A inicios de abril, el Congreso aprobó Q8 mil millones para paliar los efectos económicos de la pandemia. Se crearon dos bonos para las familias de escasos recursos, uno de Q1 mil para los hogares afectados y otro Q2,250 para los empleados suspendidos, con una duración de tres meses. A día de hoy, en la semana en que la economía fue abierta, la ejecución de estos bonos va al 40 por ciento.

Ana Regalado Ruiz vive con su hija y sus dos nietos en la colonia Paraíso 2 de la zona 18, en Ciudad de Guatemala. Ella alquila una casa, pero el pago de la renta se le complicó cuando en mayo cuando le suspendieron el contrato en la maquila en la que trabaja debido a la pandemia de la Covid-19. En esos días, Ana se enteró de que el Gobierno entregaría un bono a través del recibo de energía eléctrica, por lo que la dueña de la casa le dio la factura para que pudiera tramitar el beneficio.

Sin embargo, durante los últimos tres meses solo ha recibido un pago del bono familia, de Q. 1000 y dos pagos del bono de empleo, de Q. 2,250 cada uno. Es decir, ha recibido Q5,500 (Q. 1,833 por mes) cuando debería haber recibido Q9,750. Ella explicó que tuvo que prestar dinero con amigos para cubrir sus gastos de alimentación.

“Con mi hija hicimos de todo para salir adelante y darle de comer a los patojos. Ahora que empecemos a trabajar tocará pagar las deudas y los pagos que nos dará el gobierno para eso servirán”, dice esperanzada en que el Gobierno va a cubrir los bonos retrasados.

Unos días antes de esta entrevista, cuando Ana estaba esperando aun el pago de dos de sus bonos familia y uno de sus bonos empleo, el presidente Alejandro Giammattei dio un mensaje en cadena nacional que la hizo sentir aliviada. En la siguiente semana podría empezar a trabajar y ya no dependería de las ayudas ni de préstamos. Pero también se preocupó por no recibir el dinero que el Gobierno le habia ofrecido y porque ir a trabajar supone exponerse al virus.

Q11 mil millardos para aliviar la economía de las familias que no llegaron

El 3 de abril, el Congreso aprobó la Ley de Rescate Económico a las Familias por Efectos Causados por el COVID-19, que estableció una ampliación presupuestaria de Q11 millardos. Esta, que se financió a través de endeudamiento público, y se encauzó a través de la creación de tres fondos, que tenían como propósito mitigar la crisis económica.

El primero de estos fondos fue el Fondo Bono Familia: Este tuvo una asignación de Q6 mil millones, que serviría para dar aportes de Q1 mil, durante tres meses, a las familias afectadas económicamente por la emergencia sanitaria. La institución encargada de otorgar el bono es el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES). El criterio escogido por el MIDES para entregar el bono familia fue que los hogares debían registrar un consumo de energía eléctrica menor a 200 kWh. 

El segundo Fondo fue el de la Protección del Empleo. Este supone la asignación de Q2 mil millones y tenía como objetivo compensar mensualmente con Q2,250 a quienes les fueron suspendidos sus contratos laborales. Este fondo es ejecutado por el Crédito Hipotecario Nacional (CHN) con la coordinación del Ministerio de Economía y Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

El tercero fue el Fondo de Crédito para Capital de Trabajo. Este supuso la asignación de Q3 millardos para dar créditos a empresas que fueron afectados por la emergencia. El monto máximo que se otorga es de Q250 mil. Estos recursos también son administrados por el Crédito Hipotecario Nacional.

Mientras estos fondos no se han entregado a totalidad y tampoco se ha aplanado la curva de casos de coronavirus, el presidente Giammattei y su gabinete estaba claro el pasado 26 de julio. La economía del país no podía detenerse y era necesario anunciar la reapertura.

Presidente reinicia la economía con un 40 por ciento de ejecución en los bonos.

“Hay algo en lo que tenemos que hacer énfasis. Guatemala no se detiene, no la va a detener un virus, ni la va a detener nada (…) esta noche vamos a presentar cómo vamos a ir logrando la reactivación economía del país de una manera gradual en medio de condiciones adversas sanitarias”, anunció el presidente Alejandro Giammattei la noche del domingo 26 de julio en cadena nacional. De esta forma, daba el visto bueno para que las empresas empezaran a operar.

La idea del Gobierno era que cuando se anunciara la reapertura del país a inicios de agosto, los empleados con contratos laborales suspendidos y alrededor de 2 millones de familias de escasos recursos que, al igual que Ana Regalado, debieron recibir tres aportes económicos de Q1 mil y Q2,250 para mitigar el impacto económico; ya hubieran recibido el aporte del Gobierno. Sin embargo, las actividades iniciaron esta semana y los programas apenas registran una ejecución del 40 por ciento.

Según un reporte del Sistema de Contabilidad Integrada del Estado (Sicoin), hasta el 2 de agosto la ejecución del Fondo de Bono para la Protección del Empleo es del 40.35 por ciento, y la del Fondo Bono Familia es del 34.86 por ciento. Del primer bono ya fueron pagados dos meses y del segundo apenas se está haciendo el primer desembolso. ¿Cuál es el motivo de estos retrasos?

Durante una citación de la bancada Creo del 13 de julio, el viceministro de Protección Social del Ministerio de Desarrollo, Juan Pablo González Bonilla, dijo que el atraso fue responsabilidad del Congreso. El funcionario justificó que en la ampliación del Estado de Calamidad del 2 de junio se incluyó a pensionados del Estado que reciben menos de Q2 mil al mes, a madres solteras, adultos mayores, personas con discapacidad y familias con niños con desnutrición, afectando el padrón que se tenía.

Desde el punto de vista del procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, las excusas no son válidas, porque se tuvo más de un mes para solucionar ese problema. Para Rodas, el Gobierno ha reprobado en la ejecución de los programas sociales durante la pandemia.

“Esta crisis sanitaria se convirtió en una crisis humanitaria. Los paquetes se oían como una buena medida, pero en la práctica no han sido ejecutados con agilidad. La ineficiencia no la pueden disfrazar. El congreso cumplió con la aprobación de los fondos, pero el Ejecutivo no ha cumplido con la ejecución y tampoco en ser transparente con los recursos”, dijo el procurador Jordán Rodas.

“Sigo esperando el segundo pago”

El Ministerio de Desarrollo Social anunció que durante la última semana de julio se entregaría el primer pago del Bono Familia a los cerca de 900 mil hogares que aún no lo han recibido, y que a partir de la primera quincena de agosto se haría el segundo desembolso, pero nada es seguro.

Para recibir el Bono Familia, el requisito es un consumo de energía eléctrica menor a 200 kWh. Las familias beneficiadas recibieron en su factura un código, el cual debían enviar, con una serie de datos, al número 2020 a través de un mensaje de texto; o también se podía tramitar vía electrónica. 

Emilio Sánchez Cano de 56 años trabaja como piloto de tuc-tuc en la zona 6 de la Ciudad Capital. A él le llegó el recibo de energía eléctrica indicando que era beneficiario del bono familia. Según cuenta, envió sus datos a través de un mensaje de texto al número 2020, pero nunca recibió una respuesta para que pudiera retirar los Q1 mil del banco o cajero automático.

“Yo mandé mis datos porque el recibo de la luz decía que me tocaban los Q1 mil, pero nunca tuve una respuesta. He llamado para averiguar qué pasó con mi caso, pero no me dan respuesta alguna y, la verdad, ya me desesperé. Creo que no me lo van a dar y es jodido porque durante esos meses (abril, mayo, junio y julio) no trabajé porque estaba prohibido. Se suponía que ese bono me iba a ayudar y nada”, explica Emilio Sánchez, quien vive con su hija Diana que está haciéndose cargo de los gastos de la casa.

Ingrid Alvarado Morales de 45 años recibió el primer pago del bono familia en la primera quincena de junio y a la fecha sigue esperando el segundo desembolso. “Lo ideal era recibir los pagos a inicios de cada mes para comprar comida y pasarla durante esos treinta días. Pero los desembolsos van muy atrasados. A la fecha sigo esperando el segundo pago. Creo que tienen muchos problemas, porque escuché en las noticias que la semana pasada aún estaban haciendo el primer pago a un montón de familias”, dijo Ingrid, quien vive con su esposo, el cual fue suspendido de su trabajo y solo ha recibido dos pagos del bono de empleo.

Según datos del Censo de población y vivienda de 2018, en Guatemala hay 3 millones 275 mil 931 hogares de los cuales el 11.9 por ciento (389 mil 835) carece de energía eléctrica. A un inicio estas familias fueron descartadas por el Ministerio de Desarrollo, pero tras las críticas fueron incorporadas.

Asistencia tardía reduce efectividad de los bonos

A pesar que la economía se reactivó, los bonos seguirán entregándose hasta ejecutar los recursos a su totalidad, pero algunas de estas personas prestaron dinero a instituciones bancarias u en otros lados para poder tener dinero durante la crisis.

A decir de Ricardo Barrientos, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) la entrega tardía de estos programas reduce su impacto porque no logró apoyar a las familias durante los tres meses de la crisis.

“La ejecución de los programas de asistencia es tardía, van demasiado tarde. Eso reduce su efectividad, porque no se apoyó a las personas durante los tres meses programados (…). Los bonos no continúan pero, como hay atrasos, se seguirán pagando en estos meses. El otro problema es que muchas personas se quedaron sin trabajo y ellos no recibieron ni recibirán estos bonos, eso es lo más crítico”.

Jordan Rodas, Ricardo Barrientos, Ana Regalado, Ingrid Alvarado y Emilio Sánchez coincidieron que los bonos no cumplieron su propósito: apoyar a las familias en tiempo de crisis, ya que no fueron entregados a tiempo y porque algunos hogares fueron excluidos como el caso de don Emilio que, a la fecha, sigue esperando la respuesta del Ministerio de Desarrollo Social.