El Ministerio Público (MP) presentó esta semana sus primeros resultados en el mega caso de fraude fiscal y corrupción conocido como B410. El MP capturó a una de las caras más visibles de la estructura: el abogado Barrera Maldonado. También solicitó órdenes de captura contra seis altos cargos del Ministerio de Salud durante el gobierno pasado, entre ellos el exviceministro Gerardo Hernández. Sin embargo, el caso aún está lejos de ser resuelto. Los fiscales ofrecieron algunas respuestas, pero también dejaron muchos vacíos.

Han transcurrido casi cuatro meses desde que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) desveló el mayor caso de fraude fiscal y corrupción detectado en el país en años.

En estos meses, la presión estuvo en la cancha del Ministerio Público (MP). La cuestionada fiscal general Consuelo Porras tenía que presentar resultados en la investigación. Debía mostrar que durante su gestión sí se persigue la corrupción.

Y esta semana, el 16 de diciembre pasado, finalmente lo hizo.

Más o menos.

En una conferencia de prensa, Porras y otros fiscales, detallaron los resultados iniciales de la investigación y anunciaron las primeras capturas y órdenes de aprehensión.

B410 es un caso complejo que, digamos, tiene tres capas, según la denuncia inicial presentada por la SAT.

Por una parte, está una serie de grandes constructoras de obra pública. 

Estas son empresas reales y conocidas que recibieron cientos de millones de quetzales en contratos con el Estado durante los dos últimos gobiernos. A pesar de ello, apenas pagaron impuestos. Presuntamente, cometieron delitos fiscales.

Por otra parte, está un grupo de empresas fantasma. Estas también recibieron dinero público y tampoco pagaron impuestos, como las anteriores. 

Pero, además, es posible que no realizaran las obras para las que fueron contratadas, precisamente porque eran fantasmas.  

Es decir, son acusadas de fraude fiscal, pero también de robo de fondos públicos. 

Esto implica la probable participación de los funcionarios que les otorgaron los contratos.

Y finalmente, está la estructura que lo facilitaba todo. 

Estas actividades eran posibles gracias a unos abogados que creaban y vendían sociedades anónimas. Este grupo ha sido bautizado como B410.

Vender una empresa no es ilegal en sí mismo. Pero estos abogados, liderados por David Barrera Maldonado, vendían algo más que empresas. También ofrecían anonimato a los clientes que quisieran pagar por ello. 

Esto permitía a quien quisiera usar esas empresas evadir o robar protegido por el anonimato.

Según los primeros cálculos de la SAT, en total, los clientes de B410 pudieron defraudar hasta 800 millones de quetzales en impuestos y sustraer otros 82 millones en fondos públicos.

Los logros

Hasta el momento, todo esto había sido solo planteado como una hipótesis por la SAT.

En su conferencia de esta semana, el MP ratificó que todo es cierto, según sus pesquisas.

También explicaron cómo han comenzado a desentrañar estas tres capas.

Presentaron logros en las tres:

• Capturaron a uno de los grandes constructores que no pagaba impuestos: Carlos René Ayala Morales. Y emitieron órdenes de captura o citaciones a otros cuatro constructores.
• También confirmaron que uno de los casos de fraude cometido por una empresa fantasma es real. Los hechos ocurrieron durante el gobierno pasado en el Hospital San Juan de Dios. Unos 12 millones de quetzales desaparecieron. El MP capturó al exjefe de compras del hospital: Eder Medardo López Morales y solicitó orden de aprehensión contra otros cinco altos cargos, entre ellos el exdirector, Gerardo Hernández. Este médico llegó a ser viceministro de Salud y ha sido procesado ya por otro caso de corrupción.
• Además, el MP capturó al abogado que vendía sociedades, Barrera Maldonado.   

Estos son los avances. 

Pero el caso es vasto. Y al explicar en público sus avances en las tres capas del caso, los fiscales también dejaron patente las grandes lagunas que aún tiene la investigación. 

Aquí te lo explicamos, capa a capa.

1. Los Constructores

El MP logró capturar a uno de esos constructores que ganaban mucho dinero del Estado, pero no pagaban impuestos.

Se trata de Carlos René Ayala Morales, quien también fue candidato a diputado por los partidos Viva y Fuerza, en elecciones pasadas.

Ayala Morales es dueño de una empresa llamada PCS, que recibía contratos medianos, y que ejecutó unos Q100 millones durante el gobierno de Alejandro Giammattei (2020-2024). Gran parte de este dinero fue otorgado por municipalidades.

El MP también ha girado órdenes de captura o citado a declarar a los representantes legales de otras cuatro constructoras.

Entre ellos, destaca V&T, una empresa que recibió más de Q400 millones en obras durante el gobierno de Giammattei. Estos fondos sí procedieron en su mayor parte del Ejecutivo, del Ministerio de Comunicaciones.

El representante legal de V&T, José Gaudencio Loarca no pudo ser capturado. Por el momento, está prófugo.

Es decir, en total, el MP ha actuado contra cinco de las constructoras.

¿Pero qué sucede con las otras?

Las constructoras implicadas en este caso son muchas más que cinco. Y entre ellas están poderosas empresas como SCM, Aspetro o 4 Carriles, que estuvieron entre las contratistas favoritas de los dos últimos gobiernos.

Estas son empresas que forman parte de grupos que han ejecutado miles de millones de quetzales de fondos públicos. Y que tienen propietarios cuestionados e influyentes como Gustavo Alejos, Ramiro Mauricio López Camey o Alejandro Matheu.

La fiscalía, sin embargo, no mencionó en su conferencia a ninguna de estas empresas o empresarios.

Según el MP, aún faltan gestiones en la SAT para que puedan procesar a más constructoras por defraudar impuestos.

Paradójicamente, el único capturado, Ayala Morales, es uno de los pocos constructores implicados que sí había dado la cara ante los medios y, según él, colaborado con la SAT.  

En septiembre pasado, Ayala Morales concedió una entrevista a Plaza Pública en la que explicó que se había acercado a la SAT para pagar los alrededor de 1.8 millones de quetzales adeudados.

La mayoría de implicados, en cambio, se han resistido a entregar documentación a la autoridad tributaria o han tratado de protegerse mediante amparos y denuncias, según explicó el jefe de la SAT, Marco Livio Díaz Reyes. 

Contra ellos, el MP aún no actúa.  

2. Las empresas fantasmas

Otro de los logros del MP es haber desentrañado parte de un robo de fondos públicos cometido a través de una empresa fantasma creada por B410.

La sociedad anónima protagonista se llama Grupo Propela. Fue utilizada para sustraer unos 12 millones de quetzales del presupuesto de uno de los principales hospitales del país: el San Juan de Dios, entre 2021 y 2023.

Según el MP, las autoridades del hospital le adjudicaban a Grupo Propela pequeñas compras, otorgadas a dedo. 

Se trataba de trabajos inespecíficos y difíciles de rastrear, del tipo: darle mantenimiento al sistema de drenajes o remozar un parqueo.

Según el MP, no hay constancia de que las obras se hicieran. Además, Grupo Propela carece de empleados, activos o una sede real.  Y tampoco pagó impuestos por estos ingresos.

En otras palabras, la empresa fue utilizada para cometer un robo al hospital y a la SAT.  

Pero ¿quién se benefició del dinero sustraído?

Aquí comienzan las debilidades de la investigación del MP.

La fiscalía ordenó capturar, por un lado, a seis altos cargos del San Juan de Dios por ordenar las compras fraudulentas. Entre ellos está el exviceministro ya procesado por corrupción en el caso del Hospìtal de Chimaltenango, Gerardo Hernández. 

Y por otro, el MP ordenó la captura del representante legal de Grupo Propela, un hombre llamado Antonio José Fernández Rodríguez, del que no mencionaron datos.

El MP solo logró aprehender a una de estas personas, el exjefe de mantenimiento del hospital: López Morales. El resto permanece prófugo.

Sin embargo, la fiscalía no encontró que este o el resto de funcionarios del hospital, recibieran el dinero sustraído a través de Grupo Propela.

El MP sí concluyó que el representante legal de la empresa, Fernández Rodríguez, obtuvo una parte. Fueron Q2.9 millones que cobró en efectivo.

Pero y ¿el resto del dinero? ¿Lo recibieron los funcionarios o hubo también otros beneficiarios?

En la conferencia de esta semana, el MP explicó que los fondos restantes se transfirieron a las cuentas de otras cuatro sociedades anónimas distintas.

La fiscalía también dijo que conocen el número de teléfono de la persona que compró a B410 la empresa Grupo Propela.  Esta persona, en teoría, podría ser la autora intelectual de todo el fraude y, por tanto, su beneficiaria principal.

Sin embargo, el MP no quiso identificar las sociedades que recibieron el dinero. Tampoco desveló la identidad del propietario del número de teléfono.

Solo explicaron que siguen trabajando en averiguar quién se esconde detrás de Grupo Propela.

En otras palabras, cuatro meses después, el MP aún desconoce algo tan importante cómo quién fue el beneficiario del dinero.

A estas debilidades, hay que añadir que el fraude cometido por Grupo Propela es solo uno de los diez similares detectados por la SAT cuando destapó el caso.

No está claro por qué se ha avanzado en este caso y no en los otros. 

Quizá ha influido que este caso, de hecho, ya había sido denunciado por las actuales autoridades de Salud. 

Estas ya advirtieron a comienzos de octubre que las obras encargadas a Grupo Propela nunca se realizaron y que todo se trató de un fraude cometido durante los años de Giammattei.

Por tanto, aún quedan al menos otras nueve empresas como Grupo Propela que, posiblemente, se utilizaron para sustraer fondos públicos. Y de ellas, el MP aún no tiene novedades. 

Según la fiscalía, la Contraloría General de Cuentas, aún tiene que avanzar más en las auditorías para que se puedan presentar resultados.

3. Los abogados

En los últimos meses, el rostro de David Barrera Maldonado apareció en portadas de periódicos. Varios periodistas indagaron en su biografía. Su nombre se repitió en decenas de artículos.

Desde hacía meses, era obvio que él era uno de los protagonistas del caso B410.

Y al final, esta semana, el MP lo capturó por lavado de dinero.

La fiscalía ya había allanado su oficina e incautado su celular en septiembre. Esto proporcionó  al MP conocimiento sobre cómo operaba e información para sustentar su captura.

Barrera Maldonado, como corroboró la fiscalía, se dedicaba a crear empresas en el Registro Mercantil, habilitarlas en la SAT y venderlas a cualquier interesado.

Creó alrededor de 500, aunque no está claro cuántas mantenía activas esperando un comprador y cuántas logró vender.

Por cada una, cobraba unos 13 mil quetzales, según explicó el MP.

Muchos de sus clientes eran personas que necesitaban una empresa por motivos legítimos y se la compraban a Barrera Maldonado para ahorrarse los trámites.

Pero el abogado también ofrecía otros servicios que le aportaban ingresos extra.

Por ejemplo, les proponía a sus clientes que la empresa que compraran la podían mantener domiciliada en una casa de la colonia Banvi II, de Mixco.  

Esto era útil porque, en realidad, la dirección no existía. De esta forma, los nuevos propietarios podían usar la empresa para, por ejemplo, emitir facturas falsas, y la SAT tendría grandes dificultades para descubrirlos.

Por este servicio, Barrera Maldonado cobraba una renta de 1,575 quetzales (no está claro, si mensuales o anuales, el MP no puntualizó).

Este era un servicio popular. Según el MP, el abogado llegó a tener 207 sociedades domiciliadas en la casa de la colonia Banvi II. Y de ellas, 57 estaban vigentes al momento de la investigación.

También ofrecía sus servicios como representante legal o apoderado de las empresas que vendía.  

Esto permitía a los verdaderos propietarios de una empresa permanecer ocultos y evitar posibles responsabilidades legales.

Este servicio tenía aún más demanda. Según el MP, Barrera Maldonado representaba en la actualidad a 341 sociedades diferentes.

En la conferencia de esta semana, la fiscalía entró en muchos detalles de la actividad de este testaferro profesional.

Pero también dejó algunas preguntas fundamentales sin respuesta. Por ejemplo, ¿Barrera Maldonado operaba en solitario?

La fiscalía mostró que no. En su presentación, uno de los fiscales a cargo del caso expuso que Barrera tenía sus propios clientes, pero también trabajaba para bufetes más grandes a los que él les proveía las empresas. 

Al analizar las cuentas del abogado, encontraron pagos por cientos de miles de quetzales que le realizaban tres firmas legales diferentes. ¿De qué bufetes se trata? El MP no lo quiso decir.