La acusación contra el ex ministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela, por “conspiración para cometer lavado de dinero”, emitida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos muestra la intrincada relación de las redes ilícitas en Guatemala: los vínculos entre el poder económico, la política y el narcotráfico para el lavado de capitales.

Valladares Urruela se encuentra prófugo de la justicia guatemalteca desde enero de 2020, luego de dejar el cargo de ministro de Economía, acusado de los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero por parte del Ministerio Público (MP). Esto en relación con la presunta compra de votos en el Congreso para la aprobación de una reforma a la Ley de Telecomunicaciones en 2015 para beneficiar a la empresa telefónica Tigo, de la cual Valladares era un importante directivo.

La investigación estadounidense hecha pública ayer conecta con esta causa judicial al exponer, según el Departamento de Justicia, la forma en que presuntamente Valladares habría operado para obtener dinero en efectivo, sin dejar rastros documentales, para efectuar el pago a sobornos a funcionarios guatemaltecos entre 2014 y 2018.

Según la acusación de la justicia estadounidense, en ese periodo Valladares Urruela conspiró para lavar alrededor de US$10 millones (unos Q77 millones). La causa se fundamenta en tres testimonios principales de actores guatemaltecos: un político corrupto, un narcotraficante convicto en Estados Unidos y un operador de alto nivel dentro del sistema bancario. Además señalan un cuarto testimonio complementario de otro político guatemalteco culpable de lavado de dinero en Estados Unidos. Así como la constitución de empresas de fachada en Guatemala y Sudamérica, y el uso de cuentas bancarias en Miami y Delaware, Estados Unidos.

Al igual que en otros casos de alto impacto, como los de los expresidenciables Manuel Baldizón de Lider, y Mario Estrada, de UCN, esta investigación tocó a importantes actores locales cuando sus operaciones ilícitas involucraron al sistema bancario estadounidense o fueron seguidas por agentes federales de ese país.

Al mejor estilo de las Redes Político-Económicas Ilícitas (RPEI), teorizadas por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la estructura de la que Valladares participó, según la justicia estadounidense, representaba “el pináculo de las malas confluencias (tráfico de drogas, corrupción y participación bancaria) que pueden afectar gravemente a un país luchando contra el narcotráfico”, detalla la declaración del agente especial del FBI, Paul J. West, presente en la acusación.  

Un mercado negro de efectivo

Según la acusación estadounidense, desde 2013 el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Administración para el Control de Drogas (DEA) investigaban a múltiples organizaciones de narcotraficantes en Guatemala. Estas agrupaciones, conocidas dentro de la jerga policial como DTO, funcionan en el país como intermediarias entre el flujo de drogas de Sudamérica y su traslado a Estados Unidos.

Disponen de mucho efectivo, pero enfrentan el problema de darle un origen aparentemente lícito para poder usarlo en operaciones bancarias. Para una DTO lo ideal es disponer de contactos dentro del sistema bancario y tener relaciones con empresas aparentemente lícitas que les permitan lavar su dinero.

El seguimiento del FBI y la DEA sobre los métodos de lavado de dinero de narcotraficantes confesos, detenidos en Estados Unidos, terminó por conducir al ex ministro. La acusación indica que la investigación reveló que “había un flujo de dinero a través de varias compañías fantasmas, asistidas por un banco guatemalteco, y el dinero fue utilizado, por un lado, por Valladares para sobornar a políticos en Guatemala”.

Pero ¿cómo operaba esta presunta red?

Por oferta y demanda. Las reglas del mercado son también omnipresentes en el mundo ilícito. Según la investigación todo empezó cuando alguien con mucho dinero en efectivo, de origen ilícito, entró en contacto con alguien que requería mucho dinero en efectivo, que no fuera rastreable, para realizar sobornos. Los actores de este drama policial, según la declaración jurada del agente especial West son:

CC1: Un político corrupto con dinero que deseaba lavar su dinero de origen ilícito.

CW1: Un operador dentro de un banco guatemalteco con contactos con empresarios como Valladares Urruela y narcotraficantes.

CW2: Un narcotraficante extraditado en Estados Unidos y que hizo uso de esa red de lavado.

CW3: Un político culpable de lavado de dinero en Estados Unidos (con el delito de narcotráfico como relacionado).

Y, finalmente, el ex ministro Acisclo Valladares Urruela.

La acusación detalla que Valladares Urruela se encontraba entre 2014 y 2015 urgido por conseguir dinero en efectivo que no fuera rastreable. Necesitaba, según declaración de CW1, el banquero, importantes sumas de efectivo quincenal o mensual que no pudieran ser rastreadas.

¿Cuáles podrían ser las fuentes de ese dinero? Según el testimonio del banquero solo podían ser dos: corrupción o narcotráfico. El operador CW1 le presentó, según la declaración jurada, un plan a Valladares: usar el dinero del político corrupto (CC1): US$9.5 millones, a través del banco en el cual trabajaba. El político compraría acciones de una corporación y se le devolverían el rendimiento de su inversión cuando Valladares y sus colaboradores compraran, a través de operaciones lícitas, acciones de la misma corporación.

En el proceso CW1 (el banquero y sus colaboradores) les cobrarían una comisión a CC1 y Valladares, el efectivo habría cambiado de manos.

Pero ¿para qué quería Valladares tanto dinero en efectivo?

Durante años, antes de su carrera como ministro de Economía durante el gobierno de Jimmy Morales, Acisclo Valladares fue un importante directivo de la telefónica Tigo. Según una investigación de la CICIG y el MP, durante la administración del PP esta compañía habría pagado cerca de Q50 mil por diputado cada dos meses para que una estructura de congresistas dirigida por la ex vicepresidenta Roxana Baldetti controlara la agenda del Congreso de la República. 

No era la primera vez que el destino de las telefónicas pasaba por el Legislativo. En noviembre de 2012 los desparecidos partidos PP y Líder otorgaron sus votos para la prórroga por 25 años de las licencias de frecuencias radioeléctricas, sin colocarle nuevos tributos a las mismas, lo que representó un ahorro millonario para las mismas.

Más escandaloso aún fue la aprobación en abril de 2015 de una reforma a la Ley de Telecomunicaciones que retiró a las municipalidades el derecho de cobrar tasas por la instalación de torres de telefonía. E incluso impuso multas a quien interfiriera con la colocación de antenas de retransmisión, cableado y postes paras las empresas telefónicas. Casualmente, según detalló la fiscalía, la empresa Tigo ya había iniciado los trámites para centenares de instalaciones en todo el país, antes de la aprobación de la ley. Y, aunque esta fue derogada posteriormente por una resolución de la Corte de Constitucionalidad, la compañía telefónica se benefició millonariamente de la expansión de su red.

Según testimonios a la fiscalía guatemalteca de ex agentes de la Secretaría de Asuntos de Administración y Seguridad (SAAS), el dinero era proporcionado por los empresarios Luis Fernando Valladares (gerente general de Comcel) y Asisclo Valladares Urreala ambos altos directivos de la empresa de Telecomunicaciones TIGO.

Los agentes de la SAAS llegaban al edificio de TIGO ubicado en carretera a El Salvador, donde los directivos les proporcionaban entre cinco a seis maletas llenas de efectivo. Un monto cercano a los Q50 mil, cada dos meses, por diputado. Luego, el dinero era trasladado a la casa de Roxana Baldetti, ubicada en Residenciales Los Eucaliptos. Y más tarde el efectivo era enviado a la Casa Presidencial donde era recibido por la secretaria de la Vicepresidencia.

El flujo del dinero

Pero, ¿en qué momento aparece el narcotráfico en esta operación? Hasta este punto se trata de dinero presuntamente proveniente de la corrupción, lavado dentro del sistema bancario y utilizado, en un bucle, para financiar más corrupción. ¿Cuál es la conexión con el narcotráfico?

El testimonio del banquero (CW1) detalla que el dinero del político (o política corrupta) finalmente se acabó. Pero la necesidad de Valladares de seguir aceitando la maquinaria del Congreso no finalizaba. “Lo siento; estos políticos deben pensar que el dinero crece en los árboles” se disculpaba el empresario con su banquero. Agotado el filón de la corrupción el banquero le ofreció lavar dinero proveniente del narcotráfico y, según la investigación, Valladares aceptó.

Para 2016, en palabras de la declaración jurada del agente West, el banquero conoció a CW2, un narcotraficante actualmente declarado culpable por la justicia estadounidense. Este narcotraficante necesita lavar US$1 millón para justificar la compra de una casa y, además, requería trasladar efectivo a varios lugares en Sudamérica para pagar a sus proveedores. Esta operación se realizaba, según la declaración jurada, a través de compañías de fachada que pagaban deudas ficticias con empresas en Sudamérica, también de cartón, usadas para trasladar los fondos. En el proceso se lavaron alrededor de otros US$500 mil usando cuentas en Miami.

Repitiendo parte del esquema utilizado para lavar el dinero proveniente de la corrupción, el banquero lavaba el dinero del narcotraficante y proveía a Valladares de efectivo para realizar sus sobornos. Según su declaración, en total lavó unos US$9.5 millones para el empresario. La última de estas operaciones fue en diciembre de 2018, lo cual involucraría a la anterior Legislatura (2016-2020), la legislatura del ex presidente Jimmy Morales. “Ese dinero se entregó en una caja de licores hecha para parecer un regalo navideño de licores, en lugar de efectivo a granel” detalla la declaración jurada.

Pese al cuidado en las presuntas operaciones de lavado, las autoridades federales estadounidenses detectaron al menos cuatro operaciones bancarias en las que sí figuraron cuentas de Valladares. Una de ellas tuvo lugar en diciembre de 2017, para transferir US$350 mil entre cuentas en Estados Unidos, una tranferencia al estado de Delaware, conocido paraíso fiscal en suelo estadounidense, así como otras operaciones entre empresas registradas en Miami.

Por último, en la investigación federal además de los testimonios de CC1, CW1 y CW2, se cuenta con otro actor CW3, un político guatemalteco culpable de lavado de dinero en Estados Unidos, en delitos relacionados con narcotráfico, y que colabora en espera de reducción de su pena.

CW3, presuntamente el dirigente de un partido político, recibió desde 2012 sobornos para los integrantes de su agrupación en monto de unos US$1,500 por persona, una cantidad menor a la recibida por otros políticos por lo que reclamó a Valladares. A partir de 2014 y hasta 2015, los montos se incrementaron y, según declaraciones del político arrepentido, su agrupación llegó a recibir de Valladares Q18 millones hasta 2015.

El testimonio de CW3 es clave en este último punto. Este explicó, según la declaración, que en ese periodo se estaba escribiendo una nueva ley de telecomunicaciones. “La ley que finalmente se aprobó tenía una serie de requisitos para una compañía de teléfonos celulares que quería operar en Guatemala y el resultado fue que solo una compañía telefónica cumplía con los requisitos, lo que efectivamente aseguró un monopolio para esa compañía a través de los sobornos pagados por Valladares”, indica el testimonio de CW3 según la investigación.

Las consecuencias

¿De dónde provenía el dinero usado para Valladares para proporcionar los sobornos a los congresistas? Todos los indicios apuntan a la telefónica Tigo. Una empresa con más de 10 millones de dispositivos registrados en Guatemala y con Mario López Estrada, uno de los hombres más ricos de Centroamérica a la cabeza, reúne todas las señales para concentrar semejante poder.

Otros escándalos como el presunto espionaje realizado por la empresa contra políticos y empresarios guatemaltecos, como los revelados en agosto del 2019 por CICIG, no han hecho mella en la compañía. ¿Podrá esta nueva controversia que involucra a una investigación de las justicia estadounidense relacionada con el lavado de dinero y narcotráfico sacudir a la empresa? Es difícil medirlo. La compañía hasta el momento ha optado por el silencio en todos estos casos.

Mientras tanto, Valladares Urruela, prófugo de la justicia guatemalteca desde enero de 2020 y declarado en rebeldía por un juzgado local en febrero, continúa con paradero desconocido. Las últimas indagaciones de la fiscalía a principios de año apuntaban a Colombia como su lugar de residencia. Ahora, con una orden de captura internacional, el cerco se achica para el ex ministro de Jimmy Morales, para la ex mano derecha de Mario López.

Por su parte, Acisclo Valldares Molina, su padre, y actual embajador de Guatemala en Reino Unido, esgrime en redes sociales la inocencia de su hijo y argumenta un testimonio falso de narcotraficantes en venganza por su gestión como Procurador General de la Nación hace 22 años.

Queda también la incógnita sobre la identidad de los testimonios contra Valladares Urruela. ¿Quién es CC1?, un político corrupto con suficiente acceso a efectivo como para proveer durante años a la red de lavado en la que presuntamente participaba Valladares. Alguien con acceso a un banquero de confianza, tal vez una figura como la ex vicepresidenta Roxana Baldetti;

¿Quién es el banquero colaborador de esta causa penal (CW1)?, y ¿el narcotraficante declarado culpable? Tomando en cuenta que incluso un expresidenciable como Mario Estrada, de UCN, ha admitido su culpabilidad por el delito de narcotráfico las posibilidades son múltiples.

Hasta la fecha, uno de los pocos banqueros capturados por Estados Unidos y acusados de blanqueo de fondos provenientes de tráfico de drogas es Álvaro Cobar Bustamante, capturado en noviembre de 2019. Según la información proporcionada por EEUU el año pasado al momento de la captura de Cobar Bustamente, la fiscalía que investigaba a a Cóbar Bustamante, directivo de Bancredit, es la misma que logró la condena contra el excandidato a la presidencia, Manuel Baldizón, por lavado de dinero.

Por último, el testimonio CW3 apunta a un dirigente político importante antes de 2015, alguien con peso en el Congreso, pero fuera del oficialista PP que según los testimonios recibía la mayoría del dinero. Alguien que se ha declarado culpable de lavado de dinero en Estados Unidos, con un delito relacionado el narcotráfico, todas las señales apuntan al expresidenciable de Líder, Manuel Baldizón.

La ruta del dinero toca a diversos actores políticos y económicos, una red de intereses interconectados que recuerdan los cercanos que son el mundo lícito e ilícito en las esferas de poder en Guatemala. 

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