Buena parte del control político que ejerce el Congreso de la República pasa por las manos de los integrantes de su Junta Directiva. Para el periodo 2021-2022 sus miembros apenas fueron renovados, pero los cambios perfilan los reacomodos de la alianza oficialista. Aquí respondemos quiénes integran la nueva junta directiva del Congreso
La Junta Directiva (JD) es la responsable de dirigir las sesiones ordinarias y extraordinarias del Legislativo, así como de conocer la situación financiera y administrativa de este organismo del Estado. Es un órgano colegiado así que muchas de las decisiones clave que se toman desde este espacio requieren de la anuencia de sus integrantes.
Así, por ejemplo, que iniciativas de ley llegan finalmente a ser leídas al pleno del Congreso es discutido y decidido en la instancia de Jefes de Bloque; pero estas iniciativas pueden ser relegadas o nunca discutidas por decisión de la JD. La misma integración de esta instancia es un pulso político que se celebra cada año.
El pasado 21 de octubre el Congreso reeligió a Allan Rodríguez, del oficialista Vamos, como presidente Legislativo. Teniendo como vicepresidentes a Sofía Hernández, de UCN; Luis Rosales de Valor; y Armando Castillo, de VIVA, también reelectos. Confirmándose el núcleo duro de la alianza oficialista. Como secretarios fueron electos Carlos López, UNE; Rudy Pereira, FCN-Nación; Carlos Nájera, UNE; y Jorge García Silva; Prosperidad Ciudadana (PC).
En esa oportunidad quedaron fuera dos diputados de la anterior junta directiva: Felipe Alejos, de Todos, reemplazado en el cargo de primer secretario por Carlos López, UNE; y Hernán Morán, cuarto secretario, que fue reemplazado por Jorge García, ambos de PC.
La votación por esa JD fue una muestra de la fortaleza que la alianza oficialista presumía, previo a las manifestaciones del 21 de noviembre. Fue electa con una planilla única y el voto favorable de 107 diputados, 16 votos en contra y 37 ausentes (con licencia o sin ella). Entre los votos favorables se encontraban 30 de la facción “sandrista” de la UNE (afines a la excandidata presidencial Sandra Torres) y entre los votos en contra estaban los de diputados de Semilla, Winaq, Urng y Bien. La lista completa se puede consultar aquí.
Allan Estuardo Rodríguez Reyes, presidente, VAMOS, el ascendente invisible
Por segundo año consecutivo encabeza el Congreso de la República. Sin un amplio historial político Rodríguez, representante por el distrito de Sololá, figura como uno de los ejecutores de las acciones dispuestas por el presidente Alejandro Giammattei, incluso si estas representan irregularidades como archivar el Presupuesto 2021 para evitar un veto presidencial.
La carrera política de Rodríguez empieza en las juventudes del Partido de Avanzada Nacional (PAN) cuando este era dirigido por Álvaro Arzú Irigoyen, según relató a Nómada el exdiputado, Fernando García Gudiel.
“Después seguimos a Berger cuando se creó la Gran Alianza Nacional (Gana) y tras ganar las elecciones presidenciales, Allan Rodríguez fue a trabajar al Ministerio de Comunicaciones y yo al Consejo Nacional de la Juventud”, refirió el congresista.
Más tarde, en los comicios de 2015, Rodríguez se presentó como candidato a diputado por el distrito de Sololá con el partido Compromiso, Renovación y Orden (Creo), pero no fue elegido. Laboró, según registros del Congreso, como asesor del diputado García Gudiel, entonces parte del Partido Patriota (PP).
Disputó con el diputado Carlos Calderón ser el candidato de Vamos para presidir el Congreso, sin embargo, luego de que Calderón expresara el deseo de que el Ejecutivo no interfiriera en el Legislativo el apoyo al interior de la bancada se decantó por Rodríguez.
Durante su primer año de gestión tuvo un 71 por ciento de asistencia a las sesiones del Legislativo, según registros de la Alianza para el Congreso Eficiente. Hay que recordar que Rodríguez, luego de ser diagnosticado positivo de COVID-19, dejó en la diputada Sofía Hernández, de UCN, durante dos meses las funciones de presidente del Congreso.
Rodríguez tiene registradas como empresas individuales “Contein Consultoría Técnica Industrial” y “Blote-K” las cuales tienen contratos por Q413 mil 714 en servicios a instituciones del Estado entre 2010 y 2013, según reportes de Guatecompras.
Rodríguez Reyes también fue socio de Alma Lucrecia González Lemus en la empresa comercial Concha y Toro Sport Bar hasta el 23 de octubre de 2020, según el expediente 22551-2010 del Registro Mercantil. González Lemus tiene también registrada a su nombre la Constructora Construalma con contratos de obra pública por Q101.5 millones desde 2005.
Construalma recibió mayores contratos a partir de 2018 cuando registró Q23.7 millones, pasando de la adjudicación de obras con municipalidades a ser contratada por el Ministerio de Comunicaciones (CIV), en 2019 recibió Q29.75 millones y en 2020 sumó Q17.87 millones, en estos dos últimos años solo con el CIV.
Sofía Hernández Herrera, primera vicepresidenta, UCN y la sombra del narco en su partido
La diputada Sofía Hernández es una sobreviviente de dos de los partidos políticos cancelados por irregularidades en su financiamiento más sobresalientes de los últimos tiempos: el Partido Patriota y Libertad Democrática Renovada (Líder). Representa al distrito de Huehuetenango por el partido Unión del Cambio Nacional (UCN).
La profesión de la vicepresidenta del Congreso es psicóloga y laboró durante 15 años en el Ministerio Público. Fue electa diputada en el 2011 por el PP y en el 2015 con Líder por el distrito de Huehuetenango, también formó parte, brevemente del bloque Todos, y hacia finales de la anterior legislatura luego de la cancelación de PP y Líder, estuvo en el grupo legislativo Alianza Ciudadana (AC). En los comicios de 2019 se incorporó a la UCN junto a sus hijos Erick Geovany Martínez Hernández (electo por Huehuetenango) y Karla Andrea Martínez Hernández (electa por Lista Nacional).
El candidato presidencial de UCN, Mario Estrada Orellana, fue capturado en Estados Unidos en abril de 2019, por el delito de conspirar para ingresar droga a ese país, por lo que fue condenado a 15 años de prisión. En las negociaciones que Estrada sostuvo con colaboradores del Cártel de Sinaloa, que en realidad eran agentes encubiertos de la DEA, el entonces aspirante a la presidencia puso sobre la mesa la opción de dar paso a aviones cargados de droga a cambio de financiamiento electoral.
El liderazgo de UCN en el Congreso, desde la captura de Estrada, ha gravitado entre la diputada Hernández y el diputado Carlos Napoleón Rojas Alarcón, hijo del responsable de la de seguridad del expresidente Alfonso Portillo y señalado en la sustracción de Q120 millones del Ministerio de la Defensa, el coronel Napoleón Rojas Méndez.
En cables de la embajada estadounidense de 2007, filtrados por WikiLeaks, se describe a la UCN como “un pequeño partido (de cinco diputados) con bases en el este de Guatemala, y se informa que tiene vínculos con narcotraficantes”. Y se la calificaba a la agrupación como de ideología “narco”.
Hernández trabajó entre 1998 y 2011 en el MP como responsable de la Oficina de Atención a la Víctima, primero en la Fiscalía Distrital de Chimaltenango y después en la de Huehuetenango. En ese mismo periodo una investigación del portal InSight Crime, sobre el cartel de Los Huistas reportó “la existencia de vínculos entre el grupo de Los Huistas y la diputada Emilenne Mazariegos y con otra persona que ha trabajado tanto en el Ministerio Público, como diputada en el congreso. Además esos vínculos pudieron servir como interlocutores para manejar contactos al más alto nivel del ejecutivo”.
Más recientemente su hermano, Henry Hernández Herrera, fue detenido el 20 de enero de este año por la FECI por el delito de obstaculización de la acción penal en una investigación sobre el cartel de “Los Huistas”. Tenía una orden de captura solicitada desde 2018 por la fiscalía, la cual lo acusa de apoyar logística y operativamente a la organización criminal*.
El partido de Hernández, UCN, ha sido cancelado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) desde diciembre de 2019, sin embargo, acciones de amparo ante la Corte de Constitucionalidad y la pasividad del TSE han detenido la ejecución de la cancelación.
El año pasado Hernández fue relacionada al caso Comisiones Paralelas 2020 luego de que investigadores documentaran su visita al empresario Gustavo Alejos, detenido en un sanatorio, acusado de buscar manipular la elección de Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones.
Según la investigación preliminar de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) el automóvil que custodiaba a la diputada Hernández, el día que llegó a visitar a Alejos, está a nombre de la empresa Tec Dos Mil. Su representante legal es Walter Antonio Vargas Soto, vinculado a proceso penal por el delito de lavado de dinero en el caso Fénix, cuyo líder es Gustavo Herrera, operador político del grupo del exsecretario privado de la presidencia Juan de Dios Rodríguez, también bajo proceso penal.
Luis Alfonso Rosales Marroquín, segundo vicepresidente, VALOR, el alfil de la familia Ríos Montt
Rosales Marroquín es un político de larga data que regresó al Congreso de la República en la actual legislatura. Fue electo diputado por el desaparecido Frente Republicano Guatemalteco (FRG) durante el periodo 2000-2004 (manteniendo una vicepresidencia del Legislativo por dos años) cuando este partido también ocupó la presidencia de la República. Más tarde estuvo al frente de la Procuraduría General de la Nación (PGN) entre los años 2002 y 2006. Además, fue fiscal electoral del FRG hasta el 2011.
Como abogado litigante fue parte del equipo jurídico de la defensa del ex general Efraín Ríos Montt, líder histórico del FRG, durante su juicio por genocidio. Es considerado una persona muy cercana a la aspirante a la presidencia por Valor, Zury Ríos Sosa, quien finalmente no fue inscrita en las elecciones de 2019 por una prohibición constitucional. Rosales también acompañó a Ríos Sosa en las elecciones del 2015, por el partido Viva, agrupación por la cual el abogado fue electo diputado al Parlamento Centroamericano.
Rosales Marroquín encabezó la primera casilla de la Lista Nacional de su agrupación, su hermano Gabriel Eduardo Rosales Marroquín, fue el secretario de actas del partido en la última asamblea registrada por la agrupación en 2018.
Con nueve diputados el partido Valor es una de las agrupaciones que mantiene un apoyo constante a las propuestas del bloque oficialista liderado por Vamos y que incluye entre otras agrupaciones a UCN, Valor, FCN-Nación, Viva, PC, Humanista, y que en temas de manejo de la justicia suma a los partidos Todos y Unionistas.
El diputado Rosales ha sido uno de los más constantes diputados en el pleno con una asistencia del 97 por ciento a las sesiones realizadas. Además, es parte de la siempre decisiva Comisión de Asuntos Electorales, lo cual le otorga un rol protagónico en cualquier discusión de reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
Armando Damián Castillo Alvarado, tercer vicepresidente, Viva o el diputado de las carreteras
El diputado Castillo Alvarado ocupa su primera curul en el Congreso de la República. Actualmente el secretario general del partido Visión con Valores (Viva). Su profesión es ingeniero civil y ha brindado servicios de asesoría al Ministerio de Agricultura en 2012 y 2013. Fue candidato a diputado en los comicios de 2011 por Quiché y en 2015 ocupó la segunda casilla en la Lista Nacional por Viva, sin resultar electo en esos procesos.
Más tarde fue director de la Unidad Ejecutora de Covial, del Ministerio de Comunicaciones, nombrado durante el gobierno de Alejandro Maldonado y continuó en el cargo en 2016 durante la administración de Jimmy Morales. En abril de 2017 dejó este puesto por diferencias con la viceministra de Infraestructura, María Alejandra Má. También fue presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Ingenieros, cargo por el cual los integrantes del tribunal le pidieron la renuncia.
Como director de Covial recibió siete denuncias de la Contraloría General de Cuentas (CGC) y una del Ministerio Público por nombramientos de Junta de Licitación considerados no idóneos.
El partido Viva, del cual forma parte Castillo Alvarado, fue fundado en 2007 por el pastor evangélico Harold Caballeros, quien buscó la presidencia en 2011 y más tarde fue canciller del gobierno del expresidente Otto Pérez Molina durante su primer año de gestión. Esta agrupación postuló en 2015 a la exdiputada Zury Ríos. Mientras que en los pasados comicios Viva postuló al empresario de origen israelí y ex Embajador de Guatemala en Israel, Isaac Farchi Sultán, luego de que su candidato presidencial Juan Carlos Eggengerberg, renunciara por una demanda de violencia intrafamiliar.
Viva enfrenta una solicitud de proceso de cancelación en el TSE el cual fue retrasado por la suspensión de funciones del tribunal durante 2020 por la pandemia del COVID-19. El partido cuenta con siete diputados y ha sido un aliado constante del oficialismo durante el primer año de esta legislatura.
La bancada de Visión con Valores (Viva) removió de su jefatura al diputado Rudy González, cuatro días después de que Eider Iram Morales Juárez, el secretario y asesor de González, fuera capturado por la policía al cobrar una comisión ilegal a trabajadores del Ministerio de Comunicaciones a cambio de conservar sus trabajos.
Carlos Enrique López Maldonado, primer secretario, UNE, el heredero de Quiché
El diputado López Maldonado es el heredero del cacicazgo local de su padre, el exdiputado Carlos Enrique López Girón, quien fue gobernador de Quiché, a comienzos de los noventa durante el gobierno de la Democracia Cristiana (DC), más tarde fue diputado por el FRG entre el 2003 y 2007 y luego se incorporó la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y fue electo por este partido en 2011 y 2015.
El excongresista se encuentra prófugo desde marzo de 2017 en el caso Plazas Fantasmas y perdió su curul. En 2019 López Girón fue nuevamente acusado en esta ocasión por un caso de financiamiento electoral no registrado en la campaña del 2015 para la UNE.
López Maldonado prácticamente heredó la curul de su padre. En los comicios del 2019 pasó a ocupar la primera casilla de la lista de candidatos de la UNE en Quiché, anteriormente controlada por su padre, quien también fue integrante de la Junta Directiva presidida en 2015 por el exdiputado Luis Rabbé, detenido en México y pendiente de extradición.
El ahora integrante de Junta Directiva, López Maldonado, y su hermana Ingrid Karla López Maldonado, según una publicación de elPeriódico fueron contratados en 2015 por su padre como asesor y asistente, respectivamente. A pesar de que mantenían contratos paralelos en la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio de Salud simultáneamente.
El diputado López Maldonado es ingeniero civil de profesión y llegó por primera vez al Congreso en las elecciones del 2015, luego de que el diputado electo José Edmundo Lemus Cifuentes, en esos comicios por la UNE, no le fuera adjudicada la curul por ser contratista del Estado. En las pasadas elecciones Lemus fue electo nuevamente como diputado, esta vez por el oficialista Vamos, y actualmente es Ministro de Comunicaciones.
López Maldonado integró el año pasado comisiones legislativas clave como la Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas y la de Reformas al sector justicia. En 2017 votó a favor de las reformas al Código Penal, conocidas como Pacto de Corruptos para beneficiar a personas implicadas en casos de financiamiento electoral ilícito, y conmutar penas a criminales, entre ellas la de su padre.
Más recientemente López Maldonado se encuentra entre los congresistas que visitaron en un sanatorio de zona 2 al empresario Gustavo Alejos, procesado por seis casos de alto impacto, y acusado por el Ministerio Público de intentar manipular la elección de las Corte Suprema de Justicia en el caso Comisiones Paralelas 2020.
Rudy Berner Pereira Delgado, segundo secretario, FCN-Nación, el acusado de discriminación
El diputado Rudy Pereira es otro congresista de larga data en la actual Junta Directiva con un historial de transfuguismo en partidos como el FRG, PP y la UNE. Actualmente es representante de Alta Verapaz, uno de los distritos electorales más importantes del país, llegó al Congreso por primera vez en 2008 con la alianza UNE-Gana, pasó por los partidos PP y FRG durante esa legislatura pero fue reelecto en 2011 y 2015 por la UNE.
Luego de asumir su curul en el 2016 se trasladó al oficialista FCN-Nación antes de que se aprobaran las reformas a la Ley Orgánica del Legislativo que sancionaban la práctica del transfuguismo. Pereira es considerado uno de los políticos más influyentes de Alta Verapaz, un departamento estratégico por sus recursos naturales, con una fuerte presencia de monocultivos como la palma africana y de hidroeléctricas, así como por ser una de las rutas del narcotráfico en Guatemala.
Pereira enfrenta una solicitud de antejuicio por los delitos de discriminación, abuso de autoridad y tráfico de influencias luego de ser acusado, junto a otros diputados en 2016, de haber citado a la entonces gobernadora de Alta Verapaz, Estela Ventura, para presionarla para las contrataciones de personas afines al partido oficial.
Según una publicación de Prensa Libre la acusación señala que “la hicieron sentir indefensa por ser mujer”, además le gritaron “¡India estúpida! Así se ha hecho, así se hace y así se hará” también le dijeron que “no fuera tonta, las cosas se realizan de forma política y no democrática”. Periodistas captaron a la gobernadora saliendo de la reunión llorando. Meses después Ventura retiró la denuncia, pero la investigación había seguido de oficio.
En agosto de ese año la Corte Suprema de Justicia dispuso retirar la inmunidad a los diputados acusados por este caso, pese a lo cual Pereira fue inscrito como candidato en los pasados comicios y reelecto, en esta ocasión por el partido oficial saliente, FCN-Nación. Esta agrupación se encuentra cancelada desde noviembre de 2019, pero la aplicación de la misma se encuentra suspendida por un amparo pendiente de resolver en la Corte de Constitucionalidad.
Pereira fue parte de la influyente comisión legislativa de Finanzas Pública en 2018 y 2019, y el año pasado integró la comisión de Energía y Minas.
Douglas Rivero Mérida, tercer secretario, PHG, y su propuesta para reducir los controles a los partidos
El diputado Rivero Mérida es representante del departamento de San Marcos por el Partido Humanista de Guatemala (PHG). Fue director del Instituto Tecnológico Gerardi, en Pajapita, San Marcos, y actualmente es el secretario de actas de esa agrupación. No tiene un mayor historial político, pero sí conexiones familiares con el secretario general del partido, el también diputado del PHG, Rudio Lecsan Mérida Herrera, exdiputado del Frente Republicano Guatemalteco (FRG) y ex director de la Policia Nacional Civil (PNC) en el gobierno de Alfonso Portillo.
El PHG fue fundado en 2017 y promovió la candidatura presidencial del exdiplomático Edmond Auguste Mulet Lesieur quién obtuvo el tercer lugar en los pasados comicios. La agrupación cuenta con seis diputados cuyo jefe de bloque es Mérida Herrera, quien anteriormente fue diputado por el departamento de Huehuetenango por los partidos Unión Democrática (UD) y el FRG.
El hermano del secretario de Junta Directiva, Frank Jared Rivero Mérida, también fue candidato por el PHG ocupando la quinta casilla por Lista Nacional pero no fue electo; además es suplente XIV en el Comité Ejecutivo Nacional del partido. Durante este gobierno, sin embargo, fue contratado en el Ministerio de Relaciones Exteriores como vicecónsul en la ciudad de Hidalgo en México.
El año pasado el diputado Rivero Mérida fue integrante de las comisiones de Defensa Nacional y Asuntos Electorales. Junto al líder de su partido, Rudio Lecsan Mérida, presentó en noviembre pasado una iniciativa de ley para que los partidos no puedan ser fiscalizadas por la Contraloría General de Cuentas (CGC), no estén obligados a informar sobre el movimiento financiero a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), la Superintendencia de Bancos (SIB), ni enviar reportes a la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT).
En su propuesta de ley las contribuciones públicas o privadas ya no estarían centralizadas sino en cuentas separadas, además permite a los partidos que reciban contribuciones anónimas, se eliminaría la prohibición de aceptar donaciones a los candidatos y la obligatoriedad de llevar registros contables. De aprobarse esta iniciativa se derogaría el artículo 24 Bis “Rendición de Cuentas” de la actual ley .
La iniciativa también contempla que los agentes de la PNC en activo puedan ejercer el voto y cambios en la fiscalización de los secretarios generales de los partidos y la elección de los comités ejecutivos de estas agrupaciones.
Carlos Santiago Nájera Sagastume, cuarto secretario, UNE, 20 años en el Congreso y sumando
Entre los diputados más antiguos de la actual legislatura se encuentra el diputado Santiago Nájera. Representa al departamento de Jutiapa y lleva en el hemiciclo desde 1999. Fue electo en su primera legislatura por el FRG, ha sido integrante de UCN, Todos y ha sido independiente.
En las últimas dos elecciones, 2015 y 2019, fue elegido por la UNE. Nájera Sagastume, además de tener un peso importante entre los congresistas del oriente del país, tiene amplias conexiones en el sistema judicial. Entre 1994 y 1998 fue secretario específico y gerente administrativo de presidencia del Organismo Judicial y Corte Suprema de Justicia.
El diputado Nájera es uno de los diez diputados contra los que la CICIG y el MP solicitaron retiro de inmunidad en 2019 por el caso Asalto al Ministerio de Salud. Una investigación sobre la presunta existencia de una red en esa cartera encargada del cobro de comisiones ilícitas por la construcción y remozamiento de hospitales y centros de salud; la adquisición de bienes y servicios, y la contratación de 450 plazas (a través de modalidades de favores políticos, pagos mensuales y plazas fantasmas).
Nájera ha sido protegido por la actual CSJ quienes decidieron declarar sin lugar los antejuicios interpuestos contra los diputados Santiago Nájera y Boris España relacionados a casos de corrupción. El congresista también aparece mencionado en la investigación del caso Comisiones Paralelas 2020, por la cual se investiga al empresario Gustavo Alejos por su presunta manipulación de la elección de las cortes desde el Congreso.
En los registros del teléfono incautado por el MP a Alejos le aparecen comunicaciones con Nájera. Su hermana, Elda Nidia Nájera Sagastume, fue incluida en la nómina final para la Corte de Apelaciones. Como magistrada, Nidia Nájera incluye resoluciones favorables en apelaciones a la sentencia del fallecido capitán Byron Lima, condenado por el asesinato de monseñor Gerardi; de Efraín Ríos Montt, en el caso por Genocidio; redujo fianzas contra acusados como el general Eduardo Arévalo Lacs y el exdiputado Eduardo Meyer.
El diputado Nájera, al igual que López Maldonado, forman parte de la facción “sandrista” de la UNE que ha votado con la alianza oficialista en el Congreso. En diciembre fue expulsado del partido. Luego de las reformas a la Ley Electoral y Orgánica del Legislativo los diputados que no tienen el respaldo de un partido no pueden presidir comisiones de trabajo, ni ocupar puestos dentro de la Junta Directiva, ya que los mismos son designados para los partidos y no para los diputados. Por lo que la inclusión de Nájera pone en riesgo la continuidad de la actual Junta Directiva.
Jorge Adolfo de Jesús García Silva, quinto secretario, PC, el aspirante a exonerador de impuestos
Por último, llegó a Junta Directiva, Jorge Adolfo de Jesús García Silva, un diputado que regresa al Congreso. En 2011 fue electo por la alianza entre VIVA y Encuentro por Guatemala, una vez electo transitó entre los bloques Todos y Líder durante esa legislatura. En 2015 se postuló nuevamente al Legislativo, esta vez por Líder e incluso se afilió al partido figurando en su lista financistas pero no fue electo.
Regresó al Congreso, electo por Lista Nacional, de la mano del partido Prosperidad Ciudadana (PC), plataforma creada alrededor del exalcalde de Villa Nueva, Edwin Escobar Hill. El mismo fundador del partido acusó el año pasado a García Silva de abuso de autoridad, asociación ilícita, fraude y tráfico de influencias por favorecer a familiares de uno de sus asistentes en el Congreso, con puestos de trabajo en Insivumeh, Inde y Ministerio de Ambiente.
García Silva, también fue financista de campaña de PC, según una publicación de Ojo con Mi Pisto los familiares de Sabrina Véliz, activista de Prosperidad Ciudadana y asesora del diputado Jorge García Silva, empezaron a trabajar en el 2020 para el Insivumeh, Inde y Ministerio de Ambiente. Luego de que el partido obtuvo tres diputaciones en el Congreso y otros cargos en entidades públicas.
El congresista ganó un protagonismo negativo el año pasado por ser el ponente, al inicio de la pandemia de Covid-19, de una propuesta de ley para que las nuevas empresas que se instalen en el país no paguen impuestos durante cien años.
La iniciativa del García Silva, antiguo mandatario de empresas agroindustriales, contemplaba exonerar por cien años a las nuevas industrias al pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), Impuesto de Solidaridad (ISO) y todos los impuestos sobre la renta, Impuesto Arancelarios para toda la materia prima y maquinaria necesaria para su instalación, así como al Impuesto al Valor Agregado (IVA), por importación de toda materia prima y maquinaria necesaria para su instalación. La propuesta incluso llevó a que el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) publicara un comunicado desmarcandose de la propuesta de ley.
En el plano político, García Silva parece mantener una disputa por el control del partido PC con su fundador, Edwin Escobar. El exalcalde le indicó a Plaza Pública al respecto que el congresista presionó a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional del partido “a algunos les dio plazas y los condiciona, a los alcaldes los amenaza, y empiezan a echarse atrás. Así será difícil tener mayoría”, a la vez que aseguraba que esto puede llevar al partido a “hundirse con la corrupción del diputado y su asistente”.
*Información actualizada el 20 de enero de 2021 a las 13:30 hrs.
