Pedro García Arredondo está en la cárcel por la desaparición, en 1981, del estudiante Edgar Sáenz Calito. Y en mayo de 2014 enfrentará el juicio por su implicación en la quema de la Embajada de España. Pero a este ex policía, quien dirigió el Comando VI y el Cuerpo de Detectives, le hacen sombra más casos, muchos más. Ha quedado en el imaginario colectivo como el responsable de decenas de asesinatos cometidos durante el oscuro mandato de Romeo Lucas García. Pero García Arredondo no estaba solo, él y sus hombres actuaban siguiendo las órdenes del director de la Policía Nacional, Germán Chupina Barahona y de la inteligencia militar.
Este reportaje y los recursos gráficos fueron publicados originalmente en Plaza Pública. Y se republican bajo la licencia de Creative Commons.
1. Pedro García Arredondo, vida y participación en la Policía Nacional
José García Arredondo tomaba el sol recostado en una silla a la entrada de su casa. Eran las 10 de la mañana del domingo 24 de julio de 2011, cuando vio cuatro picops entrando por la carretera de acceso a Nueva Santa Rosa. Al acercarse vio que eran unos todoterreno hilux, con hombres “bien armados, vestidos de particular”. Al poco tiempo apareció un vehículo en la otra dirección. En seguida identificó al copiloto. Era su hermano, Pedro García Arredondo, quien regresaba a casa después de un mitin en la aldea Espitia Blanca, donde había ido a respaldar a René Villarta, el candidato del Partido Patriota a las elecciones en el municipio del suroriente del país.
Los hombres vestidos de civil, agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y del Ministerio Público, estaban nerviosos. Al hombre que buscaban le precedía la leyenda de ser uno de los hombres más inescrupulosos de inicios de los años ochenta, encargado de dirigir operativos para capturar y, según sus pesquisas, ejecutar a cientos de personas. A quien, desde que fue expulsado de la Policía Nacional por Efraín Ríos Montt, se le veía siempre acompañado de un séquito de guardaespaldas. En esta ocasión los agentes de seguridad tuvieron suerte. García Arredondo había decidido ir solo al mitin para no infundir temor entre los asistentes. Los vehículos públicos le cortaron el acceso y su auto se detuvo.
José vio desde su silla el momento en que su hermano descendía del vehículo y era engrilletado, delante de su casa y en su pueblo natal. En Tribunales se negó a prestar su primera declaración y fue enviado en situación preventiva a la Cárcel de Matamoros, la cárcel VIP, junto a Alfonso Portillo y los hermanos Valdez Paiz.
Su orden de captura fue girada por la desaparición en junio de 1981 del estudiante universitario Edgar Sáenz Calito, cuando se encontraba al frente del Cuerpo de Detectives. Pero si giraran orden de captura y le engrilletaran por cada uno de los asesinatos con los que está relacionado, la escena que vio José se hubiera repetido decenas de veces.
García Arredondo está acusado, en una denuncia interpuesta en el MP por el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), de haber tomado parte en 150 asesinatos en la capital. Y cuenta con otras ocho denuncias más, sumando un total de 240 asesinatos. Entre ellos los de 37 personas, la mayoría campesinos, que murieron quemados en la Embajada de España el 31 de enero de 1980, caso por el cual el juez de alto riesgo Miguel Ángel Gálvez ya dictaminó enviarlo a juicio, que iniciará en mayo de 2014.
Además, el Comando VI, la unidad que García Arredondo dirigió desde 1977 hasta julio de 1980, también pudo estar implicado en el asesinato del diputado Alberto Fuentes Mohr en febrero de 1979 y del ex alcalde de la capital, Manuel Colom Argueta, en marzo de ese mismo año. Este comando también habría sido el encargado de terminar con la vida de Oliverio Castañeda. El MP investiga además su implicación en la desaparición de 27 sindicalistas de la CNT en junio de 1981, cuando ya era jefe del Cuerpo de Detectives.
“No te van a recibir, Pedro”
Pedro García Arredondo nació en Nueva Santa Rosa el 4 diciembre de 1944, dos meses después de la Revolución de Octubre. Era el quinto hijo de una familia pobre de campesinos del oriente del país. En 1955, cuando tenía 11 años, su padre murió de fiebre tifoidea. Unos meses más tarde falleció su madre, de una enfermedad del hígado. Al fallecer sus padres, García Arredondo se fue a vivir a casa de su hermano mayor, José, quien lo mantuvo a su cargo hasta que cumplió 16 años. Entonces, un comisionado del gobierno de Ydígoras Fuentes, que reclutaba jóvenes para el servicio militar, se lo llevó a la Ciudad de Guatemala.
José García, su hermano mayor, tiene la tez de un tono cobrizo y es de gran estatura, al igual que Pedro. Habla de él sentado en el mismo sitio donde vio cómo lo capturaban, desde donde ve pasar los días en el pueblo cálido de Santa Rosa. A sus 72 años, su memoria inmediata falla, pero recuerda de forma clara los hechos pasados.
“Un comisionado lo echó al carro y se lo llevó al cuartel”, recuerda. “’¿Qué vas a hacer Pedro?, le decía yo, “¿no ves que estás patojo?, no te van a recibir”, “pero yo me voy”, me decía, y lo recibieron allá. Como sabía leer y escribir… Allí aprendió más, siguió estudiando. Llegó a ser coronel”, explica su hermano, que lo califica como “listo”, “bien preocupado”.
Pedro García Arredondo realizó el servicio militar en el Cuartel Mariscal Zavala y después entró en la Academia de la Policía. En la Policía Nacional ascendió hasta el grado de teniente-coronel, designado en diferentes puestos del país, hasta llegar a segundo jefe en la Comisaría de Baja Verapaz.
La guerra fría en un país del trópico, y sus combatientes locales
A inicios de los años ochenta, Guatemala continuaba con rumbo incierto. Romeo Lucas García había llegado al poder en 1978 con un discurso progresista, de cese de la violencia y la represión, prometiendo la inscripción de nuevos partidos políticos. Los diarios lo mostraban impulsando acciones de desarrollo social, como el plan de Fomento y Desarrollo de Petén (FYDEP) o la Franja Transversal del Norte. Inauguraba obras públicas y abría escuelas. La prensa mostraba a señoritas en sus fiestas de 15 años, bachilleres conseguían becas en Taiwán y Urbano Madel daba su horóscopo.
A nivel internacional, los periódicos daban cuenta, a través de sus artículos de opinión y noticias, del avance del comunismo en Centroamérica, con el triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua; mientras que en El Salvador, las organizaciones guerrilleras atentaban contra edificios públicos y causaban importantes bajas. En Guatemala, reconfigurados desde la primera guerrilla creada en 1963, operaban en el ochenta el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas (ORPA) y las segundas FAR, iniciadas por Pablo Monsanto en Petén en 1972. En la capital, también a partir de 1972, se vio un incremento de las protestas y movilizaciones sociales, protagonizadas por trabajadores del Estado, miembros de sindicatos de empresas privadas, estudiantes normalistas y universitarios y por las organizaciones campesinas.
A pesar del discurso progresista de Lucas García, ya desde el inicio de su gobierno los asesinatos extrajudiciales se multiplicaron, sobre todo en el área urbana. Diariamente se encontraban cadáveres abandonados en barrancos de ruta a El Salvador y a otros municipios cercanos a la capital. Fue la época más cruenta en la Universidad San Carlos, donde cuerpos de estudiantes eran encontrados cada día por las calles de la Ciudad, mientras que los líderes de partidos políticos recién inscritos, como el Frente de Unidad Revolucionaria (FUR), también eran asesinados, dejando al partido sin líderes visibles.
Según el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), fue durante el Gobierno de Lucas García cuando el aparato de inteligencia del Estado se fortaleció y perfeccionó sus técnicas contrainsurgentes. El informe asegura la implicación de todas las cabezas de la jerarquía de la PN en esta estructura paraestatal. “El ministro de Gobernación, el director del Cuerpo de Detectives, el director de la Policía y el director del Comando Seis, institucionalizaron prácticas irregulares e involucraron a estos diferentes cuerpos policiales en el enfrentamiento armado”. Estos jefes: Donaldo Álvarez Ruiz, Manuel de Jesús Valiente Téllez, Germán Chupina Barahona y Pedro García Arredondo, un cuarteto que terminó por salirse de las manos de la propia inteligencia militar.
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El 11 de octubre de 1978 se encontraron seis cadáveres tirados en la carretera de la ruta a El Salvador. Se pudo reconocer los cuerpos de Filiberto Véliz, Juan Antonio Letona y Edwin de la Cruz, con un balazo en la cara. También estaba el cadáver de un hombre que vestía sólo un calzoncillo amarillo y chumpa verde de corduroy.
El 13 de octubre se encontró el cadáver de Edin Rodolfo Ponce, de 22 años, localizado en la carretera, cerca de Puerta Parada. Al día siguiente se encontró un cadáver sin manos en las cercanías de Villa Canales. Dos días más tarde fueron hallados otros dos cuerpos. El primero fue encontrado en la 8a avenida y 15 calle de la zona 12, correspondía a un hombre de 24 años. El segundo, en el Boulevard Liberación, vestía pantalón café y camisa blanca estampada. Otros cinco cadáveres fueron encontrados en la morgue pendientes de identificación el 17 de octubre, mientras que los familiares de Oscar René García Duarte alertaban a los medios de la desaparición de su hijo, de 28 años. (Prensa Libre entre 11 y 15 de octubre de 1978)
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«A pesar del discurso progresista de Lucas García, ya desde el inicio de su gobierno los asesinatos extrajudiciales se multiplicaron, sobre todo en el área urbana. Diariamente se encontraban cadáveres abandonados en barrancos de ruta a El Salvador y a otros municipios cercanos a la capital».
“Comando VI: proceda”
Pedro García Arredondo había llegado a la capital de Guatemala en 1977 desde su puesto de segundo jefe policial de Baja Verapaz. Lo hacía para hacerse cargo de la recién creada Sección de Investigaciones Especiales: el Comando VI. Esta sección de la Policía se encontraba en un edificio ubicado al lado de la Iglesia La Merced, en la 11 avenida y 4 calle de la zona 1. Compartía instalaciones con el Segundo Cuerpo, al que se encontraba anexo y el “Hospital del reo”, adonde llevaban a los presos heridos o enfermos. Actualmente este edificio está ocupado por la Comisaría 11.
Desde su creación ―se cree que en julio de 1977― el Comando VI fue concebido como un cuerpo paraestatal. No cuenta con un reglamento ni con un acta de creación. Las personas capturadas eran entregadas al Segundo Cuerpo para que éste las consignara y reportara a tribunales y, durante todo el tiempo que Pedro García Arredondo se desempeñó como su director, permaneció en nómina como segundo jefe de Baja Verapaz.
El Comando VI era una sección operativa, de acción rápida, una SWAT, denominada por Estados Unidos en sus desclasificados como un “comando élite” para ejecutar operativos siguiendo órdenes del director de la Policía Nacional, Germán Chupina Barahona y, en base a documentos hallados en el Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN), de las unidades Inteligencia del Ejército: el Archivo del Estado Mayor Presidencial y la Sección de Inteligencia del Estado Mayor General del Ejército.
Por ejemplo, ha sido encontrado un informe confidencial del 11 de febrero de 1980, con datos sobre la ubicación de la vivienda de una maestra del Colegio Belga donde “elementos desconocidos entran sospechosamente con frecuencia”. En este documento, enviado con copia al Archivo General y el servicio de apoyo del Estado Mayor General del Ejército (EMGE), figura el nombre del Comando VI.
En otro documento, fechado el 12 de septiembre de 1979, que contiene datos de una persona acusada de entrenar a “cinco guerrilleros” en una casa de la colonia Guajitos, zona 21, está enviado con copia a la Dirección de la PN, a la Policía Militar Ambulante y al jefe del Cuerpo de Detectives. Al dorso se lee, escrito a lapicero, “comando VI, proceda”.
Aunque no se ha podido encontrar ninguna fuente del Ejército que confirmara esta relación, la fiscal Gilda Pineda, a cargo del caso de la Embajada de España y el de Sáenz Calito, afirmó que según sus pesquisas, Pedro García Arredondo era un hombre “de confianza” del director de la Policía, Germán Chupina Barahona, y del presidente, Lucas García.
García Arredondo era un hombre activo y eficiente, un policía “de calle” que no sólo se quedaba en su oficina sino que acudía a respaldar los operativos, tal como indica el fiscal Orlando Salvador, a cargo de la Fiscalía de Derechos Humanos. Según un informe del Archivo de la Policía, García Arredondo llegó a tener a 153 hombres a su cargo en el Comando VI. Aunque los agentes de esta sección iban vestidos de particular, todos sabían quiénes integraban su escuadrón de policías. Eran hombres corpulentos, muchos provenientes del oriente del país, que se conducían en páneles blancas, en jeeps o en picops, armados con metralletas, subametralladoras o escopetas de calibre 45, en base a registros a cargo de cada cuerpo también hallados en el AHPN.
“Se sabía que él era de la Policía Nacional y era temible, tenía una gran prepotencia y un gran poder. Se sabía lo que hacía, que la represión que se vivía era ejecutada por su gente. Mencionar al Comando VI era como mencionar a García Arredondo, y el Comando VI era temible. Iban con grandes carros con las puertas de atrás abiertas y los hombres fuertemente armados. Era terrible ver un carro de éstos, ya todo el mundo trataba de refugiarse, porque sabíamos que se los llevaban o sencillamente, si oponían oposición, ahí se quedaban. Recuerdo a la gente que estaba en la parada de autobús y cuando pasaba un carro de estos todo el mundo trataba de protegernos, y directamente llegaban a agarrar al que querían atrapar”, recuerda Aura Elena Farfán, presidenta de la Asociación de Familiares Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), cuyo hermano fue desaparecido por el Ejército en 1984.
2. La disputa con Valiente Téllez
Esta efectividad del policía llegado de Nueva Santa Rosa, y la confianza depositada en él por las altas autoridades del Estado, le permitió ascender en julio de 1980 desde el Comando VI a jefe del Cuerpo de Detectives. Este Cuerpo fue creado con la Ley Orgánica de la Policía Nacional en 1955, pero unos años más tarde fue sustituido por la Policía Judicial y no fue hasta 1970, tras la disolución de la Policía Judicial, cuando se reactivaron las funciones del Cuerpo de Detectives.
El trabajo de los detectives y de los judiciales era prácticamente el mismo –investigaciones- y los hombres de ambos cuerpos iban vestidos de civil, por lo que en el imaginario colectivo los miembros de esta facción siguieron siendo conocidos como los “judiciales”. La jurisdicción del Cuerpo de Detectives se ampliaba a todo el territorio nacional y sus funciones, como explica Orlando Salvador, eran más investigativas que las del Comando VI, aunque también formaban parte de los operativos al servicio del Ejército. Según da cuenta el informe de la CEH, debido a que los hombres del Comando VI también iban vestidos de civil, testigos de la época confundían a los miembros de ambos cuerpos y los nombraban a todos como los “judiciales”.
Pero para ascender a este puesto, García Arredondo se llevó por delante la cabeza del anterior jefe, Manuel de Jesús Valiente Téllez, una de las enemistades más fuertes de García Arredondo a su paso por la Policía Nacional.
Valiente Téllez es recordado como parte de ese triángulo despiadado que funcionaba dentro de la estructura policial, junto a Donaldo Álvarez Ruiz, ministro de Gobernación y el director de la PN, Germán Chupina Barahona. Además de su trabajo como jefe del Cuerpo de Detectives, Valiente Téllez era el propietario y director del grupo de seguridad privada Los Vigilantes, acusados en los periódicos de la época de realizar labores de sicariato y crimen organizado.
La causa de la rivalidad entre Pedro García Arredondo y Manuel de Jesús Valiente Téllez no ha logrado esclarecerse. “Por su acción de asesino, Pedro García Arredondo era muy eficiente, porque era psicótico”, –indica un ex guerrillero quien solicitó no ser identificado en este reportaje. “Destaca y comienza a hacerle sombra a Valiente Téllez. Estaba muy cerca de él. Ambos realizaban, además de sus labores para el Estado, trabajos por su cuenta: extorsiones, secuestros… si un coronel sabía que su esposa tenía un amante, entonces lo asesinaban. Se generalizó de tal manera que la tarifa empieza a bajar. Q100 por matar a alguien. Una guerra sucia”, explica.
Esta misma información es ofrecida por Oscar Clemente Marroquín en una columna en La Hora en 2011. “Alrededor de él (Pedro García Arredondo) y de Valiente había mucha gente, que era la que utilizaba los servicios de los grupos de matones que dirigían esos dos jefes policiales quienes, en su afán por sobresalir ante sus jefes, llegaron a atacarse mutuamente en forma atroz y violenta”.
En esta columna, Marroquín también escribe sobre las labores paralelas de ambos jefes: “Se sabe de algunos grupos que reunieron dinero entre los usuarios del servicio de matones para comprar y regalar a cada uno de ellos un elegante auto blindado y era célebre cómo en elegantes residencias y lujosas oficinas estos criminales se sentían atendidos a cuerpo de rey, mientras esperaban que les pasaran el papelito con los nombres de aquellos personajes molestos a los que debían matar”.
Un documento desclasificado de la embajada de Estados Unidos, fechado el 28 de agosto de 1980, que versa sobre la sustitución de Valiente por García Arredondo al frente del Cuerpo de Detectives, indica que este cambio puede ser un intento de Lucas García de frenar el fuego abierto “entre los grupos de policía que combaten el terrorismo urbano”.
También ofrece como argumento de la destitución de Valiente Téllez la existencia de “dos cadenas de mando paralelas e informales dentro de la jerarquía de la Policía”, en la que Chupina Barahona, “nominalmente subordinado al ministro de Gobernación, reportaba directamente al Presidente, mientras que Valiente Téllez, quien en principio estaba subordinado a Chupina, reportaba directamente al ministro de Gobernación, Donaldo Álvarez Ruiz”. “Hay resentimiento entre los dos grupos de Policía (Comando VI y Cuerpo de Detectives), en el pasado año tuvo lugar una rivalidad con un alto número de atentados terroristas”.
“Si las buenas noticias son la sustitución de un notorio violador de los derechos humanos, las malas noticias serían su reemplazo (García Arredondo), que aunque parece menos sobornable, es igual de despiadado”, añade el documento
A pesar del intento de Lucas García de frenar estos choques violentos entre policías a cargo de ambos jefes, éstos continuaron un año y medio más, hasta diciembre de 1981 cuando Valiente tuvo que abandonar el país tras varios intentos de asesinato.
El ataque más sangriento tuvo lugar el 5 de julio de 1981, en una emboscada perpetrada por el Cuerpo de Detectives en el sepelio de Carlos Nazario, hermano de Valiente Téllez, asesinado el día anterior. Este atentado -que tuvo lugar en la 7a calle y 15 avenida de la zona 1- causó ocho muertos. Entre ellos fallecieron tres hermanos: Carlos Humberto, Oscar Antonio y Héctor Manuel Valdez López, quienes habían acudido al sepelio. También fueron asesinados un miembro del Cuerpo de Vigilantes y un agente del Cuerpo de Detectives. Además, fallecieron en la emboscada “una pareja de enamorados y un bolito”, como da cuenta el subtítulo de la nota de Prensa Libre del 6 de julio de ese año.
Tres días más tarde de este atentado, el 8 de julio de 1981, la portada de Prensa Libre la protagoniza una foto de Valiente Téllez en el salón de su casa, bajo el titular “Valiente Téllez acusa al Cuerpo de Detectives de cometer asesinatos y secuestros”. Según da cuenta la nota de prensa, Valiente acusó a García Arredondo y al tercer jefe, Virgilio Gudiel Ortega, de cometer un sinfín de asesinatos y de haber causado 27 bajas entre sus agentes de la agencia Los Vigilantes. “Todos los detectives, o la mayoría, son delincuentes, y los honrados que pudiera haber allí los exhorto a que se cuiden porque su propio jefe los está matando”.
“Estoy dispuesto a dejar mi vida aquí”—continúa Valiente Téllez en la nota—, “no quiero dejar Guatemala aunque Pedro se convierta en cien Pedros”. “Soy un defensor del anticomunismo, con excepción hacia el Cuerpo de Detectives, del Comando VI y la Sección de Narcóticos que ha sido comandada por Pedro García Arredondo”, añadió Valiente. Al día siguiente, en un boletín de respuesta, Pedro García Arredondo niega que el Cuerpo de Detectives estuviera asesinando a miembros del Cuerpo de Vigilantes, y enumera con nombres y apellidos a 20 hombres de la empresa de seguridad privada sindicados de asaltos, secuestros u homicidios o amenazas con armas.
Aunque en aquella ocasión Valiente Téllez aseguró que no saldría de Guatemala, un atentado en su propia casa el 29 de diciembre de 1981, donde fueron asesinadas su esposa y su hija, y en la que él mismo perdió un ojo, fue demasiado y finalmente abandonó el país rumbo a Florida, acompañado de sus cinco hijos y cuatro familiares. Según un testimonio recogido por Prensa Libre de dos personas que en el momento del atentado se encontraban trabajando en una panadería ubicada debajo de la casa de Valiente –colonia San Antonio, zona 6-, los responsables fueron cinco hombres vestidos de particular que descendieron de una panel amarilla y dijeron que llegaban del Ejército. Éstos aseguraron haber escuchado una explosión de bazuca, una bomba incendiaria, dos explosiones y un tableteo de metralleta.
«La causa de la rivalidad entre Pedro García Arredondo y Manuel de Jesús Valiente Téllez no ha logrado esclarecerse. “Por su acción de asesino, Pedro García Arredondo era muy eficiente, porque era psicótico”, –indica un ex guerrillero».
El jefe de los judiciales
Pedro García Arredondo asumió como jefe del Cuerpo de Detectives, los “judiciales”, el 25 de agosto del 80. A su llegada, según documentos hallados en el AHPN, dio aviso a todos los jefes de bancos de la Ciudad y otros entes gubernamentales de que él sería el nuevo jefe del Cuerpo de Detectives y de que se encontraba a sus órdenes.
Como jefe de este cuerpo tenía como empleados a más de 600 hombres y a 26 hombres del Comando VI. Además, aunque René Nájera hubiera asumido como jefe del Comando VI, era Pedro García quien continuaba controlando esta sección, según informó el colaborador eficaz del Ministerio Público en el caso por desaparición de Sáenz Calito.
En base a otros documentos encontrados y recopilados por el personal del Archivo Histórico de la Policía Nacional en el informe “Del Silencio a la Memoria” puede verse cómo también al frente del Cuerpo de Detectives, Arredondo siguió recibiendo órdenes del Ejército para capturar a personas acusadas de formar parte de la subversión.
“Con instrucciones del Señor Director General del ramo, tengo el agrado de dirigirme a usted para adjuntarle (2) DOS INFORMACIONES CONFIDENCIALES.1. 2-0186-1C. EMGE2. S/N EMP Con su marginado que dice: “COC. A DETECTIVES”, la primera; y la segunda “VER SI SE LLEVO A CABO”.”
Uno de los documentos confidenciales adjuntos se refiere a los dirigentes de la Central Nacional de Trabajadores (CNT), Blanca Baema Hernández y Carlos Lee Mayor, señalados de estar preparando una reunión con representantes de varios sindicatos. El otro informe confidencial del Estado Mayor General del Ejército (2-0186-1C), contiene información sobre un grupo de “individuos supuestamente subversivos”, que se reúnen en el fondo de un barranco de la zona 3.
Los asesinatos durante esta época proliferaron de forma considerable. En los periódicos diariamente se reportaban una media de cinco desapariciones, y de más de 10 asesinatos, y éstos comenzaban también a hacerse más habituales en el interior del país. Estas noticias, sin embargo, no cuentan con la mínima referencia a la posible responsabilidad de fuerzas del Estado.
“Cuando era la guerrilla o ladrones, se mataban”
Pedro Arredondo García, quien a pesar de la similitud de nombres se trata de un primo del jefe de Policía, trabajó en el Cuerpo de Detectives entre 1981 y 82.
Pedro Arredondo desciende de un autobús a la entrada de Nueva Santa Rosa. Es José García Arredondo, desde su silla en la calle, quien señala a su primo, “él trabajó con mi hermano”. Al ser alcanzado por la periodista Arredondo García no ofrece ninguna resistencia a contar lo que recuerda. Aunque tiene 78 años, su voz es muy clara y sus recuerdos bastante ordenados y coherentes. Explica que él trabajaba en la guardia del Cuerpo, ubicado en la 8a avenida y 4a calle de la zona 1, detrás de la sede de la Cruz Roja.
Pedro Arredondo cuenta que, aunque sus familias no eran muy cercanas, en 1980 todos en Nueva Santa Rosa sabían que su primo tenía un buen puesto en la Policía. Así que cuando llegó a estudiar a la capital, le llamó para ver si podía conseguirle algún trabajo. Eran las 10 de la noche cuando realizó esa llamada a la oficina del Cuerpo de Detectives. Le respondió primero un hombre que, a continuación, lo trasladó a Pedro García Arredondo.
―Aquí llama Pedro Arredondo García.
―El cabrón de Pedro, primo, hola, ¿dónde estás?
―Estoy en la ciudad, en la universidad sacando un curso.
―Mira aquí tengo a tu hermano que me está haciendo una casa, venite para acá a trabajar con tu hermano y de repente te meto en la Policía.
Primero contó cómo ayudó a construir la casa en la que García Arredondo viviría con su esposa y sus hijos, en Alameda de San Rafael, en la zona 18. Y, el 1 de julio del 81 comenzó a trabajar en el Cuerpo de Detectives.
―¿Cómo eran las investigaciones?
―El tipo de investigaciones que hacíamos es que salíamos a patrullar de las 11 de la noche para adelante. Cuando eran de la guerrilla o ladrones, se mataban.
―¿Directamente los mataban?
―Se mataban. Entonces al jefe le llegaba un aviso de que en tal parte por un enfrentamiento entre detectives y guerrilleros…y el jefe daba la orden a los bomberos de ir a recoger los cuerpos. Los recogían y había que reportarlos, pero el asunto de la mortalidad era ya de los bomberos y de la Cruz Roja. Una vez iba un grupo de detectives al Puerto de San José y de San José venía un grupo de una policía militar ambulante y, equivocadamente, se dieron a balazos, siendo de los mismos, por sospechar que la policía ambulante fueran guerrilleros.
―Y a veces, ¿sí los capturaban?
―Sí.
―Y, ¿los torturaban?
―Sí, para investigarles. Para ver si eran guerrilleros. A veces por crímenes los llevaban, los investigaban, y les daban libertad.
También fue preguntado por el enfrentamiento de Arredondo y Valiente Téllez. “Fueron los hombres de Pedro, eso sí, que fueron a matar a Valiente Téllez”, asegura Pedro Arredondo García. “Lo que sé es que la gente de Pedro estaba en guerra con la gente de Valiente Téllez porque en su policía particular tuvo de empleados a muchos del Comando VI, y esa rivalidad siempre permaneció. Siempre siguió el odio. La gente de Valiente Téllez estaba enojada con Pedro y la de Pedro estaba enojada con Valiente. Se contradecían, se amenazaban de muerte y se disparaban mutuamente”, asegura el primo de García Arredondo.
Su primo asegura que Pedro García Arredondo no es responsable de nada. “Don Pedro no hizo nada, a Pedro la gente lo pintaba de malo porque el Cuerpo de Detectives, lo nombraban algo así como los judiciales, apenas mataban a alguno decían que Pedro había sido, y así fue como lo condenaron. Había veces que por cumplir, sí podría haberlo hecho. Pero era un cumplimiento. De Chupina Barahona, recibía las órdenes de él”, asegura. Su relato, que tuvo lugar al lado de la casa familiar García Arredondo se vio interrumpido por la entrada en escena de un hijo del ex jefe de Policía, receloso de dar ningún tipo de información, ni la más mínima, sobre su padre.
«-Y, ¿los torturaban?
-Sí, para investigarles. Para ver si eran guerrilleros, explica Pedro Arredondo».
3.Relatos del terror
El 7 de febrero de 1980 fue hallado el cadáver de Rolando Guzmán Sandoval, en el kilómetro 36 de la ruta a Santa Lucía Milpas Altas. Cinco días más tarde, el 13 de febrero, encontraron otro cuerpo sin vida cerca de Amatitlán, en este caso de una mujer, quien fue reconocida más tarde como Elisabeth López Vásques. El 21 de febrero, los Bomberos Voluntarios reportaron que bajo el puente de Villalobos habían encontrado los restos de dos hombres sin identificar, de unos 21 y 18 años.
El 26 fueron hallados otros dos cuerpos en la entrada a la colonia San Cristóbal y un día más tarde se reportaba el hallazgo de otro cadáver en un barranco de la ruta hacia Palencia. El 3 de marzo fueron reportados muertos dos estudiantes universitarios: Julio César Cabrera y Cabrera, de 24 años, quien según familiares había desaparecido el jueves anterior, y Marcos Gustavo Maldonado Rivera, de 21, con 6 perforaciones de bala. Entre tanto, y durante el transcurso de estos días, familiares reclamaban a Eduviges Morales Quevedo, de 19 años, a Bertha Octavia Padilla López, de 16, y Rosario del Carmen Amézquita Pérez, de 13 años. (Prensa libre entre el 7 de febrero y el 3 de marzo de 1980).
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El niño al que le arrebataron todo
El 20 de febrero de 1981, cerca de las siete de la noche, la familia Ocampo escuchó un tiroteo cerca de su casa, en la 2a calle y 2a avenida de la zona 1, a la vuelta de la iglesia de la Recolección. A los pocos minutos vieron cómo un hombre herido, que ellos supusieron era guerrillero, entraba como podía por la puerta, que se había quedado abierta por un descuido. Instantes después, siguiendo el rastro de su sangre, ingresaban en su domicilio varios agentes del Cuerpo de Detectives. El hombre herido ya se había escapado por el piso superior y los agentes preguntaron por el dueño de la casa. Se trataba del doctor Carlos Ocampo Paz.
“Yo soy el dueño, les dijo mi papá”, recuerda Óscar Ocampo Ortega, el hijo menor de esta familia, quien entonces tenía 12 años. “Entonces le dijeron a mi papá que se lo tenían que llevar para una investigación. Y dijeron, ‘no tenga pena, ahí lo vamos a tener en la Judicial’. Y lo metieron en una panel blanca. Pero luego fuimos a buscarlo con mi mamá a la Judicial, al Comando VI, a la Policía, a la Comisaría, en ningún sitio estaba”, recuerda Ocampo.
Ese mismo día, a las 2 de la madrugada volvieron a escuchar el sonido cercano de unos disparos. A los 20 minutos alguien tocó a la puerta. “Salimos a ver por la parte de arriba y había un jeep que decía “juez de turno”. Mi mamá les preguntó qué querían y nos dijeron que bajáramos, que si ahí vivía el doctor Ocampo, les dijimos que sí”.
―Si quieren más información vayan a la morgue.
Ocampo llegó a la morgue con su madre y allí encontraron el cuerpo de su padre, a quien habían metido varios balazos en la espalda y una cuchillada en el tórax.
El calvario de esta familia de la clase media-alta sólo acababa de empezar. Ocampo asegura que no tenían nada qué ver con el movimiento subversivo, que incluso estaban posicionados a la derecha y que su padre, por ser originario de Cobán, conocía al presidente Romeo Lucas García, con quien en ocasiones habían coincidido viendo el fútbol. Asegura que fueron víctimas de una mala coincidencia. Ocho días después recibieron una carta. “Nos exigían Q20 mil porque decían que mi papá colaboraba con medicinas y armas con los guerrilleros, y lo firmaban los jefes de la judicial y G2 conjuntos”.
A los dos meses, en abril de 1981, un grupo de hombres armados entró en su casa, con las llaves que se habían quedado del doctor Ocampo, y tiraron por las escaleras a su madre. No lograron asesinarla, pero se quedó paralítica. Después de varios atentados más, su hermana se exilió y terminó en Panamá, para llevarse a continuación a su madre y a él. Pero sus dos hermanos mayores, Carlos Manuel y Hugo Leonel Ocampo Ortega, de 25 y 22 años, maestro de karate y estudiante universitario, optaron por quedarse en la Ciudad, sin saber que el control del Cuerpo de Detectives hacia la familia continuaba.
El 12 de diciembre del 81, ambos hermanos se encontraban en la zona 10, en el apartamento de un amigo que justo ese día se estaban mudando, cuando un grupo de hombres armados llegaron a capturarlos. Su amigo, que será llamado *Juan, relata lo sucedido:
“Eran los judiciales, los elementos del Comando VI. Iban vestidos de normal, pero no necesitaban uniforme para que supiéramos quienes eran. Nos sacaron de la casa y nos llevaron a Hugo, Carlos Manuel, a una amiga de ellos y a mí, éramos cuatro”. Primero, relata, fueron conducidos al Cuerpo de Detectives, en la 8a avenida y 4a calle, después al Segundo Cuerpo, ubicado en la 11 avenida y 4 calle de la zona 1. Allí les juntaron con otras personas y les acusaron de formar parte de una banda de roba carros.
En este lugar, donde actualmente está ubicada la Comisaría 11, en aquel entonces la Policía Nacional contaba con su particular centro de torturas. El lugar, según el testimonio de Juan, estaba ocupado por hombres armados con ametralladoras, vestidos de civil, había varias habitaciones, entre ellas un cuarto oscuro, donde los llevaban para las interrogaciones y torturas. “Los policías que estaban allí eran más altos de lo que la inclusive la imaginación puede darte, era exagerado. Yo no sé de dónde lo sacaban, pero era gente mala”, recuerda Juan. También recuerda la presencia de Pedro García Arredondo por los pasillos de esta comisaría.
―Yo lo vi, a (Pedro García) Arredondo, yo sabía quién era porque era una persona conocida. Él no hacía nada, era feliz de ver, sólo se divertía…
―¿Él estaba allí cuando a usted lo estaban interrogando?
―Por lo regular sí. Yo lo vi varias veces, por los corredores, por los cuartos, había un cuarto oscuro, donde nos golpeaban, nos desnudaban, nos ponían una capucha de gamuza, nos metían en un tonel con agua hasta cierto nivel y dos electrodos, como que fuera de batería de carro, no sé qué tanta corriente, pero sí era una sensación espantosa.
Juan ya llevaba dos días capturado, se encontraba con Manuel y Carlos Ocampo en una pequeña celda, cuando varios agentes los sacaron al parqueo del Segundo Cuerpo. Allí les reunieron con cinco jóvenes a quienes no conocían frente a tres carros y les tomaron una fotografía. Al día siguiente, esta foto apareció en Prensa Libre, donde se indicaba que eran los miembros de una banda de roba carros y asalta bancos.
Un día más tarde los volvieron a sacar de la celda, esta vez para llevarlos a Tribunales. En un momento, Juan se retrasó para pedir un cigarro y un policía lo separó del grupo, por lo que sólo salieron los dos hermanos Ocampo del Segundo Cuerpo, en compañía de otro joven.
Juan fue liberado ocho meses después. La familia Ocampo nunca volvió a saber nada de Manuel ni de Carlos.
Oliverio, Colom Argueta, Fuentes Mohr
Aunque estos casos se encuentren todavía en investigación, el Comando VI también podría estar implicado en varios asesinatos emblemáticos del época. Entre ellos, destaca el del dirigente estudiantil y secretario de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), Oliverio Castañeda de León, asesinado el 20 de octubre de 1978, poco después de su recordado mitin en el que pronunció las palabras: “mientras haya pueblo habrá revolución”. El suceso tuvo lugar en la Sexta avenida, frente al Pasaje Rubio. Por los testimonios recabados en el momento, fueron hombres vestidos de civil quienes llegaron a ametrallarle.
A través de Archivo de la PN se pudo comprobar que el Cuerpo de Detectives daba seguimiento al estudiante desde hacía cuatro meses. Además, según el informe “Del Silencio a la Memoria” del AHPN se encontró el documento sin remitente fechado 7 de noviembre de 1978, según el cual una persona de nombre Juan José González comunicó al rector de la Universidad de San Carlos que el autor material de la ejecución de Oliverio Castañeda de León había sido el Chino Lima, quien según este informe se trata del coronel de Policía Juan Antonio Lima López, el segundo al mando del Comando VI después de Pedro García Arredondo.
En 1979, justo cuando su partido iba a ser legalizado, fue asesinado Alberto Fuentes Mohr. Fuentes Mohr había sido ministro de Hacienda y Relaciones Exteriores durante el gobierno de Julio César Méndez Montenegro y candidato a la vicepresidencia con Efraín Ríos Montt en el 74. En el momento de su muerte fungía como diputado por Quetzaltenango y acababa de inscribir el Partido Socialista Democrático. El 25 de enero de 1979, su carro fue emboscado cuando salía de una sesión plenaria, frente a la Escuela Politécnica. Murió de 23 impactos de bala.
Apenas un mes más tarde, el 22 de marzo de 1979, fue asesinado Manuel Colom Argueta, ex alcalde de Ciudad de Guatemala entre el 70 y el 74 y candidato a la presidencia por el Frente Unido de la Revolución (FUR). Argueta tenía un gran carisma y su buen desempeño como alcalde de la ciudad hacía pensar que podría ganar cualquier elección a la que se presentara. Su asesinato se perpetró en la zona 9, cuando salía de su oficina.
En un documento desclasificado de la Embajada de Estados Unidos, enviado el 15 de marzo de 1980, se implica directamente al Comando VI de los asesinatos de ambos líderes políticos. Fue enviado a raíz del asesinato de un agente de la G2 en Sipacapa, Escuintla, por miembros del Cuerpo de Detectives. Según la información detallada, el agente de la inteligencia de Sipacapa se encontraba investigando un robo de ganado y encontró a un detective a cargo de Valiente Téllez. El agente de la G2 le pidió ayuda y al día siguiente fue asesinado por tres detectives. Este documento, que se encuentra tachado casi en su totalidad, termina diciendo: “el asesinato de Manuel Colom Argueta y de Alberto Fuentes Mohr fue también trabajo del Comando VI, ejecutado bajo la dirección del Gobierno”.
Por medio de otro informe de la Embajada, puede verse además que la Sección de Inteligencia del Ejército estaba al tanto del asesinato de Colom Argueta. Este documento, fechado el 29 de marzo de 1979 y enviado por la embajada de Estados Unidos en Guatemala a la Secretaría de Estado de Washington, transcribe una conversación mantenida con el vicepresidente Villagrán Kramer. Según la información recogida en este documento, el vicepresidente relata cómo el coronel Ricardo Méndez Ruiz, entonces jefe de seguridad del Aeropuerto La Aurora, se había acercado a él en las últimas semanas para alertarle que iba a ser asesinado. “Méndez Ruiz advirtió a Villagrán semanas atrás que él y Colom Argueta serían asesinados. Dijo que estas noticias (Méndez se negó a decir que ellos estuvieran directamente involucrados) les habían llegado a algunos oficiales de la G2”.
Entre los casos que involucran a Pedro García Arredondo, uno de los que ilustra con más detalle la crueldad con la que operaban fue el secuestro, tortura y violación de Yolanda Aguilar Urízar cuando tenía 15 años. Yolanda Aguilar, hija de un dirigente de la Democracia Cristiana y de una asesora jurídica de la CNT, relata en su testimonio recogido por el Remhi cómo la capturaron, la llevaron a un lugar y 20 hombres la violaron sucesivamente. “Hay una parte del recuerdo donde estaba Valiente Téllez, estaba este señor Arredondo, y lo único que recuerdo es que mientras uno tenía relaciones conmigo, otros ponían las manos en los pechos y yo perdí varias veces el conocimiento”, relata en el informe del Remhi.
Rosaura y Glenda, las niñas que se llevó el Cuerpo de Detectives
Adriana Portillo Bathrow cuenta su testimonio con la seguridad que le da vivir en Estados Unidos. Lo hace vía Skype, siempre con la esperanza de que sus dos hijas, Rosaura y Glenda Carrillo Portillo, secuestradas en 1981 cuando tenían 9 y 10 años, sigan todavía con vida.
Los hechos tuvieron lugar el 11 de septiembre de 1981. Su padre Adrián Portillo se había desplazado a su casa de la capital desde Jutiapa para celebrar una fiesta de cumpleaños. Se había llevado con él a las dos hijas pequeñas de Adriana y, además, iba acompañado de su segunda esposa, Rosa, de una hija de ambos, Alma Portillo, de 18 meses; y una cuñada llamada Tony.
Cuando, unas horas más tarde, Adriana llegó a casa de su padre, ubicada a tres cuadras del Trébol, pudo ver un gran operativo coordinado entre PN y Ejército. “Como a una cuadra de la casa comenzamos a ver que había policías, militares, hombres de particular, hombres del Comando VI”. Al acercarse un hombre con los ojos claros comenzó a hablarles. “Había un hombre de particular que parecía ser el jefe, después me enteré que ese hombre era Virgilio Gudiel Ortega (tercer jefe e inspector del Cuerpo de Detectives, bajo órdenes de Pedro García Arredondo) y como sus ojos eran verdes le decían el gato Gudiel”, explica. Adriana, cuenta que tras mantener una conversación con Gudiel Ortega, donde les pedía que entraran en la casa y al mismo tiempo rechazaba que su padre estuviera allí, finalmente optaron por alejarse y marcharse en un taxi.
A pesar del tiempo pasado, de que haya rehecho su vida y de realmente querer dar a conocer la información, Adriana no puede evitar romper en llanto al recordar lo sucedido. Ella continúa su relato explicando que otro hermano también llegó ese día a la casa de su padre y, al ver el operativo, no se acercó. “Mi hermano dice que se paró en una tienda y un señor le dijo que no había visto que llevaran a nadie, pero que sí vio salir un picop que iba cubierto con una lona. Preguntó en otra tienda que estaba cerca y el dueño le dijo que vio que a ellas (sus hijas) sí las llevaban, que iban gritando y pidiendo ayuda. La cosa es que nunca supimos cuál versión era cierta, que si las mataron probablemente las llevaban cubiertas con esa lona, pero que si no las mataron tiene sentido eso de que ellas hubiera salido gritando”.
Adriana lo explica sin rodeos, toda su familia estaba “organizada”, formaban parte de la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas (ORPA). Su casa era utilizada por guerrilleros, que cuando bajaban de la montaña se quedaban allí. Pero sus dos hijas no eran de ORPA, su hermanastra, de un año y medio, tampoco.
Portillo prosigue su relato indicando que unos meses después se marchó a Estados Unidos y que regresó tras la firma de los Acuerdos de Paz, en 1996, para rendir su testimonio al Remhi y la CEH. Y, además, a presentar una denuncia ante el MP con apoyo de la ODAH. En la denuncia, Adriana acusó a Virgilio Gudiel Ortega y a Pedro García Arredondo; y también nombró al periodista Ricardo Gatica Trejo, quien asegura que era “oreja” – informante del Ejército-, y que el día del operativo sabe que estuvo en su casa por unas fotos publicadas en los medios con su nombre. En un segundo retorno a Guatemala, en 1998, cuenta que consiguió la ubicación de Gatica Trejo y llegó a hablar con él para preguntarle por el paradero de sus hijas.
“Él me dijo que conocía a varios que estuvieron en el operativo y que seguía en contacto con uno de ellos. Y me dijo que iba a ir a hablar con él”, las pláticas entre Adriana Portillo y Ricardo Gatica Trejo, según su testimonio, duraron un año. “Al año me dijo que ya tenía la información, que había hablado con el jefe que comandó el operativo quien vivía en Santa Rosa y que él le había dicho que ellos no mataban a niños, que los vendían o los regalaban en adopción, y que las niñas probablemente estuvieran en los países escandinavos”.
Adriana agregó que según le informó el periodista, miembro fundador de la Cámara Guatemalteca de Periodismo, en dos semanas tendría la información sobre el paradero de sus hijas. “Yo estaba contando con que me iba a reencontrar con mis hijas y haciendo los preparativos para irme a los países escandinavos. A las dos semanas me dijo que el señor estaba dispuesto a darme la información, pero que quería 12 mil dólares. Presté el dinero a unos amigos, me comuniqué con él y le dije, el dinero ya está en el banco, ya tenemos el número de cuenta, pero le voy a dar el número de cuenta solamente después de que usted me haya dado la información y nosotros la podamos corroborar. Y ya jamás se volvió a comunicar conmigo. Para mí fue perder a mis hijas otra vez”.
Preguntado sobre estas acusaciones, el periodista Ricardo Gatica Trejo dijo que era cierto que él llegó al operativo aquel día pero que no sabía nada de las niñas. Añadió que tampoco era cierto que él hubiera contactado con “el jefe del operativo que vivía en Santa Rosa ni que le habían pedido dinero”. “Yo le expliqué a ella (Adriana Portillo) que había estado en el operativo, que había muchos grupos diferentes de policía y que yo ni siquiera sabía que habían desaparecido las niñas. Que para mí era un reducto más”, dijo Gatica Trejo. Agregó que como él en esa época era fotógrafo en El Gráfico, muchas personas lo contactaban para pedirle información sobre los sucesos. Cuestionado sobre si él era “oreja”, tal como informó Portillo, dijo que es una acusación que respeta pero no comparte.
4.La salida de García Arredondo de la PN y alcalde de Nueva Santa Rosa
Ríos Montt disuelve el Cuerpo de Detectives y expulsa a García Arredondo
El golpe de Estado de los jóvenes militares que llevarían a Efraín Ríos Montt a la presidencia de facto, el 23 de marzo de 1982, estuvo acompañado de un gran apoyo de personas que estaban cansadas de esa vorágine descontrolada de violencia y esperaban un cambio de situación. Para dar respuesta a esta petición popular, una de las primeras acciones del triunvirato fue terminar el Cuerpo de Detectives y, con esto, expulsar a García Arredondo de la Policía Nacional.
“Considerando que el Cuerpo de Detectives no ha cumplido con las funciones para las cuales fue creado, debido a la utilización de procedimientos empíricos e inadecuados”, indica el oficio de disolución de este cuerpo, enviado por la Junta Militar el 7 de abril de 1982. Asimismo, este oficio solicita consignar a los Tribunales a los miembros de este cuerpo relacionados en la participación de hechos delictivos. En julio se disolvió también el Comando VI. En sustitución de ambos, fue creado el Departamento de Investigaciones Técnicas (DIT), que se quedó a cargo de Virgilio Gudiel Ortega, el subalterno de Pedro García Arredondo en el Cuerpo de Detectives, mientras que los agentes de este cuerpo también eran reubicados en el DIT.
En un cable de la embajada de Estados Unidos, del 26 de marzo, donde se indica que la situación continuaba tranquila tras el golpe, agrega: “un muy bienvenido anuncio fue el despido del jefe del Cuerpo de Detectives de la Policía Nacional Pedro García Arredondo y su compañero gánster y asesino, el secretario general de la policía Randolfo (Catalán) Pazos”.
De esta manera, el hombre que durante cuatro años sembró el terror en la ciudad, fue expulsado de una vez por todas de la estructura criminal del Gobierno. Sin embargo, según documentos del AHPN, Pedro García Arredondo continuó hasta marzo de 1983 con nueve hombres del Cuerpo de Detectives a sus órdenes también con tres subametralladoras y dos carabinas, así como un vehículo.
En la ficha de García Arredondo sólo constan dos inscripciones más, una del 10 de noviembre de 1982 donde el auditor de guerra de la Zona Militar Justo Rufino Barrios solicita que se le informe de la dirección de Pedro García Arredondo y otra del 23 de noviembre en la que se les especifica que éste vive en la Alameda de San Rafael, no se indicaba el motivo por cual quisieran ubicarlo.
Esta es la ficha policial en la que se registró el asesinato del dirigente estudiantel Oliverio Castañeda de León. Documentos del Archivo Histórico de la Policía Nacional mencionan a el “Chino Lima”, quien según este informe es el coronel de policía Juan Antonio Lima López, el segundo al mando del Comando VI después de Pedro García Arredondo.
El alcalde de Nueva Santa Rosa
En 1993, Pedro García Arredondo llevaba ya 12 años apartado de las labores policiales y de la vida pública cuando se presentó como candidato del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), -el partido creado por el general que lo había expulsado de la Policía Nacional- para ocupar el puesto de alcalde de Nueva Santa Rosa. García Arredondo ganó estos comicios con casi el doble de votos de diferencia que sus contrincantes y se mantuvo en el poder, siempre con el FRG, durante 10 años y tres periodos, desde 1994 hasta 2004 cuando finalmente perdió las elecciones contra el alcalde del PAN.
Nueva Santa Rosa es un municipio de 45 mil habitantes, ubicado entre Barberena y San Rafael Las Flores, sus habitantes se dedican a la agricultura. Es un pueblo de clima cálido y unos grandes arcos a su entrada y salida que hacen parecer que se entrara a un gran municipio o un parque de atracciones. En sus calles pueden verse las huellas de la obra pública que García Arredondo realizó. El Estadio Municipal lleva su nombre y también el centro de salud, cuya placa fue removida por el alcalde anterior, pero que el nuevo alcalde, Enrique Arredondo, también primo del ex jefe policial, aseguró que ya había ordenado volver a colocar.
A pesar de la leyenda de hombre temible que le acompaña, o quizá por eso, los habitantes de Nueva Santa Rosa consultados lo recuerdan como “un buen alcalde”. “Fue muy buen alcalde, durante el tiempo de él, no porque sea del pueblo, pero sí sacó buen trabajo. El pueblo lo tuvo bien ordenado, puso el alumbrado eléctrico, llevó el agua a las aldeas”, recuerda Manuel Collado, un vecino del Municipio. El piloto de un tuctuc recuerda igual que mantenía en buen estado las carreteras.“Cuando estaba él no había delincuencia”, dice. Aunque también hablan de obras mal ejecutadas, como un puente que comunicaba con la aldea Ojo de Agua, que colapsó.
Según recuerdan los vecinos, durante el tiempo que estuvo a cargo de la municipalidad, García Arredondo contaba con dinero en efectivo, que repartía a los vecinos que necesitaban. Además, según una nota publicada en Prensa Libre en 1999, el entonces alcalde iba acompañado de sus guardaespaldas y comía y dormía en el despacho municipal. En las declaraciones de Pedro García Arredondo a Prensa Libre, se definía a sí mismo como un buen administrador de su tiempo y explicaba que se mantenía en la comuna de martes a viernes, mientras que el resto del tiempo lo pasaba con su familia en la ciudad.
También durante su gestión como alcalde, le acompaña el rumor de haber controlado un grupo de limpieza social en el Municipio. En 1999, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (Minugua) denunció serios indicios de su participación en las operaciones de la banda Los Chuchos dedicada a extorsiones, secuestros y la “limpieza social” de supuestos criminales. “Cualquier muerto que aparecía decían que Pedro fue, aún de alcalde, cuando había ladrones que venían a asaltar y los mataban, decía que Pedro había dado la orden”, cuenta su primo Pedro Arredondo García.
A pesar de que el actual alcalde de Nueva Santa Rosa, Enrique Arredondo -electo por el Comité Cívico El Sombrero- sea su primo, asegura que no tienen buena relación. De hecho, cuenta que en las elecciones, el ex jefe de Policía decidió brindar su apoyo al candidato del PP. “Él me lo dijo, yo voy con los ganadores”, indica Enrique García en una entrevista, quien agrega que cuando era pequeño y Pedro llegaba a Nueva Santa Rosa los fines de semana, llegaba a repartir dinero entre los sobrinos, pero su padre no le dejaba aceptarlo. “Solo una vez en la vida le vi beberse una cerveza”, recuerda.
A Pedro García Arredondo el miedo lo acompañó siempre. Temía por su vida. Habitantes de Nueva Santa Rosa recuerdan que siempre iba acompañado de hombres que lo protegieran y su oficina estaba plagada de fotografías de la virgen María. Su hermano y familiares le recomendaron, tras la orden de captura emitida en su contra por la quema de la Embajada de España en 2006, que se marchara a Estados Unidos, pero él decía, según recuerda su hermano José, que en Guatemala tenía a su familia y sus fincas.
Desde su salida de la PN, García Arredondo había ido comprando varias fincas. Según información de la Dirección de Catastro y Avalúos de Bienes Inmuebles (DICABI) del Ministerio de Finanzas, cuenta con ocho terrenos, seis en Nueva Santa Rosa, uno en Cuilapa y otro, el más grande, de 200 mil metros cuadrados, en Nueva Concepción, Escuintla.
Sin embargo, tanto en el caso por la desaparición de Edgar Sáenz Calito como en el de la quema de la Embajada de España, comenzó siendo defendido por el Instituto de la Defensa Público Penal (IDPP).
A este respecto, Fernando García Rubi, director de Coordinación técnico profesional del IDPP indicó que García Arredondo no presentó abogado por lo que ellos asumieron este papel, pero que a través de un estudio socioeconómico pudieron ver que contaba con los recursos para pagar un abogado, por lo que le cobrarán los servicios asumidos. Sin embargo, tanto en el caso de Sáenz Calito como en el de la Embajada de España finalmente ha sido el abogado Moisés Galindo –quien ha defendido a un alto número de militares acusados de crímenes durante el conflicto armado y funge como secretario de la Fundación contra El Terrorismo- quien ha asumido su defensa, Galindo asegura que ad honorem.
Actualmente Pedro García Arredondo se encuentra preso en la cárcel de Matamoros, sentenciado a 70 años de prisión por su participación en la desaparición de Édgar Sáenz Calito. Su hermano José relata que llegó dos veces a visitarle a la cárcel: “Está gordo porque está diabético, pero tiene un doctor que lo examina y le da medicinas. A él lo incriminó la Menchú (por la quema de la Embajada de España) es por eso que está en la cárcel”, agrega. En referencia, probablemente al hecho de que Rigoberta Menchú es querellante adhesiva en este caso.
Arredondo ha rechazado dar cualquier declaración a la prensa durante todas las audiencias realizadas, tanto para el juicio de Sáenz Calito como por el de la Embajada de España. Y las reiteradas solicitudes de entrevistarlo en la cárcel por parte de este medio también fueron denegadas. De la misma manera, sus hijos se han opuesto a ofrecer cualquier tipo de información, ni siquiera cuántas personas forman parte de su familia. “Decidimos entre todos los hermanos que no vamos a conceder ninguna entrevista, porque los medios han tergiversado mucho la información sobre mi padre. Mi padre fue un buen padre y nos enseñó buenos principios y no queremos que salga información equivocada”, dijo Cristian García, uno de sus hijos.
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El 25 de julio de 2011, Óscar Ocampo estaba en la óptica de la que es propietario, en Villa Nueva. Como no había clientes se entretenía viendo la televisión justo en el momento que la voz del presentador dio los titulares de una noticia. Hablaba de un arresto el día anterior en Nueva Santa Rosa, el capturado era el ex jefe de Policía Pedro García Arredondo. Ocampo asegura que le volvieron a la mente todas las imágenes del pasado: su padre asesinado en la morgue, cuando su madre fue arrojada escaleras abajo, la desaparición de sus hermanos, las veces que había intentado sin éxito averiguar sobre ellos. Cómo pasó de ser el niño mimado de una familia de bien a un buscavidas que tuvo ciento y un trabajos para salir adelante.
“Rápido me moví, dije, yo voy también a acusarlo, porque él tiene que saber lo que él hizo. Yo no sabía nada de él, ni siquiera si estaba vivo o no. Fue una sorpresa…Yo le dije al Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) que estaba dispuesto a cualquier cosa para emplazar a este señor, para que pagara los delitos que él hizo. Si quieren hacer manifestaciones, ¡vamos! Ya no tengo miedo, después de todo lo que he pasado en mi vida, mire que ha sido bien dolorosa. Llega un momento en que uno ya se siente sereno”.
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Actualmente, según información ofrecida por el Ministerio Público, Pedro García Arredondo tiene ocho denuncias en su contra. En una de ellas, interpuesta por el GAM, se le acusa de “ejecución extrajudicial, plagio o secuestro, tortura, desaparición forzada, detenciones ilegales, allanamientos, amenazas” y como víctimas figuran 150 personas. Además, la fiscalía de Derechos Humanos cuenta con la denuncia interpuesta por Julio Alejandro Valdez Rojas por el asesinato el día del sepelio del hermano de Manuel de Jesús Valiente Téllez, de su padre y dos tíos. También está denunciado por desaparición forzada y deberes contra la humanidad en el caso de Marco Antonio Molina Theissen, secuestrado de su casa en octubre de 1981 cuando tenía 14 años. El caso que ya recibió sentencia por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2004 que obligó al Estado de Guatemala a investigar el caso. Y cuenta con otras tres denuncias más.
Preguntado por estas investigaciones, el fiscal Orlando Salvador explicó que Pedro García Arredondo ya se encuentra en prisión, de momento con 70 años de pena –más los que se le puedan sumar por su implicación por la quema de la Embajada de España- por lo que de momento centrarán sus esfuerzos en investigar a los responsables de otros crímenes. García Arredondo seguirá en la cárcel, las demás denuncias seguirán archivadas y los cientos de cadáveres que aparecieron en esta época en barrancos o cunetas seguirán formando parte del pasado, todavía en tinieblas, de Guatemala.
