Las investigaciones por el caso de sobornos entregados por la constructora brasileña Odebrecht alcanzaron esta semana a diferentes operadores guatemaltecos, acusados de haber gestionado un soborno de 17.9 millones de dólares por la adjudicación de un contrato. Esta investigación supuso la captura del señalado político y empresario guatemalteco, Manuel Baldizón, quien podría ser el primer gran implicado en Centroamérica.
En diciembre de 2012, en una sesión de urgencia, el Congreso de los Diputados de Guatemala aprobó un préstamo del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil de 400 millones de dólares. Este fue el primero paso para que el Ministerio de Comunicaciones pudiera contratar, por 250 millones de dólares, a la constructora brasileña de Norberto Odebrecht, con el fin de ampliar la carretera CA2 occidente, que conecta la frontera de México a través de la costa del Pacífico.
Esta carretera, que hoy en día se encuentra en unas condiciones que la hacen casi intransitable, fue uno de las decenas de proyectos que, entre 2001 y 2016, la empresa Odebrecht ganó en concursos en todo el mundo a través del pago de sobornos. Una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, iniciada a raíz del caso Petrobras y consolidada con la información del llamado “departamento de sobornos” de la compañía, reveló que funcionarios de 12 países habían recibido 788 millones de dólares en sobornos a cambio de otorgar contratos a la compañía brasileña.
En Centroamérica, se vieron salpicados por el caso Guatemala, Panamá y República Dominicana. Mientras en estos dos últimos países ya se realizaron acuerdos verbales con las autoridades y acuerdos de indemnización, en Guatemala los primeros hallazgos de la investigación en proceso fueron anunciados este 24 de enero por el Ministerio Público y la CICIG, después de realizar varios allanamientos y capturas durante el fin de semana.
En una conferencia de prensa, la fiscal general Thelma Aldana constató que el soborno recibido, tal como se informó en diciembre de 2016, ascendió a 18 millones de dólares. Este dinero, según anunció ayer, será devuelto a Guatemala por la constructora brasileña a través de un convenio con el Ministerio Público.
El operador del pago de la coima fue, con base en los testimonios de dos colaboradores eficaces de Odebrecht, el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi. Este, a través de varias reuniones con el directivo de la constructora en Guatemala, acordó el pago de una comisión de 17.9 millones de dólares por la adjudicación del contrato, un 7.5 por ciento del total del costo de la obra, que ascendía a 250 millones de dólares.
De este dinero, Sinibaldi, también excandidato presidencial por el Partido Patriota, se quedó con 9.2 millones de dólares, y solicitó a Odebrecht que el resto fuera transferido a otros dos operadores. Con base en la investigación, uno de ellos es Arturo Batres Gil, entonces secretario de la vicepresidenta Roxana Baldetti; mientras que el tercer receptor del soborno fue, según los testimonios de los testigos de Odebrecht, Manuel Baldizón, exdiputado y, en aquel momento, candidato presidencial por el partido Líder.
Alejandro Sinibaldi, acusado de los delitos lavado de dinero, cohecho y asociación ilícita, se encuentra prófugo de la justicia desde junio de 2016, cuando se solicitó una orden de captura por el caso Cooperacha, de pagos al Presidente del Gobierno; y también cuenta con orden de captura por el caso Construcción y Corrupción. Arturo Gil Batres, acusado de cohecho lavado y asociación ilícita, también logró escapar a los allanamientos del pasado domingo y se encuentra prófugo.
Manuel Baldizón, el empresario petenero, que desde que perdió las elecciones presidenciales se había mantenido fuera del país, principalmente en Nicaragua, no tuvo la misma suerte. Este domingo 21 de enero estaba viajando a Miami, a través de República Dominicana, cuando el MP solicitó a la Interpol activar la alerta roja, y fue capturado por las fuerzas migratorias de Florida al intentar entrar en Estados Unidos. El empresario fue trasladado al centro de procesamiento de servicios Krome Nort, en Miami, donde se encuentra a la espera de que se resuelva su proceso de petición de asilo político a Estados Unidos.
Según informó el comisionado Iván Velásquez, en los allanamientos realizados el domingo en la finca Praga, propiedad de Manuel Baldizón, y conocida como una de sus Casas Blancas, fueron hallados artículos de lujo, una colección de carros Ford Mustang, un helipuerto y dinero en efectivo, en dólares y quetzales. Además, en este allanamiento, se encontraron dos personas en la residencia, quienes tenían orden de captura por un caso de fraude, y fueron retenidas.
Mientras que durante el allanamiento a las oficinas de Regal Group, donde tuvieron lugar las reuniones de Manuel Baldizón con los directivos de Odebrecht, fueron encontradas las oficinas fiscales de los Hoteles Ramada, Peten Espléndido y Casa Imperial, vinculados a Manuel Baldizón y que, según una investigación publicada en Nómada, fueron edificados desde 2011 y suponen un incremento de 30 millones de dólares del patrimonio del excandidato.
De momento, en esta fase de la investigación, no se ofrecieron los motivos por los cuales Alejandro Sinibaldi repartió la comisión con Baldizón o Batres, hijo Arturo Batres Rivera, exdiputado y financista del Partido Patriota y dueño de Farmacias Batres, y todavía está por determinar, informó la fiscal general, vínculos en el Congreso de los Diputados o con la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
Offshore y pagos por servicios inexistentes
“A finales de 2013 yo hablé con Luiz Eduardo Soares y le conté la situación de los pagos de Sinibaldi y él me dijo que lo ideal para trasladar esos recursos era abrir una cuenta en el Meinl Bank de Antigua y Barbados”… “Jegerlehner abrió la cuenta a nombre de Latam Independent Advisory, en abril de 2013 el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil pagó la mitad del anticipo de la obra, y de ahí salieron los siete primeros desembolsos para funcionarios públicos”. Estas son algunas de las declaraciones testimoniales de directivos de Odebrecht, recopiladas en el expediente a través de las cuales el MP pudo establecer el recorrido del dinero.
Todas estas transferencias, en base a la investigación, se realizaron a través del mismo método con el que operó Odebrecht. Los operadores guatemaltecos crearon off-shores en Panamá, que cobraban el dinero por el concepto de diferentes servicios que nunca serían prestados. Los pagos por estos servicios se recibían a través de transferencias a cuentas bancarias abiertas en el banco Meinl Bank, de Antigua y Barbuda, un banco que Odebrecht también utilizó para el pago de sobornos de otros países.
Alejandro Sinibaldi recibió su parte de la comisión, los 9.3 millones de dólares, en 12 pagos, emitidos entre 2013 y 2014 en los offshore Latam Independent Advisors, Rentamos LTD y Roa Corporation, todos ellos abiertos en Panamá. Los encargados de realizar las gestiones correspondientes a la apertura de las empresas y las cuentas fueron Arturo Jegerlehner, concuño de Sinibaldi, y Juan Ignacio Florido. Ambos, acusados de asociación ilícita y lavado de dinero y otros activos, se encuentran ya en prisión preventiva por el caso Construcción y Corrupción.
Arturo Batres recibió su parte de coima, correspondiente a 4,9 millones de dólares, a través del off shore Century Investment, también abierto en Panamá. Quien recibió el cobro fue Alex Antonio Arauz Monzón, también acusado de asociación ilícita y lavado de dinero.
Manuel Baldizón, por su parte, había pactado con Sinibaldi el cobro de 3 millones de dólares, pero finalmente solo recibió 1,360,000. Lo hizo a través de dos offshore, American Legal y de Jiangsu Dengda, gestionados por Jorge Eduardo Antillón Klussmann y Diego Chacón Yurrita, ambos capturados el domingo. Para el pago de los últimos 900,000 quetzales recibidos, Baldizón delegó a Pablo Yanes Guerra, hermano del diputado Mario Yanes, también imputado, quien se reunió con representantes de la empresa y solicitó que el pago se realizara a una empresa china, aún sin determinar en la investigación.
Según estos testimonios, Baldizón se reunió también con el representante de Odebrecht para pedirle su apoyo en la campaña presidencial. “En diciembre de 2014, Baldizón se comunica con el directivo de Odebrecht en Guatemala, porque quiere conocer a uno de los jefes que venía de Brasil y estaba en Guatemala. Se celebra una reunión en el hotel Camino Real donde Baldizón indica al delegado de Odebrecht que estaba en campaña presidencial, y que sería el próximo presidente, y que las empresas que le estaban ayudando, entre ellas Odebrecht, debían también apoyar la campaña”, relató Iván Velásquez en la conferencia.
El financiamiento a partidos políticos, tanto en el poder como en la oposición, como una forma de asegurarse el apoyo para la adjudicación de obras, fue otra de las prácticas de Odebrecht, según se reveló en la investigación.
Odebrecht podría alcanzar a Manuel Zelaya
Aunque El Salvador y Honduras no aparecieran en la investigación inicial de Estados Unidos, ambos están en proceso para determinar si hubo pago de sobornos por parte de Odebrecht. En el Salvador, según la confesión judicial, en abril de 2017, de Alenxadrino de Alencar, exdirector de Braskem, el brazo petroquímico de Odebrech, la constructora brasileña habría financiado con 1.5 millones de dólares la campaña del expresidente Mauricio Funes. De hecho, la Fiscalía salvadoreña ya ha solicitado a Brasil información sobre Funes y su exesposa, Vanda Pignato. De momento, la Fiscalía no ha informado los avances de esa investigación.
En Honduras, tal como anunció hace un par de días la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad -MACCIH-, de la Organización de Estados Americanos (OEA), ya cuentan con información sobre los contactos de Odebrecht en el país. En este proceso, dos fiscales del MP y la MACCIH se han trasladado estos días a Brasil para tomar testimonio a Marcelo Odebrecht, y otros directivos de la empresa, para establecer si hubo sobornos en la construcción de las represas Los Yanitos y Jicatuyo, en Santa Bárbara, en contratos establecidos durante el gobierno de Manuel Zelaya.
Con la investigación de Guatemala en proceso, y las investigaciones aún incipientes en El Salvador y Honduras, aún falta ver el alcance real de Odebrecht, que en el continente ha salpicado al presidente panameño Juan Carlos Varela, al colombiano Juan Manuel Santos, ha supuesto la orden de captura de dos hijos del ex presidente panameño Martinelli y también ha llevado a imputar al ex presidente peruano Alejandro Toledo. En Guatemala, de momento, el caso logró que el excandidato Manuel Baldizón, quien no logró escapar del clamor popular contra la corrupción en las elecciones de 2015, finalmente haya sido alcanzado por la justicia.