El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de Naciones Unidas publicó una serie de recomendaciones al Estado de Guatemala, luego de realizar una evaluación sobre los avances y retrocesos para la erradicación del racismo en sus múltiples dimensiones. Este subrayó la preocupación por la criminalización de líderes comunitarios, entre otros aspectos que continúan generando desigualdad hacia las poblaciones mayas, garífunas, xinkas y afrodescendientes.

El pasado viernes cinco de diciembre el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), de las Naciones Unidas, publicó en su sitio web oficial, sus recomendaciones al Estado de Guatemala, como resultado de su evaluación en noviembre de este año.

El resultado de esta evaluación confirma lo que organizaciones indígenas han denunciado durante años: el racismo estructural sigue intacto y el Estado no ha cumplido con sus obligaciones internacionales para erradicarlo. 

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) señaló retrocesos graves, como la criminalización de líderes comunitarios, la falta de datos fiables sobre pueblos indígenas y afrodescendientes, y la ausencia de una legislación integral contra la discriminación, que continúan reproduciendo desigualdad y exclusión. Las recomendaciones del organismo llegan en un momento en que el país enfrenta tensiones por desalojos, discursos de odio y un sistema de justicia que aún margina a quienes deberían tener prioridad en la protección de sus derechos.

Delegación estatal frente al escrutinio internacional

El 19 y 20 de noviembre el país asistió a la evaluación periódica del Comité (CERD) 3171st Meeting, 116th Session, Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) | UN Web TV en su sesión número 3171 y 3172, a través de la representación de una delegación de funcionarios del Estado que viajaron a Ginebra, Suiza, para responder las interrogantes de este comité.

Este mecanismo de Naciones Unidas, realizó una serie de cuestionamientos sobre los avances de recomendaciones realizadas en exámenes anteriores y denuncias recibidas de parte de organizaciones de pueblos indígenas en Guatemala. 

La evaluación fue moderada  por Michal Balcezark, presidente del Comité. Sin embargo, los encargados de realizar las interrogantes fueron el relator de país Abderrahman Tlemçani y la correlatora Verene Shepherd.

De parte del Estado de Guatemala, la evaluación fue dirigida por Miguel Pajarito, Comisionado de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas (CODISRA).

Las preguntas clave del Comité sobre datos, brechas y desigualdad

Algunas de las interrogantes emitidas en este informe número 18, por parte de los miembros del Comité a los delegados del Estado, fueron en relación a los avances y obstaculos que se tienen para la erradicación de la discriminación racial en Guatemala. 

Estas tienen que ver con los esfuerzos del país para recabar datos detallados, precisos  y actualizados sobre las poblaciones Indígenas, Garífunas y Afrodescendientes, migrantes y refugiados, en materia de educación, salud, empleo, vivienda y servicios de base.

Esto debido a que el último censo de 2018 no refleja datos exactos sobre estas poblaciones. Agregaron que datos detallados en las instituciones del Estado son importantes para implementar el Convenio Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial DECLARACIN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS y tratar las disparidades de los pueblos indígenas. 

Una legislación pendiente y discursos de odio en aumento

En la primera jornada el relator de país Abderrahman Tlemçani, cuestionó la ausencia de una legislación antidiscriminatoria que contenga una definición clara de la discriminación racial, incluidas legislaciones directas que se han reforzado para proteger los derechos de los pueblos indígenas maya, xinka, garifuna y afrodescendiente. También interrogó sobre las acciones que ha impulsado Guatemala para tipificar como delito los actos de discriminación racial y que estas sean tomada como agravante en la legislación nacional. 

Este comité consultó a los funcionarios sobre las acciones emprendidas ante los discursos de odio racistas, crímenes de odio racista, incitación al odio racial y la xenofobia en los medios de comunicación, internet, redes sociales, en particular contra los pueblos indígenas, garífunas y afrodescendientes, ¿Qué medidas ha tomado Guatemala para prevenir y sancionar estos actos? ¿Cuáles son los mecanismos de denuncia y  las reparaciones?. 

A esto se suma el cuestionamiento sobre el avance de iniciativas de ley específicamente de pueblos indígenas dentro del Congreso de la República. Y puso como ejemplo las Radios Comunitarias y Lugares Sagrados.  

Otro de los temas abordados en materia de legislación y acciones del Estado de Guatemala fue el avance  en la reparación de las víctimas del conflicto armado y el cumplimiento de los acuerdos de paz, el funcionamiento de las instituciones que se han creado con este fin y los recursos con los que disponen. 

 

Criminalización de líderes indígenas y uso excesivo de la fuerza

Un tema clave abordado en la evaluación fue la criminalización de líderes comunitarios y defensores de la naturaleza. 

En las intervenciones del comité se  resaltó la interrogante realizada a la delegación guatemalteca sobre las medidas que están tomando como gobierno frente a la represión de líderes comunitarios, expulsión y desalojo de comunidades debido al extractivismo.

Miembros del Comité agregaron en reiteradas ocasiones su preocupación por las constantes denuncias recibidas por parte de diversas organizaciones sociales sobre el incremento de la criminalización de líderes indígenas. 

Estos mencionaron  el  uso excesivo de la fuerza, la violencia por parte de empresas privadas para reprimir a los pueblos indígenas o la imputación de delitos de terrorismo por participar en movilizaciones pacificas como las ocurridas en octubre de 2023, derechos que son constituidos bajo la libertad de asamblea y la libertad  a la protesta.  Agregaron además el sesgo y el perfil racial que realizan los funcionarios con personas de pueblos índigenas, garífunas, afrodescendientes, migrantes y refugiados al momento de impartir justicia.

La respuesta oficial: avances señalados por la delegación del Estado

El proceso de evaluación se extendió por seis horas, distribuidas a lo largo de dos días. La sesión se estructuró en intervalos de 20 minutos, donde el Comité formuló sus cuestionamientos y los delegados del Estado presentaron sus respuestas. Esta evaluación fue dirigida por Miguel Pajarito, Comisionado de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas (CODISRA).

“La delegación está representada por los tres poderes del Estado, que promueven los derechos de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en el país” mencionó Miguel Felipe Pajarito, al comenzar la sesión. 

En respuesta a las preguntas del Comité, funcionarios señalaron, un progreso en la erradicación de la discriminación racial impulsada por el gobierno de Bernardo Arévalo. 

Este avance incluye la creación de un espacio de  diálogo permanente entre el Ejecutivo y las autoridades indígenas. En su intervención inicial, Pajarito mencionó que se han mejorado los servicios de salud en las comunidades, y se ha fortalecido la educación bilingüe e intercultural. Además habló de la firma de un acuerdo agrario con organizaciones campesinas para abordar la conflictividad agraria y la tenencia de tierras. 

Finalmente, indicó que se ha implementado una política de protección para los defensores de Derechos Humanos que específicamente incluye a los defensores de los Pueblos Indígenas.

Acceso a justicia e iniciativas legislativas para pueblos indígenas

Según la delegación, el organismo judicial cuenta con un mecanismo de acceso a justicia para pueblos indígenas que integra la pertinencia e idioma, así como  la creación de una secretaría de Pueblos Indígenas y el servicio de intérpretes en los 22 idiomas mayas.  

Sin embargo tal como publicamos en el podcast de No Ficción “El idioma, una barrera en el sistema de justicia para mujeres Indígenas”, este mecanismo aún es escaso. 

La delegación guatemalteca agregó que la Décima Legislatura ha impulsado esfuerzos adoptando legislaciones en favor de los pueblos mayas, garífunas,xinkas y afrodescendientes. Entre ellas, está el Día de los Idiomas Indígenas, el reconocimiento y estipendio de las comadronas y la modificación a la ley de presupuesto que permite inversión pública en tierras comunales de pueblos indígenas.  

Organizaciones indígenas cuestionan la versión del Estado en Ginebra

Ante las declaraciones realizadas por  la delegación de funcionarios que viajó a Naciones Unidas, organizaciones sociales se pronunciaron al respecto rechazando las afirmaciones realizadas en Ginebra.  

El Comité de Unidad Campesina CUC, lanzó un comunicado en el que afirma que actualmente el Ministerio de Gobernación no aplica ningún protocolo de desalojo en el que se garanticen los derechos de los Pueblos Indígenas, tal como lo afirmó la Comisionada Ana Perez de CODISRA.

La Asociación de Abogados Mayas de Guatemala también se pronunció acerca de la evaluación y mencionó el incumplimiento de la sentencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y Otros vs. Guatemala, que ordena al Estado garantizar el funcionamiento legal de las radios comunitarias y reservar parte del espectro radioeléctrico, así como eliminar su criminalización, expresando que hasta el momento no existen avances.

A esta evaluación también asistieron representantes de organizaciones sociales de Pueblos Indígenas, Mujeres Indígenas y Defensores de Derechos Humanos y del territorio.  Varias de estas organizaciones presentaron ante el  Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial informes alternativos, que contrastan los datos presentados por la delegación de funcionarios. Estos informes recaban información territorial de la situación de violación a derechos humanos de los pueblos indígenas. 

Las principales recomendaciones del CERD al Estado de Guatemala

El Comité, luego de algunas semanas de haber escuchado y conocido la perspectiva e información de la delegación de funcionarios guatemaltecos, emitió una serie de recomendaciones en las que resaltan:

La adopción de una legislación integral contra la discriminación. Que contenga una definición clara de la discriminación racial, incluidas sus formas directas e indirectas, múltiples e interseccionales. Esta legislación deberá abarcar todos los ámbitos del derecho, tanto de la esfera pública como de la privada. 

Dar prioridad en la agenda legislativa a la discusión y aprobación de las iniciativas legislativas que tienen por objeto fortalecer la lucha contra la discriminación racial. Así como la promoción y protección de los derechos de los Pueblos Maya, Xinka, Garífuna y Afrodescendientes. Entre ellas las relativas a la protección a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas sobre sus tierras y territorios, la jurisdicción indígena, los lugares sagrados de los pueblos indígenas, los medios de comunicación comunitarios, la protección de los derechos de propiedad intelectual colectiva sobre textiles e indumentaria de los pueblos indígenas y al día nacional de las mujeres garífunas y afrodescendientes. 

Incluir en la legislación una prohibición explícita de la elaboración de perfiles raciales. Y de las prácticas de controles basados en el perfil racial por parte de los agentes del orden. 

Adoptar un plan nacional sobre personas afrodescendientes en el marco del Segundo Decenio Internacional de los Afrodescendientes. 

Adoptar  medidas necesarias para prevenir, condenar y combatir el discurso de odio racial. Contra los Pueblos Maya, Xinka, Garífuna y Afrodescendientes, migrantes, solicitantes de asilo y refugiados. Incluido en internet y las plataformas sociales, así como los proferidos por figuras públicas y autoridades nacionales.

Facilitar la denuncia del discurso y delitos de odio racista. Y velar porque se enjuicie y castigue debidamente a los autores. Y porque las víctimas o sus familiares tengan acceso a recursos efectivos y a una reparación adecuada.

Reforzar los programas de formación para policías, fiscales, jueces y otros funcionarios. Encargados de la aplicación de la ley, entre otras cosas, sobre los métodos para detectar y registrar los casos de discurso de odio racista, investigar esos delitos y enjuiciar a los responsables.

Recomendaciones sobre criminalización, protesta y desalojo

Además, el Comité también emitió una serie de recomendaciones al Estado guatemalteco, relacionadas a la persecución, criminalización y encarcelamiento que enfrentan líderes indígenas por manifestaciones pacíficas en la actualidad. Así como el uso excesivo de fuerza y desalojos violentos en territorios de poblaciones originarias.

Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el pleno ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica y des asociación pacífica sin discriminación alguna por motivos de raza, color, linaje o ascendencia, u origen nacional o étnico. 

Adoptar las medidas necesarias para prevenir la utilización del derecho penal por parte del Ministerio Público para la criminalización arbitraria de miembros de Pueblos Indígenas por delitos de terrorismo y asociación ilícita por liderar o participar en manifestaciones pacíficas en defensa de sus derechos.

Garantizar el acceso a recursos judiciales efectivos en caso de que los derechos de los Pueblos Indígenas hayan sido vulnerados en el marco de desalojos y conflictos por tierras.

Miembros del Comité recordaron durante la primera sesión, el incumplimiento de recomendaciones hechas en sesiones anteriores, varias de ellas realizadas desde hace 10 años a los gobiernos de turno. Cabe mencionar que esta evaluación se realiza cada cuatro años, desde 1997 después de su ratificación en 1982 y publicada en el Diario de Centroamérica en 1984.