La declaración del abogado Marco Alveño Hernández revela las filtraciones y los cobros ilegales que políticos y abogados realizaron a Claudia Mansilla, asistente de un asesor de la Fiscal General. Entre estos, un pago que realizó el propio Alveño intermediando por Edgar Barquín y otro de Francisco García Gudiel. El relato también indica que el presidente Alejandro Giammattei supuestamente intercedió por uno de sus hombres de confianza. No Ficción habló con Alveño unas horas antes de que saliera del país.

Un día después de que Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), fuera destituido de su cargo y de la reveladora conferencia de prensa donde advirtió sobre corrupción en el Ministerio Público (MP), se filtró el testimonio del abogado Marco Aurelio Alveño Hernández donde se confirmó la denuncia pública que hizo Sandoval antes de abandonar Guatemala. 

“Recientemente declaró un abogado en la fiscalía, que tiene documentada la filtración de información desde el despacho de la Fiscal General”, dijo Sandoval en su última rueda de prensa en la Oficina del Procurador  de Derechos Humanos.

El testimonio de Alveño Hernández se publicó el domingo en elPeriódico. En respuesta, el Ministerio Público, a través de un comunicado puso en duda la veracidad del documento y dijo que tenía que analizarse.   

Sin embargo, No-Ficción se comunicó a primeras horas de ese día con el abogado quien confirmó su colaboración con la FECI.

— Sí, yo lo dije. Es mi declaración — respondió.

Alveño Hernández declaró en la FECI el pasado 13 de julio, pero horas después de que el documento se hizo público salió del país para resguardar su vida. Temía, como represalia, ser capturado. 

El relato de este abogado describe cómo Claudia Paola Mansilla Figueroa de Morán, exasistente de Héctor Aníbal De León Velasco, uno de los asesores de la Fiscal General, Consuelo Porras, recibió dinero y filtró información para diferentes casos a cargo de la FECI y otra fiscalía. Alveño menciona un pago que él mismo realizó a Claudia Mansilla por mediar a favor de su representado Edgar Barquín, ex candidato a la vicepresidencia del partido Lider; y otro cobro que Mansilla le realizó al abogado defensor de acusados de la FECI, Francisco García Gudiel. 

Marco Aurelio Alveño Hernández es hijo de Marco Aurelio Alveño Ovando, ambos del bufete Alveño y Asociados. Esa oficina tiene vínculos con el abogado Óscar Eduardo Aragón Cifuentes –un kaibil retirado–, hermano de José Luis Aragón Cifuentes, representante de la Fundación Latinoamericana para el Desarrollo Integral. Esta fundación interpuso un amparo contra la CICIG en septiembre de 2017, según un informe de la Fundación Mirna Mack de 2019. 

Además, Alveño fue defensor de Otto Pérez Molina en el caso TCQ, de Haroldo Mendoza en el caso Cancerbero, del fallecido, Manuel Barquín en el caso Lavado y Política y de otros personajes más sindicados en las investigaciones de CICIG.

Claudia Mansilla, asistente de un asesor de la Fiscal General

Claudia Mansilla Figueroa, de 47 años, originaria de San Antonio, Suchitepéquez, trabajó en el Ministerio Público (MP) de junio 2019 al 20 de abril de 2021. El directorio de empleados del OJ muestra además datos de Mansilla desde 2007, donde participó en juntas de licitación para evaluar y aprobar compras públicas, hasta junio de 2019 como Analista de la Presidencia. 

En ese Organismo tuvo plazas bajo el renglón 011, con beneficio de prestaciones salariales, y en renglón 029, por servicios profesionales con facturación. Al mismo tiempo que era asistente en el MP, estaba en la presidencia del OJ. 

Los Términos de Referencia para el puesto que ocupaba Mansilla indican que entre sus principales tareas estaba la recepción y digitalización de recursos de apelación, notificaciones, denuncias, recusaciones, memoriales, entre otros; y que estaba asignada a la Secretaría Privada y de Asuntos Estratégicos.  

Según Alveño Hernández, la asistente era “íntima amiga” de Claudia Lisette Arrecis Mena, exsecretaria de comunicación social y protocolo de la Corte Suprema de Justicia, y encargada de firmar los informes laborales de Mansilla en el MP.

Además, entre sus contactos estaba el juez y ahora prófugo Mynor Moto Morataya, vinculado en el caso Comisiones Paralelas 2020 y Libramiento de Chimaltenango.

El abogado indicó que conoció a Mansilla en 1993 cuando fueron compañeros en la Universidad de San Carlos (USAC) y eventualmente se reunían en actividades de exalumnos. Pero fue hasta junio de 2020 que ella lo contactó vía whatsapp, se presentó como asesora de De León Velasco, asesor de Porras, y le explicó que estaba a cargo de la realización de “proyectos de apartamiento de fiscales” y se ponía a sus órdenes por “cualquier” cosa que necesitara. 

El jefe de Mansilla, De León Velasco es un doctor en derecho por la Universidad de Salamanca, España. En octubre del año pasado, él y César Isaac Payés Reyes también asesor de Porras recomendaron a la Fiscal General denunciar administrativamente a Juan Francisco Sandoval por presentar solicitud de antejuicio contra Leyla Lemus, magistrada de la Corte de Constitucionalidad designada por el Ejecutivo, y entonces, Secretaria General de la Presidencia. 

“La FECI al momento de requerir información relacionada, debió actuar de forma respetuosa y cordial, conforme a la alta investidura que tiene el señor Presidente (…) y en todo caso dichas comunicaciones debieron haberse realizado con conocimiento previo y directrices de la Fiscal General”, argumentaron en esa ocasión De León y Payés.

¿Tráfico de influencias de Giammattei a favor de Edgar Barquín y Francisco García Gudiel?

Alveño Hernández contó que en junio del año pasado Mansilla lo contactó en un mensaje de whatsapp para ofrecer sus servicios. En ese momento se presentó como asistente de uno de los asesores de la Fiscal General con acceso a desviar investigaciones de FECI hacia otras fiscalías. A pesar de que, según registros públicos del MP (Terminación de Contrato 6-2021), la asesora ya no laboraba en esa institución, pero logró favorecer al menos una de las peticiones del defensor. 

Según el testimonio de Alveño, como interesados en conseguir favores del MP y apartar a Sandoval de las investigaciones en su contra, figuran dos personas de importante relevancia en Guatemala en los últimos años.

El primero es Edgar Barquín, excandidato vicepresidencial con el partido LIDER y expresidente del Banco de Guatemala, condenado en 2016 por tráfico de influencias en el caso Lavado y Política.

Y, además, se menciona a Francisco García Gudiel, polémico defensor de Efraín Ríos Montt en el caso genocidio y abogado de exfuncionarios acusados de corrupción por la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) capturado y sindicado en el caso Lavado de Activos. 

De acuerdo al relato de Alveño, entre el 15 y 19 de mayo de 2020, Edgar Barquín le comentó que estaba preocupado, pues la policía hizo preguntas sobre él en su condominio y luego se enteró que lo estaban perfilando para capturarlo por un caso del extinto Banco del Café (BANCAFÉ).

Actualmente, Barquín es ahora asesor en temas económicos del presidente Alejandro Giammattei. “Asesor específico, no nombrado oficialmente”, dijo Alveño.

El abogado le sugirió que se presentara a la fiscalía de Crimen Organizado, que llevaba el caso, y enviara un memorial para averiguar del tema. “Me señaló que había tenido acercamiento por instancia del Presidente de la República con la Fiscal General a través de Ángel Pineda, del despacho de la Fiscal General”, contó.

Al mes siguiente, este recomendó a su cliente, Barquín, que solicitara el apartamiento de los fiscales del caso. Decisión que tomó junto al licenciado Óscar Poroj. El seis de agosto de ese año, 2020, Alveño, según contó, se reunió con Mansilla y el entonces juez Mynor Moto Morataya, posteriormente electo magistrado de la Corte de Constitucionalidad, en un restaurante. 

La asesora le aseguró que el apartamiento se declararía con lugar (sería aceptado) y que el argumento del despacho sería, “colusión criminal entre los fiscales y jueces para hacerle daño”. Alveño Hernández solicitó una ampliación del trámite, el cual salió a su favor el 29 de octubre y pasó a la fiscalía especial de Delitos Transnacionales. 

Ya con el caso desviado y con la orden de aprehensión evadida, Mansilla pidió Q50 mil al abogado por el apoyo. El pago se hizo en dos cuotas. La primera fue de Q30 mil el 11 de noviembre y la segunda, de Q20 mil el dos de marzo de este año. Ambos pagos en efectivo y los entregó a ella personalmente. 

—“Nada que declarar, disculpe”— respondió y colgó, Claudia Mansilla, en una breve llamada que este medio le hizo para conocer su versión. 

García Gudiel y el dinero perdido

Según la declaración de Alveño Hernández, en noviembre de 2020 Mansilla le mostró un leitz (cartapacio) con informes de todos los casos que llevaba FECI. “Me mostró y me dijo que si quería copia, a lo que no accedí, pero sí apunté los números de casos y personas conocidas en mi cuaderno negro Moleskine”, dijo. 

Al mes siguiente, en diciembre de 2020, según el testimonio de Alveño, corroborado en una entrevista telefónica por No Ficción, el abogado decidió alertar a su colega, Francisco García Gudiel. Sin embargo, el aviso no sorprendió a García Gudiel porque un contacto policial ya le había adelantado que lo estaban investigando. 

En enero de este año, Alveño y García Gudiel se reunieron, y Alveño llamó a Claudia Mansilla, la asistente de la Fiscal General, quien le confirmó que García Gudiel estaba vinculado al caso Corrupción y Construcción. La exasesora le explicó que sería difícil conseguir el apartamiento de la FECI, pero de todas maneras pidió 9 mil dólares por la gestión. “La mitad por adelantado, para tratar de que se diera dicho apartamiento”, detalló el colaborador de la fiscalía.  

García Gudiel dijo que estaba “corto” de dinero, pero con la ayuda de su hermano, Fernando García Gudiel, representante titular del Congreso en la junta monetaria del Banco de Guatemala, le ayudaría. Casi dos semanas después, según Alveño, el hermano de su colega envió el equivalente a US$4 mil 500 dólares en quetzales (unos Q34 mil) en una caja negra. 

“El lunes 25 de enero de 2021, a eso de las 17:00, le entrego el dinero a Paola (Claudia Mansilla), en efectivo, quien llega en su carro fuera de mi apartamento a recogerlo”, relató en la declaración. 

Al mes siguiente, la solicitud de apartar a la FECI de la investigación se declaró sin lugar (no se aceptó). El nueve de abril de este año, García Gudiel fue capturado por supuestamente simular asesorías legales para lavar Q59 millones. Aunque, el detenido ya había recibido la alerta por su hermano cuatro días antes de su aprehensión. 

“Estás clean”

En febrero de este año, la FECI allanó la oficina del padre de Alveño lo que lo puso en alerta y llamó a Mansilla para averiguar. “Ella manejaba información de primera mano del despacho principal, a lo que me contesta que en mi caso estás “clean”, dijo. 

Tres meses después, en la Torre de Tribunales le incautaron la libreta donde anotó los casos que copió del cartapacio de la exasesora. A mediados de julio, Alveño decidió colaborar con la fiscalía y relató cómo pagó y consiguió información para sus clientes y conocidos. 

— ¿Hoy elPeriódico publica una declaración que usted dio a FECI? ¿Es usted el abogado que mencionó el exfical Sandoval en la conferencia de prensa del viernes? — 

— Sí, estaba refiriéndose a mi (el exfiscal Sandoval). Mire, yo siento que son cosas bien delicadas que no se pueden estar hablando publicamente. Sí es cierto que el fiscal se extra limitó porque es irresponsable porque esas declaraciones las di en confianza. Y me expusieron públicamente —.

— ¿Por qué decidió colaborar?. ¿Le ofrecieron protección de parte de la FECI?.

— No, no me ofrecieron. La fiscal general ahorita lo que está preparando es mi captura — dijo vía telefónica. Tengo que hablar con mi abogado para decidir qué voy a hacer — dijo y no habló más. 

La Fundación Mirna Mack y Heinrich Böll Stiftung presentaron en agosto de 2019, el informe, Impunidad y Redes Ilícitas: un análisis de su evolución en Guatemala. En su apartado de Redes de Abogacía al servicio del crimen, mencionan a Marco Aurelio Alveño Hernández. Él figuraba en el núcleo de un entramado de 175 abogados que representaban a 308 personas en los procesos judiciales. 

“Alrededor de casos judiciales de alto impacto se conforman entramados de abogacía al servicio del crimen. Es una interconexión sistemática en cuyo centro se identifican operadores clave: Marco Aurelio Alveño Hernández, Francisco García Gudiel (…)  Se articulan alrededor de entramados político-militares de corrupción y del crimen organizado (específicamente del narcotráfico). El litigio y retardo malicioso es una de las problemáticas directamente relacionadas con las redes de abogacía al servicio de la criminalidad”, cita el informe.

En la noche se confirmó su salida del país. En los últimos dos días, tanto el exfiscal Sandoval como este abogado que testificó en casos de alto impacto que implicarían altos funcionarios del gobierno actual, huyeron de Guatemala para salvaguardar sus vidas.