¿Qué pasa cuando los jueces deciden qué medicamentos debe comprar el sistema de salud? En Guatemala, los amparos judiciales se han convertido en un mecanismo cotidiano para forzar al IGSS a comprar medicamentos específicos. Lo que debería resolverse con criterios médicos, económicos y de salud pública, termina decidiéndose en tribunales. ¿Es normal que los tribunales receten medicamentos?
Este episodio especial es una diálogo entre dos periodistas, Pilar Crespo y Asier Andrés, quienes abordan cómo el recurso legal del amparo ha pasado de ser un mecanismo preventivo para proteger derechos fundamentales a convertirse en la vía principal de compra de medicamentos en el IGSS.
Esta dinámica ha permitido que jueces, y no médicos, decidan qué fármacos comprar, lo que genera un gasto astronómico —casi la mitad del presupuesto de medicamentos de la institución— y fomenta monopolios que encarecen la salud para todos los guatemaltecos.
La investigación reveló que el fenómeno de los amparos no es algo aislado, sino sistémico.
La magnitud del gasto y el impacto presupuestario
- Entre 2017 y 2024 se presentaron casi 4,000 amparos, lo que promedia uno por día.
- En 2024, el IGSS gastó 1,700 millones de quetzales en medicamentos amparados, lo que representa el 46% de su presupuesto total para medicinas.
- Este gasto se concentra en productos específicos, eliminando la competencia y forzando al IGSS a comprar a precios elevados.
El “negocio” detrás de los recursos judiciales
Detrás de la necesidad real de los pacientes, existe una red de actores que incentivan este mecanismo:
- Médicos privados: Inician el proceso emitiendo certificados que recomiendan marcas específicas no cubiertas por el IGSS.
- Abogados y Asociaciones: Se identificó que un grupo pequeño de abogados (tres personas presentaron más de la mitad de 1,000 casos analizados) y médicos lideran la mayoría de los amparos.
- Empresas Farmacéuticas: Las distribuidoras (tanto tradicionales como emergentes) se benefician al vender productos sin competencia y a precios de monopolio.
Casos emblemáticos: Irbesartán y Keytruda
El podcast utiliza ejemplos claros para ilustrar el despilfarro:
- Irbesartán (Aprovel): El IGSS gasta 310 millones de quetzales en esta marca para la hipertensión debido a amparos, cuando un genérico similar ahorraría más de 250 millones anuales.
- Keytruda: Un medicamento oncológico que no está en el listado básico del IGSS. Cada dosis cuesta 43,500 quetzales, resultando en un costo anual de 1.5 millones por paciente, un precio similar al de EE. UU. y el doble que en Europa.
Debilidades institucionales y falta de confianza
Dos factores internos del Estado alimentan el problema:
- Regulación débil: El sistema de control de medicamentos en Guatemala es percibido como ineficiente o corrupto, lo que genera desconfianza hacia los medicamentos genéricos y empuja a los pacientes a exigir marcas originales por la vía judicial.
- Listado Básico desactualizado: El IGSS no actualiza su listado de medicamentos esenciales con fármacos innovadores ni realiza estudios de costo-efectividad para defender técnicamente sus decisiones ante los jueces.
Consecuencias para la sociedad y el mercado
El impacto trasciende a los afiliados del IGSS:
Desigualdad: Se prioriza el presupuesto para quienes tienen acceso a abogados y amparos, dejando menos recursos para mejorar la atención general de los hospitales.
Precios altos para todos: Por ley, nadie en el país puede comprar más barato que el IGSS. Si el IGSS paga caro por un amparo, ese precio se convierte en el estándar mínimo para farmacias y hospitales privados.
