Hay 10 partidos políticos con procesos de cancelación en marcha en diferentes fases. En el caso de la Unión del Cambio Nacional (UCN) hallazgos de auditoría del Tribunal Supremo Electoral (TSE) fundamentaban su cancelación. Pero hay otras agrupaciones como FCN-Nación, PAN o UNE que han registrado hallazgos semejantes y de momento los procesos en su contra siguen paralizados en el TSE.

La ruta para alcanzar la cancelación de un partido político en Guatemala es un camino sinuoso y lleno de desvíos. Por violaciones a las normas de financiamiento este camino hacia la cancelación puede llevar entre cinco y seis años, y aún así retrasarse por acciones legales y las propias influencias de los partidos sobre el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

En el proceso, agrupaciones con serios señalamientos sobre la documentación que respalde el origen de los recursos recaudados para su campaña, e incluso de fondos públicos para la misma, puede continuar en la carrera. Así como competir en uno o más procesos electorales, llegar al poder, y hacer aún más difícil su cancelación.

Según información pública solicitada al Tribunal Supremo Electoral (TSE), diez de los partidos políticos vigentes se encuentran en diferentes fases de cancelación: FCN-Nación, PAN, Compromiso Renovación y Orden (CREO), Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Valor, Podemos, URNG-Maíz, Vamos, Movimiento Político Winaq y Bienestar Nacional (BIEN).

En los partidos FCN-Nación y Unión del Cambio Nacional (UCN) se encuentran cancelados ante el Registro de Ciudadanos,la dirección dentro del TSE encargada de “conocer y resolver acerca de la inscripción, suspensión, cancelación y sanciones de las organizaciones políticas” y TSE. 

UCN ya agotó todos sus recursos, cuando el 27 de enero de este año le fue denegado el recurso de aclaración, mientras que FCN-Nación aún tiene pendiente esta medida.

El Partido de Avanzada Nacional (PAN), el más antiguo en existencia en el país, y Compromiso Renovación y Orden (Creo) se encuentran cancelados por el Registro de Ciudadanos (RC),  pero tienen apelaciones pendientes de resolver ante el TSE.

Otra agrupación como la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) tienen un “proceso de cancelación en análisis”, mientras que los partidos Valor, el partido de gobierno Vamos, Podemos, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG-Maíz), el Movimiento Político Winaq y Bienestar Nacional (BIEN) enfrentan un “proceso administrativo en análisis de causal de cancelación en el Registro de Ciudadanos”.

Entre los afectados por esta medida en Junta Directiva, por ejemplo, se encontraría el presidente, Allan Rodríguez de Vamos, la primera vicepresidenta del Congreso, Sofía Hernández, de UCN (que inexplicablemente sigue ocupando el cargo); el primer secretario Carlos López Maldonado y el cuarto secretario, Santiago Nájera de la UNE (aunque ambos según la agrupación han sido expulsados del partido); así como el segundo secretario, Rudy Pereira, de FCN-Nación. 

Es decir, buena parte de la alianza oficialista que ahora dirige el Congreso, se quedaría sin poder ejercer un cargo directivo.

La UCN, un catálogo de agujeros contables

El caso de la cancelación de UCN puede ayudar a entender la maraña que se tiene que atravesar para cancelar un partido político y, a la vez, servir como un espejo en el que se pueden reflejar los partidos en cuestión. 

Entre las causas de cancelación de un partido se encuentra, según el artículo 93 de la Ley Electoral, en su inciso c) que hayan pasado seis meses sin que se hayan desvanecido las causales de suspensión temporal.  Un partido puede recibir esta suspensión por no haber cumplido con dar un informe detallado de los gastos de la campaña, ni de las contribuciones recibidas para la misma en un plazo de cuatro meses después de finalizadas las elecciones.

En el caso de UCN se pasó de la suspensión a la cancelación, luego de que no pudieran justificar ingresos en los años 2014 y 2015, ni el origen de fondos para la campaña de ese año y, finalmente, agotaron todos los recursos legales que tenía ante el TSE.

Aunque UCN ha tomado notoriedad por la vinculación de algunos de sus dirigentes con el narcotráfico, su cancelación no respondió a  delitos relacionados con el narcotráfico, sino a un proceso administrativo y fue el resultado de auditorías. 

En este caso, sin embargo, el TSE sí estuvo sujeto a la presión mediática de la detención del candidato presidencial de UCN, Mario Estrada, en 2019 por delitos por narcotráfico en Estados Unidos. En enero de este año la tensión creció con las capturas de Henry Hernández Herrera, hermano de la diputado Sofía Hernández de UCN, en una investigación con conexiones con el tráfico de drogas, y del alcalde de Ocós, Carlos Danilo Preciado Navarijo, hermano de la también diputada de UCN, Vivián Preciado. El TSE confirmó la cancelación el 29 de enero y el 1 de febrero recibieron una visita de cortesía del embajador de EE.UU., William Propp.  

En concreto, se debió a siete hallazgos en el informe No. 67441 relacionados con gastos de fondos de financiamiento público en 2014, sin documentación de respaldo; financiamiento empleado en la primera vuelta del 2015, no reportado; gastos del financiamiento público en ese proceso electoral, también sin documentación de respaldo; gastos de campaña no reportados; cuentas por pagar no registradas, cheques a nombre de ejecutivos del partido sin respaldo documental y declaraciones juradas sobre la procedencia de recursos incompletas.

La resolución de cancelación de UCN se puede consultar completa en este enlace.

«El incumplimiento de las normas que regulan el financiamiento a las organizaciones políticas conlleva la aplicación de sanciones administrativas o penales que determine la ley, así como la eventual cancelación (…)». LEPP Art. 21 inciso g)

Todas las acciones que causaron su cancelación se dieron entre 2014 y 2015 según el Expediente 4683-2019. Para octubre de 2018 el Registro de Ciudadanos (RC), le otorgó 30 días más al partido para pronunciarse sobre los “hallazgos de incumplimiento de normas que regulan el financiamiento a las organizaciones políticas” que finalmente provocaron su cancelación.  

Entre recursos de apelación, la solicitud de informes y expedientes pasaron al menos dos años (así como la captura y condena en Estados Unidos del fundador del partido Mario Estrada por delitos relacionados con el narcotráfico), para que el TSE declarara finalmente sin lugar la última apelación del partido el 27 de enero de 2021. 

En el caso de UCN se buscó a Jorge Enrique Passarelli Urrutia, secretario general de la agrupación, quien figura como asesor de la bancada en las oficinas del Congreso, y se llamó a su número telefónico, pero no logró ser ubicado.  Otras fuentes cercanas al partido apuntan a que hay una división en la agrupación, con algunos liderazgos como la diputada Sofía Hernández, actual primera vicepresidenta del Congreso, opuesta a dejar morir la agrupación mientras otros dirigentes como el diputado Napoleón Rojas, de Santa Rosa, prefiere mantener distancia de la agrupación y, simplemente esperar que se agote el proceso. 

FCN cancelado por recibir financiamiento sin registrar

El anterior partido oficial FCN-Nación, se encuentra, según la información documental del TSE, en el mismo estado que la UCN, previo a su cancelación definitiva. Está cancelado por el Registro de Ciudadanos  y el TSE, solamente pendiente de resolver “aclaración y ampliación” ante el pleno de magistrados del tribunal.

El caso de FCN-Nación es de un descaro insultante.  “La auditoría financiera del periodo 1 de enero 2014 al 31 de diciembre de 2015, programada para el 22 de noviembre del año 2016, no fue posible realizarla porque existió un proceso reiterado de excusas, y argumentaciones en torno a que la contadora ya no laboraba para la organización” detalla el acta 92-2019 del pleno de magistrados. 

Es decir, que todo el proceso de fiscalización del entonces partido oficial se retrasó más de un año, llegando incluso a requerirse la declaración de la contadora ante el Ministerio Público.

El secretario general de FCN-Nación, el coronel Edgar Ovalle, en al menos dos ocasiones incumplió con la entrega de información financiera después de las elecciones de 2015 que llevaron a Jimmy Morales a la presidencia. Más tarde, el 17 de marzo de 2017, Ovalle se dio a la fuga luego de ser acusado de crímenes de lesa humanidad en el caso Creompaz.

Más tarde, durante el caso de Financiamiento Electoral Ilícito contra FCN-Nación planteado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), se lograron establecer las irregularidades en su financiamiento. 

En el acta 41-2019 del pleno de magistrados del TSE se refiere que “existe la confesión por el delito de financiamiento electoral ilícito a dos de las implicadas y el auto de procesamiento a otros pudiéndose establecer la concertación y existencia de una estructura que aportó Q3,038,539.66 en el año 2015 a favor de Frente de Convergencia Nacional FCN-Nación para el pago a fiscales de mesa y publicidad durante la primera y segunda vuelta electoral, con el claro objetivo de evadir el cumplimiento de la normativa relacionada a la Fiscalización y control de financiamiento público y privado” por ejemplo. 

Se intentó contactar con el diputado Javier Hernández, secretario general de la agrupación, el estatus de la cancelación de su partido, pero no atendió a las solicitudes de entrevista.

Pese a estas irregularidades el TSE incluso le entregó a la agrupación el financiamiento público correspondiente a los años 2016, 2017 y 2018, mientras la agrupación era el partido de gobierno.

PAN, deudas millonarias sin respaldo documental

El siguiente en la lista de irregularidades es el Partido de Avanzada Nacional (PAN), fundado por el fallecido expresidente Álvaro Arzú Irigoyen. El PAN se encuentra “cancelado por el Registro de Ciudadanos pendiente de resolver apelación por el Tribunal Supremo Electoral”.

El PAN, según el examen especial de auditoría 67445, contaba con 11 hallazgos financieros y dos  de control interno. Entre los  hallazgos,resaltan sobre todo dos el 5) Información deficiente de los aportes y el 6) Cuentas por pagar sin documentos de respaldo.  Los cuales llamaron la atención de los auditores que incluso plantearon su discusión en el pleno de magistrados a finales del año 2019, sin recibir ningún eco. Además, en los primeros hallazgos se encuentra: la falta de declaraciones juradas en aportaciones superiores a los US$10 mil, la falta de libros contables en la oficina de la organización y, deficiencias en los informes de gastos de campaña.

Según se pudo establecer en el reportaje Q156 millones en deudas sin pagar de los partidos políticos de No-Ficción el PAN tiene en el rubro de cuentas sin pagar, según sus propios reportes, Q55 millones. Se trata de la mayor deuda oficial reportada por las agrupaciones políticas. 

Además, en el hallazgo 6 del PAN se detalla: “cuentas sin pagar sin documentos de respaldo”, que es justamente uno de los mismos hallazgos que causaron la cancelación de la UCN.

Se consultó al diputado Manuel Conde, secretario general del PAN, para aclarar tanto el origen de esta deuda millonaria del partido, como el actual estado de la cancelación del partido. Pero declinó brindar declaraciones. 

CREO, recibos en lugar de facturas 

El partido Compromiso Renovación y Orden (CREO) también está cancelado por el RC, pero pendiente de apelación ante el Tribunal Supremo Electoral. El examen especial de auditoría No. 68289 sobre CREO  tiene entre sus hallazgos cheques por Q2.6 millones sin respaldo documental, una falta que el informe detalla cómo reincidente, y el uso de gastos con fondos públicos por Q3.29 millones sin “respaldos con comprobantes legítimos en un 95%”. 

Así como gastos de campaña en 2015, estimados por Q628 mil 751 según la compañía de monitoreo (que verificó la colocación de espacios publicitarios) contratada por el TSE los cuales no fueron reportados. Entre otros aspectos como el uso de recibos para registrar ingresos sin cumplir los requisitos fiscales.

El diputado Rodolfo Neutze Aguirre, secretario generalde CREO,  asegura que los pusieron “en el mismo canasto” que partidos acusados de financiamiento electoral ilícito, o financiamiento no reportado, por el momento político que se vivió en el anterior proceso electoral, en el que hubo presión mediática sobre el Tribunal para ejercer un mayor control sobre los partidos.

Neutze justifica los Q2.6 millones, que la auditoría identifica como gastos sin soporte documental, como un gasto realizado en la capacitación a integrantes del partido a nivel nacional. Asegura que entregaron entre 2 mil y 3 mil recibos contables al TSE para validar esos gastos, pero que la auditoría les exige facturas. 

“Nosotros cachamos por mala suerte. Sabemos que había un trasfondo político, era cuando todos los candidatos estaban en proceso de inscripción y cuando vieron un encabezado de que CREO estaba en proceso de cancelación muchos se fueron a otros partidos políticos” asegura el diputado. En el examen especial de auditoría No. 68289 sobre la agrupación, sin embargo, se detalla que el partido era reincidente en esta práctica.

Respecto a los Q628 mil 751 en gastos de propaganda en el proceso electoral 2015 de CREO, registrados por el monitoreo de medios contratado por el TSE en esas elecciones, y detectado en la auditoría como un gasto “no reportado”, Neutze asegura que nunca pudieron ver el informe para desvanecerlo. Sin embargo, este hallazgo también fue calificado por los auditores como reincidente. Los reportes de la empresa encargada, Monitoreo Tecnológico de Medios S.A., son parte de los documentos adjuntos al expediente del partido.

El congresista está convencido de que, con la nueva administración del TSE (con magistrados electos en marzo del año pasado por el actual Congreso), les brindarán el espacio, y tiempo, para desvanecer los hallazgos registrados en auditoría desde 2017, y así evitar la cancelación del partido.

UNE, millones sin reportar y una denuncia de la FECI

Un caso aparte es el de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Partido de gobierno entre 2008 y 2012, y cuya candidata presidencial Sandra Torres alcanzó el segundo lugar en las elecciones presidenciales de 2015 y 2019. Según información del TSE al 2 de febrero de este año, la UNE se encuentra bajo “proceso de cancelación en análisis”. Una categoría que en teoría mantendría más lejos de la cancelación que FCN-Nación o Creo. 

En el informe final de auditoría No. 58807 sobre el partido resaltan dos hallazgos: 

Primero, las “aportaciones o donaciones no registradas en la contabilidad y saldos de cuentas por pagar incorrectos” que sumaban Q24.3 millones, empleados para la contratación de pauta publicitaria en la campaña de 2011, y  US$68 mil en servicios de transporte por Helicópteros de Guatemala. 

Y, segundo,  Q7.2 millones en aportaciones dinerarias a la campaña electoral de 2015, en la que Sandra Torres compitió a la Presidencia, de la que faltaban declaraciones juradas de la procedencia de estos ingresos.

En ambos casos los hallazgos fueron desvanecidos por el anterior Registrador de Ciudadanos, Leopoldo Guerra, en una resolución del 13 de julio de 2017, al considerar que el partido había presentado elementos de prueba para aclarar las infracciones. 

Aquí se puede consultar una copia de esa resolución.

Respecto a la deuda por las campañas 2011 y 2015, así como a otros acreedores, en un reportaje previo se indicó que estas suman Q40.12 millones. 

Contra algunos integrantes de la UNE, también se encuentra abierta la causa penal 01074-2015-00115, por el caso de Financiamiento Electoral Ilícito de la agrupación en una investigación presentada por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). Por esta investigación el exfiscal Andrei González denunció a la fiscal general, Consuelo Porras, por haber retrasado la presentación del caso para permitir la participación de Torres en las elecciones del 2019. Según la FECI la UNE financió su campaña 2015 con al menos Q27.68 millones no reportados al TSE.

Previamente la CICIG había presentado el caso de Financiamiento Electoral Ilícito contra la UNE en el que estimaba  los aportes a la campaña del 2015 no reportados por el partido en Q.19.53 millones.

El secretario general en funciones de la UNE, el diputado Oscar Argueta, niega que enfrenten cualquier proceso de cancelación. Asegura que cuando les han presentado procesos de auditoría, incluso por el proceso electoral 2015, del cual se presentó el caso de Financiamiento Electoral Ilícito contra la agrupación, han salido bien librados.  “Nosotros presentamos todas las pruebas de descargo. Nos presentan la resolución sin siquiera un llamado de atención, ni siquiera una multa. Ni hay denuncias ni nada, nosotros no tenemos causal de cancelación” dice el congresista.

Pese a esto, al 2 de febrero de este año, el TSE seguía definiendo el estado de la UNE como en “proceso de cancelación en análisis”.  

“Lo único que tenemos es una carta que envió un fiscal diciendo que existen personas acusadas y les pidió (al TSE) que procedan a cancelar la UNE. Primero el MP es responsable de la persecución penal, no administrativa, no le corresponde” asegura el congresista Argueta. 

Otras fuentes del partido, bajo reserva, sí creen que la posibilidad de cancelación del partido es real y que podría activarse, en el pleno de magistrados del TSE, por influencia de rivales políticos para sacar a la agrupación de la próxima contienda electoral.

Vamos, el partido oficial y, Valor, el partido de Zury Ríos, en proceso “causal de cancelación”

Varias agrupaciones en su primera contienda electoral se encuentran también en proceso de cancelación, pero aún más lejos en el proceso, bajo la categoría de “proceso administrativo en análisis de causal de cancelación en el Registro de ciudadanos”. Entre ellas están el partido de gobierno Vamos, y el partido Valor, que intentó infructuosamente inscribir la candidatura de Zury Ríos en las pasadas elecciones.

¿Pero qué significa este “proceso administrativo en análisis…”? 

Según dos fuentes independientes con experiencia directa sobre procedimientos del TSE, este no es ningún estado oficial usado por el tribunal y puede implicar, en el caso de los partidos como mayor influencia en el tribunal, un área gris que ralentice los procesos de cancelación. Para partidos de mayor peso político como la agrupación de gobierno, Vamos, y uno de sus aliados legislativos Valor, con su primera participación en los pasados comicios, las auditorías en marcha revisarán sus gastos de la campaña 2019.

Se llamó vía telefónica y mensajes de texto al secretario general en funciones de Vamos, el partido oficial, Carlos Alberto Estrada Morales, pero no atendió a los llamados para consultarle sobre el proceso de cancelación de su agrupación. Estrada fue candidato a diputado por Vamos por el departamento de Izabal, sin resultar electo. 

El secretario general de la agrupación, durante la campaña 2019, fue el ahora prófugo de la justicia, Giorgio Eugenio Bruni Batres, ex secretario privado de la Presidencia, investigado por una presunta conexión con el el exministro de Comunicaciones, José Benito, y el el hallazgo de Q122 millones en efectivo en una propiedad vinculada al exministro durante un allanamiento de la FECI.

Bajo la responsabilidad de Bruni se encontraba la presentación de los informes de gasto de campaña del partido de Alejandro Giammattei y la recepción, oficial, de las aportaciones en dinero, y en especie, para ese proceso electoral del partido. 

En el caso de otras agrupaciones que participaron en las pasadas elecciones por primera vez, como el partido Valor, con Zury Ríos como candidata presidencial. Su secretario de prensa, el abogado Luis de León, dijo estar sorprendido de encontrarse en la lista de partidos “en análisis de causal de cancelación”. 

Después de consultarlo en las oficinas de la agrupación De León confirmó que auditores del TSE llegaron a requerir información a la sede del partido el 1 de marzo, pero asegura que no tienen notificación de ningún proceso de cancelación en marcha: “No hay algo especial, ni más notorio que hubiera ocurrido. Siempre en las auditorías hay elementos que se encuentran, en las oficinas del partido se les atendieron” aseguró.

Otras agrupaciones minoritarias

También se encuentran bajo esta categoría el partido Bienestar Nacional (BIEN), apoyado en la anterior campaña por el expresidente Alfonso Portillo. La única información registrada sobre BIEN es su inclusión en este estado.  

En el mismo estado se encuentran, además, otros partidos minoritarios de izquierda con más procesos electorales a cuestas como URNG-Maíz, Movimiento Político Winaq y el partido Podemos (antiguamente Movimiento Reformador). 

En el caso de partidos como Podemos, por el cual se postuló Roberto Arzú a la presidencia en 2019, este análisis puede incluir auditorías previas, como la No. 66437, realizada a la agrupación cuando participaba como Movimiento Reformador. 

Respecto a URNG-Maíz se trata del examen especial de auditoría No. 68292 que incluye ingresos sin documentación de soporte, ingresos superiores a US$10 mil sin declaración jurada de la organización y deficiencias de control interno de la organización. 

Mientras que en Winaq en el expediente 1103-2016 presenta inconsistencia en los aportes no dinerarios, es decir, insumos, cuya respuesta del partido al TSE está bajo análisis. 

Otras agrupaciones ya canceladas por participar en los comicios o no alcanzar el umbral de votos son el Mi País, Partido Liberal de Guatemala y Avanza.

Las denuncias contra los partidos en el MP

Las auditorías del TSE no son el único frente abierto a las agrupaciones políticas. El 18 de diciembre de 2018 el tribunal presentó denuncias en el Ministerio Público contra los partidos: UNE, CREO, PAN, VIVA, Todos, URNG-Maiz (que participó en 2015 en alianza con Winaq), el ya cancelado Encuentro por Guatemala y FCN-Nación, con base en el artículo 407 L, del Código Penal, De la fiscalización electoral de fondos.

Este artículo establece que el representante legal o integrante de la agrupación política “que impida al Tribunal Supremo Electoral realizar su función de control y fiscalización de fondos públicos y privados con respecto al financiamiento a las organizaciones políticas para actividades permanentes y de campañas electorales, será sancionado con prisión de uno a cinco años”.

Estas denuncias fueron presentadas por la resistencia de los partidos a los procesos de auditoría de los años 2014 y 2015 que se detallaron previamente. El 5 de febrero de 2019 la Fiscalía de Delitos Electorales, entonces a cargo del fiscal Oscar Schaad, tomó el control de los casos. El fiscal solicitó una licencia de tres meses en junio de ese año y dejó el país, nueve días antes de la primera vuelta electoral, argumentando sufrir amenazas por su trabajo. Schaad dejó el MP a finales de ese año. 

El 10 de junio de 2019 asumió el control de esta fiscalía José Rafael Curruchiche Cucul. Sin embargo, hasta la fecha la única petición de cancelación contra un partido proveniente de la fiscalía es de enero de este año y fue contra la UCN. El fiscal dice que esto se debe “a que es una investigación compleja que involucra a personas y empresas”. “Tuvimos inconvenientes por la pandemia ya que muchas audiencias se suspendieron”, explica Curruchiche,.

En el caso de los otros partidos, dos años después de que fuera presentada la denuncia, el fiscal dijo que se ha pedido a los juzgados que se autorice el acceso a las cuentas de los partidos, cheques, registros de pagos y que todo esto se encuentra en fase de investigación. Curruchiche asegura que no puede dar ningún estimado de cuánto puede llevar la investigación por el volumen de información financiera que requiere, la cual data al menos del año 2014.

Todos y Viva, libres de procesos de cancelación

Un aspecto sobre el que no se ha llamado la atención, pero que es relevante, es que los partidos Todos y Viva, se encuentran en esta denuncia penal por obstruir la fiscalización de sus finanzas, aunque según las consultas al TSE no enfrentan a la fecha a ningún proceso de cancelación. 

Extrañamente, aunque presentaban hallazgos muy similares, o incluso más graves como el caso de Todos, que otro partidos actualmente en proceso de cancelación no están en esta categoría.

En el caso de Todos el examen especial de auditoría interna No. 68291, en los hallazgos del 6 y 10, había encontrado indicios de financiamiento electoral ilícito según se detalla en este reportaje. Estas irregularidades incluían la presentación extemporánea de declaraciones juradas sobre la procedencia de Q11.76 millones, el recibo de donaciones en espacios en medios de comunicación por 2.16 millones, sin justificación documental; y diferencia en Q1.17 millones en gastos de campaña sin aclarar. 

Todos estos hallazgos fueron confirmados por auditoría y remitidos al Inspector General del TSE por considerarlos posibles indicios de “financiamiento electoral ilícito”, antes de que se reformara este delito.

Los hallazgos también incluían una deuda sin pagar por espacios publicitarios con Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento S.A. (Tigo Star) por Q6.2 millones. Los aportes de servicios registrados por la agrupación suman Q11.84 millones; y entre los principales financistas  se encontraban dos empresas de comunicación y publicidad que compartieron direcciones y el mismo presidente del consejo directivo, Julio Ricardo Orozco Aragón, se trata de H2O Comunicación S.A. y Oxígeno Comunicación S.A.

Luego de la reforma a la Ley Electoral de 2016 se estableció que ninguna persona individual o jurídica relacionada entre sí podrá superar el 10 por ciento de aportes. Ambas empresas “aportantes” sumaban el 8.85  y  8.61 por ciento del techo de campaña del 2015, un fraccionamiento de los aportes practicado anteriormente por partidos como Líder, cancelado en 2016.

Para el caso de VIVA, fundado por el pastor evángelico Harold Caballeros, el examen especial No. 67441 detalla la falta de reporte de Q3.1 millones en las elecciones de 2015, aportes superiores a los US$10 mil sin declaración jurada, la transmisión de propaganda electoral en medios de comunicación que no registraron tarifas y falta de colaboración en la entrega de la información documental solicitada entre otros hallazgos. Pese a esto tampoco esta agrupación se encuentra en ninguna fase del proceso de cancelación. 

Las consecuencias políticas de la cancelación de un partido tendrían su reflejo directo en el Congreso. De confirmarse el fin de una agrupación, sus diputados serían declarados independientes y, en teoría, ya no podrían ocupar cargos en la Junta Directiva del Legislativo o presidir Comisiones de Trabajo. 

En orden del tamaño de bancadas, si todos los procesos concluyeran en cancelación, esto tocaría a: 52 diputados de la UNE, 17 de Vamos, 12 de UCN, 9 de Valor, 8 de BIEN, 6 de CREO, 3 de URNG-Maíz, 3 de Winaq, 1 de Podemos y 1 del PAN, esto tocaría a 120 diputados, tres cuartas partes del Congreso.

En los afectados por esta medida en Junta Directiva, por ejemplo, se encontraría el presidente, Allan Rodríguez de Vamos, la primera vicepresidenta del Congreso, Sofía Hernández, de UCN (que inexplicablemente sigue ocupando el cargo); el primer secretario Carlos López Maldonado y el cuarto secretario, Santiago Nájera de la UNE (aunque ambos según la agrupación han sido expulsados del partido); así como el segundo secretario, Rudy Pereira, de FCN-Nación. Es decir, buena parte de la alianza oficialista que ahora dirige el Congreso.

La “mora judicial” del TSE y los problemas de diseño del sistema

Luego de este repaso por las irregularidades financieras documentadas de los partidos políticos queda preguntarse porque el sistema funciona así. Porqué se requiere que pasen seis, siete o incluso más años para que hallazgos financieros detectados por auditores y confirmados por las autoridades competentes finalmente se conviertan en una sanción, y más tarde cancelación de la agrupación si no logra desvanecerlos.

En este sentido la politóloga, Sofía Montenegro, analista de la asociación Diálogos, apunta a que en el seno del TSE se replican los grandes problemas de retrasos del sistema judicial. Por ejemplo, todos los partidos están obligados a presentar informes detallados de sus gastos y aportes recibidos como máximo cuatro meses después de finalizado un proceso electoral, luego de esto inicia la tarea de auditoría financiera. 

Si los informes están incompletos, llenos de inexactitudes, o simplemente no se presentan, el partido es sujeto de una suspensión temporal. Pero si pasan seis meses sin que estos hallazgos sean aclarados, según el artículo 93 de la Ley Electoral, inciso c), esto puede provocar la cancelación del partido. 

La cancelación del PP y Líder en 2016 fueron excepcionales, refiere Montenegro, porque se generaron en un contexto donde la opinión pública y la presión mediática sobre los magistrados del TSE era favorable a su cancelación. “Sin embargo, estamos hablando de partidos en decadencia, que ya habían perdido el poder. Por eso es interesante el caso actual de la UCN. En el caso de partidos en el poder, vamos a ver que esos procesos no van a avanzar porque estamos ante un TSE que obedece a esos manejos, y tiempos, que no solo son administrativos, sino también políticos” indica Montenegro.

Para la politóloga, aunque la magnitud de los procesos es llamativa en casos como el de la UNE, también son escandalosos los del PAN y FCN-Nación, por la abundante prueba documental sobre irregularidades. En los casos de partidos con un peso político activo como Vamos y Valor, o incluso algunos no incluidos en procesos de cancelación como Todos y Viva, se trata de agrupaciones con poder real y efectivo desde el Congreso y el Ejecutivo. 

Montenegro resalta que hay que recordar que el actual TSE fue electo por los integrantes de esta Legislatura y que los magistrados no están libres de “pagar las deudas políticas” de su designación. 

El oscuro horizonte de las elecciones del 2023

Otras fuentes consultadas para este reportaje apuntan a que hay debilitamiento intencionado de las capacidades de Auditoría y la Unidad Especializada de Control y Fiscalización de las Finanzas de los Partidos Políticos (UECFFPP) del Tribunal Supremo Electoral.  Esto como una manera de entorpecer los actuales procesos de cancelación, pese a la solidez del cruce de información y las inconsistencias en las pruebas de descargo presentadas por las agrupaciones. 

En ese contexto dos nuevas propuestas de reforma electoral  han llegado al Congreso de la República, una surgida del bloque Humanista y otra entregada por el TSE. Ambas, en mayor medida la de Humanista, apuntan a continuar con este debilitamiento sobre el control de las finanzas de los partidos (al introducir modificaciones como la derogación del artículo 24 Bis de la actual ley,  “Rendición de Cuentas” que responsabiliza a los secretarios generales de los partidos de la fiscalización de sus ingresos), y parecen mantener  la brecha para que el financiamiento electoral ilícito siga siendo el pecado original de la política en el país. 

Con este horizonte para las agrupaciones políticas en trámite de cancelación, incluso en los casos con amplios señalamientos documentados, la estrategia consiste en ganar tiempo para participar en el proceso electoral. Mientras tanto, hay cambios en marcha en la Ley Electoral y de Partidos Políticos que de implementarse reducirían los controles a estas organizaciones.

En última instancia, dado el volátil ciclo de los partidos, muchas agrupaciones resultan desechables después de ser el vehículo para ganar una elección, como en el caso de FCN-Nación. Un partido que llegó al poder en la coyuntura de la caída en desgracia de las principales fuerzas políticas, pero que empleando las mismas técnicas de recaudación de fondos de los partidos tradicionales se hizo con el poder. 

El riesgo para la democracia guatemalteca es que estas prácticas continúen perpetuando el ingreso de fondos de dudoso origen a la política. Y que incluso si estas irregularidades son detectadas no conduzcan a un castigo para las organizaciones que las promueven imposibilitando una competencia justa entre las opciones políticas.