Armendáriz Negreros. El exfuncionario señala que la contraloría no termina de comprender cómo es el funcionamiento del Fopavi y le sorprende el “salto de autoridad” en las denuncias. Ningún exdirector de Fopavi, de los 16 que estuvieron a cargo de 2013 a 2023, fueron denunciados. “El viceministro da el visto bueno asumiendo que cada uno hizo su trabajo”, anota.
Aunque en los contratos se especifica que los constructores deben devolver los fondos no ejecutados, el Fopavi no ejerció las acciones y desde mayo pasado el giro que puedan tomar las denuncias está a cargo del Ministerio Público, que desestima ocho de cada diez denuncias que recibe, de acuerdo con los datos del informe de labores de la fiscal General 2023-2024.
El profe Chema no confía en la prensa, ni en el MP, pero sí confía en que el actual gobierno de Bernardo Arévalo “haga el papel que le corresponde”. ¿Y los que se robaron el dinero? “El gobierno actual tiene que hacer (…) lo que está en su competencia, yo no”. ¿Y el dinero robado? “El gobierno tendrá que buscar a capa y espada a los responsables” y si no lo hacen o no le ponen atención, “son parte de [el fraude]”, sentencia.
Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR) por parte de los medios ConCriterio y No-Ficción.
