¿Por qué los procesos de las comisiones de postulación son tan difíciles de entender? ¿Por qué nos debería de interesar? ¿Qué eligen? Esta es una historia de abogados eligiendo abogados, para que estos elijan a otros abogados. Y a eso, en Guatemala, le solemos llamar elecciones de segundo grado. Una democracia gremial, rara y complicada.
En el estreno de la segunda temporada de Esto no es normal, le ponemos nombre a lo que nos duele como sociedad y a lo que no entendemos. En el primer capítulo hablamos sobre un tema nos preocupa pero no terminamos de entender su importancia: No es normal que las elecciones de segundo grado sean tan difíciles de entender.
Los periodistas Oswaldo Hernández, Carolina Gamazo y Bill Barreto desmenuzan el complejo y a veces “aburrido” mundo de las elecciones de segundo grado en Guatemala. El episodio se sumerge en la historia de cómo un gremio —el de los abogados— terminó escribiendo las reglas del juego para capturar las instituciones que deberían impartir justicia.
¿Qué son las elecciones de segundo grado y por qué nos afectan?
En este episodio explicamos qué sucede cuando los ciudadanos no votamos directamente, sino que delegamos en el Congreso y las Comisiones de Postulación la elección de las autoridades que deben impartir justicia. Analizamos cómo este mecanismo, que debería ser técnico, se ha convertido en un botín político.
Las Comisiones de Postulación nacieron con la Constitución de 1985 bajo la promesa de alejar la política de la justicia. Sin embargo, 40 años después, el resultado es el opuesto: la academia y el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) han sido colonizados por redes de poder que utilizan la “democracia gremial” para asegurar cuotas de impunidad.
La conversación identifica tres pilares que sostienen este sistema de cooptación:
- El CANG: convertido en un padrón electoral de 40 mil abogados donde se instrumentalizan votos para elegir cortes.
- Las universidades: el auge de nuevas universidades privadas se señala como una estrategia para multiplicar asientos en las comisiones, creando “canteras de votos” a cambio de títulos y diplomados.
- La función pública: puestos en el Ministerio Público y las cortes que funcionan como un “Club de Tobi”, donde los magistrados actúan como embajadores de los grupos que los financiaron.
En el episodio, los periodistas desmenuzan el papel de los decanos de derecho, magistrados y representantes del Colegio de Abogados (CANG). Exploran la crisis de la Corte Suprema de Justicia y las Salas de Apelaciones. Discutieron por qué es tan difícil para un abogado honesto y capaz llegar a ser magistrado sin tener que “negociar” con operadores políticos fuera de la escena pública.
¿Por qué estas elecciones son tan difíciles de entender?
Analizamos la estrategia de usar un lenguaje técnico y procesos burocráticos complejos para alejar el escrutinio público. Si la ciudadanía no entiende el proceso, no puede fiscalizarlo.
Alejandro Rodríguez, de Impunity Watch, explica que el sistema de Comisiones de Postulación en Guatemala ha sido capturado por una “democracia gremial” distorsionada, donde el Colegio de Abogados y las universidades funcionan como estructuras de poder político más que académico.
Según el especialista, este mecanismo permite que operadores y grupos de interés —que buscan impunidad en casos de corrupción y narcotráfico— controlen la elección de magistrados y fiscales mediante la movilización de votos gremiales a cambio de favores, títulos o prebendas.
Rodríguez advierte que este diseño, que originalmente buscaba despolitizar la justicia, hoy sirve para garantizar que las cortes respondan a agendas privadas, dejando al ciudadano común en una situación de total indefensión ante un sistema donde la justicia se negocia en desayunos y acuerdos bajo la mesa.
Segmento cultural: El crimen de la magistrada
El episodio cierra con una reseña del periodista Bill Barreto sobre la novela El crimen de la magistrada, de Francisco Pérez de Antón. La obra sirve como espejo de la Guatemala actual: un país donde la justicia se ha convertido en un mercado y donde, ante la inoperancia del Estado, surge el peligroso retorno a la “venganza privada”.
Las trampas no son normales
Aunque parezca un tema técnico, el episodio demuestra que esta corrupción impacta en lo más cotidiano: desde la imposibilidad de ganar un juicio laboral o proteger una propiedad, hasta la impunidad en delitos graves.
Se concluye en el episodio que las reformas o acciones ciudadanas son necesarias para que estas elecciones dejen de ser un secreto a voces y se conviertan en procesos transparentes basados en la meritocracia y la ética.
“No es normal que la decisión de un magistrado dependa de quién pagó el desayuno o el diploma o las becas para su asociación de abogados. No es normal que las universidades sean fábricas de votos gremiales. No es normal que un colegio sea disputado para controlar la justicia. Y no es normal que los ciudadanos nos sintamos excluídos y confundidos sobre cómo y quiénes definen nuestras leyes y nuestros derechos”, explica Hernández.
No es normal que la justicia requiera de trampas políticas para controlar una democracia.
