Un día de septiembre de 2021, a solo dos meses de que Nayib Bukele cumpliera la mitad de su mandato, la Policía Nacional Civil (PNC) generó un reporte que vinculaba a agentes policiales con el asesinato de 279 personas en los 33 meses transcurridos desde enero de 2019. Para entonces, la Fiscalía ya tenía años siguiendo la pista a una organización a la que se conoció como Los Exterminio, que había iniciado en 2015 asesinando pandilleros, pero que después diversificó sus operaciones criminales y comenzó a asaltar todo tipo de negocios, a extorsionar, a dedicarse al sicariato y hasta a matar a policías sospechosos de estarles investigando. Los Exterminio nacieron en el oriente de El Salvador de la desesperación de unos empresarios asediados por las pandillas y, a pesar de que estas estructuras han sido desarticuladas desde 2022, uno de los fundadores del grupo asegura que en 2024 siguen operando. “Pero ya solo matan por dinero”, dice. Además, confiesa que él mismo tuvo que esconderse cuando se enteró de que alguien más en la organización había ordenado que le mataran. Los Exterminio han operado bajo la cobertura y colaboración extraoficial de la PNC y bajo la mirada displicente del Estado. La misma Fiscalía, que los investigó, supo de los planes para asesinar a por lo menos 54 personas y permitió que las mataran. Esta es la historia de una organización que ha penetrado a la Policía Nacional Civil y cuyos crímenes están en la impunidad.

Capítulo I: Ropas oscuras

En la madrugada del 10 de abril de 2016, un grupo de hombres que vestían ropas oscuras llegó a bordo de dos pickups todoterreno frente a la entrada de la cantina “El Basil Tropical”, ubicada a solo unos metros de la playa El Cuco, en el oriente de El Salvador. Algunos, aparte de armas largas, llevaban un machete en mano. Bajaron de los pickups y al entrar a la cervecería encontraron un grupo de hombres y mujeres jóvenes que escuchaban música, departían y bebían las últimas cervezas de la noche. “¡Somos la ley!”, gritaron, y les ordenaron que se tumbaran boca abajo. Seleccionaron a cinco personas y comenzaron a darles machetazos en el cuello y la cabeza. Quienes morían gritaban pidiendo auxilio y quienes mataban gritaban la sentencia: “¡Hoy sí les tocó, hijos de puta!” El ataque duró media hora. Los hombres con ropas que parecían ser uniformes de policías o militares limpiaron sus machetes, salieron y, antes de abordar los pickups, dispararon un par de veces al aire en señal de retirada.

La matanza inició cerca de la 1:30 de la madrugada y terminó a las 2:00 a.m. El puesto policial más cercano estaba ubicado a solo 85 metros de distancia -o a un minuto caminando-, pero ningún policía acudió sino hasta dos horas después. Cuando por fin llegaron, los agentes vieron a un joven que, con machetazos en cuello y cabeza, les suplicaba auxilio. Lo ignoraron.

En aquella operación ocurrió algo que ni los asesinos ni sus víctimas habrían esperado que ocurriera: que la Fiscalía supiera de los planes para cometer la masacre y que dejaran que se consumara. El Centro de Intervenciones Telefónicas, adscrito a la Fiscalía General de El Salvador, tenía intervenidos los teléfonos de los asesinos desde hacía casi ocho meses y estaba al tanto de los planes. Como lo estuvo también cuando esa organización criminal que incluía en sus filas a numerosos agentes policiales y hasta a algunos mandos medios de la Policía Nacional Civil (PNC) planeó y consumó otros 50 asesinatos a lo largo y ancho de todo El Salvador durante años.

Esta es la historia de un grupo de criminales al que se llegó a conocer como “Los Exterminio” en aquellas localidades donde sembraba el terror, al que un informe interno de la PNC llegó a atribuir 279 homicidios cometidos en solo 33 meses de reportes, y que estaba integrado por empresarios, agricultores, ganaderos, policías y militares que se confabularon desde 2014 y que, según uno de sus fundadores, sigue operando en 2024.

La tardanza de los agentes del puesto policial de El Cuco en reaccionar ante la masacre en El Basil Tropical, aquellos oídos sordos ante una matanza a escasos metros de distancia y en la que hasta hubo disparos de armas de fuego, no fue pura displicencia. Fue parte del modus operandi que generaron Los Exterminio desde 2015, que requirió -y obtuvo- de la cobertura y cooperación de oficiales de la PNC que algunas veces hasta dieron órdenes para que se retirara retenes policiales ubicados en la ruta por donde llegarían los asesinos o en el camino por donde huirían.

Esta ola de homicidios, que se concentró particularmente en 32 distritos (hasta 2023 llamados municipios) de cuatro departamentos del oriente de El Salvador, se hizo tan evidente para la Fiscalía que abrió por lo menos tres investigaciones que logró llevar a juicio.

En la PNC fue tan notable el indicio de participación de agentes policiales que, en septiembre de 2021, ya avanzada casi la primera mitad del gobierno de Nayib Bukele, la institución generó un voluminoso reporte interno sobre casos similares al de El Basil Tropical, pero ocurridos entre enero de 2019 y septiembre de 2021.

La matanza en El Basil Tropical -luego se sabría- tuvo el involucramiento o participacion directa de por lo menos ocho miembros de la Policía Nacional Civil, incluido al menos el jefe de un puesto policial.

El propósito fundacional de Los Exterminio fue asesinar pandilleros, pero pronto comenzó a atender encargos con motivaciones diversas y en un momento los blancos de los ataques podían ser incluso los mismos agentes de la PNC que intentaron investigarlos o impedir su trabajo. La red criminal fue diversificando sus operaciones y hasta la fecha se le atribuye 14 robos, incluidos asaltos a agencias de compañías telefónicas y a agencias bancarias. La mayor ironía llegó cuando un día uno de los empresarios fundadores tuvo él mismo que esconderse cuando se enteró de que alguien más en la organización había ordenado que le mataran. Esta persona asegura que la organización ha seguido con vida hasta 2024, aunque detalla que ya solo se dedica a matar por dinero, al sicariato.

Si los asesinatos atribuidos a esta organización se cuentan por cientos, también sus integrantes. Entre 2015 y 2020, la Fiscalía procesó a 120 personas acusadas de más de 40 de esos homicidios y cinco tentativas de homicidio. La norma ha sido la impunidad: la gran mayoría de esos policías, soldados, empresarios, ganaderos y agricultores acusados de los crímenes están libres y al menos dos de ellos, incluido un jefe policial, han retornado a sus puestos como garantes del respeto a la ley.

La investigación para este reportaje encontró que los datos oficiales sobre los 279 homicidios cometidos entre enero de 2019 y septiembre de 2021, aunque se acercan a las tres centenas, son una cifra conservadora. El reporteo que GatoEncerrado hizo en el lugar donde se cometieron 12 de los crímenes de Los Exterminio descubrió que muchas veces la cantidad de asesinatos que se reportaron cometidos por “personas uniformadas como policías” o por “personas vestidas con ropas oscuras” y que simulaban operativos policiales eran solo una fracción de los que en cada caso se cometían.

279 asesinatos, 120 acusados, 14 condenas

El 13 de septiembre de 2021, ya transcurrida casi la mitad del quinquenio presidencial de Nayib Bukele (del 1 de junio de 2019 al 1 de junio de 2024), la subinspectora Jessica Marisol Guevara, entonces jefa del Departamento de Análisis de la Unidad Central de Análisis y Tratamiento de la Información (UCATI) de la PNC, recibió en el buzón de su cuenta de correo electrónico institucional un mensaje de una de sus analistas. El mensaje era la culminación de una serie de intercambio entre policías y mandos medios y contenía un archivo en formato excel con un registro extenso de víctimas de homicidio en todo El Salvador. Los crímenes de aquella lista compartían dos características que constituían un patrón claro: en todos ellos, los homicidas vestían “ropas oscuras, parecidas a las que usan la PNC y la FAES” y en todos ellos los asesinos habían simulado operativos policiales. 

El documento, titulado “REQUERIMIENTO DECO HOMICIDIOS CON VESTIMENTA OSCURA”, contiene abundantes detalles de 279 homicidios cometidos entre el 4 de enero de 2019 y el 4 de septiembre de 2021. Aparte del nombre de la víctima y su edad, incluye las coordenadas geodésicas de la escena del crimen, la hora en que ocurrió y si la víctima estaba perfilada como miembro de alguna organización criminal.

La matanza en El Basil Tropical, aunque había sucedido cinco años y medio antes de aquel informe, tenía las características clave de los asesinatos caracterizados en ese reporte y constituía una de las huellas más claras que había dejado la actividad de aquel escuadrón de la muerte en su etapa temprana.

Para cuando la subinspectora recibió el reporte, la Fiscalía ya había hecho tres investigaciones sobre el fenómeno y una de sus conclusiones había sido que el problema era tan grave y el involucramiento de policías tan profundo que el compromiso riguroso de la Policía Nacional Civil como institución de prevención y combate del delito estaba en entredicho. 

La información de la Fiscalía y la de la Policía que retrata a esta red criminal ha estado bajo reserva, pero una serie de informes internos de la Policía Nacional Civil, más decenas de entrevistas con sobrevivientes de ataques, con investigadores policiales y fiscales, con un ex jefe policial, con al menos una docena de testigos y con uno de los empresarios fundadores de este escuadrón de la muerte, permiten concluir que todo ocurrió bajo la mirada del Estado y que la impunidad ha ganado la batalla.

El informe que recibió la subinspectora Guevara incluye una columna que se titula “Relato del hecho”, donde se incluye la descripción de los crímenes que los mismos policías que acudieron a levantar las escenas de los asesinatos redactaron en su momento. Esa información, más la que GatoEncerrado recogió en campo -a veces también se cruzó con notas de prensa que consignaban declaraciones policiales-, muestra que cuando la participación de agentes de la PNC era muy obvia, el hecho se reconocía pero se maquillaba como “enfrentamiento”. Esta investigación permitió descubrió también que varios de los homicidios sobre los que se reporteó en el terreno, fueron perpetrados días después de que las casas de las víctimas habían sido identificadas semanas antes por policías en allanamientos con fachada de legitimidad.

Por ejemplo, el documento registra que a las 7:55 de la mañana del 1 de julio de 2020, cuando Bukele cumplía 13 meses como presidente de El Salvador, los investigadores policiales llegaron a reconocer el cadáver de Carlos Ernesto Hernández Trejo, de 22 años, en la zona rural del distrito de Jucuarán, en sur del departamento de Usulután. 

El relato de los policías detalla que a las 11:45 de la noche anterior, “cuatro sujetos desconocidos, dos vestidos de ropas oscuras, aparentemente de policías, y los otros dos con ropas camufladas, parecidas al uniforme que usan los miembros de la Fuerza Armada, todos armados con armas de fuego de tipo corto y largo, les tocaron la puerta principal de su vivienda y se identificaron como policías”. Un familiar de Carlos Ernesto Hernández Trejo abrió la puerta y los uniformados ingresaron, esposaron a la víctima y le dijeron al familiar que si quería ver a su pariente “podía ir a verlo a las bartolinas de la delegación de Usulután”. Todo esto “sin mostrar ninguna orden de detención”. Los hombres amenazaron al familiar de la víctima con una pistola en la cabeza y le conminaron para que permaneciera dentro de la casa. “Posterior a estos hechos, el familiar procedió a llamar a la Policía y a dar aviso de lo sucedido (…). Inmediatamente llegaron los policías uniformados a bordo del equipo policial # 05-3554 pertenecientes a la subdelegación policial de Jiquilisco, Usulután; quienes de inmediato alertaron de los hechos sucedidos a dicha subdelegación, y procediendo a rastrear la zona. Es así que aproximadamente a unos 30 metros de la vivienda en donde residía la víctima, sobre el suelo y la maleza de la calle, fue encontrado el cuerpo ya sin vida del señor”, dice el documento.

Al siguiente día, fuentes policiales admitirían la participación de policías en el crimen, aunque dirían que había habido un enfrentamiento. Aquel hecho fue registrado por La Prensa Gráfica en una escueta nota, que además revelaba que las personas asesinadas habían sido dos, no solo Hernández Trejo. La nota asegura que, según información brindada por “las autoridades” en el lugar también fue encontrado muerto Geovanni Alexander Franco Hernández “ambos abatidos en un supuesto enfrentamiento con policías. La Policía Nacional Civil asegura que los fallecidos eran pandilleros y que atacaron a los agentes mientras realizaban un patrullaje preventivo. Agregan que otros pandilleros participaron y escaparon. No se reportan policías lesionados”.

El documento que llegó a las manos de la subinspectora Guevara incluye una columna titulada “Victimario”, y en este caso los investigadores colocaron en la casilla correspondiente tres letras: “PNC”. En la columna “Tipo de Violencia” escribieron “Procedimiento policial”.

Un informe interno de la Policía Nacional Civil expone las circunstancias de 279 asesinatos cometidos entre enero de 2019 y septiembre de 2021. Esos homicidios tienen en común lo que los agentes escribieron en dos columnas clave: en la de “Victimario” colocaron tres letras, “PNC”, y en la de “Tipo de violencia” escribieron “procedimiento policial”.

Así como este, el documento consigna otros 278 casos en los que lo que varía es el lugar, el número de víctimas y la hora de los homicidios, pero en la mayoría se repite el modus operandi. 

El fenómeno que retrataban los datos de aquel documento no era algo ajeno al más alto nivel de la Policía. Al menos desde finales de 2020 hasta mayo de 2021, la Unidad Central de Análisis y Tratamiento de la Información (UCATI) elaboró 17 informes que remitió al subdirector de Investigaciones de la PNC, Rómulo Pompilio Romero, en los que se advertía sobre la operación de estas estructuras criminales. 

Por ejemplo, el informe de la UCATI del 7 de enero de 2021, titulado “Informe de Inteligencia Criminal Nacional Mensual (ICE-NM)” consigna que en el mes previo fueron registrados 102 homicidios en diversos puntos de El Salvador, de los cuales tres se atribuyen a “Actuación de Grupos Armados”, por casos ocurridos en los distritos de Usulután, Concepción Batres (ambos en el departamento de Usulután) y Guaymango, en Ahuachapán.

El informe advierte que en en estos tres casos había un patrón: “Todos estos hechos con la particularidad de actuación de grupo armado con modalidad metódica y organizada; las víctimas, 01 miembro de la mara MS13, 01 de la Pandilla 18S y 01 sin perfil pandilleril; en estos hechos se identifica la utilización de ropas oscuras similares a policías y cubiertos del rostro”.

Otro informe, correspondiente mayo de 2021 y fechado 14 de junio, reporta 118 homicidios en todo el país, de los cuales atribuye seis a la “Actuación de Grupos Armados”. El análisis de aquellos homicidios dice lo siguiente: “Todos los casos tienen la particularidad de actuación en grupo, utilizando vestimentas similares a las policiales y militares y haciéndose pasar como policías o soldados. En el caso de Santa María, en Usulután, ya suma 2 casos, el anterior ocurrió en abril, en la misma colonia y cantón del reportado en este mes de mayo. Los otros municipios que presentan este tipo de actuación son: San Miguel, Sensuntepeque, Moncagua, Armenia y Panchimalco”. Sobre estos informes, hasta donde GatoEncerrado pudo corroborar al revisar el intercambio de correo institucional, no hubo respuesta de parte del subdirector de investigaciones de la Policía. El subdirector Rómulo Pompilio Romero murió el 8 de septiembre de 2024 en un accidente de helicóptero en el que se transportaba junto a otro subdirector policial y junto al director general de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, quienes también perecieron en el choque.

El documento que llegó a la subinspectora Guevara y el intercambio de correo institucional sobre la detección de este escuadrón de la muerte fueron puestos bajo dominio público en 2022 por el grupo DDO-Secrets en lo que se conoció como la filtración “Guacamaya Leaks”.

A partir de ese documento GatoEncerrado eligió 10 localidades de los tres distritos del oriente de El Salvador que mostraban mayor incidencia de grupos de exterminio para ir a levantar información sobre lo ocurrido. Entre octubre de 2023 y febrero de 2024 GatoEncerrado visitó 10 cantones de los distritos de San Miguel, Concepción Batres y El Tránsito. Durante esas visitas se conversó con familiares de 12 víctimas, se entrevistó a agentes policiales, líderes comunales, investigadores privados, fiscales, trabajadores del sistema de justicia que tuvieron acceso a investigaciones relacionadas con estos casos, dos pandilleros locales y un miembro fundador de uno de los principales grupos de exterminio que operaban en esa zona. Todos los entrevistados coinciden en que Los Exterminio han operado con impunidad. Esta investigación es el producto de ese trabajo más lo que se pudo recoger a lo largo de decenas de entrevistas con políticos, líderes locales y varios miembros de Los Exterminio -incluido uno de sus fundadores- realizadas desde 2016 hasta el primer semestre de 2024.

GatoEncerrado también tuvo acceso a tres investigaciones de la Fiscalía presentadas ante el sistema judicial que corresponden a casos del período 2015-2020 y que tienen reserva total, es decir que están puestas bajo secreto por el Estado.

Esos requerimientos de la Fiscalía ante los juzgados describen en cientos de páginas un entramado en el que policías de bajo, medio y alto rango, empresarios locales y ganaderos del oriente de El Salvador se organizaron para crear grupos de “limpieza social” bajo la sombra y mirada del Estado y mataron durante seis años a decenas de personas con presunta pertenencia a pandillas. Los documentos también describen cómo el sistema de justicia salvadoreño, incluyendo al que desde mayo de 2021 es controlado por Bukele, se encargó de dejar libre a la inmensa mayoría de los señalados: de 120 imputados, hasta febrero de 2024 solo se informaba públicamente de la condena de 14.

Visita policial precedía a matanza de Los Exterminio

Un par de kilómetros después de tomar la calle que desde la Carretera del Litoral lleva hacia la playa El Espino, se deriva un camino de tierra que se extiende como una enorme serpiente entre los cerros del sur del departamento de Usulután. Al final de esa calle aparecen unos campos de maíz y frijol y más adelante se llega a unos cantones usando las referencias locales. “De la casita azul, hasta que vean un callejón largo, de ahí una subidita a la montaña, ahí los mataron”. O “La mamá de los muchachos matados está arribita de La Caldera”. La Caldera alude a eso, a una vieja caldera de vapor, y es un punto de referencia porque en ella coinciden los tres caminos principales que luego se irrigan en este cantón.

El 5 de enero de 2019, a pocas cuadras al sur de esa caldera, un grupo de hombres vestidos de negro visitó la casa de Esperanza. Buscaban a sus hijos, V. y E., de 24 y 19 años. Entraron a la casa, abrieron las puertas de los cuartos, tiraron a los jóvenes al suelo y les preguntaron por el dinero de las extorsiones. No hubo respuesta. Quitaron los teléfonos celulares a todos los miembros de la familia y destruyeron el teléfono fijo de la casa. Dijeron a Esperanza que llevarían a sus hijos a la delegación policial de Usulután, donde deberían preguntar por ellos. Esperanza entró a su habitación para cambiarse de ropa porque pretendía seguirlos, y entonces escuchó: “¡Pah, pah, pah…! Fueron como 14 o 16 balazos. Le grité a mi otro hijo “¡tus hermanos!” y me desmayé. Cuando desperté ya estaban sin vida los cuerpos de mis hijos”, dice Esperanza, ya entregada al llanto, un día de noviembre de 2023, en el mismo predio donde irrumpieron los asesinos vestidos de policías. Esperanza cuenta que unos meses antes del asesinato de sus hijos, unos policías llegaron a su casa, hicieron un cateo, inspeccionaron el lugar, tomaron fotografías y se fueron. 

GatoEncerrado visitó 10 localidades del oriente de El Salvador para buscar en campo información sobre los 279 asesinatos con presunta participación policial que registró la PNC en 2021. Conclusiones: 

• El informe interno de la PNC se quedó corto sobre la cantidad de homicidios cometidos por Los Exterminio con participación policial.
• Los ataques solían disfrazarse como “enfrentamientos”.
• Con frecuencia a la visita de Los Exterminio le precedía una visita policial. 

El de Esperanza es uno de decenas de casos similares en esta parte del suroriente salvadoreño donde todos los indicios apuntan a que los asesinos eran policías. Para ubicar a esas víctimas del grupo de exterminio en los cantones de San Miguel y Usulután que GatoEncerrado visitó, este medio elaboró un “mapa de los muertos” que usa las mismas referencias geográficas que los habitantes locales y que quedaron reflejadas en los reportes policiales elaborados al levantar las escenas de los asesinatos e incorporadas luego al documento que llegó a la jefa de la UCATI. Los oficiales incluyeron indicaciones como “Cerca del tanque”, “A X casas de la caldera”, “cruzando el cañal”… Sin embargo, son tantas las víctimas de Los Exterminio en esta zona que una víctima lleva a otra y así sucesivamente.  

“Aquí hubo bastantes muertes que hicieron esos hombres. Aquí en la caldera vive Fernanda, la hermana de una señora que mataron. La finada se llama Dafne”, cuenta Esperanza. “También mataron a un muchacho. A esa gente la mataron un mes después de que me mataran a los míos”, dice.

Dar con la casa de Dafne es relativamente fácil. Basta con preguntar por “la señora que mataron Los Exterminio por aquí” y la gente señala su casa. Ahí está Fernanda, la hermana, quien ahora habita con su familia esa casa. Dafne era madre de un pandillero de la MS13 que ya estaba condenado y preso en una cárcel del occidente salvadoreño. Un día llegaron unos policías que hicieron un cateo. Y, como en otros casos, semanas después aparecieron Los Exterminio y la mataron. Fernanda cuenta que a su hermana le sacaron de su vivienda la noche del 19 de enero de 2019, dos semanas después de la ejecución de V. y E., la interrogaron en un callejón a metros de su casa y allí la asesinaron. Como en varios casos documentados por este medio, la visita policial se convirtió en un hecho premonitorio de la visita de Los Exterminio.

De acuerdo con el informe sobre homicidios cometidos por personas con “Ropas oscuras”, el fenómeno se ha manifestado en los 14 departamentos del país, pero la mayor incidencia ocurrió en la zona oriental. 

En 2017, la Revista Factum reveló la existencia de grupos de exterminio que operaban dentro de unidades élite de la PNC y que tenían capacidades para movilizarse a cualquier zona del país para matar pandilleros, familiares de pandilleros o simplemente para cometer sicariato.

La operatividad de estos grupos probablemente se ha ido reduciendo: el documento que recibió la subinspectora Guevara registró en 2019  un total de 183 casos; en 2020, 60, y en los primeros nueve meses de 2021, 34. Para febrero de 2019 ya había registrado como victimarios a dos agentes de la PNC. Una de cada 10 personas asesinadas eran mujeres: 27 de las 279.

Familiares de víctimas, líderes comunales, pandilleros activos, dirigentes políticos e incluso un miembro fundador del escuadrón aseguran que Los Exterminio dejaron de operar de forma sistemática desde marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, pero… “Ellos siguen operando, pero ya solo con casos particulares. Pendientes que les han quedado y casos por los que les dan dinero. Sicariato, pues”, asegura Leñador, uno de los fundadores del grupo que ahora dice haberse retirado, pero que está al tanto de lo que ocurre en la organización. “Ahí adentro tengo gente que me ha contado que incluso me quieren matar a mí”, dice Leñador.

En diciembre de 2023, GatoEncerrado viajó al oriente de El Salvador para recabar información sobre los casos más recientes que incluye el informe. El último caso registrado en esa zona ocurrió el 9 de agosto de 2021 a las 10:00 de la noche en la colonia Miraflores, de la ciudad de San Miguel. Luego de una visita a la colonia y preguntar dónde fue asesinado Julio César Escobar Orellana, los vecinos dijeron que la familia había huido de la zona. “Ya no viven aquí. Se fueron después de que mataron al muchacho”, dijo un vecino. Lo mismo pasó con otros tres casos que ocurrieron en los últimos meses de 2019 en una zona rural de Usulután. Los sobrevivientes huyeron, sumándose a la lista de 455 mil 900 personas desplazadas por violencia en El Salvador en ese año, según un informe del Centro de Monitoreo Sobre Desplazamiento Forzado (IDMC, un organismo privado originado en Noruega en 1998 cuya labor le ha valido para trabajar con agencias de la ONU y con diversidad de gobiernos). 

“Leñador” pasa de fundar a huir de Los Exterminio

Leñador es un hombre de porte recio, blanco y bajito, de andar holgado y brazos fibrosos. Y, sin embargo, no es de su físico de donde proviene el seudónimo que usaremos para nombrarlo en esta historia, sino de una frase que suele pronunciar cada vez que se mueve de un sitio a otro. “Permítanme, voy a llevar la raja de leña”, dice, y va y trae consigo una escopeta calibre 12 del color de la noche. Su raja de leña, como él la llama, está modificada para poder disparar tiros continuos sin tener que recargar tras cada disparo. Esas partículas de segundo que tardaría cualquiera en chasquear una escopeta normal, sabe Leñador, pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Sobre todo cuando uno lleva una vida como la suya.

Leñador fue militar en la guerra civil salvadoreña de la década de los 80s, y luego de desmovilizarse decidió emprender algunos negocios. Emprendimientos de poca monta, al principio, pero Leñador conoce a todo el mundo en San Miguel, la ciudad más importante del oriente salvadoreño, y decidió capitalizar eso. Un contacto llevó a un socio y un socio a otro socio y Leñador terminó siendo copropietario de dos negocios sobre una de las avenidas más importantes de la ciudad. 

Conocimos a Leñador a mediados de 2016. Llegamos a él luego de preguntar a muchas fuentes por algún miembro del grupo de exterminio con el que pudiéramos hablar. Luego de una breve presentación y de contarle que un amigo suyo nos había recomendado buscarlo, aceptó sentarse con nosotros. Para entonces, Leñador no solamente llevaba consigo a su fiel compañera. En su cinto llevaba además una pistola Beretta y -por si hacía falta- un guardaespaldas fornido sobre cuyo pecho colgaba una subametralladora Uzi. Valga decir que portar aquella arma automática en El Salvador únicamente es posible mediante un permiso especial. Uno que, por supuesto, Leñador no tiene.

Dos años antes de que le conociéramos, en 2014, un muchacho le dejó en su negocio una nota. Contenía información sobre su familia y un monto que debía pagar. No especificaba quién o quiénes eran los remitentes, pero en realidad no hacía falta. El papel sí decía cuáles serían las consecuencias de no pagar. La amenaza de muerte hizo que pagara. Pero, siendo el hombre decidido y bravo que es, pasó noches pensando en el asunto. Decidió hablarlo con algunos amigos que tenían negocios de su mismo rubro y se escandalizó cuando todos esos hombres fuertes y de pistola al cinto le confesaron, avergonzados, que ellos también pagaban extorsión desde hacía meses o incluso años a la Mara Salvatrucha 13. “¡No puede ser! ¡Puta, tenemos que hacer algo!”, recuerda que les dijo. “Yo en todo caso no vuelvo a pagar, porque estoy armando a esos cabrones (a los pandilleros) y con esas mismas armas me van a matar cuando no pueda pagar”, cuenta ahora, sentado en una silla con respaldo de esponja detrás de su pequeño escritorio en las oficinas de su negocio. Esa vez Leñador remató ante sus colegas con una frase que dice seguir creyendo a día de hoy: “Que me maten con el dinero de otro, no con el mío”.

A finales de 2014, un militar retirado recibió una amenaza directa de la MS-13 contra su familia y su negocio. Para “Leñador” aquello fue demasiado y fundó lo que eventualmente se conocería como “Los Exterminio”. Su ejemplo inspiró a otros y surgió una red de grupos cazapandilleros con cierto nivel de coordinación, pero pronto a muchos de sus miembros ya solo les importaba lucrarse y se convirtieron en asaltabancos, en extorsionistas y en sicarios. Un día el mismo Leñador tuvo que esconderse de Los Exterminio cuando supo que alguien dentro había ordenado que le asesinaran.

Como militar retirado, Leñador no tuvo muchas dificultades para contactar ni con amigos policías ni con amigos militares. Se organizaron y convocaron a sus colegas empresarios. Juntos decidieron, dice, “darle seguimiento a los extorsionistas”. Cuando se le pide que precise en qué consistía esa operación de “dar seguimiento” a los extorsionistas y qué hicieron con ellos, Leñador es difuso, ambiguo y se contradice. Rápido prefiere pasar a contar que luego de esa primera y difusa “operación” comenzaron a buscarlo otros amigos que estaban padeciendo el mismo problema. Esta vez ya no eran solo del mismo rubro que él, lo buscaron ganaderos y agricultores para que les “asesorara” sobre cómo enfrentar la situación. “Asesorar” es el verbo que Leñador usa para referirse a sus actividades. No era una ocupación habitual, y además, según él cuenta, no cobraba nada por estos “servicios”. En estos menesteres descubrió y conoció a otros empresarios y a exmilitares y policías en servicio que se dedicaban a cazar extorsionistas y perseguir bandidos en el oriente del país. Sin embargo, tanto Leñador como sus colegas sabían que su pretensión era cazar a un depredador poco conocido, a un animal de muchas cabezas.

El grupo de Leñador fue el inicio y sirvió de inspiración para que luego surgieran células de exterminio similares en diversidad de lugares del oriente salvadoreño. Aunque no había una cabeza como comando general, sí había una interacción suficiente con la organización fundada por Leñador para coordinar operaciones.

Leñador es uno de los miembros fundadores del grupo de exterminio en San Miguel. Cuenta que su vinculación con aquellos amigos inició luego de pasar una década extorsionado por una célula de la Mara Salvatrucha 13. Leñador es dueño de un próspero negocio en la periferia de la ciudad. Cada mes, desde el año 2005, dice Leñador, pagó una cuota que varió desde los 200 hasta los 2 mil dólares. Pero no fue el hastío de la extorsión lo que lo empujó a vincularse con los que luego serían conocidos como Los Exterminio, sino una llamada que recibió una tarde a finales de 2014.

“Los cabrones querían aguinaldo. 3 mil dólares extras aparte de los 2 mil mensuales que me estaban pidiendo. Me dijeron que ya sabían dónde trabajaba mi esposa y dónde estudiaban mis hijos. Me mandaron una foto de ellos en la calle. Los tenían vigilados. Entonces dije ya basta”, recuerda Leñador. En ese momento, dice, empezó el germen de lo que terminaría siendo un grupo de “limpieza social”.

Así, Leñador terminó siendo fundador de un grupo de exterminio que operó durante mucho tiempo gracias a las características que se le imprimió. Fundó una organización que no solamente tenía un brazo armado para poder seguir su razón de ser -hombres dispuestos a matar-, sino que también requería de logística para poder localizar con precisión los blancos de sus ataques, de cobertura para poder ejecutar sus asaltos sin sufrir mayores contratiempos, y de impunidad para poder cometer cientos de asesinatos durante años y sin castigo. Dicho de otra forma: fundó una organización que requería -y obtuvo- colaboración extraoficial de agentes del Estado.

“Mi primer acercamiento fue por el coronel de esta zona”, explica Leñador. “Mi amistad con él empezó cuando me pidió ayuda… Yo le presté un camión. Con el tiempo él se enteró de mi problema y un día me habló en confianza: Mire, yo ando en esto y lo que le pasa a usted me pasa a mí, me dijo”.

Sintiéndose protegido nada menos que por la Fuerza Armada, Leñador se dio a la tarea de guiar a Los Exterminio por varias localidades del oriente de El Salvador, lugares que él conocía por la naturaleza de su trabajo, que es lidiar con muchos ganaderos y pequeños empresarios de toda la zona. “Empezamos por mi colonia. Ahí empezamos limpiando todo aquello. Yo introducía al lugar a la patrulla por la noche y los llevaba a las casas de los pandilleros”, recuerda. Una vez dio por limpio su propio vecindario, Leñador y sus cómplices extendieron sus operaciones: “Después seguimos con otras colonias y por último nos íbamos a meter a otros cantones. Ubicamos a un montón de esos malditos. Yo calculo que a unos veinte o treinta, quizá”. Dice que “los ubicaron”, como un eufemismo para no pronunciar que les asesinaron.

Leñador y sus colegas no hacían esto como práctica habitual, ni se dedicaban a esto a tiempo completo, sin embargo habían generado una red de contactos y un modus operandi que fácilmente se podía montar una operación en caso de ser necesario. 

El monstruo al que pretendían acorralar lo constituían varias facciones de la pandilla Mara Salvatrucha 13. Una estructura de múltiples liderazgos y bastante atomizada en un país que en 2015 sufrió más de 6 mil 600 homicidios, la gran mayoría atribuibles a las tres principales pandillas. Ese estallido estaba relacionado con el fin de la tregua que esas organizaciones pactaron en 2012 con el gobierno del presidente Mauricio Funes.  El grupo que fundó y que lideró Leñador salió a la busca de los pandilleros y sus colaboradores con esta narrativa: son una plaga y, como plaga, hay que eliminarla.

Al poco tiempo, sin embargo, aquel proyecto se descarriló y se perdió de vista el propósito original para dedicarse a una variedad de crímenes. El origen del descarrilamiento estuvo, dice Leñador, en el origen del financiamiento externo que recibía la organización.

“Pronto aquello se empezó a degenerar. El problema es que como para operar se necesita dinero y muchas veces eran hermanos lejanos los que mandaban cien, doscientos, trescientos dólares, que se ocupaban para gasolina, carros, munición… usted sabe…. Pero de pronto algún hermano lejano decía “aquí le mando este dinerito extra pero quíteme a fulano”. Ya era una cosa más personal”, dice Leñador.

Ahora Leñador huye de la misma organización de la que fue fundador. Dice que luego de varios operativos que desarticularon el corazón de la estructura, producto de las investigaciones de la Fiscalía, en la organización surgieron sospechas. Y hubo quienes sospecharon de él porque él nunca fue señalado y mucho menos acusado. “Yo tengo investigadores dentro de la Policía que me han contado que hay supuestos testigos que me quieren echar de cabeza a mí. Y todo porque yo no he salido con mis manos manchadas”. Asegura que ya escapó varias veces de la muerte. “No es una vez que me han intentado matar en estos años. Pero hay un Dios que me protege. Y yo también que me defiendo”, dice, mientras toca su “raja de leña”, la escopeta que siempre lleva consigo.

Policías reacios a investigar a compañeros

Un pandillero de la MS-13 miembro fundador de la clica Saylor Locos Salvatruchas también recuerda aquellos años como el inicio de una guerra inesperada, una revuelta en la que los patos empezaron a dispararle a las escopetas en días en que los pandilleros eran las escopetas. “No´mbre, de repente se empezaron a organizar los buseros (empresarios de autobuses) y los de los autolotes (vendedores de vehículos usados). Ellos empezaron con todo eso, junto con un jefe policial de San Miguel. Simulaban operativos, pero no iban a capturar, sino que a matar. Entonces tiramos la línea (orden) de no calentar la zona por un tiempo mientras veíamos cómo hacer”, relata Samurái, quien ahora vive en Estados Unidos. 

Concuerda con Leñador en que para los asesinos había financiamiento externo de la comunidad de salvadoreños en Estados Unidos: “Nos empezaron a dar bajito. Todos los días mataban a cinco, seis, diez homeboys de nosotros. Andaban bien armados porque la misma gente que había venido huyendo para Estados Unidos les mandaba dinero para exterminar”.

Después de un tiempo en el que la pandilla decidía cómo reaccionar, la MS-13 planeó una contraofensiva. Orco es un pandillero iniciado en Los Ángeles, un marero de la vieja escuela. Después de vivir muchos años en California -incluidos casi 10 que vivió encerrado mientras purgaba una condena- regresó en 2015 a un país que apenas reconocía de su infancia. Aunque no es originario de ahí, la MS-13 le destacó como líder de una célula con base en San Miguel, aunque operaba a escala nacional. Era “Programa L.A.” y aglutinaba a algunos pandilleros deportados que no querían incorporarse a las clicas locales. Ahora habla desde México, donde está radicado.

Un ex jefe de la Policía recuerda cómo en los días en que Los Exterminio más asesinatos cometían, dentro de la institución surgió una dificultad para que policías investigaran a policías: “No es que obstruían la investigación, pero nadie quería mover un dedo para capturar a sus compañeros que, en teoría, estaban haciendo justicia”. La resistencia de los agentes a cumplir con su deber era tal que un día la Fiscalía General le anunció que iba a crear su propia policía.

“Puta, yo llego y me doy cuenta de que había un vergo de grupos de exterminio, y que les estaban pegando recio a los homeboy por todos lados. Y yo con este vergo de tinta (tatuajes) en toda la cara, ¡¿cómo putas iba a andar tranquilo?! De todas formas me activé, les dije que simón, que yo estaba de choque”, dice Orco, mientras se toma la sexta cerveza Corona en este restaurante de Ciudad de México y hace señas bruscas al mesero para que le traiga la séptima. Meseros y comensales no pueden disimular la curiosidad que les provoca un hombre tan corpulento y con la cara llena de tatuajes. 

Orco regresó a El Salvador en uno de los momentos más críticos para la MS-13, pues no solo peleaban una guerra muy violenta contra el Estado salvadoreño, sino que libraba una guerra interna. Y ahora se agregaba la ofensiva de Los Exterminio. Los pandilleros del Programa L.A. planearon una respuesta: diseñaron un atentado contra uno de los grupos que operaba en el departamento de San Miguel. Era 2016 y se armaron con tres fusiles, varias pistolas y una escopeta. Su pretensión era emboscar a un grupo de ganaderos organizados para matar pandilleros y que ya llevaban varios mareros en sus cuentas. 

Se llegó el día y el grupo de 15 mareros llegados en los meses previos desde California y casi sin experiencia en batirse a tiros, se parapetaron a la orilla de un camino para esperar en la oscuridad el paso de los pickups con ganaderos. La idea era emboscarles en una curva y soltarles una lluvia de balas, robarles las armas, el dinero y huir. Pero uno de ellos se adelantó, disparó un vetusto M-16 antes de tiempo, el arma se encasquilló al segundo disparo y explotó, dejando el cañón como un florero. Orco, aunque a una distancia muy grande para acertar con su arma, accionó su escopeta, pero de esta no salió nada. A los demás les pasaron desventuras similares y apenas unos cuantos tiros llegaron hasta los vehículos. Los ganaderos respondieron con mucha consistencia al fuego de los mareros y los pusieron en huida en menos de cinco minutos. 

“Puta, corrimos por ese cerro hijueputa y nunca llegamos al final. Y como nosotros no llevamos agua nos íbamos ahogando. Abajo vimos las luces de unos 10 carros más que habían llegado a darles apoyo. Coma mierda, logramos salir del cerro hijueputa ya amaneciendo y entramos a una selva. Vieras qué perro eso”, dice Orco. 

La respuesta a Los Exterminio salió mal, muy mal, y ese grupo de ganaderos siguió asesinando. El Programa L.A. era en 2016 apenas un nombre pomposo para una junta escuálida y desorganizada de la que nadie se quería hacer cargo, salvo Orco. El enfrentamiento dejó algo claro: la M-S13 no era una estructura de gran poder bélico, y la saña con la mataban a otros pandilleros y a civiles desarmados, poco servía para enfrentar a un grupo de hombres decididos, bien armados y con respaldo de agentes en el Estado.

Aunque las operaciones de aquel grupo de ganaderos cumplía el propósito fundacional de Los Exterminio, luego aquella organización se convertiría en un verdugo más para las personas particulares, pues se dedicó a matar a cambio de dinero, comenzó a practicar extorsiones y a asaltar bancos y otros establecimientos. Pronto se convirtió en un grupo criminal más. 

Un ex alto mando de la Policía salvadoreña que conoció el origen y desarrollo de aquella organización aceptó hablar con GatoEncerrado a cambio de no divulgar su identidad y con la condición de platicar fuera de El Salvador. En la conversación sostenida en un país de Centroamérica a finales de 2023, Azul precisó los puntos geográficos donde nació. “Eso empieza en la zona de El Tamarindo, El Cuco y luego se empieza a extender. Fue como un animal que fue creciendo”, relató Azul, para señalar dos de las playas con más atractivo turístico en el extremo suroriental de El Salvador.

De acuerdo con Azul, la figura de Los Exterminio es muy cercana a la de la Sombra Negra, una organización que surgió en San Miguel en los años 90 con el propósito de hacer “limpieza social”, un eufemismo para referirse a cometer asesinatos de personas que los homicidas creyeran que eran indeseables. “Los Exterminio son como la Sombra Negra 2.0. Ellos también fueron financiados por empresarios medianos y no solo mataban pandilleros, eran un grupo que empezó con una figura de limpieza social y terminó sicariando”, dice Azul.

Azul fue uno de los mandos policiales que estuvo a cargo de las investigaciones en contra de Los Exterminio y lo que explica ayuda a comprender por qué la gran mayoría de personas involucradas con este escuadrón de la muerte están en la impunidad, y particularmente si se trata de agentes u oficiales de la PNC. Azul habla de tres factores. El primero era la enorme carga de trabajo en un país que ya lucía la etiqueta del más violento del mundo. “Había tres elementos que nos impedían atacar este mal. Primero, que teníamos demasiados casos de homicidios cometidos por pandillas por resolver. Los investigadores estaban saturados de casos. Segundo, los grupos de exterminio generaban empatía en la población. Si capturábamos policías por combatir pandilleros la gente se nos venía encima. Y tercero, que por esa misma empatía era difícil que los policías investigaran a otros policías. No es que obstruían la investigación, pero nadie quería mover un dedo para capturar a sus compañeros que, en teoría, estaban haciendo justicia, según ellos”, dice Azul. 

Estas dificultades se tradujeron en que la investigación avanzara lento y flojo. “Tuvimos problemas para coordinarnos con los investigadores de la Fiscalía porque ellos no confiaban en nosotros. De hecho, la fiscal encargada del caso llegó a decir que la Fiscalía iba a crear su propia policía para investigarnos. Eso me molestó bastante y hubo un entrampamiento en la investigación. No podíamos hacer nada contra ellos”, recuerda Azul.

Y mientras este grupo planificaba sus asesinatos, sus extorsiones o sus robos, la Fiscalía los escuchaba. Cuando este grupo hablaba con autoridades para coordinar sus actividades, la Fiscalía también escuchaba. Incluso cuando estos hombres comentaban sobre sus atrocidades había personal de la Fiscalía escuchando y grabándolo todo.

Capítulo II – El gobierno escuchaba cuando los policías mataban

Durante cuatro años y cuatro meses, los investigadores de la Fiscalía y de la División Élite contra el Crimen Organizado de la PNC (DECO) escucharon y siguieron los pasos a los miembros de Los Exterminio en la zona oriental de El Salvador. Sus investigaciones revelan el amplio uso de recursos policiales para consumar los asesinatos: Los Exterminios obtenían chalecos antibalas de la PNC, uniformes, lograban la movilización encubierta de patrullas ad hoc, recibían acceso a fichas policiales o a información que permitiera localizar a potenciales blancos de los asesinos y obtenían mano de obra numerosa con los agentes que participaban materialmente de los homicidios. Tal como sucedió con la matanza en El Basil Tropical. 

A las 12:16 del 9 de abril de 2016, dos hombres se comunicaron por teléfono y empezaron a planificar una masacre. Uno de ellos era Luis Antonio Lara del Cid, alias “Toño”, a quien la Fiscalía salvadoreña tenía ocho meses siguiéndole la pista y había identificado como líder de Los Exterminio. Acerca de Toño, pocas personas dan referencias por temor. Unos dicen que es empresario, otros que es ganadero. Todos coinciden en que es un hombre con dinero. El otro hombre era José Wilfredo Estrada Cedillos, alias “Will La Perra”, un empresario del oriente de El Salvador, uno de los principales financistas y miembro del grupo.

-Para hoy tenemos el tiro. Prepárese para eso de las 2:30. A esa hora entramos. Empecemos a coordinar ahí -dijo Toño, y colgó.

La matanza que planificaban ocurriría 13 horas más tarde en El Basil Tropical. Después de aquella primera llamada, ambos hombres comenzaron a contactar con otros en una serie de llamadas que estaba siendo escuchada por investigadores de la Fiscalía.

A las 5:55 de la tarde, Toño llamó por teléfono al agente policial José Isidro Vásquez y le preguntó si otro agente, de apellido Aragón, estaba trabajando ese día. Vásquez le contestó que sí.

-Entonces prepárense porque tenemos fiesta en Chilanguera (distrito costero del departamento de San Miguel) -dijo Toño a Vásquez.

-También están de turno el sierra y el sargento. Acuérdese que al sargento le gusta ir a esos eventos -sugirió Vásquez.

-A ver si me puede contactar con el cabo porque le he estado llamando y no me contesta.

Dos horas después, a las 7:59 p.m., el agente Vásquez se comunicó nuevamente con Toño para informarle que ya había hablado con el jefe del puesto policial de El Cuco, aquel situado a escasos 85 metros de El Basil Tropical. Le proporcionó el número del jefe. Toño le agradeció y le respondió que un colega de él, un investigador destacado en San Miguel, le había dado información de que en esa zona había una mujer que tenía una cantina y que ahí era el “recoledero de esos cabrones”, es decir, un punto de reunión.

-Ahí está esa vieja cerota y un cabrón al que le dicen Gallinita.

-No hay que dejarlo escapar -respondió Vásquez.

-No se preocupe-, respondió Toño.

A las 8:06 p.m., otro agente, identificado como Jaime Ernesto Bonilla, alias Jaimito, contactó a Toño. Con Bonilla eran ya siete agentes u oficiales de la PNC conspirando para ir a cometer asesinatos.

-¿Están listos? -preguntó Toño.

-Aquí estamos de toque -respondió Jaimito-. Aquí esta gente solo es ganas.

Jaimito advirtió a Toño que antes de acompañarlos a “la fiesta”, debían pasar haciendo “un tirito” por la zona de El Tránsito, pero que tenían que ver si todo salía bien porque se habían enterado de que una patrulla se andaba moviendo por esa zona.

Jaimito además preguntó a Toño si existía la posibilidad de que le hiciera un préstamo.

-¿No nos prestara usted un cuerno de chivo para llevarlo?  -preguntó Jaimito a Toño. “Cuerno de chivo” suelen llamarle los amantes de las armas al fusil de uso privativo de la Fuerza Armada AK-47.

-Véngase, aquí se lo voy a encaminar a San Pedro para que lo llegue a recoger.

Toño, a juzgar por aquella plática, parecía tener acceso a un arsenal cuantioso, porque su interlocutor siguió pidiéndole armas.

-¿Y unos dos fusilitos no tiene? -añadió Jaimito.

-¿Para qué hora?

-Ahorita vamos saliendo de San Miguel.

-¿Quiere uno o dos? -preguntó Toño.

-Si puede dos, los dos- dijo Jaimito.

-Dele pues.

A las 9:25 p.m., cuatro horas antes de la matanza, Jaimito llamó a Toño de emergencia. Le dijo que había ocurrido un problema, que luego de salir de la zona de El Tránsito se habían encontrado a la patrulla y los agentes los habían revisado. 

-Ahorita nos vamos a ir a encuevar (a esconder) porque el hijueputa nos pidió los nombres y nos tuvimos que identificar. Más que andaban dos camaradas uniformados conmigo. Le tuve que decir que andábamos ubicando unas casas para hacer un allanamiento. 

-¿Y cómo hizo? -preguntó Toño.

-Le dije que ahí andaba a la víctima en el carro y todo. Ya tengo a una víctima lista por si acaso siguen preguntando. Y también ya hablé con el jefe, el subinspector José Nelson Alvarenga, para que diga que sí andábamos en eso por si alguien llega a preguntar -dijo Jaimito. Con el subinspector Alvarenga eran ocho, como mínimo, los policías involucrados o que al menos estaban enterados de aquella operación.

-¿Entonces siempre se va a echar el tiro? -preguntó Toño.

-No puedo. Lo que pasa es que van a decir que yo fui porque me vieron con chaleco y todo -insistió Jaimito.

-No se preocupe -dijo Toño.

-Pero ahí le pega unos dos machetazos de mi parte a ese hijueputa gordo y a esa vieja hijueputa. Ahí ustedes pueden entrar tranquilos. Ya tenemos todo arreglado y no hay tos con la ley -dijo Jaimito.

A las 00:39 del siguiente día, 10 de abril de 2016, faltaba menos de una hora para la matanza. En ese momento Toño llamó a otro hombre identificado como Ángel Ramírez Mercado, alias La Bonita.

-¿Y entonces? -preguntó Toño.

-Ahorita vamos de camino -dijo Ángel 

-Ahorita salgo yo también -dijo Toño.

Aquella fue la última llamada que los investigadores de la Fiscalía escucharon aquella noche. Los hombres con ropas oscuras, con uniformes de policías y soldados, salieron rumbo a la playa El Cuco.

A la 1:30 de la madrugada, aquellos hombres vestidos con ropas de policías y militares llegaron a bordo de dos pickups y se estacionaron frente a El Basil Tropical, a solo 85 metros del puesto policial de El Cuco. Media hora después huían tras haber macheteado a cinco personas, incluida una mujer. Una de las víctimas sobreviviría. 

A las 9:08 de la mañana, la pantalla del teléfono celular de Toño se iluminó. Quien llamaba era una mujer preguntándole si ellos habían sido los de “la fiesta de anoche”.

-Nosotros no comemos pescado en Semana Santa -respondió Toño, en tono jocoso.

La plática continuó y Toño aseguró que los muertos de la noche anterior “eran la mera mata”. La mujer advirtió a Toño que uno de los cinco había sobrevivido y que probablemente iba a declarar a la Policía todo lo que había pasado.

-No se preocupe. Así como quedó ese fulano ya se va a pelar (morir) -dijo Toño. Y colgaron.

A las 3:01 p.m. de ese mismo día fue el agente Jaimito quien llamó a Toño.

-¿Qué pasó? ¿Abonó la milpa? -preguntó Jaimito a Toño.

-Sí. Ahí la trabajamos -respondió Toño.

-¿Cuántas lacras? -preguntó Jaimito.

-Cinco, pero a un baboso lo mandamos algo alocado (sobrevivió), pero no creo que aguante tanto.

-¿Y la vieja?

-Esa se fue de un solo con visa -respondió Toño. Y colgaron.

El 13 de abril, tres días después de la masacre de El Cuco, un hombre identificado como Pioquinto llamó a Ángel, el hombre que a escasos minutos de ejecutar la masacre había avisado a Toño que iba en camino a El Basil Tropical. El motivo de la llamada era para reclamarle por el error de dejar a una de las víctimas con vida. 

-Ey, aquella noche la regó, compa -dijo Pioquinto.

-No´mbre, es que yo estaba cansado y dándole de un lado para otro y no me dejaban trabajar a gusto. Además que de presto me llaman para decirme que nos fuéramos y usted sabe que a mí no me gusta que me hablen cuando estoy trabajando -respondió Ángel. 

-Vaya, de hoy en adelante cuando salgamos cada quien va a llevar su propia cuma (machete), porque eso pasó porque no le ayudaron a usted y el compromiso es de todos, pues -dijo Pioquinto. 

-Sí, en otra vez hay que hacer las cosas bien. Pero de allá arriba me mandaron a decir que estaba bien, que todo diez, solo un pequeño errorcito nomás -dijo Ángel.

Y colgaron.

La investigación fiscal a la que este medio tuvo acceso no identifica quién es Pioquinto, ni precisa su papel dentro de la estructura de Los Exterminio.

Los investigadores de la Fiscalía documentaron en tiempo real, mediante escuchas telefónicas, cómo Los Exterminio planearon y consumaron no solo el asesinato de por lo menos 54 personas, sino también la planeación y ejecución de robos a mano armada a empresas de gas, a una agencia del Banco Azteca, a una de Western Union… y tampoco hicieron nada por impedirlo.

De esta misma manera, tanto los investigadores de la Fiscalía Salvadoreña como los agentes de la División Élite Contra el Crimen Organizado (DECO) de la Policía salvadoreña que siguieron esta investigación durante cuatro años y cuatro meses, documentaron y siguieron paso a paso la muerte de al menos 79 personas, entre ellas un nicaragüense asesinado el 15 de octubre de 2020 en un taller de motocicletas en La Unión. Además escucharon la planificación para la ejecución de al menos 54 personas más y el intento de homicidio de una más. Los investigadores además documentaron en tiempo real la planificación y ejecución de robos a mano armada por parte de Los Exterminio a empresas de gas, a una agencia del Banco Azteca, a una agencia de Western Union, a casas comerciales, telefónicas y otros negocios establecidos en el oriente del país. Y nunca hicieron nada para impedirlo.

GatoEncerrado tuvo acceso a tres carpetas de investigación de la Fiscalía en las que se documentan casos de homicidios atribuidos a Los Exterminio que van más allá de los 279 asesinatos que llegaron al buzón de correo electrónico de la subinspectora Guevara en septiembre de 2021.

La primera investigación empezó el 14 de agosto de 2015, tras una masacre ocurrida sobre la calle que conecta los cantones Tierra Blanca y El Carao, en el departamento de San Miguel. Los casos se presentaron ante un juzgado especializado en la cabecera departamental. Las pesquisas fueron conocidas en los pasillos judiciales como “Casos Exterminio”, requirieron tres etapas y la última culminó el 22 de diciembre de 2020.

La mayoría de las víctimas de Los Exterminio en los siete años de operación, hasta ya casi avanzada la primera mitad del gobierno de Nayib Bukele, fueron hombres jóvenes, jornaleros o trabajadores informales etiquetados por los mismos delincuentes como miembros de pandillas gracias a información que de manera informal filtraban los policías e investigadores que colaboraban con el grupo.

Venganza

El 14 de agosto de 2015, la calle rural que conecta los cantones Tierra Blanca y El Carao, en el sur del departamento de San Miguel, amaneció llena de muertos. Siete cuerpos fueron encontrados atados de pies y manos en tres escenas diferentes sobre la misma calle de polvo. Los periódicos llenaron sus portadas con la noticia. En aquel momento, la policía se limitó a informar a los periodistas que acudieron a la escena que se trataba de siete pandilleros de la MS-13 que habían sido secuestrados y ejecutados probablemente por miembros de su misma pandilla. Las víctimas eran seis hombres y una mujer asesinados a machetazos. 

El Salvador es un país acostumbrado a la muerte violenta. Solo en el año 2015 fueron asesinadas 6,656 personas, es decir, un promedio de 18 al día. Aquel fue el año más violento desde la guerra civil salvadoreña. Y aunque la mayoría de homicidios fueron cometidos presuntamente por pandilleros, los grupos de exterminio integrados por policías y ganaderos contribuyeron notablemente a engordar aquella cifra, a poner personas muertas sobre los 21 mil kilómetros cuadrados de El Salvador.

La masacre de aquel 14 de agosto fue tan grave que espantó a las mismas autoridades. La investigación la asumió la División Élite contra el Crimen Organizado (DECO) de la Policía Nacional Civil. Los investigadores comenzaron a recoger testimonios y todos coincidían: la matanza había sido perpetrada por un grupo de exterminio. Los informantes añadieron que se trataba de una venganza.

De acuerdo con los relatos de los informantes y las investigaciones de la Fiscalía a la que GatoEncerrado tuvo acceso, el grupo de exterminio estaba integrado por exmilitares, exguerrilleros y campesinos organizados “para autoprotegerse y matar pandilleros o colaboradores” en los distritos de Chirilagua y El Delirio, en el departamento de San Miguel. La investigación añade que el grupo estaba liderado por un ganadero, Rodolfo Lara del Cid, a quien apodaban El Ninja. 

Una noche antes de aquella masacre, el 13 de agosto, El Ninja sufrió un atentado de parte de pandilleros que lo identificaron como el líder del grupo de exterminio. Lo emboscaron y lo hirieron. Al día siguiente, la respuesta de El Ninja fue contundente: secuestró a siete pandilleros de la MS-13 y los mató a machetazos.

La investigación por aquella masacre culminó con la captura de diez personas, entre ellas varios oficiales y agentes de la PNC, acusadas de formar un grupo de exterminio. Los detenidos fueron presentados ante los tribunales a principios de julio de 2016 y los fiscales les atribuyeron la muerte de 17 personas, incluidas las siete que aparecieron regadas en aquella calle de tierra. En una conferencia de prensa el 8 de julio de ese año, el fiscal general de entonces, Douglas Meléndez, dijo que el número de víctimas mortales de aquel grupo podría ascender a 40. 

Después de aquella masacre en el camino de tierra, la Fiscalía intervino los teléfonos de las personas mencionadas por los informantes y así determinó que aquel grupo tenía la entera colaboración de miembros de la PNC para asesinar.

Los investigadores identificaron como líderes del grupo a Rodolfo Lara del Cid y a su hermano, Luis Antonio Lara del Cid. Este es el Toño que coordinó la operación para cometer la masacre en El Basil Tropical. Luego de meses de espiarles, los investigadores vincularon a 20 personas más, entre agricultores, empresarios, policías y soldados, implicadas en los homicidios ocurridos en aquella zona. Meses después de que iniciara la investigación, Rodolfo Lara del Cid falleció, según las escuchas telefónicas producto de las lesiones que le provocó el ataque de los pandilleros.

El requerimiento fiscal en contra de este primer grupo secciona la investigación en nueve casos que suman diez homicidios, homicidios en grado de tentativa y otros delitos como proposición y conspiración para cometer homicidio y revelación de documentos por empleado oficial. El primer caso, identificado como “Caso Número Uno”, es la masacre en El Basil Tropical, en la playa El Cuco. 

Azul, el ex alto mando policial que participó en aquellas investigaciones, recuerda bien las asperezas que generó dentro de la Policía que la Fiscalía pusiera al descubierto la operación de Los Exterminio, con participación de agentes policiales. Esa molestia truncó varias investigaciones, dice, incluso algunas posteriores que involucraban a policías con asesinatos. Como el caso del asesinato de la agente Carla Ayala por parte de sus compañeros del Grupo de Reacción Policial, el 29 de diciembre de 2017. “En el caso Carla Ayala llegamos a un punto en que no nos podíamos reunir porque no llegábamos a un acuerdo. A veces a las reuniones solo llegaban un fiscal y un representante de la Policía, pero los demás miembros del equipo no. No había confianza. Más bien había una disputa”, relata Azul.

Estas dificultades se tradujeron en que la investigación contra Los Exterminio apenas avanzara. “Tuvimos problemas para coordinarnos con los investigadores de la Fiscalía porque ellos no confiaban. Pero todo empeoró cuando la fiscal encargada del caso de Carla Ayala (fiscal Guadalupe Echeverría) llegó a decir que la Fiscalía iba a crear su propia policía para investigarnos. Eso me molestó bastante y hubo un entrampamiento en la investigación”, añade Azul.

En la operatividad diaria de la investigación del caso, la disputa entre la Policía y la Fiscalía se traducían en graves retrasos. “Por ejemplo, una diligencia tan sencilla como pedir un acta o un video de una cámara o hacer una entrevista con algún testigo se volvía algo que tardaba semanas o meses”, recuerda Azul.

Cacería con lista en mano

Las fuentes consultadas por GatoEncerrado coinciden en otra cosa: Los Exterminio portaban una lista, una especie de cuaderno con fichas que contenían información importante de sus víctimas como dirección, alias y los delitos que se les imputaban, si es que se les imputaba alguno. 

Según la investigación fiscal presentada ante los tribunales en 2016, uno de los empresarios que financiaba a Los Exterminio era Wiliam Hernández Marroquín, un ganadero residente del cantón La Canoa, en el distrito de El Tránsito, en San Miguel. Cuando agentes de la DECO allanaron la casa de Hernández Marroquín, encontraron varias armas de fuego y un documento que contenía el perfil policial de un pandillero.

El perfil correspondía a Jaime Fernando Escobar Guzmán, y era un folder en cuya parte superior se lee manuscrito en azul “Nota: Lesionado en intercambio de disparos con agentes de la PNC. Refugiado en Chirilagua (San Miguel). Posee cinco órdenes de captura vigentes, homicidio agravado, extorsión, agrupaciones ilícitas, portación ilegal de arma de fuego”. Esta ficha policial fue una de las pruebas que la Fiscalía presentó como evidencia de la participación de personal de la Policía en los grupos de exterminio.

Los Exterminio asesinaban con lista en mano: según las investigaciones de la Fiscalía y la PNC, agentes u oficiales policiales facilitaban a los asesinos información que les permitiera localizar a potenciales blancos de atentados. La Fiscalía acusó a un jefe policial de filtrar información a Los Exterminio. Hoy, este oficial está a cargo de una delegación de la PNC en el Área Metropolitana de San Salvador. “Mi caso se sobreseyó definitivamente”, dice.

Ese mismo año, un joven que trabaja desde hace varios años en una funeraria de San Miguel tuvo un encuentro con Los Exterminio y sufrió el terror de saberse buscado en aquella lista que andaban consigo los asesinos cuando salían a operar. Marlon no es su verdadero nombre, pero pide que se le llame así en este relato por temor a represalias debido a lo que va a contar.

Marlon asegura que en 2016 tuvo un encuentro con Los Exterminio. Dice que su trabajo lo suele llevar a lugares peligrosos con frecuencia, y casi siempre de noche. Marlon es responsable de llevar servicios fúnebres a donde se le requiera. Una noche de agosto de 2016  iba con un compañero a dar servicio a un velorio cerca de las 8:00 de la noche en la zona de Chirilagua y de súbito en la calle se toparon con un vehículo que bloqueaba el camino con las luces encendidas. Cerca del automotor aguardaban varios hombres con ropas oscuras y gorros navarone que les cubrían los rostros. 

“Al principio yo pensaba que eran policías porque estaban vestidos igual. Pero después vi que no, porque nos llegaron apuntando con los fusiles. Días antes se le había caído el letrero de funeraria al carro y lo andábamos en la cama del pickup, tirado. Los encapuchados nos pararon y nos dijeron que nos bajáramos”, cuenta Marlon.

Uno de los hombres les preguntó si eran pandilleros y hacia dónde iban. Ellos, preocupados, le respondieron que a dar un servicio fúnebre. Pero los uniformados estaban escépticos. Uno de ellos, según Marlon, abrió el vehículo que bloqueaba la calle, sacó un folder y comenzó a buscar en él sus nombres.

“A mí se me fueron los colores. Sacaron un folder grueso y uno de ellos comenzó a buscarnos por el nombre del dui (documento único de identidad). Al final no nos encontraron y nos dejaron ir. Yo ya había oído hablar de ellos, pero nunca jamás me imaginé que me los iba a topar”, dice Marlon.

El joven agrega que él atendió el sepelio del hijo de uno de los ahora acusados de pertenecer al grupo. Marlon habla del hijo de William Hernández Marroquín. La Fiscalía tiene documentado este caso. Hernández Marroquín fue capturado el 6 de mayo de 2016 por el delito de homicidio culposo. La investigación detalla que el ganadero dejó desatendida un arma de fuego sobre una mesa en su casa y su hijo se disparó por accidente.

Una Inspectoría General casi inexistente

Las autoridades salvadoreñas han mostrado un desdén por depurar a la Policía salvadoreña. De hecho, el trabajo de la Inspectoría General se ha vuelto casi inexistente, según señalan algunos elementos policiales que conocen de dichas investigaciones y que solicitaron ocultar su nombre por temor a represalias. 

Un documento elaborado por Asuntos Internos de la PNC al cual GatoEncerrado tuvo acceso registra que, entre el 13 de marzo de 2015 y el 24 de marzo de 2022, la institución registró 120 demandas contra agentes de la PNC por los delitos de feminicidio, homicidio, extorsión y tortura. Todos estos casos registrados antes de la entrada en vigor del régimen de excepción. De esos 120 casos, según el mismo documento hasta la fecha en que fue generado, solo seis habían llegado a juzgados. Los demás estaban en condición de “Archivados” o “Sin información”. Del total de expedientes, 30 fueron abiertos entre los años 2019 y 2022. 

La policía salvadoreña tuvo un giro importante en los últimos 15 años. Pasó de ser una policía estrictamente civil, con total independencia respecto de la Fuerza Armada, a convertirse, en la práctica, en un cuerpo de espíritu militar, con estrechos vínculos operativos con el ejército salvadoreño y con cientos de acusaciones por violaciones a los derechos humanos. 

Esta policía, que nació en 1993 producto de los Acuerdos de Paz, se mantuvo relativamente libre de contaminación militar hasta la llegada de Mauricio Funes a la presidencia de El Salvador. Su gobierno (2009-2014) dio pie a un agudo involucramiento de los militares en la seguridad pública y colocó a dos generales a conducir, uno esa rama del Ejecutivo, y el otro asumió la dirección de la PNC. En 2013 la Sala de lo Constitucional le ordenó sustituir a los dos generales por personas civiles porque sus nombramientos violaban la disposición constitucional de que la seguridad pública y la PNC son estrictamente civiles.

Funes pactó bajo la mesa una tregua con las pandillas para que estas bajaran la incidencia de asesinatos. La tregua terminó en 2014 y en 2015, el sucesor de Funes, Salvador Sánchez Cerén, anunció una guerra contra las pandillas. Y las pandillas respondieron ese año asesinando a 81 policías, 18 soldados y a numerosos guardias penitenciarios. 2015 es también el año cuando cunden estructuras paramilitares y escuadrones de la muerte para enfrentar a las pandillas. Al menos tres miembros de estas organizaciones con quienes GatoEncerrado habló afirman que fue ese año cuando comenzaron a operar de forma más habitual y estructurada. Uno de ellos, Leñador, asegura que las circunstancias facilitaron que en 2015 se forjara una relación de estrecha colaboración con miembros de la Fuerza Armada y de la PNC.

Sin embargo, tanto la violencia de las pandillas como la de los grupos de exterminio se vio considerablemente mermada para 2019, con la llegada de Bukele a la presidencia. A pesar de eso y de que las pandillas han sido perseguidas y sus estructuras, junto con miles de inocentes, puestos tras las rejas, las estructuras criminales integradas en gran parte por policías siguen operando. 

GatoEncerrado envió el jueves 10 de octubre de 2024 peticiones de entrevistas al despacho del fiscal general, Rodolfo Delgado, y al del ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro. A estos funcionarios se les deseaba preguntar sobre las expectativas de superar la condición de casi absoluta impunidad en que se encuentran los centenares de homicidios en los que abundan los indicios o pruebas de participación policial, y sobre las posibilidades de que la PNC pueda tener medios para autodepurarse. Hasta este 15 de octubre no había respuesta.

Ocho años después de la masacre de El Basil Tropital y tres años después de que la subinspectora Guevara constatara que la misma información oficial de la PNC podía atribuir a agentes policiales la comisión de 279 asesinatos entre 2019 y septiembre de 2021, no hay ni un atisbo, ni una señal de que la Policía esté intentando depurarse. Es esa misma Policía cuyos agentes fueron investidos de mayor poder cuando desde 2020 el gobierno de Bukele de facto les dio la calidad de ”jueces de la calle”, atribución que les permite decidir según su arbitrio a quién privar de libertad y enviar a prisión.

Entre aquellas más de 120 personas que fueron acusadas o investigadas por la Fiscalía de ser parte de la organización de exterminio o de colaborar con ella está al menos un oficial de la PNC. Esta persona, el inspector Jesús. Antonio Maradiaga, detenta hoy la jefatura de la Policía en el puesto policial del distrito de Mejicanos, en el Área Metropolitana de San Salvador.

Sobre Maradiaga, la investigación de la Fiscalía lo acusa de haber filtrado información a Los Exterminio valiéndose de su cargo como jefe de la Unidad Antiextorsiones en San Miguel. De acuerdo con la Fiscalía, el inspector entregaba perfiles de presuntos pandilleros a Los Exterminio para que estos localizaran a sus víctimas.

Este 14 de octubre, GatoEncerrado llamó a Maradiaga a su teléfono personal para preguntarle sobre el caso. El inspector respondió que ahora está asignado a la jefatura de la delegación policial de Mejicanos y que ha quedado sobreseído definitivamente. 

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Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).