En el juego de poderes e influencias para elegir a los funcionarios que durante los próximos cuatro años dirigirán el poder Judicial de Guatemala, Blanca Stalling ha hecho tratos con casi todos para ser elegida. Diez años a la cabeza del Instituto de la Defensa Público Penal e hilando paciente sus alianza dentro del Colegio de Abogados, ha logrado un poder que nada por sí solo en la ciénaga de la justicia guatemalteca; y que le llevó a ocupar el puesto, ahora congelado, de magistrada en la Corte Suprema de Justicia.

Finales de 1982. En la parte occidental de Berlín. Faltan  siete años para que caiga el muro. Blanca Aida Caal Dávila, una joven de 25 años, baja del taxi, recién llegada del aeropuerto de Guatemala sin saber ni una palabra de alemán.  Acaba de abandonar la universidad de San Carlos en el octavo semestre de Derecho, para seguir a su esposo, el militar y médico Julio Molina Avilés, quien acaba de conseguir una beca para estudiar su doctorado en Medicina. Va acompañada de sus hijos Otto Fernando y Julio Alejandro, de cuatro y seis años.

Permanecen seis años ininterrumpidos en el complejo hospitalario klinikum Stäglitz, los únicos de su vida en los que transcurrió casi en exclusiva dedicada a ser lo que normalmente se espera de una mujer en un ambiente militar: esposa y ama de casa. Una etapa de su vida que, afirma, le ayudó a ser y llegar a donde está ahora. “Fue muy duro. Lo más terrible es no poder comunicarte”, cuenta unos días más tarde de que el Congreso la eligiera como magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CJS) para los próximos cuatro años, y unos días antes de que la Corte de Constitucionalidad congelara su juramentación como tal, después de seis amparos presentados por organizaciones de la sociedad civil que alegaron irregularidades en la selección y designación suya y de los otros doce magistrados del poder judicial.

Lo que nadie niega de Blanca Stalling es su capacidad para comunicarse, de caer bien a todos, de encandilar o encantar a quienes la rodean. Una habilidad que, ante la ausencia de una carrera judicial y la falta de un sistema eficaz de contrapesos en las Comisiones de Postulación se traduce en una gran fortaleza. Stalling logró el puesto de magistrada en la CSJ porque es una negociadora política. En esta ocasión, aliada del llamado grupo del Ejecutivo, operado por el presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Juan de Dios Rodríguez, y el empresario Gustavo Herrera.

Esta mañana, a finales de septiembre de 2014, en la séptima avenida de la zona 1 de Ciudad de Guatemala. Blanca Stalling está sentada en una silla de su despacho, en el tercer nivel del viejo edificio azul de estilo neoclásico que ocupa la Instituto Defensa Público Penal (DPP). Lleva puesto un vestido negro y un saco blanco perla, con un cuidadoso aderezo de perlas y oro. Lleva el cabello teñido de castaño claro con mechas rubias, sujeto con una cola. Está maquillada con esmero.

Su despacho es sobrio. Apenas destacan tres fotografías enmarcadas sobre una estantería. En una aparece junto al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero; en otra con la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner; y en la tercera junto a Tomás Calvo Mateo, “El tata Tomás”,  el primer presidente del Consejo Nacional de Autoridades Ancestrales de Guatemala.  Sobre su silla negra,  un chaleco color naranja: “No se vaya a pensar que es del Partido Patriota”, ríe para cortar el hielo: “Es porque formo parte de la Brigada de emergencia CONRED”.

Stalling, entonces, comienza a hablar. Su voz es ronca y expresiva. La mayor parte de personas entrevistadas para este perfil la califican como agradable, campechana, dinámica, proactiva o líder.  Un enemigo menciona la palabra sociópata, pero sobre todo la califica de “viva”. “Puede tener cinco conversaciones a la vez y a todo el mundo le pesca lo que quiere decir”, explica su exmarido, el médico y coronel en retiro Molina Avilés. “Ejerce mucha influencia sobre las personas, porque es agradable, y termina conduciendo a las personas”, agrega. “Cae bien a todo el mundo”, asegura Haroldo Quej, diputado por Alta Verapaz con la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

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Blanca Stalling nació en Ciudad de Guatemala en 1956, es hija del coronel Eduardo Caal Rossi y nieta de Teodord Eduard Caal, el hijo ilegítimo de un alemán —de apellido Stalling— con una q’eqchi’ —apellidada Caal— nacida en las montañas de Cobán, y que no fue reconocido por su padre hasta que murió el único hijo varón de su matrimonio con una alemana. “Pero mi abuelo ya estaba grandecito cuando se lo quitó a mi bisabuela y ya estaba acostumbrado a vivir como un indígena, en otro mundo, en otro ambiente, y se lo llevaron a vivir con el papá a la familia. Que ya me imagino cómo era porque si eran como los alemanes que yo conocí en Alemania, eran terribles. Y llegó un momento en que mi abuelo se escapó”, cuenta.  Su abuelo utilizaba, según le convenía, el apellido Caal de su madre y el Stalling de su padre. Pero en la Segunda Guerra Mundial, luego de que Guatemala declarara la guerra a Alemania, para permanecer en Guatemala su abuelo adoptó en definitiva el apellido Caal y así reconoció a sus hijos.

Blanca Stalling nació en Ciudad de Guatemala en 1956, es hija del coronel Eduardo Caal Rossi y nieta de Teodord Eduard Caal, el hijo ilegítimo de un alemán —de apellido Stalling— con una q’eqchi’ —apellidada Caal—

El padre de Blanca, Eduardo Caal Rossi creció en una familia de una aldea de Alta Verapaz y hasta los seis años sólo sabía hablar q’eqchi. Cuando era pequeño logró una beca de estudios en la Escuela de Artes, tras una visita a Cobán del entonces presidente Jorge Ubico, y más tarde, también becado, entró en la Escuela Politécnica e inició su carrera militar hasta llegar al grado de Coronel.  Según un documento de la Escuela de las Américas, en 1965 Eduardo Caal Rossi recibió un curso de “command and staff”. La madre de Blanca, Eloísa Dávila, nació en Santa Rosa de Lima, Santa Rosa, pero tras quedar huérfana fue enviada al orfanato Casa Central, regentado por monjas, en la capital.

Blanca Stalling, la quinta de seis hermanos, cuatro varones y dos mujeres, se crio en un ambiente estricto y disciplinado. “La situación era: hija mujer, tú cuidas niños, aprendes a cocinar; tú tienes que tener la vida de una niña. Era muy, muy dominante”, explica enfatizando las últimas palabras en referencia a la educación en casa.  Debido al trabajo de su padre, quien en dos ocasiones ocupó el puesto de gobernador de Alta Verapaz, transcurrió su infancia a caballo entre Cobán —en una casa donde en la actualidad se encuentra el hotel Villa Ancestral— y la colonia Los Ángeles, un humilde barrio de la zona 6 de Ciudad de Guatemala. “Vivíamos aquí, allá, aquí, allá, una familia de puros gitanos”. Se graduó como secretaria en el Instituto Moderno y al terminar, con la oposición de su familia, se inscribió en la facultad de Derecho de la Universidad San Carlos en 1974. Sus hermanos, cuenta, pedían a sus padres que no la dejaran. “Para qué iba la mujer a ir a la universidad”, cuestionaban. “Todos decían que no, hasta mi mamá decía: ’ella ya se graduó’; ellos decían que la mujer a la universidad solo a buscar marido”, ríe. “¡Y cabal!”, se carcajea.

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Una clínica médica en un penthouse de zona 14 llena de medicamentos. A las espaldas la zona más lujosa de la Ciudad de Guatemala. 

—¿Cómo era Blanca de joven?

—Guapa. Agradable, dedicada a una vida de hija.

Blanca se casó en 1975 con Julio Edmundo Molina Avilés, un joven militar que integró la promoción  77 de la Escuela Politécnica quien, al igual que los dos hermanos mayores de Blanca, José Guillermo y Jorge Alberto Caal Dávila (de las promociones del 72 y del 75), obtuvo una de las cinco becas otorgadas por el Ejército a sus oficiales para estudiar medicina en la Universidad San Carlos. “Cuando entraron a Medicina, estudiaban todos juntos y a veces llegaban a la casa y así fue como lo conocí y me casé; tenía 19 años”, recuerda.

En la década de los 70, con la universidad de San Carlos imbuida en el ambiente revolucionario, Blanca —hija, hermana  y esposa de militares— asegura que comenzó a “compenetrarse” con las ideas “del socialismo”. Catedráticos como Jorge Romero Imery, asesinado en 1980; y Guillermo Alfonso Monzón Paz, abogado penalista, acribillado en su casa en 1981, influyeron en su formación, sostiene. “Ellos nos  decían ‘ustedes tienen que ser líderes’, y nos involucraban en muchas actividades. Si no me hubiera casado, no sé cómo hubiera terminado, porque hasta mis hermanos me decían que me estaban lavando el coco”. Desde esa época comenzó a integrarse en grupos estudiantiles y a participar en las elecciones de decanos, vocales y rectores. “Pero luego tuve a mis hijos y me aislé”, recuerda Stalling.

En 1976 nació Julio Alejandro Molina Stalling, su primer hijo, y dos años después Otto Fernando, el segundo. Entonces Blanca abandonó los estudios, pero los retomó en 1980 y comenzó a trabajar como conserje-portera en una Sala de lo Civil del Organismo Judicial. A finales de 1982 su esposo obtuvo una beca para estudiar el doctorado en Berlín y Blanca Aida se fue con él. 

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A pesar de que el Estado alemán no permitía que los cuatro vivieran en la misma habitación, la familia Molina Caal logró establecerse y Blanca comenzó a estudiar alemán en la Escuela del Pueblo, mientras sus hijos empezaban la primaria. Para apoyar a su marido consiguió trabajos esporádicos. El primero fue limpiando en la casa “de un científico”. “Yo no podía hablar, había aprendido como se decía escoba, como se decía aspirador, como se decía trapeador, y cuando vi que el hombre estaba solo yo tenía terror. Es la mentalidad de la latina, de estar sola con un hombre en una casa”, cuenta. Luego cuidó a ancianos. “Unos viejitos que habían sido de las juventudes hitlerianas, y como era ausländer —término despectivo  en alemán para referirse a los extranjeros— al principio no me querían”. Durante estos años quiso  estudiar Derecho en Berlín, y aunque no consiguió una plaza asistió a clases como oyente.

En un asilo de ancianos en Shleswig Holstein, Hamburgo, conoció a Carmen Stalling, su tía, hermanastra de su padre, quien la convenció de que adoptara el apellido de su bisabuelo, Stalling, bajo el argumento de que en Alemania existían beneficios para los familiares de alemanes que habían salido del país a los que ella, como emigrante, no podía acceder. Cuando regresó a Guatemala empezó con los arreglos para el cambio de apellido. “Yo no me quiero cambiar el Caal porque toda la vida he sido Caal”, dijo su padre cuando le planteó la idea. Pero luego reflexiono: “Si es para que un día vayan a Alemania y no vayan a sufrir lo que tú sufriste, háganlo pues”. Sus hermanos accedieron a cambiarse al Stalling “para que los hijos los tengan”, pero insistieron en que “nosotros vamos a seguir siendo Caal”.

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Al regresar a Guatemala, Blanca Stalling retomó sus estudios de Derecho y se empleó primero en un bufete de abogados y después como asistente del despacho del Procurador General de la Nación, Acisclo Valladares Molina, que en aquel momento también era el jefe del Ministerio Público. En 1995 se graduó de Abogada y Notaria y montó su propio bufete, “Bufete Profesional Stalling y asociados”, donde trabajó durante dos años. Por esos días, tras asistir en un accidente a un pastor coreano de apellido Bium, comenzó a hacerse de clientes de este país asiático. “Los coreanos cuando trabajan, trabajan, pero los fines de semana toman mucho, y tenían muchos accidentes de tráfico, se peleaban con la gente y terminaban presos”, dice.

En sus continuas visitas a la cárcel para rescatar a sus peculiares clientes, Stalling  conoció a personas que con pequeños apoyos podían quedar libres. En el transcurso de esos meses vio un cartel donde el Instituto de la Defensa Pública Penal requería de defensores, pero el plazo para presentar la papelería ya había expirado. “Sentí el impulso de ‘quiero ser defensora pública’, y ‘quiero ser defensora publica’ y, en ese momento, busqué la manera de ingresar el expediente. Fui a hablar con el director, le supliqué, le lloré; con la gente de Minugua (Misión de Verificación de Naciones Unidas en Guatemala). Logré hacer el proceso de selección, fui la que punteó mejor y me convertí en una defensora pública”, cuenta.

“Desde que empezó la niña a crecer”

El Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) fue creado en 1992, para garantizar el debido proceso de los acusados que no tienen dinero para pagar a un abogado privado, como parte de las reformas contempladas en el nuevo Código Procesal Penal (Decreto 51-92) —donde se pasó del método inquisitivo al acusatorio— las cuales incluyeron la creación del Ministerio Público (Decreto No. 40-94). En principio dependió del Organismo Judicial  hasta el 5 de diciembre de 1997, cuando el Congreso aprobó la Ley del Servicio Público Penal (Acuerdo Legislativo 129-97), que entró en vigencia el 13 de julio de 1998. “Yo era feliz trabajando como defensora —dice Stalling—. Salía de madrugada de los tribunales, recibiendo sentencias. Los fines de semana me llevaba a mis hijos a la zona 18 (al Centro Preventivo para Varones) y los dejaba encargados con las señoras de la tiendas, me compenetré muchísimo y me llegaron a conocer tanto en el sistema penitenciario, toda la gente me conocía”.

“La Defensa Pública no tenía vehículos e íbamos en los nuestros”, recuerda el abogado Mario Obdulio Reyes Aldana, coordinador de defensores públicos de oficio del IDPP, quien trabaja junto a Blanca Stalling desde el inicio de la Defensa. “Nos íbamos a la zona 18, a Fraijanes, a hacer las visitas carcelarias. Nos llevábamos unos listados tremendos, hasta almorzábamos dentro de los sistemas. Para una navidad, Blanca me dijo ‘¿será que les llevábamos tamales a los presos?’ Es muy dinámica y extrovertida. El Organismo Judicial se ha ganado una excelente magistrada para la Corte”.

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Mario Obdulio Reyes Aldana fue electo postulador para la Corte Suprema de Justicia por la planilla 2 del Colegio de Abogados. Reyes Aldana fue uno de esos casos donde el postulador de la CSJ se presentaba también como candidato a magistrado en las Cortes de Apelaciones, de la cual resultó electo. Reyes Aldana habría sido, junto a Julián Schaad, también parte del IDPP y quien formaba parte de las Comisión para la Postulación de las Salas de Apelaciones, las personas de confianza —los tentáculos—de Blanca Stalling en ambas Comisiones para la elección de las Cortes.

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En julio de 1997, Stalling fue ascendida a subdirectora administrativo-financiera del IDPP, en sustitución de Juana Solís Rosales (magistrada reelecta en las Cortes de Apelaciones), y en octubre de 1999 fue nombrada Subdirectora General de la Defensa Público Penal. En este cargo el entonces director, Jorge Valveth, le delegó su representación en las comisiones de la Instancia Coordinadora del Sector Justicia (de la que forman parte el Ministerio Público, el Organismo Judicial, el Ministerio de Gobernación y el IDPP), donde conoció a las principales cabezas del sector justicia y de la sociedad civil. Trabajó muy de cerca con Carmen Aida Ibarra, Helen Mack, Eleonora Muralles y Yolanda Pérez.  La red de contactos de Stalling empezaba a crecer. 

Llegó a ser la subcoordinadora de la Comisión de Seguridad y Justicia, donde se trabajó la Ley del Sistema Penitenciario. “Logré consensuar con todos los interesados en esa ley y se la presentamos al presidente (Alfonso) Portillo para que la presentara al Congreso como una iniciativa del ley”. Blanca Stalling también participó en la elaboración de la Ley del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) de cuyo Consejo Directivo, forma parte ahora.

En el MP de Carlos de León Argueta

En la Comisión de Modernización del Sector Justicia, Stalling conoció al entonces fiscal general y jefe del Ministerio Público, Carlos de León Argueta. En agosto de 2002 la contrató como Secretaria Específica del Ministerio Público, responsable del control, supervisión y apoyo a fiscales, donde Stalling dirigió una reingeniería que incluyó la creación de la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la de Delitos Patrimoniales, además del sistema informático para el seguimiento de casos –SICOMP- que después Stalling implementó en el IDPP.

En enero de 2004, De León Argueta la nombró como la quinta fiscal especial para dilucidar el caso Conexión Panamá, en el que estaba implicado el presidente Alfonso Portillo, acusado junto al vicepresidente Juan Francisco Reyes y otras personas de sus círculos cercanos, de transferir  millonarias sumas de dinero público a cuentas en el extranjero. “El nombramiento se da en el momento que De León Argueta es cuestionado por su oficiosa parcialidad a favor del expresidente Portillo, al extremo que se habla de su remoción como Fiscal General. Entre los miembros del MP que investigarán junto a Stalling, figuran Héctor de León y Baudilio Portillo Merlos”,  informaba en 2004 el diario Siglo XXI, reproducida en la página de Incidencia Democrática.

En esa nota de prensa, aparece, además, una primera conexión de Blanca Stalling con el empresario Gustavo Herrera, señalado  de ser operador político del llamado grupo del Ejecutivo para influir en las Comisiones de Postulación de magistrados de las cortes. “Ha trascendido que Stalling realizaba negociaciones con Gustavo Herrera, prófugo de la justicia por estafa al Seguro Social. Dos de los fiscales anteriores renunciaron aduciendo presiones por parte de De León para cerrar el caso”. 

A Herrera lo conoce, dicen, pero no son amigos. ”Él es un finquero de Cobán y yo lo conocí a través de mis primas, en alguna ocasión que hubo una actividad de Cobán, una actividad de fincas, de caballos y esas cosas. Yo no tengo una gran amistad con él. No tengo una relación estrecha con él, es una relación más sencilla”, explica.

Durante el gobierno de Portillo, el para entonces ya exesposo de Stalling, Julio Molina Avilés,  fue nombrado viceministro de Salud, y ascendiendo a Ministro en el último año de la gestión. Molina Avilés perteneció a la misma promoción de la Escuela Politécnica que el hijo fallecido del general Efraín Ríos Montt, Homero Ríos.

Para investigar el caso Conexión Panamá, explica Stalling, no fue necesario viajar a ese país. “No podía haber lavado de dinero porque cuando se cometió el ilícito no había la Ley del Lavado de Dinero”, justifica. Lo que había que demostrar y lo hizo, asegura, era de dónde habían salido los fondos.  “Detecté un movimiento irregular de una cuenta en Miami, hicimos un mapeo y comenzaron a aparecer otras cosas que fueron a caer al caso del CHN (Crédito Hipotecario Nacional). Por eso cuando llegó Juan Luis Florido (Fiscal General desde febrero de 2004 hasta julio de 2008, primero como interino), que cambió casi todo el personal, solo a mí me dejó”.

De León Argueta fue destituido en 2004 por el presidente Óscar Berger, y en 2012 fue capturado, acusado de cohecho y lavado de dinero, aunque unos meses más tarde recobró su libertad. El exfiscal, dice Stalling, “podría haber tenido sus actividades propias, pero yo sabía cuáles eran las debilidades del MP y yo quería apoyar y apoyé a los fiscales en todo lo que pude, entonces dentro de mis posibilidades yo hice mi trabajo”.

A la cabeza del IDPP

En 2004 tuvo lugar un nuevo proceso de elección para dirigir el IDPP y Blanca Stalling se presentó como candidata. Era la primera vez que se medía ante Congreso de la República, y salió triunfante. En 2009 buscó su reelección y aunque resultó electo Remberto Ruiz Barrientos, el segundo al mando en el barco de la Defensa Pública, la Corte de Constitucionalidad anuló el nombramiento y tras permanecer un año como directora interina, se volvió a presentar como candidata en 2010 cuando, a pesar de ser la peor puntuada de la terna y de los señalamientos en su contra desde hacía un año en el Congreso, fue electa con el apoyo de los partidos Lider, FRG y la alianza UNE-Gana, en aquel momento operada por Manuel Baldizón.

Durante los diez años que lleva al frente del IDPP, a Stalling se le reconoce el fortalecimiento de la institución a través de la carrera del defensor  público. Un abogado que trabajó con ella en la Defensa Pública la cataloga como “una líder nata”. “Ella empezó desde abajo, conoce el sistema. Dio a conocer la Defensa Pública internacionalmente. Llevamos años con Q126 millones de presupuesto, y ella ha logrado apoyo internacional y ha trabajado en el Ministerio de Finanza, con los diputados para lograr que no le quiten presupuesto”, detalla. Entre los principales financistas del IDPP ha estado la Cooperación Española y Eurosocial, un fondo de la Unión Europea.

Su sobrino, es hijo de su hermano, Eduardo Stalling Dávila, quien está casado con la jueza Marta Josefina Sierra González, que a su vez es hermana de Arturo Sierra González, expresidente de la CSJ.

Uno de los logros del IDPP fue ganar al Estado de Guatemala ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dos casos de condenados a la pena de muerte, uno de ellos el de Raxcacó Reyes. También institucionalizó la Defensoría Indígena, con defensores, asistentes e intérpretes y la capacitación de autoridades indígenas. “Hay que reconocerle su compromiso. Inicialmente, como cualquier funcionario, tenía temor con el tema de los derechos de los pueblos indígenas. Era muy cautelosa. Pero luego, posibilitó avanzar en una línea que orientara el trabajo de capacitación, y una serie de acciones que terminaron con la institucionalización del tema, y que los derechos pueblos indígenas se conviertan en un eje transversal de defensores de la Defensa Pública”, cuenta Pedro Ixchiú, excoordinador nacional de las Defensorías Indígenas del IDPP, y actual asesor en la unidad de asuntos indígenas del Organismo Judicial.

“Al frente del IDPP, Blanca Stalling ganó liderazgo y le cambió el perfil”, señala Helen Mack, directora de la Fundación Mirna Mack e integrante del Movimiento Pro Justicia, quien conoce a Stalling desde el trabajo en la Comisión para el Fortalecimiento de la Justicia. “Todo el mundo reconoce que los abogados de la Defensa Pública tienen mejor capacidad que los fiscales mismos. También ganó habilidad política, los primeros cinco años al frente del IDPP tuvo una buena imagen, porque sí fortaleció la Defensa”, explica Mack. “Nosotros, como sociedad civil, debemos de ser contundentes y coherentes. Uno espera el deber ser. Desde la perspectiva política, uno tiende a ser más pragmático y escoger al menos peor”, agrega.

La operadora política

La primera vez que Blanca Stalling se postuló a directora del IDPP, no contaba con alianzas. “Dijo: ‘voy sola, no conozco a nadie y los diputados todo lo que quieren es trabajo’. Para mi sorpresa, resultó electa”, cuenta una persona de organizaciones de la sociedad civil que trabajó con ella en la Comisión de Fortalecimiento al Sector Justicia y que prefiere no identificarse. A partir de entonces comenzó a demostrar sus habilidades como negociadora. “Ahora los diputados se ponen contentos cada vez que Blanca Stalling se presenta a una elección”, agrega esta fuente.

Para llegar a consensos, Stalling tiene el poder que le confiere dirigir el IDPP. Una institución que, aunque sea la “cenicienta del Sector Justicia”, con un presupuesto de Q126 millones, cuenta con un total 1,469 plazas de trabajo (354 puestos fijos, 19 trabajadores contratados por el renglón 022, 503 bajo el renglón 029 y 148 abogados de oficio; así como 148 para asistencia legal a las víctimas de violencia y 445 asesores que apoyan en el ramo penal).  Esas plazas se convierten en su más preciado capital, el botín con el que negocia tanto con el gremio de los abogados como con los diputados en el Congreso. A los primeros les ofrece empleo a cambio de votar en el Colegio de Abogados en las diferentes elecciones (Junta Directiva, Comisiones de Postulación, representantes institucionales) por las planillas que a ella convenga; y a los segundos, plazas dentro de la institución, las que a su vez éstos otorgan a sus seguidores o allegados, a cambio de apoyar su elección en el pleno del Legislativo. 

La primera muestra del poder real que le atribuyen a Stalling como operadora política se vio en las elecciones a presidente del Colegio de Abogados de 2005, cuando la abogada Yolanda Pérez Ruiz se presentó como candidata y resultó electa por la planilla de Integración Profesional. En un inicio, Stalling estuvo dentro del grupo de abogados llamado NAIS. Más tarde, conformó Integración Profesional, compuesto  por entre 300 y 400 abogados.

Stalling no es orgánica ni corporativa, es decir, se mueve y mueve a su grupo en función de sus intereses. En las anteriores elecciones para la directiva del CANG, estuvo aliada con Roberto López Villatoro, conocido como el Rey del Tenis, con quien afirma que es “amiga desde hace tiempo”, pero no aliada. ”Roberto López está en otros grupos. A veces hemos sido contrincantes a morir y alguna vez sí hemos tenido alguna alianza”, explica.

En las elecciones a la CSJ y Salas de Apelaciones, según diversas fuentes, Stalling formó parte del “Grupo del Ejecutivo”, operado por el actual presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad  Social (IGSS), el coronel retirado Juan de Dios Rodríguez López y el empresario Gustavo Herrera, operador político del Gobierno.  Dentro de este grupo, y en las demás instancias que conformaba las comisiones, las personas que negociaron junto a Stalling fueron José Guillermo Alfredo Cabrera Martínez —conocido en el gremio como Fredy Cabrera— expresidente del Colegio de Abogados y actual decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Da Vinci; Avidán Ortiz Orellana,  decano de Derecho de la Universidad de San Carlos; Luis Pineda Roca, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y Vladimir Aguilar, actual Procurador General de la Nación.

Los intereses que se mueven detrás de estas alianzas no son tangibles y, mientras las reuniones de alto nivel quedan cubiertas de un tupido y opaco velo; las fuentes entrevistadas para realizar este perfil tampoco se ponen de acuerdo para aclarar qué mueve realmente a estos operadores. En el caso de Blanca Stalling, algunos afirman que su objetivo era llegar ella misma a ser magistrada, el poder por el poder, la máxima aspiración para un abogado. “Ver tu nombre en la placa con los trece nombres de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia”, explica Javier Monterroso, exsecretario privado de la exfiscal general Claudia Paz y Paz.

Un diputado de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza, que quedó fuera del pacto entre el Partido Patriota y Lider para elegir a los magistrados, habla de los intereses económicos o políticos de los operadores,  el llamado negocio de la justicia. “Ella se unió a este grupo, plegado a Herrera, Juan de Dios, Pineda. Ella fue un operador clave, una persona que manejó votos e influencia”, agrega el diputado. 

En cuanto a las negociaciones con los diputados, los que toman la decisión final, varias fuentes señalan que Stalling ha concedido puestos de la Defensa Pública a cambio de apoyo para sus diferentes postulaciones, aunque no se ha podido encontrar pruebas. Ella no niega que sí se sienta a negociar con las bancadas. “Te voy a decir: cuando se trata de una elección en la que va a tener que elegir el Congreso, tú tienes muchas veces que hablar con bancadas completas, presentar un plan de trabajo. Eso  hice yo cuando iba a defensora; me juntaba a veces con toda la bancada y tenía que explicar mi plan de trabajo y los diputados me preguntaban,  y me decían y me hacían”, explica.

Desde su primera elección en 2004 ya ha ganado tres elecciones en el Congreso con el favor de los diputados de diferentes bancadas. “En una primera elección fui electa en la época en que estaba Óscar Berger, en la una segunda cuando estaba la UNE en el poder, y en esta el PP. En las dos primeras el PP nunca votó por mí, siempre estuvieron en contra de mi elección. La primera vez que voto la UNE por mí,  Baldizón estaba en la UNE. Yo tengo una buena relación con Baldizón, también con el presidente Otto Pérez. La señora vicepresidenta (Roxana Baldetti) no me quiere. Ella me llamó al Congreso (cuando Baldetti era diputada), ella hizo muchas cosas muy fuertes y muy duras en contra mía”, dice después de mirar para todos los lados.

Las acusaciones

Abril de 2008. El Congreso ha citado a Blanca Stalling para rendir cuentas sobre su gestión. Quien lleva la batuta es la jefa de bancada del PP, Roxana Baldetti, que después de acusarla de incrementarse el sueldo, de contratar a familiares como parte de la plantilla del IDPP y de aprovecharse de los viáticos de 41 viajes reportados, afirma que se realizarían las investigaciones necesarias para solicitar su remoción como directora del IDPP.  También le increpa sobre su apellido, por qué se puso Stalling si su apellido es Caal.

Durante esos meses, se elaboró un documento en el Congreso con varias denuncias en su contra.  Una de ellas fue  presentada ante Roberto Kestler, diputado de la UNE, por acoso laboral en contra de trabajadores del IDPP; otra ante Baldetti, en mayo de 2008, por los delitos de usurpación de funciones, violaciones a los derechos laborales de los trabajadores del IDPP, violaciones en el nombramiento del representante de abogados de defensores públicos ante el Consejo del IDPP, nepotismo y falta de transparencia en el presupuesto asignado al Instituto durante su administración. También figura una denuncia de la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala ante organismos internacionales por violar los derechos laborales de los funcionarios del Sindicato de Trabajadores de la Defensa Pública así como de los abogados Irma Rosario Estrada Ortiz y Ana Patricia Pérez Jacobo de Rabbé. 

El IDPP también fue denunciado en 2004 por defender al hijo y al tío de Blanca Stalling. Julio Alejandro Molina Stalling, fue acusado de lesiones culposas en un accidente de tránsito, y Hermelindo Caal Rossi, de ser el autor intelectual de tres asesinatos. Según publicaciones de prensa de esa época, Julián Schaad aseguró que el hijo de Stalling se había comprometido a pagar los honorarios de su defensa, y que en el caso del tío, se realizaría un estudio socioeconómico. El asunto no pasó a más.

En cuanto a los viáticos, según información de la revista Contrapoder, la directora del IDPP ha continuado viajes. Stalling recibió US$10,300 dólares (Q78,743) en tres viajes en 2012, 2013 y 2014 a Paraguay, Brasil y República Dominicana. Además, en base a información del Sistema de Contabilidad Integrada, Stalling se asignó en abril de 2011 un total de Q487 mil como indemnización de su primer periodo como directora.

En la actualidad, según información de la Dirección de Catastro y Avalúos de Bienes Inmuebles del Ministerio de Finanzas, Stalling cuenta con tres inmuebles a su nombre, dos de ellos en Jardines de Mirabel (zona 16) y en la colonia Lourdes (zona 17) que tienen como condueños a sus dos hijos; y otro sólo a su nombre, comprado en 2012 en el edificio Santa Clara, en la zona 10, con un estacionamiento. El costo total de estos es de Q352,965.95

El clan de Blanca Stalling

Las únicas acusaciones contra de Blanca Stalling que han sido demostradas son las de nepotismo dentro en el IDPP. Entre sus familiares contratados en 2008 se encontraban nueve personas, entre sobrinos y familia política. Estos eran Mario Rolando Ovando Sierra, coordinador del Plan Piloto Alta Verapaz; Brenda Janeth Stalling Sierra, asistente de abogado; Ingrid Eloísa Martínez Caal, jefa del Departamento de Desarrollo Organizacional; Daniel Waldemar García Stalling, auxiliar del Plan Piloto Alta Verapaz; Marta María Stalling Sierra, consultora; Lionel Waldemar García Stalling, asistente auxiliar; Edgar Estuardo Jiménez Stalling, técnico en informática; y José Alberto Santiago Dávila, auxiliar de Recursos Humanos; y Roberto Eduardo Stalling Sierra, abogado defensor.   

Este último, su sobrino, es hijo de su hermano, Eduardo Stalling Dávila, quien está casado con la jueza Marta Josefina Sierra González, que a su vez es hermana de Arturo Sierra González, expresidente de la CSJ. De la dinastía Stalling-Caal en la actualidad en el IDPP solo aparecen contratados bajo el renglón 011 Ingrid Eloísa Martínez Caal (quien también se identifica con los apellidos Martínez Stalling) y Brenda Janeth Stalling Sierra.

Uno de los nombres que aparecía en este listado familiar en 2008 era Leonel Waldemar García Stalling, quien a día de hoy trabaja en el Congreso, contratado bajo el renglón 022, como secretario del diputado Haroldo Quej. En 2012 Leonel García Stalling fue denunciado ante el Ministerio Público por la entonces ministra de Desarrollo Social, Lucy Lainfiesta, por recibir cobros ilegales por entregar el bono seguro en Chahal, Alta Verapaz.

El clan de Blanca Stalling  se expande también a otras instituciones del Estado. Su hijo, Otto Fernando Molina Stalling, laboró hasta hace pocos meses en la Contraloría General de Cuentas y recién ha sido contratado como asesor financiero de la subgerencia del IGSS. Además, otro sobrino, Jorge José Stalling Sandoval, fue nombrado, el pasado 18 de septiembre de 2014, también ya en contienda electoral de las Cortes, como nuevo gerente del Instituto Nacional de Electricidad (INDE).

El veto de EE.UU.

En la segunda quincena de agosto de este año, ya en la contienda de las elecciones a las Cortes, el nombre de Blanca Stalling comenzó a circular dentro de un listado junto al de otros ocho aspirantes a magistrados a los que la embajada de Estados Unidos no daba el visto bueno. Esta lista, según el artículo “La lista negra de Estados Unidos” publicado por ContraPoder estaba escrita a mano alzada y la letra pertenecía a Terry Steers-González, consejero para asuntos políticos y económicos de la embajada estadounidense, quien ha hecho de interlocutor de su país en las Comisiones de Postulación.

Aunque no aparecen los motivos por los que estas personas figuraban en la lista negra, según la revista, estarían basados en temas de narcotráfico y otros vínculos que pudieran obstruir la justicia. En el caso de la directora del IDPP, los motivos de la embajada para desaprobarla estaban relacionados con sus vínculos con Juan de Dios Rodríguez, el operador político del Ejecutivo, y por la defensa de narcotraficantes a través del IDPP.

La prueba más clara de la relación con Rodríguez, es el hecho de que el hijo de Blanca Stalling se encuentre actualmente trabajando como asesor financiero del IGSS. La relación de su hijo con Rodríguez, explica Stalling, se estableció al margen de ella. “Mi hijo es auditor, está metido en grupos gremiales y trabajó en la Contraloría General de Cuentas y, en alguna reunión, conoció a Juan de Dios. Eso fue antes de que llegara al IGSS, pero se hicieron amigos. Mi hijo me dijo que Juan de Dios le había llamado para trabajar y ahí fue cuando yo tuve la oportunidad de tener una relación con él. En otro tipo de reuniones lo conocí y le dije: ‘yo soy la mamá de Otto’”, explica

En cuanto a la defensa de narcotraficantes, Stalling dice que el IDPP está obligado a defender a las personas sin fondos. “Si no lo hago, caigo en desobediencia. ¿Qué tipo de narcotraficantes son los que nosotros defendemos? Los pushiteros (narcomenudeo). No defendemos a los grandes narcotraficantes”, se defiende y aclara que ella no es responsable de lo que haga su hijo.

Cuando se enteró del supuesto veto, dice, solicitó dos audiencias en la embajada pero le fueron negadas. “Estuve tratando de localizar al señor Terry. Él muchas veces me mandó a invitar a comer con Roberto López (Villatoro), porque él es muy amigo suyo. Y yo dije: ‘no voy a comer con alguien porque dicen que estamos tachados. Si yo estoy tachada, ¿por qué no van a hablar conmigo?, ¿por qué quieren comer conmigo a través de una tercera persona? o, ¿es que me quieren manipular para que después digan que Roberto me ayudó a resolver la situación de la embajada? Y, ¿Cómo es que el señor Terry está comiendo con el señor López, que dicen que esta tachado, y es amigo de Terry desde hace tiempos?”, ataca para defenderse.

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Parecía que Blanca Stalling lo había logrado. Una magistratura en la Corte Suprema de Justicia y la influencia sobre otros magistrados electos. Pero el pacto secreto entre Lider y el Partido Patriota para elegir a los magistrados resultó demasiado evidente. La renuncia de la magistrada de Salas de Apelaciones, Claudia Escobar, y su denuncia interpuesta ante la CICIG unos días más tarde por las presiones del parte del jefe de bancada del Partido Patriota, Gudy Rivera, para resolver un amparo a favor de Roxana Baldetti a cambio de incluir su nombre en el listado de magistrados, fueron motivos suficientes para que el pasado 9 de octubre la Corte de Constitucionalidad (CC) frenara el proyecto de control de las Cortes, aceptando de manera provisional varios amparos de la sociedad civil por las irregularidades cometidas por el Congreso en el proceso de selección.

Desde ese momento Stalling no ha parado. Ya presentó un amparo, junto al otro candidato electo Vladimir Aguilar, denegado por al CC el 12 de octubre y según la revista Contrapoder también ha tratado de convencer a jueces para que le apoyen.

Días más tarde de este suceso, Stalling ya no se mostraba como la mujer encantadora de las semanas anteriores. Estaba enojada. Habló de la intimidad de la mujer y de intentos de los medios de desprestigiarla. Se volvió a contactar con ella pasada una semana, más tranquila afirmó que estaba escribiendo algo sobre la Corte de Constitucionalidad y la autonomía. Pero luego, alzando la voz sobre el sonido de la marimba que sonaba en la radio, aseguró que no, que no escribía nada para señalar a las Corte, que era una broma.