La constructora Conasa se ha reciclado detrás de una pequeña empresa, recién creada para poder concursar con el Estado. Renova Ingenieros, su heredera, carece de experiencia, pero ya fue adjudicada con un contrato por Q77 millones para la finalización del Libramiento de Chimaltenango.
El 12 de abril de 2019, el presidente Jimmy Morales inauguró el paso de Libramiento de Chimaltenango. En este evento, Morales catalogó como “hito histórico” la apertura del paso y, en términos similares, el ministro de Comunicaciones, José Luis Benito, dijo que se trataba de un “obra de ingeniería sin igual en Centroamérica”
La emoción por la habilitación duró poco: casi un mes después de la inauguración, el paso de Chimaltenango, una obra largamente esperada por los automovilistas que viajan de la capital al Occidente del país, se inundó con las primeras lluvias y presentó sus primeras fallas.
La empresa encargada del último tramo no tenía a priori ninguna experiencia en carreteras. Renova Ingenieros, la compañía a cargo del trayecto, se creó un año antes de recibir el contrato por la obra. Con base en las averiguaciones realizadas en el transcurso de este reportaje, la nueva constructora está vinculada a la empresa Constructora Nacional, S.A., Conasa, encargada de construir el primer tramo del libramiento, y señalada en 2017 en el caso Construcción y Corrupción, sobre una red de sobornos que funcionaba en el Ministerio de Comunicaciones (Micivi).
Conasa no puede concursar con el Estado desde que el Micivi implementó una nueva disposición en 2017, según la cual no se aceptarán las ofertas presentadas por personas o empresas cuyos representantes legales, directivos, o gerentes, están denunciados por la comisión de delitos de cohecho activo y enriquecimiento ilícito.
Así, la constructora debió recurrir a una empresa nueva y sin procesos judiciales para poder obtener su único contrato millonario con el Estado en los últimos cinco años.
Renova Ingenieros se inscribió en el Registro Mercantil en mayo de 2017 y su propósito, según la escritura, no era la construcción de infraestructura. Sin embargo, el 4 de octubre de 2017, justo después de que saliera a la luz el caso Corrupción y Construcción, Renova Ingenieros comenzó su transformación para convertirse en una contratista del Estado.
Todas las obras adjudicadas a Renova Ingenieros, presentadas para respaldar su experiencia ante el Ministerio de Comunicaciones, como requisito para recibir la adjudicación del último tramo del libramiento de Chimaltenango, fueron con empresas vinculadas a Conasa. Además, el equipo de expertos de Renova Ingenieros con experiencia en la realización de obra pública proviene, otra vez, de Conasa.
La inauguración del libramiento se produjo luego de la convocatoria a elecciones aunque según el artículo 223 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, en su inciso “h” todos los funcionarios y empleados públicos tienen prohibido “dar a conocer o inaugurar públicamente obras realizadas en cumplimiento de sus funciones” en este periodo. Por este caso el pasado 1 de mayo la Inspección General del Tribunal Supremo Electoral inició una investigación contra el Ejecutivo.
Recuperando el trabajo que Conasa dejó a medias
La construcción del libramiento de Chimaltenango fue encargado en 2014, a mediados del gobierno del Partido Patriota, a la empresa Conasa, que suscribió un contrato con el Ministerio de Comunicaciones por Q312 millones.
Sin embargo, para noviembre de 2017 el monto se incrementó en Q125 millones, después de que se modificó el diseño de la obra, que ya presentaba un año de retraso.
En octubre de 2018, la obra continuaba sin ser concluida y, ante la prohibición legal de ampliar el contrato más allá del 40 por ciento de su valor original, el Micivi decidió restar trabajo a constructora, cambiando el contrato nuevamente para que ejecutara solo 11.7 kilómetros de carretera, en vez de 14 kilómetros, como establecía el primer acuerdo.
En total, Conasa recibió Q438 millones 196 mil 739 por el proyecto que no concluyó.
Los 2.3 kilómetros restantes se sacaron ese mismo mes a licitación pública para conseguir otro proveedor, que resultó siendo la misma Conasa a través de Renova Ingenieros. Los recursos extra para el proyecto se tomaron de fondos nacionales.
Conasa es una de las constructoras más antiguas del país. Fue constituida en 1975 y es una de las principales contratistas de obra pública. De acuerdo con el portal Guatecompras, que solo guarda registros desde 2005, a partir de esa fecha la empresa ha recibido Q2 mil millones en contratos con el Estado.
En 2017, dos exgerentes generales de Conasa, Álvaro Mayorga Girón y Juan Argueta Tejada, aceptaron ante un juez haber pagado sobornos a la red de corrupción del ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, para obtener contratos millonarios durante el Gobierno del Partido Patriota. El caso se denominó Construcción y Corrupción.
Mayorga Girón también está acusado por el Ministerio Público y la CICIG en el caso del desvío millonario del Transurbano para la campaña electoral de Manuel Baldizón.
Los procesos legales contra la empresa han dificultado su participación en nuevos concursos. Conasa no recibe una adjudicación millonaria desde 2014.
En junio del 2018 Conasa ganó un concurso para la reparación de un tramo de la carretera CA-2 Occidente, pero el Micivi canceló la adjudicación debido a que las bases de contratación prohíben aceptar ofertas de empresas cuyos directivos están señalados de cohecho activo.
La empresa presentó una inconformidad argumentando que Mayorga y Argueta estaban separados de la empresa, pero la Junta de Licitación no cambió de opinión.
Así, para el segundo tramo del libramiento de Chimaltenango, Conasa ya estaba fuera de juego. Sin embargo, la empresa que ganó el concurso, Renova Ingenieros, que se presentó como único oferente, parece sólo una continuación de la histórica constructora guatemalteca.
Renova Ingenieros: Conasa 2.0
Inicialmente, Renova Ingenieros, la heredera de Conasa, no fue creada para la construcción de infraestructura. Su inscripción definitiva en el Registro Mercantil fue autorizada el 23 de mayo de 2017, con el propósito de “La compra venta, comercialización, importación y exportación de maquinaria, vehículos, equipo o bienes, para uso en la ingeniería y la construcción (…)”.
El acta de constitución de la empresa aparece firmada por Alejandro Díaz Bonatti y Otto David Ortiz Aldana, ambos de 58 años y con profesión “ejecutivo”. Los dos aparecen nombrados como únicos accionistas de la empresa, cuyo capital autorizado era de Q2 millones.
El 4 de octubre de 2017, justo después de que saliera a la luz el caso Corrupción y Construcción, Renova Ingenieros comenzó su transformación para convertirse en una contratista del Estado.
Sus accionistas ampliaron el objeto de la empresa para incluir como principal propósito “la construcción, asesoramiento, estudio, investigación, ejecución y planificación de proyectos de obra civil de carácter público o privado (…)”. Además, Renova Ingenieros aumentó su capital a Q25 millones, lo que le permitiría demostrar capacidad económica para ejecutar proyectos públicos.
En septiembre de 2018, la empresa nombró como representante legal a un nuevo accionista: Carlos Enrique Figueroa Ravanales, quien suplió a Diaz Bonatti en el cargo.
Carlos Figueroa Ravanales es además representante legal de la empresa Productora de Materiales para la Construcción, sociedad anónima, en la cual también figura como representante Edgar Balsells Tojo, el notario que constituyó Conasa.
El 25 de octubre de 2018, cuando coincidentemente Renova ya estaba lista para ser contratista del Estado, el Micivi sacó a licitación la construcción del tramo pendiente de 2.3 kilómetros del libramiento de Chimaltenango. En diciembre Renova Ingenieros fue adjudicada como única oferente y firmó el contrato para la obra por Q77 millones.
Renova Ingenieros recibió la adjudicación, a pesar de que la convocatoria del concurso especifica que los oferentes deben tener calificación “M”, que equivale a una capacidad de Q25 millones, para poder concursar. La constancia presentada por la empresa especifica que su calificación es “E”, equivalente a Q4 millones.
La bases del concurso son claras en que serán rechazadas las ofertas que no cumplan con la calificación requerida, pero para Renova Ingenieros esta norma se obvió.
Todos los contratistas de Renova trabajaron con Conasa
Todas las obras adjudicadas a Renova Ingenieros, presentadas para respaldar su experiencia ante el Ministerio de Comunicaciones fueron con empresas vinculadas a Conasa, tal como pudo comprobarse en el transcurso de esta investigación.
De acuerdo con las fechas acordadas, las cuatro obras se debían ejecutar al mismo tiempo que el contrato por el libramiento de Chimaltenango. ¿Cómo una empresa recién creada podría realizar cinco proyectos a la vez?
El primer contrato de obra que Renova Ingenieros presenta para respaldar su experiencia es uno firmado con Conasa, para el diseño y construcción de la Via Alterna del Sur, un proyecto privado a cargo de la misma constructora. El contrato se firmó el 11 de octubre de 2018.
El segundo contrato de la constructora se suscribió con Buildtech Desarrollos Industriales S.A., cuyo administrador único, según el Registro Mercantil, es Luis Alfonso Rosales González, ingeniero que ha trabajado con Conasa, de acuerdo con el directorio del Colegio de Ingenieros de Guatemala de 2012.
Los otros dos son dos contratos privados, uno firmado con Álvaro Mayorga y otro con Juan Luis Tejada Argueta, los dos ex gerentes de Conasa sindicados por el Caso Construcción y Corrupción. Según se detalla en los acuerdos, ambos contrataron a Renova Ingenieros para construir los tramos carreteros que el juzgado de Mayor Riesgo “D” les impuso construir como reparación para la sociedad y el Estado, tras admitir su culpabilidad en el pago de sobornos.
La experiencia de los ingenieros contratados también proviene de trabajar en Conasa
La experiencia de los ingenieros expertos que estarán a cargo de la obra también es tomada en cuenta por la Junta de Licitación que otorga el contrato para evaluar la capacidad del oferente. En el caso de Renova Ingenieros, todo su equipo de expertos cuenta con experiencia en la realización de obra pública. Esta experiencia proviene, otra vez, de Conasa.
La oferta no detalla quién será el director de la obra, pero el segundo al mando, el superintendente de la obra, es Luis Eduardo Bolaños Durán, quien desde 1996 realiza ese trabajo para Conasa.
El ingeniero auxiliar, Victor Manuel Tzunux González, acredita como una experiencia en ese puesto el proyecto privado Via Alterna Sur (VAS), desarrollado por Conasa.
El ingeniero de control de calidad, Carlos Arnoldo Morales Rosales, realiza ese trabajo para la constructora desde 2015, y Brayanne Ronery Maldonado Ramos, el especialista de gestión ambiental, también acredita su experiencia en ese puesto y como Supervisor de Seguridad Ambiental con contratos de Conasa.
El supervisor de Salud Ocupacional y Seguridad de Conasa también está incluido entre los expertos que trabajan con Renova Ingenieros.
Los otros dos son dos contratos privados, uno firmado con Álvaro Mayorga y otro con Juan Luis Tejada Argueta, los dos ex gerentes de Conasa sindicados por el Caso Construcción y Corrupción.
Sin explicaciones
No Ficción consultó a Conasa sobre la relación de su empresa con Renova Ingenieros, pero no se pronunció al respecto. Su comunicadora, Miriam Portillo, dijo que “por indicaciones recibidas la empresa no emitirá ninguna declaración a su solicitud”. Tampoco se explicó la razón de esta decisión.
Renova Ingenieros también fue consultada al respecto, e informó que contestaría a las preguntas por correo electrónico, pero hasta el cierre del reportaje no se obtuvo respuesta.
El ministro de comunicaciones, José Luis Benito, explicó que la evaluación de cada oferta la hace la Junta de Licitación, con base en los criterios establecidos en el concurso, por lo que su despacho no está enterado de la relación entre ambas empresas, aunque dijo que lo creía “improbable”.
La obra de ingeniería sin igual que ya presenta fallas
Tras la inundación del libramiento en mayo de este año, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) abrió una investigación para prevenir que se pusiera en riesgo la seguridad y el ambiente sano de los vecinos de Chimaltenango y los automovilistas que transitan esa ruta. La falta de construcción de drenajes no solo provocó el bloqueo de la ruta; también dañó los cultivos de algunos agricultores que tienen sus terrenos al lado de la carretera.
De acuerdo con Marilis Ramírez, auxiliar de la PDH en Chimaltenango, la apertura prematura de proyecto pudo poner el riesgo la vida de personas, por lo que decidieron actuar para evitar una tragedia.
La PDH solicitó un informe a Conasa sobre la obra, y en respuesta recibió un oficio de Renova en el que indicaban que la inundación fue provocada por el “material de limpieza que estaba en el área obstruyó unas cunetas e hizo que se rebalsara el agua que ocupó unos 120 metros”. Posteriormente el Micivi informó que los trabajos para evitar que eso ocurriera de nuevo estaban finalizados.
La Procuraduría medió entre los vecinos de Chimaltenango y las autoridades del Micivi para garantizar que sus cultivos no se verán dañados por las lluvias en el futuro, pero no verificó la calidad de la obra, puesto que esto es responsabilidad del ministerio.
La empresa indicó que continuaría los trabajos de construcción del proyecto, que nuevamente está retrasado. El contrato con el Micivi finalizó en mayo de este año, pero hasta el 31 de julio de 2019, la empresa aún no ha entregado por completo la obra.