Seis días después de los comicios de 2023, donde Bernardo Arévalo del partido Movimiento Semilla, y Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), obtuvieron los votos suficientes para pasar a segunda vuelta de elección presidencial en Guatemala, nueve agrupaciones políticas promovieron un amparo en el que argumentaron la existencia de anomalías en el conteo de votos y alteraciones de datos en las actas de escrutinio. En consecuencia la Corte de Constitucionalidad decidió suspender provisionalmente los resultados electorales de 2023.

Texto: Oswaldo J. Hernández y Jovanna García

La tarde del uno de julio de 2023, el equipo de comunicación de la ex candidata presidencial y sexto lugar en los comicios por la coalición Valor-Unionista, Zury Ríos, envió un comunicado en el que se anunciaba la creación de un bloque técnico-jurídico integrado por nueve partidos políticos con el propósito de evidenciar “discrepancias existentes entre las certificaciones de actas de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) y los datos publicados por el TSE”, con los que se había respaldado el resultado electoral del pasado 25 de junio.

Estos nueve partidos -CAMBIO; MI FAMILIA; VALOR; PODEMOS; VAMOS; COMPROMISO, RENOVACIÓN Y ORDEN (CREO); UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA (UNE); CABAL y  AZUL- accionaron legalmente contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE) promoviendo un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) donde manifestaban que si bien “durante la votación no se efectuaron vicios relevantes”, sí se habían corrompido los procedimientos en el conteo de votos y en la elaboración de actas. 

Cada uno de estos partidos, no obstante, había manifestado la aceptación de los resultados del pasado 25 de junio. Y ahora su discurso había cambiado.

“Ponen en riesgo la voluntad del electorado, y amenazan con la posibilidad de adjudicar cargos pese a la existencia de documentos incongruentes, alterados y/o falsificados”, como argumentaba ante la CC el grupo de partidos políticos que habían designado como representante común a Jorge Eduardo Baldizón Vargas, el hijo del ex candidato presidencial del partido Lider, Manuel Baldizón, extraditado y condenado en Estados Unidos por Lavado de Dinero.

El amparo, como solicitaban los secretarios de los partidos políticos, aplicaba en contra de los votos de la papeleta blanca de Presidente y Vicepresidente, la verde de Diputados Lista Nacional, la celeste del Distrito Electoral, la rosada de Alcaldes, y la amarilla del Parlacen. Es decir, en contra de todo el proceso electoral.

En consecuencia, la misma tarde del uno de julio, la CC -tras una sesión exprés- falló a favor de los nueve partidos políticos tradicionales. 

En su resolución, los magistrados titulares Hugo Pérez Aguilera, Leyla Lemus, Dina Ochoa, Roberto Molina Barreto y la suplente Claudia Paniagua ordenaron que, en menos de cinco días y un máximo de 15, el TSE y las Juntas Electorales Departamentales y las de Distrito Electoral debían:

• Convocar a una nueva audiencia de revisión de escrutinios, en las que únicamente los sujetos legitimados estarían autorizados a realizar objeciones e impugnaciones conforme la Ley Electoral. 
• Suspender la oficialización de resultados del 25 de junio de manera temporal, pero asegurar la formalización de los mismos antes de la segunda vuelta, programada para el 20 de agosto.
• Realizar un cotejo entre las actas que formaron parte del proceso electoral para establecer el cumplimiento de los requisitos legales, caso contrario, se deberá evaluar un nuevo conteo de votos.

Aunque la CC otorgó este amparo provisional, y ordenó la suspensión temporal de los resultados electorales, no será la encargada de resolverlo de manera definitiva. Su autoridad ante amparos en contra del TSE no puede ser directa. Y los magistrados de la CC, a pesar de sus órdenes legales emitidas, se vieron obligados a trasladar este y otros amparos de materia electoral, a la Corte Suprema de Justicia. “Por razón de competencia”, como indicó la CC en su primer comunicado.

Sin embargo, las Juntas Electorales Departamentales y Distritales, tras la resolución de amparo provisional de la CC a favor de los nueve partidos, cuentan con un plazo mínimo establecido para el 6 de julio y un máximo para el 15 de julio donde deberán tener oficializados los nuevos resultados.

Los ganadores en suspenso

Bernardo Arévalo, el candidato a la presidencia que quedó en segundo lugar el pasado 25 de junio por el partido Movimiento Semilla, se dirigió a la CC luego de conocer el fallo que suspendía temporalmente los 654 mil 534 votos a su favor. Rodeado de simpatizantes, y en medio de un ambiente de protesta, Arévalo indicó que “la resolución de la CC fue emitida fuera del marco legal, porque la CC no tenía competencia para conocer”.

Arévalo indicó que al dar trámite a la solicitud de los nueve partidos inconformes, se ha puesto en riesgo el proceso democrático, donde existe una amenaza de postergar indefinidamente la fecha de segunda vuelta electoral. “El movimiento Semilla, junto al pueblo de Guatemala, va a defender los resultados del 25 de junio”, indicó.

Sandra Torres, la candidata presidencial que quedó en primer lugar en los comicios electorales como parte de la UNE, dio declaraciones después de que su partido fuera uno de los que figuraba entre el bloque técnico-jurídico de nueve partidos que se pronunciaban en contra del proceso electoral ante la CC. “Nosotros solo queremos buscar la verdad. No estamos buscando la repetición de elecciones, ni que estuviéramos locos. Queremos un cotejo solo para salir de dudas”, indicó. 

Con 881 mil 592 votos suspendidos, Torres y su equipo declararon que los resultados del 25 de junio fueron legítimos. Y su participación en el amparo contra el TSE era específicamente para cotejar los resultados entre las actas y los datos publicados. “Que se aclaren las inconsistencias. Porque tenemos dudas”, señaló.

Mientras tanto, en un contexto de desinformación en redes sociales, ataques ideológicos, la incertidumbre crece en medio de un proceso electoral atípico. Son 4 mil 336 cargos públicos afectados con la suspensión de la calificación y oficialización de resultados por parte de la CC. Son más de 4 mil puestos que ya habían sido oficializados en corporaciones municipales, diputaciones al Congreso de la República y al Parlamento Centroamericano.

Y sobre todo, se ha afectado a los dos candidatos que habían pasado a segunda vuelta presidencial, Bernardo Arévalo y Sandra Torres, con todos sus votos suspendidos.